Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1341-20

Reclamante:	CARLOS FIGUEROA SALAZAR
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de información relativa a la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizados en la región metropolitana y comprados en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, detallados por mes. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones de la reclamada fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y el orden público, en relación a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Se rechaza el amparo respecto a la información relativa a los gastos en que ha incurrido la institución en relación a las municiones consultadas, por cuanto la reclamada entregó la información en los términos en que fuere consultada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/8/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C55-20 C287-20 C994-20
Jurisprudencia a:	C546-22 C549-22 C565-22 C567-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1341-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Carlos Figueroa Salazar. Ingreso Consejo: 13.03.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de información relativa a la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizados en la región metropolitana y comprados en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, detallados por mes. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones de la reclamada fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y el orden público, en relación a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Aplica criterio contenido en decisiones de amparo roles C55-20, C287-20 y C994-20. Se rechaza el amparo respecto a la información relativa a los gastos en que ha incurrido la institución en relación a las municiones consultadas, por cuanto la reclamada entregó la información en los términos en que fuere consultada. En sesión ordinaria N° 1112 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1341-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de enero de 2020, don Carlos Figueroa Salazar solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: "listado completo de la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizadas (distinguiendo que se lanzan con la mano y las que se disparan) en la Región Metropolitana por las Fuerzas Especiales de carabineros o cualquier otra unidad de Carabineros. Asimismo, solicito el total de municiones del gas lacrimógeno que se ha comprado en los últimos 5 años, detalladas por mes, incluyendo el mes de diciembre del año 2019, con los gastos respectivos en los que incurrieron." 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°109, de fecha 11 de marzo de 2020, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento en los siguientes términos: Respecto a la entrega de información sobre la cantidad de bombas o gases lacrimógenos utilizados y comprados en los períodos consultados, denegó lo solicitado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que establece como secretos aquellos documentos cuyo contenido se relaciona directamente con el orden púbico o la seguridad de las personas; tale como los concernientes a armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos utilizados por Carabineros, así como los que se refieren a equipo y pertrechos militares o policiales. Vinculado al precepto anterior, deniega lo solicitado en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N°1, N°3 y N°5 de la Ley de Transparencia. Así, indicó que entregar la información solicitada, conlleva un riesgo de afectación cierto, probable y específico al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, y en definitiva a la seguridad pública. En efecto, se aumentaría la sensación de inseguridad entre los particulares y afectaría el futuro desempeño de los funcionarios y de las Unidades y Reparticiones. Agregó, además, que la divulgación de lo solicitado, implicaría "dar a conocer un dato clave dentro de la actuación de respuesta de la Institución, restándole eficacia y eficiencia disuasiva, relacionada con la actuación del cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública, toda vez que conllevaría la planificación institucional, en su actuar, lo que podría impedir que dicha repartición o unidad específica encargada para esos fines, desarrollara y aplicara las técnicas y tácticas adecuadas que le permitan cumplir con la principal misión que le ha sido encomendada, cual es, restablecer el orden público (...)" Expresó, que lo bienes jurídicos que se verían afectados por la publicidad de lo solicitado, serían la seguridad de las personas y de la nación, como así mismo la seguridad institucional. Por su parte, en cuanto a los gastos en que ha incurrido la institución, accede a lo solicitado, adjuntando tablas con indicación del año; entre 2015 y 2019, valor en pesos y en dólares, y la indicación de las municiones; líquido, polvo, granada y/o cartuchos. 3) AMPARO: El 13 de marzo de 2020, don Carlos Figueroa Salazar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa e incompleta a su solicitud. El reclamante hizo presente que se denegó acceso a gran parte de la información solicitada, y que respecto a la información sobre gastos que se entrega, "no se entrega completa (año a año) y se entrega de una manera confusa y no digerible (...)". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E4518 de fecha 30 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada sobre el total de municiones de gas lacrimógeno comprados y sus respectivos gastos por mes, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada sobre la cantidad de municiones utilizadas en la Región Metropolitana, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y (5°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación. Mediante presentación N° 93 de fecha 9 de abril de 2020, el órgano reclamado remitió sus descargos y señaló, en síntesis, lo siguiente: Respecto a la consulta sobre el gasto efectuado en los elementos disuasivos, aclaró que con ocasión de su respuesta entregó la totalidad de la información solicitada, por anualidad, siendo esta la información que consta en los registros institucionales. Por otra parte, en cuanto a la cantidad de municiones utilizadas y compradas, reiteró lo señalado en su respuesta, relativo al carácter secreto de la información solicitada en atención a las normas del Código de Justicia Militar, y la afectación cierta, probable y específica al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, y en definitiva a la seguridad pública, atendido su contenido específico, referido a develar indirectamente la descripción detallada del tipo de armamento que utiliza Carabineros en el desarrollo de sus funciones, lo que aumentaría la sensación de inseguridad entre los particulares y afecta el futuro desempeño de los funcionarios y de las Unidades y Reparticiones. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones en apoyo de sus dichos. Agregó, además que el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, resulta plenamente aplicable, toda vez que la publicidad de lo requerido afecta el debido cumplimiento de las funciones propias del control de orden público que debe llevar a efecto la institución, por cuanto es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito. Finalizó concluyendo que revelar el contenido de lo solicitado arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial e impediría el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada al órgano. