Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1695-20

Reclamante:	MATÍAS OSSIO CAMPOS
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Universidad de Playa Ancha, y se ordena la entrega de lo requerido en los literales a), b), c), d), e), f) y g) de la solicitud de acceso a la información indicada en lo expositivo del presente acuerdo. Este Consejo desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia alegada, así como, el abuso de derecho invocado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/27/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1688-20 C1691-20 C1701-20 C1702-20 C1703-20 C1710-20
Jurisprudencia a:	C1688-20 C1691-20 C1701-20 C1702-20 C1703-20 C1710-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1688-20, C1691-20, C1695-20, C1701-20, C1702-20, C1703-20 y C1710-20.   Entidad pública: Universidad de Playa Ancha Requirente: Matías Ossio Campos Ingreso Consejo: 01.04.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Universidad de Playa Ancha, y se ordena la entrega de lo requerido en los literales a), b), c), d), e), f) y g) de la solicitud de acceso a la información indicada en lo expositivo del presente acuerdo. Este Consejo desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia alegada, así como, el abuso de derecho invocado. En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Roles Nos C1688-20, C1691-20, C1695-20, C1701-20, C1702-20, C1703-20 y C1710-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 y 8 de marzo de 2020, don Matías Ossio Campos solicitó a la Universidad de Playa Ancha- en adelante, la Universidad o UPLA- lo siguiente: a) "Copia del contrato de prestación de servicios vigentes por servicios de Mutual de Seguridad efectuados por parte de Instituto de Seguridad del Trabajador -IST- para la Universidad de Playa Ancha, desde sus orígenes hasta la fecha, incluyendo todas sus modificaciones". b) "Copia de todos los contratos de prestaciones efectuados por parte de UPLA a IST. El requerimiento incluye todos y cada uno de los acuerdos contractuales y sus modificaciones, desde los inicios de las mencionadas prestaciones hasta el día de la presente solicitud". c) "Copia de la totalidad de los convenios suscritos entre UPLA e IST referentes a Laboratorio Clínico, unidad de Kinesiología y unidad de Inbiocriotec. Adicionalmente, solicito todos los decretos que oficialicen los acuerdos contractuales y de cualquier índole, tanto, respecto de la prestación de servicios de IST como mutual de seguridad de los funcionarios de la UPLA, como, los que refieran a los servicios efectuados por parte de UPLA a IST por medio de las unidades precedentemente individualizadas. Se requiere que toda la documentación corresponda a la efectuada desde la creación de las mencionadas unidades hasta la fecha, incluyendo todas sus eventuales modificaciones". d) "Copia del contrato de seguro de responsabilidad civil, y civil patronal estipulados que viene contratando UPLA en el marco del funcionamiento del Laboratorio Clínico, según indica el punto séptimo del Decreto Exento N° 095/2014. La documentación a suministrar debe incorporar todas las eventuales modificaciones de las pólizas del mencionado seguro, desde su suscripción hasta la fecha de la presente solicitud". e) "Copia de los informes financieros del Laboratorio Clínico. La documentación a suministrar debe incorporar toda la documentación de respaldo de entradas y salidas de recursos de la mencionada unidad, incluyendo facturaste pagos IST, pagos a proveedores, insumos personal, etc, desde el inicio de operaciones del mencionado laboratorio, hasta la fecha de la presente solicitud". f) "Copia de toda la documentación notificada al Instituto de Seguridad del Trabajador, que acredite por los medios idóneos y autorizados legalmente, que desde el 24/10/2019 hasta la fecha, UPLA no viene registrando reclamación alguna derivada de la relación profesional con sus funcionarios del Laboratorio Clínico dependiente de la mencionada casa de estudios". g) "Copia de todos los decretos que han venido oficializando la prestación de servicio del IST como organismo administrador de seguro Ley N° 16.744, beneficio dirigido hacia los funcionarios UPLA, así como los decretos que han venido renovando la mencionada prestación. Adicionalmente, requiere los distintos convenios y sus modificaciones que establecen las condiciones de servicios prestados por IST en la forma referida anteriormente" 2) RESPUESTA: El 31 de marzo de 2020, el órgano reclamado denegó dichos requerimientos de información, señalando invariablemente que:" la Universidad dictó el Decreto Exento N° 134/2020, que informa la suspensión de actividades de la Universidad, a propósito de la emergencia sanitaria por COVID19 y estado de excepción constitucional de catástrofe. Dicho Decreto, suspende los procedimientos administrativos, en atención al caso fortuito que, en este caso, impide tener acceso a estos decretos y convenios solicitados. En razón de lo anterior y estando dentro de plazo para dar respuesta a su requerimiento, conforme a la Ley N° 20.285, se suspende y extiende el plazo de su solicitud hasta que puedan reanudarse las actividades en la Universidad y se pueda tener acceso a las dependencias, cuestión que estaremos informándole"- énfasis agregado-. 