Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C643-12

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Reclamante:	OCTAVIO GAETE BUSTAMANTE
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Reina, fundado en la denegación de la información solicitada sobre deudores de la municipalidad, que tengan deudas anteriores al 31 de enero de 2009, por concepto de patentes municipales, que contenga los siguientes campos: a) Nombre completo del deudor; b) R.U.T completo del deudor; c) Dirección representante legal; d) Cédula de identidad del representante legal; e) Primer periodo adeudado (más antiguo); f) Último periodo adeudado (más nuevo); g) Monto total de la deuda con multas e intereses; y, h) Monto adeudado de los últimos 3 años con multas e intereses. El Consejo señaló que que la cédula nacional de identidad y la dirección del representante legal no constan en las planillas a que se ha hecho referencia, por cuanto solamente se contienen el RUT, razón social y domicilio de las personas jurídicas deudoras de patentes municipales, se rechazará el amparo en este punto, toda vez que no resulta posible requerir al organismo reclamado la entrega de lo solicitado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/21/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C771-11 C1145-11 C1310-11 C472-10 C403-11
Jurisprudencia a:	C1159-12 C269-14 C2059-13 C1038-12 C1296-13 C212-14 C268-14 C270-14 C986-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C643-12 Entidad pública: Municipalidad de La Reina Requirente: Octavio Gaete Bustamante Ingreso Consejo: 26.04.2012 En sesión ordinaria Nº 365 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C643-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Octavio Gaete Bustamante, el 13 de marzo de 2012, solicitó a la Municipalidad de La Reina información sobre deudores de la municipalidad, que tengan deudas anteriores al 31 de enero de 2009, por concepto de patentes municipales, que contenga los siguientes campos: a) Nombre completo del deudor; b) R.U.T completo del deudor; c) Dirección representante legal; d) Cédula de identidad del representante legal; e) Primer periodo adeudado (más antiguo); f) Último periodo adeudado (más nuevo); g) Monto total de la deuda con multas e intereses; y, h) Monto adeudado de los últimos 3 años con multas e intereses. 2) RESPUESTA: La Municipalidad de La Reina, mediante documento notificado al solicitante el 11 de abril de 2012, respondió a dicho requerimiento, denegando la información solicitada en razón de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, atendido que por tratarse de personas o terceros a los cuales afecta la entrega de la información, corresponde comunicar su solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a fin de que manifiesten si autorizan o se oponen a su entrega. Sin embargo, señala que en este caso el número de deudores es elevado y se requiere el envío de cartas a cada uno de ellos y posteriormente procesarlas, lo que implica tiempo y dedicación exclusiva por parte de personal del municipio, de forma tal se distraerá indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones. Además, señala que el artículo 37 de la Ley N° 19.496, sobre derechos del consumidor, “contempla la prohibición de comunicar a terceros ajenos a la obligación, en las que se dé cuenta de la morosidad”. 3) AMPARO: Don Octavio Gaete Bustamante, con fecha 26 de abril de 2012, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada, haciendo presente que habría efectuado idéntica solicitud en otros municipios, los que procedieron a proporcionar lo requerido, sin que se haya efectuado alegación alguna al respecto. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1.570, de 9 de mayo de 2012, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Reina. Al respecto, la Sra. Alcaldesa (S) del referido municipio, a través del ORD. N° 1000/31, de 28 de mayo de 2012, presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo manifestado en su respuesta, agregando que atendido el elevado número de deudores a los que debe notificar, el trabajo para procesar dicha información implica distraer indebidamente a sus funcionarios de sus labores habituales, afectándose con ello, la atención de los demás contribuyentes atendida la escases de dotación existente en el Departamento de Rentas Municipales. 