Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1560-20

Reclamante:	SEBASTIAN GUERRA PEREZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Andes, ordenando la entrega de antecedentes académicos y de experiencia laboral, actas y/o pautas de evaluación que se indican, respecto del ganador del concurso, respecto del reclamante de información (en su calidad de postulante) y de los resultados y asignación de puntajes consignados en las actas y/o pautas de evaluación, de manera anonimizada, referidos a aquellos postulantes preseleccionados. Lo anterior, ya que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional de las personas seleccionadas. Además, no se produce afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano; no acreditándose, en la especie, la distracción indebida de sus labores habituales. Asimismo, se ordena se informe; el número total de postulantes, de aquellos que fueron llamados a entrevista, que se entiende por experiencia laboral y que se entiende por puntuación igual al 100% de los aspectos evaluados, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Además, el nombre y cargo de la comisión evaluadora, y las funciones y cargo del funcionario que se indica y los decretos de nombramientos de los funcionarios consultados.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/21/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2958-18 C3228-18 C3958-18 C377-13 C355-20 C91-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1560-20   Entidad pública: Municipalidad de Los Andes Requirente: Sebastián Guerra Pérez Ingreso Consejo: 25.03.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Andes, ordenando la entrega de antecedentes académicos y de experiencia laboral, actas y/o pautas de evaluación que se indican, respecto del ganador del concurso, respecto del reclamante de información (en su calidad de postulante) y de los resultados y asignación de puntajes consignados en las actas y/o pautas de evaluación, de manera anonimizada, referidos a aquellos postulantes preseleccionados. Lo anterior, ya que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional de las personas seleccionadas. Además, no se produce afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano; no acreditándose, en la especie, la distracción indebida de sus labores habituales. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C91-10, C3228-18, C2958-18 y C355-20, entre otras. Asimismo, se ordena se informe; el número total de postulantes, de aquellos que fueron llamados a entrevista, que se entiende por experiencia laboral y que se entiende por puntuación igual al 100% de los aspectos evaluados, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Además, el nombre y cargo de la comisión evaluadora, y las funciones y cargo del funcionario que se indica y los decretos de nombramientos de los funcionarios consultados. En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C355-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de febrero de 2020, don Sebastián Guerra Pérez solicitó a la Municipalidad de Los Andes la siguiente información: "Información relativa al proceso de concurso público para proveer el siguiente cargo; Secretario Abogado Juzgado de Policía Local de Los Andes. "1.- Número total de postulantes. 2.- Número total de postulantes llamados a entrevista. 3.- Currículum Vitae de todos los postulantes seleccionados y llamados a entrevista personal con la respectiva comisión. 4.- Certificados de experiencia laboral de todos los postulantes seleccionados y llamados a entrevista con la respectiva comisión. 5.- Copia de certificados de Magíster, Diplomados o Cursos/capacitación acompañados por los postulantes seleccionados y llamados a entrevista. 6.- Pauta de evaluación curricular de todos los postulantes llamados a entrevista, con indicación de lo siguiente: Nombre Postulante, puntaje asignado por Magíster, Diplomados, Cursos/capacitación (nombre de cada curso de especialización y puntaje detallado asignado al mismo). 7.- Pauta de evaluación referente a experiencia Laboral de los postulantes llamados a entrevista con indicación de lo siguiente: Nombre Postulante, años de experiencia, puntaje de asignado. Se solicita precisión respecto a la experiencia laboral señalando si ésta se considera desde la obtención del título de abogado otorgado por la Ex. Corte Suprema o la experiencia Laboral es considerada sólo de aquella realizada dentro del servicio Público. 8.- De acuerdo a las bases de publicación del Concurso Público en comento, precisar qué se entiende por "puntuación igual al 100% de los aspectos evaluados". Indicar además, el puntaje máximo de la evaluación curricular. 9.- Nombre y Cargo de la comisión evaluadora presente en la entrevista de los postulantes. Acta y/o Pauta de evaluación de entrevista personal, con indicación de los puntajes asignados POR CADA UNO de los integrantes de la comisión a cada Postulante. Indicando lo siguiente: Nombre del integrante de la comisión, Nombre del Postulante, Puntaje asignado a cada uno de los siguientes Ítems (por evaluador y por postulante): Dominio de las normativas, leyes y reglamentos propios de su cargo. Conocimiento para implementación y dominio de herramientas administrativas en control de personal. Competencias deseables para el cargo. Condiciones personales. Dicha Acta se solicita con las respectivas firmas de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora. 10.