3) AMPAROS: El 1° de abril de 2020, don Matías Ossio Campos dedujo sendos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le otorgó una respuesta negativa a la solicitud de información. Adicionalmente, el reclamante, hizo presente que, en conformidad con la Ley N° 20.285 las autoridades y los funcionarios de la Administración del Estado, deben cumplir con el principio de transparencia, el que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de esa información a cualquier persona. Que, en virtud de dicho principio, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos. Añadiendo que, a la fecha no existe ninguna disposición que supla lo referido por la Ley N° 20.285. Asimismo, agrega que, si bien, el Decreto Exento N° 134/2020 UPLA indica que los funcionarios desarrollarán funciones mediante teletrabajo, su solicitud no se opone a aquello, pues se requirió la información en formato digital, y que por otra parte, el órgano alega una postergación temporalmente indefinida a su requerimiento, aduciendo razones infundadas. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha , mediante Oficios Números E5117, E5118, E5249 E5426, E5417, E5504 y E5505, de 13, 14, 16 y 17 de abril de 2020 respectivamente, solicitándole que: (1°) se refiera a la concurrencia de alguna circunstancia de hecho que hiciere procedente la denegación de parte de la información requerida; (2°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale si la información requerida obra en poder del órgano que representa, constando en soporte digital; (4°) en atención a lo señalado en el Decreto Exento N°134/2020 remitido como respuesta, donde se señala que "los funcionarios, en el tiempo que se encuentren cerradas las dependencias de la Universidad, cumplirán sus funciones bajo una modalidad laboral flexible desde sus respectivos domicilios, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación", aclare si es posible entregar la información en dicha circunstancias; y, (5°) en caso de no poder configurarse la situación descrita en el numeral anterior, aclare específicamente las razones de ello. Mediante presentaciones de 27 y 31 de abril, así como de 04 y 06 de mayo, todas del 2020, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis que: i) "La Contraloría General de la Republica, en su Dictamen N° 3610 establece que los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados" ii) "El Decreto Exento N° 134/2020 fundado en la autonomía universitaria y al carácter vinculante del Dictamen ya referido, dispone medidas que adoptará la Universidad, para hacer frente a la situación sanitaria por brote de coronavirus (COVID-19)". Entre dichas medidas se encuentra: "La suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos o bien extiéndase su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados". Al respecto, la Universidad señaló que comunicó oportunamente la suspensión del plazo de las solicitudes efectuadas por el peticionario. iii) Con respecto de lo requerido en los literales a), b) y c) puntualiza que para dar lugar a "las solicitudes efectuadas por Ossio Campos, se requiere revisar información que se encuentra en diversos archivos, ubicados en dependencias de la Universidad y a los que la función remota aún no puede acceder. la función remota permite acceder a algunos y más recientes actos administrativos. Sin embargo, los antecedentes requeridos no se encuentran dentro de los recientes, sino que datan de hace más de 10 años - 15 años en relación a lo requerido en el literal c)- , por lo que la transcripción de aquellos no existiría. En razón de ello, se decidió suspender el plazo a la espera de poder ingresar nuevamente a nuestras oficinas, no es que se le haya negado -al menos no en esa oportunidad". iv) Con relación a lo solicitado en el literal d), especifica que para dar cumplimiento a aquello se requiere revisar información que se encuentra en archivos ubicados en dependencias de la Universidad, pues no se podría acceder a aquellos a través de la función remota y que "lo más probable es que en este caso, exista sólo el acto administrativo aprobatorio sin la póliza correspondiente". Además, señala que "los seguros son contratados para toda la Universidad, por tanto acceder a lo requerido implicaría efectuar un trabajo manual y físico de desagregar la póliza correspondiente, lo que implica un trabajo en los