5) GESTIONES OFICIOSAS: Atendido lo manifestado por el municipio reclamado, por correo electrónico de 2 de agosto de 2012, este Consejo requirió al enlace que complementara sus descargos en orden a especificar concretamente la cantidad exacta de deudores de que se trata, el tiempo específico que tomaría dar respuesta al requerimiento de información, la cantidad de personal que requeriría para ello, si la información se encuentra digitalizada o disponible en un sistema informático determinado y las labores y/o esfuerzos que se requerirían por el municipio para dar respuesta a la solicitud materia del presente amparo. Asimismo se solicitó que remitiera los documentos correspondientes a través de los cuales se podrían acreditar las circunstancias alegadas. La Municipalidad de La Reina, mediante correo electrónico de 7 de agosto de 2012, remitió un informe en que se expresa lo siguiente: a) En primer término, la causal invocada por el organismo es aquella contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 20 de la misma norma. En este sentido, señala que el artículo 4º de la Ley 19.628, sobre tratamiento de datos personales, dispone que “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. A su vez, el articulo 7º expresa que, “Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos”. En el presente caso, señala que la información solicitada no se encuentra en medios públicos, atendido su carácter estrictamente reservado, pues se trata de datos delicados que afectan o podrían afectar la espera particular de los involucrados. b) Que al versar la información pedida sobre datos personales sensibles debiesen enviar carta certificada a cada contribuyente lo que significa un costo de $650.000.- c) Por otra parte señala que, sin perjuicio de los antecedentes aportados por los propios contribuyentes en algunos casos, desde el año 2009 en adelante, el Servicio de Impuestos Internos, envía una nomina con los contribuyentes que hayan iniciado actividades y declarado domicilio en la comuna de La Reina, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, contribuyentes que, al estar iniciando actividades recientemente, pasan a la categoría de morosos, siempre y cuando el pago se haya hecho efectivamente exigible. d) De esta forma, los antecedentes que obran en la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, son aquellos formatos digitales que envía el mismo Servicio de Impuestos Internos, y los de aquellos contribuyentes que han iniciado formalmente su actividad, ingresando en esa dirección los antecedentes pertinentes, a raíz de lo cual se ha abierto un expediente físico, en donde aparecen todos sus datos, entre ellos, los solicitados por el Sr. Gaete. e) Agrega que en los formatos digitales aludidos no figuran los datos de los solicitantes, los que se encuentran en las carpetas físicas de los contribuyentes, por lo que, considerando que el número total de contribuyentes registrados por concepto de patente municipal, es cercano a las 5.000 personas, y disponiendo la Dirección de Administración y Finanzas, solamente de dos personas con cometido en patentes comerciales, el tiempo estimado de revisión abarcaría un total de 450 días (10 carpetas por día). Además, acompañó los siguientes documentos: a) Certificado N° 186, del Director de Administración y Finanzas por el que se expresa que la Unidad de Rentas municipales mantiene un universo de 3.700 contribuyentes con patente en la comuna, la información de cada uno de ellos se encuentra archivada en la carpeta correspondiente con los antecedentes e informes. Los datos mínimos se encuentran en formato digital. b) Certificado N° 187, del Director de Administración y Finanzas, por el que certifica la existencia del personal existente en la sección de patentes comerciales, correspondiendo a dos personas. c) Planilla Excel en el que consta la Base de Datos sin patente anterior al 2009; en el que figura los campos de RUT, nombre, datos de la dirección, capital positivo, capital negativo, marca, capital año anterior y observaciones. 6) REMISIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES: En conversación telefónica con el Sr. Felipe Contreras Huckstadt, Director Jurídico del municipio, éste señaló que la planilla adjuntada corresponde a los datos enviados por el Servicio de Impuestos Internos en los que se refleja la totalidad de contribuyentes, de los cuales, 3700 corresponden a “contribuyentes activos” respecto de los cuales se les ha abierto un expediente y son los que maneja la Unidad de Rentas municipales. Asimismo remitió a este Consejo las siguientes planillas: a) Morosidad histórica a marzo de 2012, en la que se contiene indicación de la Junta Vecinal, RUT, nombre, número de patente, tipo de patente, giro, dirección, capital periodo y valor. b) Morosidad histórica OFP, con indicación del RUT, número de patente, nombre, giro, dirección, “agtp”, “defi”, periodo, estado, emisión, derecho, cuenta, valor. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer término, cabe aclarar que del tenor del requerimiento de información efectuado por el solicitante, éste hace referencia a los deudores que al día de hoy mantuvieren deudas anteriores al año 2009 por concepto de patentes municipales, respecto de los cuales se requiere el nombre completo, R.U.T, dirección y cédula de identidad del representante legal; primer periodo adeudado (más antiguo); último periodo adeudado (más nuevo), monto total de la deuda con multas e intereses; y el monto adeudado de los últimos 3 años con multas e intereses. 2) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, considerando que lo requerido versa sobre patentes municipales es preciso tener presente, por una parte, que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre rentas Municipales, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, debe pagar una contribución de patente municipal –la que es regulada en los artículos siguientes de dicho cuerpo normativo– y, por otra, que la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, establece, clasifica y regula el pago de las patentes de alcoholes. Asimismo, el pago de las patentes municipales –ya sean comerciales, industriales, profesionales o de alcoholes– habilita a los contribuyentes para ejercer una actividad lucrativa en un lugar determinado de la comuna durante toda la vigencia de la misma –salvo en el caso de las patentes profesionales, en que la habilitación para realizar la actividad lucrativa se extiende a todo el territorio de la República–, y que las mismas deben ser pagadas en los plazos establecidos expresamente en los cuerpos normativos citados precedentemente, según corresponda. 4) Que, en diversas decisiones, este Consejo ha señalado que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública (decisiones de los amparos roles C472-10 y C771-11, entre otras), al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado (decisión del amparo rol C403-11), criterios que, en la especie, resultan del todo aplicables y permiten concluir que las deudas por patentes municipales también poseen el carácter de información pública. 5) Que, al respecto cabe señalar que en la decisión de amparo Rol C1310-11, se ordenó la entrega de la base de datos que es utilizada para emitir las boletas de cobros de extracción de basura y aseo domiciliario en la que se incluyera, entre otros, el nombre completo del propietario, su dirección y valor del cobro de aseo domiciliario, señalándose al efecto que «(...) aunque los deudores de derechos municipales sean personas naturales y la calidad de deudor sea un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos Personales, “este Consejo ha señalado en su decisión C403-11 que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad (…) sin que corresponda aplicarles la reserva del art. 17 de la misma ley conforme al extenso razonamiento allí elaborado”, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia”. Allí se añadió que “el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son personas jurídicas, pues su calidad no altera el interés público que reviste la información en los términos planteados en el considerando anterior, de modo que se acogerá el presente amparo en esta parte y se requerirá al Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo la entrega del registro de pago de los permisos en comento y del registro de morosidades”» (considerando 14). 6) Que de esta forma, corresponde rechazar las alegaciones efectuadas por la reclamada en orden a que en la especie debía notificar a todos los contribuyentes y procesar dicha información, lo que eventualmente implicaba distraer de manera indebida a sus funcionarios de sus labores habituales, configurándose con ello, la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto de conformidad con lo anterior, establecida la publicidad de lo requerido, no procede que en la práctica se dé lugar a la notificación de los terceros involucrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del referido cuerpo legal. 7) Que, por otra parte, en cuanto a la existencia de los datos solicitados, este Consejo en su decisión de amparo Rol C1145-11, estableció que la información relativa a la identidad de los deudores de patentes y el monto adeudado, debe obrar en poder de la unidad encargada de Administración y Finanzas del municipio, considerando no sólo que el interés municipal exige que se cobren dichas deudas, sino que además la información debiera encontrarse sistematizada o, a lo menos, ser de fácil acceso para los funcionarios que laboran en dicha unidad. 