- Acta de confección de terna, entregando al Sr. Alcalde para el nombramiento del postulante al cargo concursado. Dicha acta debe contener las firmas de todos los integrantes de la comisión evaluadora. 11.- Decreto de designación del postulante seleccionado para el cargo. 12.- Funciones y Cargo de persona que indica, con el respectivo Decreto de Nombramiento. Solicitó los referidos antecedentes en conformidad al principio de divisibilidad. 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio N° 385 de fecha 2 de marzo de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante ORD N°053T, de fecha 16 de marzo de 2020, el órgano requerido respondió a dicho requerimiento y remitió ORD. N° 29, del Director de Administración y Finanzas de la reclamada que señaló lo siguiente: Hizo presente que el solicitante formó parte del concurso público consultado, y al no resultar electo, procedió a formular el presente requerimiento. En este sentido, indicó que "su fin último no es simplemente el acceso transparente e irrestricto a cierta información pertinente al concurso en cuestión, sino, derechamente, la impugnación del concurso público, aduciendo que el mismo adolecería de un vicio de ilegalidad. Prueba irrefutable de ello, es que con fecha 05 de febrero de 2020, tan sólo dos días después de ingresada la solicitud en análisis, presenta el referido recurso de impugnación en contra del concurso público ante el órgano contralor de nuestra república. Recurso que solicita idénticos antecedentes a los expresados en la solicitud objeto del presente informe". Así, agregó que, el hecho de que este asunto ya se encuentra dentro de la esfera de conocimiento y resolución de la Contraloría Regional de Valparaíso; y que de conformidad a las prerrogativas fiscalizadoras que dicho ente ostenta y ejerce respecto de las municipalidades, precisamente en torno a la legalidad de los actos que éstas emiten, resulta procedente denegar lo solicitado. Por otra parte, sostuvo que la entrega de muchos de los antecedentes solicitados, en particular los relativos al resto de los postulantes, supondría un evidente atentado a la vida privada y datos personales de éstas, contraviniendo con ella la reserva impuesta por el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, así como los artículos 4° y 12° de la Ley N° 19.628. Además, añadió, que recabar toda la documentación requerida para proporcionarse ante dos organismos distintos, a solicitud de una misma persona, supone evidentemente una verdadera distracción indebida para los funcionarios del departamento pertinente de sus labores habituales, hipótesis contemplada en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. 4) AMPARO: El 25 de marzo de 2020, don Sebastián Guerra Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información. El reclamante hizo presente que: - El cuestionamiento por parte de la reclamada respecto del fundamento de la solicitud transgrede los principios de libertad de información y de no discriminación. - La circunstancia que el órgano contralor esté conociendo sobre los mismos antecedentes, no constituye una causal de reserva contemplada en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. - Respecto a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, señaló que el órgano reclamado no notificó a los terceros en adecuación al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, advirtió que solicitó la información en conformidad al principio de divisibilidad. - Citó jurisprudencia de esta Corporación relativa a la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, y refirió que, en la especie, la reclamada tendría lo requerido, pero preferiría entregarla al órgano contralor, lo que no condice con la causal de reserva esgrimida. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes, mediante Oficio N° E4881 de fecha 6 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (8°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (9°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. Mediante Oficio N° 0000000472 de fecha 21 de abril de 2020, el órgano reclamado remitió sus descargos en los siguientes términos: Reiteró lo esgrimido en su respuesta sobre la circunstancia de haberse realizado por parte del requirente la solicitud de los antecedentes que motivan el presente amparo, al órgano contralor, los que ya se encuentran sometidos a su conocimiento, existiendo una dualidad de procedimientos con fines diversos. Advirtió que, la negativa es concordante con la jurisprudencia emitida por esta Corporación, "quien se ha pronunciado en el sentido de declararse incompetente para conocer de determinados reclamos, en tanto los mismos revelen que el requerimiento propiamente tal no tenga relación con el derecho de acceso a la información público, sino, con una disconformidad respecto de un proceso concursal en cuestión". En esta línea, señaló que la finalidad de impugnación del requerimiento queda en evidencia por la solicitud relativa al cargo, funciones y decreto de nombramiento del funcionario que se indica, según consta en el numeral 12 de la solicitud, quien no participó del proceso concursal en calidad o momento alguno, siendo su