Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1537-20

Reclamante:	BELFOR CARRIZO POBLETE
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo, ordenándose a la Policía de Investigaciones de Chile que entregue al reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, por cuanto no ha acreditado que aquél contenga actividades de inteligencia y ha sido elaborado a partir de datos personales proporcionados por el propio solicitante. En virtud del principio de divisibilidad, se deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos en virtud de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/5/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C1541-21 C2875-21 C395-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1537-20   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Belfor Carrizo Poblete Ingreso Consejo: 24.03.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo, ordenándose a la Policía de Investigaciones de Chile que entregue al reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, por cuanto no ha acreditado que aquél contenga actividades de inteligencia y ha sido elaborado a partir de datos personales proporcionados por el propio solicitante. En virtud del principio de divisibilidad, se deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos en virtud de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1102 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1537-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de febrero de 2020, don Belfor Carrizo Poblete solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información: "Informar el motivo de rechazo de mi reintegro de acuerdo a proceso abierto por contingencia. Me es menester ser informado en detalles de los motivos del rechazo ya que cumplo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la institución". 2) RESPUESTA: Mediante carta de 19 de marzo de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que la Sección Ingresos, dependiente de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas, informó que el postulante fue excluido del proceso de contratación en la Institución, toda vez que no aprobó una etapa de selección considerada excluyente, específicamente su Declaración de Historial Personal. Agrega que el contenido de la Declaración de Historial Personal se encuentra amparado en el Título VII de la ley N° 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, que establece la obligación de guardar secreto y la prohibición de divulgar la información contenida en dichos registros, por cuanto se infiere que éste debe necesariamente comprender acciones en terreno, acciones de vigilancia, cuya divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Finalmente, señala que Consejo Para la Transparencia ha estimado que divulgar la información contenida en las Declaración de Historial Personal, podría eventualmente afectar derechos de terceros que con sus declaraciones permitieron al Oficial Evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante para ingresar a la institución, evidenciando sus identidades, domicilio u otros datos personales recabados en dicha investigación, lo que se encuentran protegidos por la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con la ley N° 19.628. 3) AMPARO: El 24 de marzo de 2020, don Belfor Carrizo Poblete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud. Agrega que el órgano le niega la información invocando la ley de inteligencia para un trámite de tipo ordinario. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E4924, de 7 de abril de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 312, de 22 de abril de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando que la a inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la PDI, y dichas actividades comprenden el procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior, como asimismo, las tareas que afecten el debido cumplimiento de sus funciones. Agrega que, la Ley de Inteligencia del Estado dispone en su artículo 38, que tendrán el carácter de secreto aquellos antecedentes que el personal tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas. Indica que se encuentra impedido de entregar los antecedentes, por concurrir la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, puesto que la eventual entrega de los antecedentes y de la manera en que se realizó el proceso de Declaración de Historial Personal, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la PDI. Señala además que el acceso a la información solicitada, afecta los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Inteligencia, pues en las indagaciones de inteligencia policial, existe un procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos, y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior, según lo expresa el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 19.974, dejando al descubierto a la o a las personas que fueron indagadas por medio de dicha herramienta tecnológica, pudiendo haberse presentado o no, en un proceso de Declaración de Historial de Personal. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información respecto al motivo del rechazo al reintegro en proceso abierto con ocasión de por contingencia social de funcionario que indica. Al respecto, la reclamada indicó, que el reclamante quedó excluido del proceso de selección en razón al resultado obtenido en su Declaración de Historia Personal cuya información se encuentra amparada bajo secreto y prohibición de divulgar, de conformidad a lo dispuesto en el título VII de la Ley N° 19.974. El referido título comprende los artículos 38 a 41 del cuerpo legal citado. 