8) Que, en este sentido, la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 39.428, de 2008, estableció que “la regla general sobre cobro de deudas municipales -incluidas las derivadas de patentes de alcoholes- es que los municipios carecen de facultades legales para condonarlas o rebajarlas, incluyéndose sus intereses y reajustes(…). Así, considerando que en la especie la deuda de que se trata se encuentra morosa, es dable concluir que el municipio debe efectuar las gestiones de cobro de deudas que procedan, las que, por cierto, deben comprender la eficiente utilización de recursos municipales, de manera que el agotamiento de los medios de cobranza no puede significar un desembolso desproporcionado de recursos”. 9) Que, conforme con lo anterior, solo se entiende que el municipio pueda efectuar acciones de cobro en la medida que tenga determinados los montos adeudados por cada contribuyente de su comuna. Es más, de declarar incobrables los créditos y castigarlos de su contabilidad, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo –según lo dispone el artículo 66 del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales-, requerirá contar con tales antecedentes. 10) Que, no obstante lo señalado, la Municipalidad de La Reina ha manifestado que no dispone de los campos específicos requeridos por el solicitante, toda vez que la información digitalizada con la que cuenta, es aquella proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, a través de una planilla Excel denominada “Base de Datos sin patente anterior al 2009” la que contendría, según se indicó en el numeral 5° de lo expositivo, el RUT, nombre, dirección, capital positivo, capital negativo, marca, capital año anterior y observaciones. 11) Que, a la luz de lo requerido por el peticionario, resulta evidente que en dicha planilla no se contiene la totalidad de la información requerida, en tanto no se incluyen los datos referidos a los montos adeudados y los periodos consultados. Sin embargo, de la revisión de los demás documentos remitidos por la reclamada, consta que disponen de una planilla denominada “Morosidad histórica a marzo de 2012”, en la que se contiene indicación de la Junta Vecinal, RUT, nombre, número de patente, tipo de patente, giro, dirección, capital periodo y valor; así como la “Morosidad histórica OFP”, con indicación del RUT, número de patente, nombre, giro, dirección, “agtp”, “defi”, periodo, estado, emisión, derecho, cuenta y valor. 12) Que, de esta forma, no existiendo antecedentes por los que se acredite que la reclamada disponga de la información en los términos en que lo ha requerido el solicitante y constando que la Municipalidad de La Reina dispone de dos planillas Excel por las cuales es posible filtrar los campos requeridos por el solicitante, se acogerá el amparo interpuesto ordenándose la entrega de la planilla Excel denominada “Morosidad histórica a marzo de 2012” y aquella denominada “Morosidad histórica OFP”, a las que previamente deberá tarjar aquellos antecedentes que no fueron requeridos por el solicitante. 13) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, habiendo advertido por parte de este Consejo que la cédula nacional de identidad y la dirección del representante legal no constan en las planillas a que se ha hecho referencia, por cuanto solamente se contienen el RUT, razón social y domicilio de las personas jurídicas deudoras de patentes municipales, se rechazará el amparo en este punto, toda vez que no resulta posible requerir al organismo reclamado la entrega de lo solicitado. Ello considerando que tales antecedentes no se encuentran sistematizados sino que, de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado, obran en cada uno de los expedientes que existen en el municipio, por lo que su incorporación a las planillas significaría revisar cada uno de ellos, lo que a juicio de este Consejo implica elaborar información, lo que queda fuera del ámbito de la Ley de Transparencia. 14) Que, finalmente, cabe desestimar la alegación efectuada por la reclamada en cuanto a la aplicación del artículo 37 de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los derechos de los consumidores, en tanto dicha disposición se refiere a la información que todo proveedor debe poner a disposición en toda operación de consumo en que se conceda un crédito directo al consumidor, lo que no dice relación con el presente caso. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Octavio Gaete Bustamante, en contra de la Municipalidad de La Reina, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Reina, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de las planillas Excel denominadas “Morosidad histórica a marzo de 2012” y “Morosidad histórica OFP”, tarjando previamente aquellos campos y el periodo que no fueron incluidos en la solicitud del peticionario. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Octavio Gaete Bustamante y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Reina. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.