Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1329-20

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Reclamante:	RUBEN SANCHEZ CURIHUENTRO
Reclamado:	SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, referente a la entrega de informe consolidado de evaluación, borradores, informe preliminar y diversos antecedentes sobre la evaluación de proyecto que se indica. Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado consistentemente la inexistencia de lo requerido; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/24/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C942-19 C262-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Medio Ambiente

DECISIÓN AMPARO ROL C1329-20   Entidad pública: Servicio de Evaluación Ambiental Requirente: Rubén Sánchez Curihuentro Ingreso Consejo: 12.03.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, referente a la entrega de informe consolidado de evaluación, borradores, informe preliminar y diversos antecedentes sobre la evaluación de proyecto que se indica. Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado consistentemente la inexistencia de lo requerido; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. En sesión ordinaria N° 1108 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1329-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de diciembre de 2019, don Rubén Sánchez Curihuentro solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental -en adelante, indistintamente SEA- la siguiente información: «respecto a la evaluación del proyecto "Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso)", ingresado el año 2014 y desistido el 2017, lo siguiente: 1.1) Informe consolidado de evaluación de dicho proyecto. 1.2) En caso de no existir tal documento, requiere el borrador, informe preliminar, cualquier otro documento que sirva de base o de cuenta de la elaboración de dicho informe, y cualquier información que disponga la administración que diga relación con este. 1.3) Correos electrónicos enviados y recibidos entre funcionarios (correos electrónicos institucionales) de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Araucanía y el titular del proyecto Inversiones Huife Ltda, o cualquiera de sus dependientes, a partir del 03 de julio de 2017 hasta el 30 de julio de 2017. Si se considera que el contenido de dichos correos es privado, indicar si se enviaron o no, el asunto, y la fecha y hora de los mismos. 1.4) Correos electrónicos enviados y recibidos (correos institucionales) entre funcionarios de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, desde el 03 de julio de 2017 hasta el 30 de julio de 2017 que digan relación con el proyecto "Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso)". En caso de contener información privada se solicita tener presente el principio de máxima divulgación y de divisibilidad. Deben contener asunto y fecha de envío. 1.5) Toda información respecto de reuniones entre el titular Inversiones Huife Ltda, o sus dependientes, con funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, ya sea vía Lobby o Informales, entre el 03 de julio de 2017 hasta el 30 de julio de 2017. 1.6) Todo antecedente o documento que diga relación con la recomendación de aprobación o rechazo de dicho proyecto y que hubiera quedado plasmada en el Informe Consolidado de Evaluación. Especialmente las comunicaciones entre funcionarios del Servicio al respecto. 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 20 de febrero de 2020, el Servicio de Evaluación Ambiental respondió a dicho requerimiento de información en los siguientes términos: 2.1) En primer lugar, informa que, el titular del proyecto, con fecha 28 de julio de 2017, manifestó su voluntad de desistirse del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuestión que se tuvo por aprobada mediante Resolución Exenta que indica. Por lo anterior, precisa que, no fue elaborado el Informe Consolidado de Evaluación y que, adicionalmente, por el tiempo transcurrido, no mantiene registros de borradores, informes preliminares o cualquier otro documento que sirva de base o de cuenta de la elaboración de dicho informe. Sobre lo anterior, hace presente que, el SEA no se encuentra obligado a elaborar o resguardar borradores, informes y antecedentes preliminares de actos que no deben ser dictados, como sucede en la especie. 2.2) Acto seguido, adjunta la totalidad de correos electrónicos enviados entre los funcionarios y el titular -dependientes- del proyecto indicado, con el tarjado de todos aquellos datos personales de contexto, en conformidad de lo dispuesto en la ley sobre protección a la Vida Privada. 2.3) Sobre las reuniones entre el titular del proyecto y los funcionarios del servicio, puntualiza que, no existen reuniones por la Ley de Lobby, ni de reuniones en terreno en las fechas señaladas. 3) AMPARO: El 12 de marzo de 2020, don Rubén Sánchez Curihuentro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su requerimiento información. Al respecto, cuestiona la inexistencia del Informe Consolidado y de cualquier antecedente referido a éste, sobre la base de lo contenido en las comunicaciones electrónicas proporcionadas. Adicionalmente, señala que, no le remitieron la totalidad de los correos electrónicos, por cuanto corresponde a un sólo funcionario. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Araucanía mediante Oficio N°E4785, de fecha 3 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Mediante presentación, de fecha 7 de mayo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, complementando la respuesta proporcionada inicialmente. Al respecto, señala que, el Informe Consolidado de Evaluación -en adelante, indistintamente ICE- es un acto administrativo inexistente, respecto del cual el órgano reclamado no ha tenido obligación de dictarlo y publicarlo en el expediente de evaluación ambiental, en virtud de que el titular del proyecto presentó su desistimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Sobre lo anterior, precisa que, de haberse elaborado y publicado el referido Informe se habría incurrido en un vicio procedimental que afectaría la legalidad del procedimiento, atendiendo la naturaleza reglada y ordenada del proceso. Acto seguido, sobre la alegación sostenida por el peticionario, en cuanto a que el correo electrónico de fecha 25 de julio de 2017, reconoce la existencia del ICE o de cualquier antecedente referido a éste, precisa que, el correo manifiesta una preocupación del funcionario del SEA, respecto a la falta de pronunciamiento por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas. Sobre lo anterior, explica que, a dicha Dirección le correspondía entregar su pronunciamiento, el que a la fecha se mantenía con reparos y observaciones, según consta en Ordinario que indica. Por lo anterior, concluye que, el correo singularizado no da cuenta de la existencia de borradores o informes preliminares del ICE, sino que da cuenta de la preocupación por la falta de pronunciamiento de un órgano de la administración del estado. Sobre la alegación de que el órgano reclamado, no habría entregado todos los correos solicitados, se hace presente que ha proporcionado la totalidad de correos electrónicos que dicen relación con el proyecto en cuestión. Al efecto, agrega que, para efectuar la entrega, se compilaron todos los correos electrónicos recibidos y enviados desde las casillas del Director(a) Regional, el Jefe del Área Evaluación Ambiental, la Evaluadora a cargo del proyecto, el evaluador de medio humano y el encargado de administración y finanzas. 5) PRONUNCIMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N°E6849, de fecha 14 de mayo de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Mediante presentación, de fecha 19 de mayo de 2020, el peticionario manifiesta su inconformidad con la información proporcionada por el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos. Al respecto, manifiesta su deseo de proseguir con la tramitación del presente procedimiento de acceso a la información, con respecto de todos y cada uno de los documentos individualizados, en particular del ICE, su borrador y antecedentes, en atención a que no se aportaron nuevos antecedentes. Sobre lo anterior, sostiene que: «tal como lo ha reconocido el SEA, es un acto que puede tener una gran extensión y es de vital importancia para la evaluación, por lo que en ningún caso es razonable pensar que podría estar listo en un solo día como parece insinuar el SEA». Adicionalmente, hace presente que «el correo de 26 de julio de 2017 en el que se señala que se había propuesto la sesión de la Comisión Evaluadora Ambiental para el 03 de agosto de 2017. Tanto el artículo 29 de la Ley N° 19.300 como el artículo 91 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental señalan que el ICE debe estar disponible en la página con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto o actividad. Esto da cuenta de la necesidad de que el ICE se hubiera publicado ese mismo día (27 de julio), por lo que es evidente que existía ese documento y sus antecedentes». Respecto a los correos electrónicos, señala que no cuenta con antecedentes para acreditar que no le hayan sido remitido todos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la información entregada, ya que la respuesta sería incompleta, referente a la entrega de antecedentes sobre la evaluación del proyecto "Central Hidroeléctrica Llancalil. Por lo anterior este Consejo procederá a realizar un análisis pormenorizado de cada una de las materias consultadas. 2) Que, con respecto a la entrega de los correos electrónicos entre los funcionarios del órgano reclamado y el titular del proyecto Inversiones Huife Ltda, como asimismo de las comunicaciones electrónicas referidas al proyecto indicado en el periodo consultado -numerales 1.3 y 1.4 de lo expositivo de este Acuerdo-, esta Corporación no se pronunciará sobre la insuficiencia de lo proporcionado por el órgano reclamado, por cuanto este Consejo ha sostenido reiteradamente que los correos electrónicos emanados desde una casilla institucional se enmarca dentro del derecho fundamental garantizado en el artículo 19, N°5 de la Constitución Política de la República -inviolabilidad de las comunicaciones privadas- y dentro de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia: «los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N°5 de la Constitución. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela» (Considerando 7° decisiones Roles C942-19 y C262-20-). En mérito de lo precedentemente expuesto, y no advirtiéndose la notificación y aquiescencia de los funcionarios públicos afectados, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, se desestimarán las alegaciones efectuadas por el peticionario sobre la materia y conjuntamente, se representará al órgano reclamado por la divulgación de información que afecta los derechos de terceros y en particular de comunicaciones privadas constitutivas de su esfera de intimidad. 3) Que, sobre los antecedentes consultados en los numerales 1.1), 1.2), 1.5) y 1.6) de lo expositivo de este Acuerdo, referidos al informe consolidado de evaluación del singularizado proyecto, los borradores, las informaciones preliminares, cualquier otro documento que sirva de base de la elaboración de dicho informe, la información respecto de reuniones entre el titular de la empresa que se indica con funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental y los antecedentes que dicen relación con la recomendación de aprobación o rechazo de dicho proyecto, este Consejo advierte que, el órgano reclamado fue consistente en explicar fundada y detalladamente las razones que justifican la inexistencia de la información pedida. Al efecto, con ocasión de su respuesta y descargos, el órgano reclamado precisa que, el Informe Consolidado de Evaluación es un acto administrativo inexistente, respecto del cual no ha tenido obligación de dictarlo y publicarlo en el expediente de evaluación ambiental, en virtud de que el titular del proyecto presentó su desistimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Adicionalmente, hace presente que, en mérito del tiempo transcurrido, no mantiene registros de borradores, informes preliminares o cualquier otro documento que sirva de base de la elaboración de dicho informe, toda vez que el SEA no se encuentra obligado a elaborar o resguardar borradores, informes y antecedentes preliminares de actos que no deben ser dictados. Acto seguido, sobre las reuniones entre el titular del proyecto y los funcionarios del servicio, puntualiza que, no existen reuniones por la Ley de Lobby, ni de reuniones en terreno en las fechas señaladas. 4) Que, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» 5) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la SEA que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. 6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, habiéndose explicado consistentemente la inexistencia de lo requerido y atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Rubén Sánchez Curihuentro, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Servicio de Evaluación Ambiental por la divulgación de los correos electrónicos de funcionarios públicos, sin su notificación y aquiescencia, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rubén Sánchez Curihuentro; y a la Sra. Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Araucanía. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.