2) Que, en relación a la naturaleza de la información solicitada cabe destacar los siguientes antecedentes contenidos en la resolución N° 3 de 9 de agosto de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile: a) La Declaración de Historial Personal de un Postulante (DHP) consiste en un proceso de investigación de los antecedentes personales del postulante para determinar su idoneidad moral, que consta de dos etapas; la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza el postulante, respecto de sus datos personales y familiares y la segunda, se materializa con una investigación practicada por el Oficial Policial designado, el cual se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, el cual concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente el ingreso de un determinado postulante a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos. b) La entrega personal de datos por parte del interesado, constituyen antecedentes necesarios para determinar la idoneidad moral del postulante, los cuales permitirán verificar al Oficial Policial, si el postulante cumple o no con los requisitos de ingreso para optar a un cargo en la Policía de Investigaciones de Chile, cuya información contiene datos calificados por la Ley N° 19.628. c) El postulante en la primera etapa de su D.H.P, debe completar de su puño y letra, un formulario individualizando sus datos personales y de su núcleo familiar, los cuales consisten en su identificación, cédula de identidad, estado civil, nombre de su cónyuge y/o conviviente, domicilio, teléfono particular, entre otros antecedentes. En cuanto a los integrantes que conforman su grupo familiar, estos datos personales deberán identificar los antecedentes de su padre, madre, hermanos, cónyuge, conviviente, hijos del postulante, y tíos paternos y maternos. d) Por otra parte, el postulante deberá informar en su D.H.P, antecedentes relacionados con su solvencia económica y situación financiera, proporcionando al Oficial Policial una Declaración Patrimonial, que detalle sus bienes, participación en sociedades comerciales y sus deudas. e) La normativa interna contempla que el Oficial Investigador se constituya en su domicilio, para efectos de verificar con quién vive el postulante, la calidad de vida e ingreso del grupo familiar, mencionando en el respectivo informe, si el inmueble en el que habita el postulante es propio o de sus padres y si sobre éste pesan hipotecas u otros gravámenes, precisando el monto del arriendo o dividendo, según sea el caso. f) Si el postulante declara haber sido detenido, el informe que evacúe el Oficial Policial contendrá información relativa a los motivos de aquélla, fecha en la que habría ocurrido, circunstancias que rodearon al hecho, unidad policial aprehensora y Tribunal o Fiscalía que hubiere ordenado su detención, especificando si esta se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución judicial o por haberse configurado una situación de flagrancia. g) El D.H.P de quienes postularon a la Policía de Investigaciones de Chile, contiene información de carácter personal, protegida y amparada por la Ley N° 19.628, cuya normativa sólo autoriza la entrega de dicha información, al titular del dato personal protegido o a sus representantes, debidamente facultados para requerir dicha información, conforme a lo establecido en el artículo 22° de la Ley N° 19.880, que establece base de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 3) Que de acuerdo al artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene la PDI, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación del artículo 4° y artículo 5°, letra d), y su inciso final, de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas. 4) Que este Consejo además ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto la ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública. 5) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega al interesado del referido informe genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega del documento en análisis pueda afectar el bien jurídico Seguridad de la Nación- cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia. 6) Que, del análisis de los antecedentes que obran en el presente amparo se constata que la información solicitada se enmarca dentro de un proceso de reclutamiento de personal al interior de un órgano de la Administración del Estado y que la Declaración de Historial Personal ha sido elaborada en base a datos aportados por el propio reclamante en el marco de su postulación a la Policía de Investigaciones, a efectos de acreditar conducta y honorabilidad personal y no dentro de la función de inteligencia policial, lo que permite razonablemente presumir que tal documentación contiene esencialmente información circunscrita al ámbito de su vida privada y datos personales de que es titular los que deben ser comunicados al reclamante de acuerdo a la normativa contenida en la Ley N° 19.628. 7) Que, ante idéntico requerimiento la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 362-2018, en sentencia de 18 de abril de 2019, en su resuelvo Quinto señaló que:" Aun cuando pueda resultar una obviedad, no está de más indicar que no puede existir impedimento para la entrega a su titular de toda la información que le concierne. En lo que interesa verdaderamente para estos fines, debe subrayarse que se ordena excluir de la entrega de información contenida en la DHP, todos aquellos datos de orden personal que permitan identificar o conducir al establecimiento de la identidad de aquellas personas cuyas declaraciones se recogieron por el oficial respectivo. De ese modo, esta Corte no advierte cómo los antecedentes relevados de secreto puedan ser capaces de comprometer la privacidad o los derechos de personalidad de esas terceras personas"; 8) Que, en base a lo razonado precedentemente y, considerando especialmente la circunstancia de que el informe fue elaborado respecto del propio solicitante y constituye el fundamento de la decisión adoptada por la PDI sobre su postulación a esa entidad este Consejo acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la Declaración de Historial Personal requerida. 9) Que, con todo, previo a la entrega de dicho informe, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de terceros que con sus declaraciones permitieron al oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante así como cualquier dato que permita inferirla, máxime si tales declaraciones fueron emitidas en un contexto que permite suponer su desconocimiento acerca de la circunstancia de ser parte de una investigación para una postulación. Asimismo, deberá reservar los domicilios u otros datos personales de dichos terceros recabados por el oficial investigador de la PDI, por cuanto dichos datos se encuentran protegidos por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Belfor Carrizo Poblete, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile: a) Entregue al reclamante copia de la Declaración de Historial Personal, tarjando previamente los datos señalados en el considerando noveno del presente acuerdo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Belfor Carrizo Poblete y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.