única vinculación al mismo, el parentesco que mantiene con la postulante finalmente seleccionada para el cargo. Por otra parte, reiteró que la entrega de muchos de los antecedentes solicitados supondría un atentado contra la esfera de la vida privada de los postulantes no seleccionados, en conformidad al artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Finalmente, indicó que la información solicitada se encuentra en formato papel, relativa a un total de 20 postulantes, y que la recopilación de la misma, implicaría una distracción indebida de sus funciones, en conformidad a lo señalado en el artículo 21 N°1 lera c) de la Ley de Transparencia. Hizo referencia, además, a la crisis sanitaria mundial por todos conocida y que conforme lo señala el certificado de la Dirección de Administración y Finanzas que acompaña, cuentan con solo una persona trabajando de forma presencial desde el 16 de marzo, para efectos de recabar la información solicitada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información requerida, referida a diversos antecedentes relativos al concurso público que se indica, respecto de los cuales el órgano señaló que se encontraban en conocimiento de la Contraloría General de la República, y que asimismo, se configuraban las causales de reserva del artículo 21 N°1 letra c) y N°2 de la Ley de Transparencia, esta última, respecto a los antecedentes de los postulantes no seleccionados. 2) Que, primeramente, en relación a lo señalado por la reclamada sobre la motivación de impugnación al concurso consultado que se buscaría con el requerimiento, cabe hacer presente que aquello constituye una alegación que no se aviene con el principio de no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. En consecuencia, la motivación del solicitante para requerir la información o la circunstancia de que aquel participó en el concurso que se consulta, no pueden servir de argumentos para ponderar la publicidad o reserva de una determinada información, por lo que se desestimará la alegación de la reclamada en este punto. 3) Que, por otro lado, la circunstancia de encontrarse en curso un procedimiento en Contraloría General de la República, iniciado a solicitud del requirente y vinculado al concurso público y los antecedentes consultados, no constituye una causal de reserva al alero de la Ley de Transparencia, persiguiendo, además, el procedimiento de acceso a la información pública seguido ante esta Corporación, un fin diverso a aquel perseguido por el órgano contralor, que se condice con la eventual adecuación o inadecuación del referido concurso a la normativa vigente. En consecuencia, procede desestimar lo señalado por el órgano requerido en este punto. 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia que fuere invocada por el órgano requerido, cabe tener presente que dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, en cuanto a la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 7) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 8) Que, en la especie, este Consejo advierte que la municipalidad de Los Andes no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, no señaló el tiempo que implicaría recopilar la información solicitada, señalando únicamente que se trataba de antecedentes referidos a 20 postulantes, en formato papel y que actualmente se encontraba un funcionario en el departamento respectivo realizando labores presenciales producto de la pandemia sanitaria por la que atraviesa el país, situación de contexto que, a juicio de esta Corporación, no constituye una causal de reserva que justifique por si misma la denegación de lo solicitado, máxime si indicó que se encuentra con funcionarios realizando labores presenciales y en consideración además, al número total de postulantes al concurso (20). En efecto, se desestimará la alegación de la reclamada respecto a la distracción indebida de sus funciones. 9) Que, en relación a lo solicitado en los numerales 3), 4), 5), 6), primera parte del numeral 7), segunda parte del numeral 9) y numeral 10), se debe realizar un distingo. En efecto, en lo que atañe al ganador del concurso público, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de los puntajes de sus evaluaciones y demás antecedentes acompañados en su postulación, en la especie; currículum vitae, certificados de experiencia laboral y académicos, y actas o pautas de evaluación del certamen (en la especie, de evaluación curricular, de evaluación de experiencia laboral de evaluación de entrevista personal y de confección de terna) bajo la premisa de que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de la información contenida en las actas y/o pautas de evaluación curricular, de experiencia laboral, de entrevista personal y de confección de terna, con las respectivas firmas de los integrantes de la comisión evaluadora, así como los antecedentes curriculares; académicos y de experiencia laboral, de aquel postulante que resultó ganador en el concurso público que se consulta. 10) Que, por el contrario, tratándose de los demás postulantes no designados para el cargo y que fueren llamados a entrevistas, conforme ha resuelto este Consejo, a partir de la decisión rol C91-10, procede reservar los antecedentes, en la especie; currículum vitae, certificados académicos y de experiencia laboral, de los candidatos que no resultaron seleccionados para el cargo "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante". Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado -y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pudiendo únicamente, entregarse la información contenida en las actas y/o pautas de evaluación requeridas, relativas a la asignación de puntaje o resultados de las evaluaciones de dichos postulantes que quedaron preseleccionados, pero de manera anonimizada -siguiendo en este caso, lo resuelto en la decisión amparo rol C3228-18 y C3958-18, entre otros-, con la finalidad de poder comparar esas calificaciones o puntajes con las del candidato seleccionado, facilitando el respectivo control social sobre el proceso de selección. 11) Que, por otra parte, en el caso en que el requerimiento contemple el acceso información del propio peticionario en el concurso consultado, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, en dicho caso el requirente ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley. Por lo expuesto, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará la entrega de la información indicada en el numeral 1) de lo expositivo de este acuerdo, referida al propio reclamante, en su calidad de postulante al referido concurso público. 12) Que, en relación a lo requerido en los numerales 1), 2), segunda parte del numeral 7) y numeral 8) de la solicitud de información, respecto a la indicación del número total de postulantes, así como de aquellos postulantes llamados a entrevista y la precisión por parte del órgano sobre que se considera como "experiencia laboral" y que se entiende por "puntuación igual al 100%" de sus aspectos evaluados, cabe hacer presente que, al tratarse lo solicitado de información referida a un procedimiento llevado a cabo por la reclamada, al alero de lo señalado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, es información de naturaleza pública, respecto de la cual la reclamada no ha acreditado la concurrencia de alguna causal que justifique su reserva, por lo cual se acogerá el amparo en este punto, en la medida que lo requerido obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. 13) Que, en cuanto a los numerales 9), 11) y 12) del requerimiento, referido al nombre y cargo de la comisión evaluadora, funciones y cargo del funcionario que se indica y decretos de nombramiento del funcionario consultado y de la candidata seleccionada, cabe hacer presente que al alero del ítem 1.4 de la Instrucción General N°11, de este Consejo, con relación a la información que constituye una obligación de Transparencia Activa, la información relativa al nombre, cargo o función de los funcionarios, corresponde a aquella que está permanentemente a disposición del público. Asimismo, y en relación a la identidad de los funcionarios de la comisión evaluadora, resulta atingente tener en consideración lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que establece el derecho de las personas de identificar al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Por otra parte, los decretos de nombramiento de los funcionarios públicos consultados, según ha resuelto esta Corporación, constituye información de naturaleza pública a la luz de lo señalado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de los cuales, el órgano requerido, no ha acreditado la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. Por lo anterior, se acogerá el amparo en este punto. 14) Que, cabe hacer presente que, en toda la información que por medio de esta decisión se ordena entregar, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. 15) Que, finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración lo señalado por la reclamada en atención al estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, y su afectación inevitable al debido funcionamiento de los órganos de la administración del Estado, en virtud de las medidas preventivas adoptadas por el órgano reclamado, con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de sus funcionarios, este Consejo, ponderando la circunstancia alegada, otorgará un mayor plazo para la entrega de los antecedentes consultados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Sebastián Guerra Pérez, en contra de la Municipalidad de Los Andes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la información solicitada en los numerales 3), 4), 5), 6), primera parte del numeral 7), segunda parte del numeral 9) y numeral 10) del requerimiento, respecto del ganador del concurso público; aquella referida al propio solicitante; y, la de aquellos candidatos que resultaron preseleccionados, únicamente en aquella parte relativa a la asignación de puntaje o resultados de las evaluaciones de dichos postulantes contenida en las actas y/o pautas de evaluación requeridas, pero de manera anonimizada. Asimismo, se entregue lo requerido en los numerales 1), 2), segunda parte del numeral 7) y numeral 8), en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, y lo solicitado en los numerales 9), 11) y 12). La entrega de lo solicitado se deberá realizar en la forma señalada en el considerando 14° del presente acuerdo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Guerra Pérez; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.