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de información relativa a la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizados en la región metropolitana y comprados en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, detallados por mes, y en la respuesta incompleta entregada respecto a los gastos en que ha incurrido la institución. 2) Que, primeramente, respecto a las tablas de gastos remitidas por la reclamada con ocasión de su respuesta, y sobre el cual el reclamante cuestionó que no se entrega completa (año por año) y que su contenido sería confuso y no digerible, cabe hacer presente que analizado el contenido de las mismas, se devela que contienen la información del gasto desagregado por anualidad, entre los períodos 2015 a 2019, con indicación del tipo de utilización del principio activo del gas lacrimógeno "CS" (cartuchos 37 milímetros, granadas, polvo o líquido,), y los valores expresados en pesos y dólares, dando cuenta de aquello que fuere solicitado en su oportunidad por el solicitante, correspondiendo desestimar las alegaciones del reclamante en este punto, por cuanto ello no corresponde a un denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo, teniéndose por entregada la información por la reclamada en los términos en que fuere consultado por el requirente, correspondiendo el rechazo del amparo en este punto. 3) Que, respecto a la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizados en la región metropolitana y comprados en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, detallados por mes, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales 4) Que, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia. Al respecto, dichas normas disponen que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y cuando su publicidad afecte la seguridad de la Nación, en relación con la mantención del orden público o la seguridad pública. 5) Que, en tal sentido, el órgano manifestó que la entrega de lo requerido, significaría dar a conocer un dato clave dentro de la actuación de respuesta de la Institución, lo que aumentaría la sensación de inseguridad entre los particulares y afectaría el futuro desempeño de los funcionarios, toda vez que de daría a conocer la planificación institucional impidiendo que dicha repartición desarrolle y aplique técnicas y tácticas adecuadas, que le permitan cumplir su misión principal, lo que terminaría afectando la seguridad pública. Al respecto, según lo razonado por este Consejo en las decisiones roles C55-20, C287-20 y C994-20, entre otras, referidas a la composición de disuasivos químicos y consumos diarios de municiones utilizados por Carabineros, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no acompañó antecedentes suficientes ni especificó en forma concreta qué manera la entrega de lo requerido podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°3, de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la publicidad de la cantidad de bombas y gases lacrimógenos utilizados y comprados entre los períodos consultados, podrían aumentar la sensación de inseguridad, afectar el desempeño de sus funcionarios, divulgar los planes estratégicos institucionales, impedir que se apliquen técnicas o tácticas adecuadas, o dejar a la Nación en la indefensión. En consecuencia, este Consejo desestimará dichas alegaciones. 6) Que, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia esgrimida por el órgano reclamado, en relación con lo establecido en el artículo 436 N°3 y 4, del Código de Justicia Militar, este Consejo, a partir de la decisión amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del código referido, posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha considerado que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). 7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada se limitó a señalar que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N° 3 y 4 del Código de Justicia Miliar, toda vez que dicha disposición expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, especificando aquellos relativos a armas de fuegos, partes y piezas, municiones, explosivos, sustancias químicas, y los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales. 8) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, sostener que la divulgación de información sobre el número de bombas y gases lacrimógenos comprados y utilizados afectaría o pondría en riesgo la Seguridad de la Nación, no resulta plausible, pues el órgano no otorgo suficientes antecedentes que hagan suponer una afectación presente o probable de los bienes jurídicos que se buscan proteger, tampoco justificó específicamente la causal de reserva y en ningún caso la acreditó. 9) Que, asimismo, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de ilegalidad N° 618-2017, razonó, en su considerando noveno, que "lo anterior supone que se debe acreditar una afectación de alguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional citada, referidos a afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, a cuyo respecto el reclamante se limitó a expresar que la entrega de la información requerida produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, sin mencionar antecedente alguno que así lo comprobara, ya sea presente o eventual, para así asilarse en la reserva pedida". En la misma decisión, en su considerando décimo, resolvió "Que, asimismo, se comparte lo manifestado por el Consejo para la Transparencia, en orden a señalar que el criterio utilizado exige determinar el elemento que se viene señalando con la debida especificidad, pues la confidencialidad no se presume, solo así se podrá aquilatar que los daños que la publicidad provoque o pudiera causar sean superiores al perjuicio que genere su secreto, baremo que en el presente caso no se satisface, motivo por el cual solo cabía inferir que no se configuró la causal del artículo 21 N° 5 de la ley, que dispone como únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre otras, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política; sin que corresponda entregar a la mera discrecionalidad del órgano requerido que le baste negarse, sin argumentar ni justificar que se encuentra dicha información en las causales de secreto, no explicitando el detrimento que ello provoca o pudiere provocar, impidiendo de facto el juicio de valor de la afectación dañosa que justifica su secreto que corresponde a la autoridad resolver". (énfasis agregado). 10) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual se han desestimado las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1, 3 y 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°3 y 4 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger el amparo en este punto, ordenando la entrega de la información reclamada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Figueroa Salazar, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente; a) Entregue al reclamante información relativa a la cantidad de municiones de bombas o gases lacrimógenos utilizadas (distinguiendo que se lanzan con la mano y las que se disparan) en la región metropolitana por las unidades de carabineros, y compradas en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, detallados por mes. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de información relativa a los gastos en que ha incurrido la institución en relación a las municiones consultadas, por cuanto la reclamada entregó la información en los términos en que fuere consultada. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Figueroa Salazar y al General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.