archivos universitarios". v) Acerca de lo pedido en el literal e), indica que para dar cumplimiento a aquello se requiere revisar información que se encuentra en archivos ubicados en dependencias de la Universidad, pues no se podría acceder a aquellos a través de la función remota. Adicionalmente, agrega que "se solicitan los informes financieros del Laboratorio y todas las facturas, pagos a proveedores, insumos personal, etc. desde el inicio del Laboratorio. El laboratorio comenzó sus funciones hace más de 10 años, por lo que aún cuando alguna información pudiese estar sistematizada, lo cierto es que la mayoría requiere insumos que sólo están en las dependencias físicas de la Universidad". vi) Sobre lo requerido en el literal f), señaló que "la solicitud efectuada es de carácter genérico, de modo que no necesariamente se encuentra en formato digital, sino que pudiere estar en diversos archivos ubicados en dependencias de la Universidad, a los que la función remota aún no puede acceder". vii) Con respecto a lo solicitado en el literal g), para dar cumplimiento a lo pedido, "se requiere acceder a información que se encuentra en dependencias de la Universidad". Añade que, "la solicitud implica necesariamente realizar una revisión física. La función remota permite acceder a algunos y más recientes actos administrativos especificados -para su búsqueda es necesario contar con el número del decreto- y no a materias tan genéricas como las requeridas". Luego, agrega que, "los decretos y convenios solicitados datan de hace más de 10 años, por lo que la transcripción en los decretos de los contratos no existía, lo que hace aún más difícil su búsqueda. Además son de naturaleza y contenido diverso, que requiere una revisión física y exhaustiva de ellos, para de esta manera analizar si corresponden a lo solicitado o no, tratándose de una solicitud bastante general, por lo que implica revisar en dependencias si éstos están modificados, han sido reemplazados, contienen datos sensibles, personales, etc." viii) "con fecha 16 de abril de 2020, se denegaron más de 30 solicitudes de acceso a la información -se adjunta documento- fundado en la distracción indebida de las funciones y en el abuso del derecho del reclamante". ix) "De esta manera, la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, cumpliendo con los plazos, forma, procesos, etc. establecidos en la Ley N° 20.285, su Reglamento, Instructivos del Consejo para la Transparencia, Dictámenes especiales de COVID, la autonomía universitaria, etc. ha suspendido -en una primera instancia- las solicitudes de acceso del reclamante y luego, significando una distracción indebida de las funciones y un abuso del derecho las recurrentes solicitudes del señor Ossio Campos, ha denegado la información, sin que esto haya sido arbitrario, sino que justificado y conforme a derecho". -énfasis agregado- . x) Se hace presente que el órgano acompaño en todos los descargos los siguientes documentos: 1° Comunicados Coronavirus de la Universidad -3-. 2° Dictamen N° 3610 de la Contraloría General de la República. 3° Decreto N° 0134/2020 de la Universidad. 4° Oficio Deniega varias Solicitudes de Acceso a la Información de Ossio Campos y documentos fundantes. 5° Memorándum N° 53/2020 de la Directora del Laboratorio Servicio de Análisis a la Encargada de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos, existe identidad respecto de la reclamante y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha decidido acumularlos, resolviéndolos por medio de su revisión en conjunto. 2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa que le fue otorgada a sus solicitudes de información. 3) Que, atendida la respuesta entregada por la Universidad, anotada en lo expositivo de este acuerdo, en relación con los requerimientos efectuados. Es menester hacer presente que, este Consejo estima que aquella no resulta admisible, por cuanto, a diferencia de lo que en ella se señala, la facultad para suspender y extender los plazos de las diferentes solicitudes de acceso a la información que se efectúen a los órganos de la Administración del Estado, siempre y en todo momento debe ajustarse a la normativa vigente sobre la materia como a las instrucciones que esta Corporación emita sobre el particular. 4) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. 5) Por lo anterior, en virtud de las atribuciones conferidas en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, y, teniendo en consideración el referido Dictamen de Contraloría General de la Republica, citado por la parte reclamada, en sesión N°1.081, de fecha 17 de marzo de 2020, acordó dictar el Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, que dispone en lo que interesa que : " Respecto a la respuesta de la SAI, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos legales. Señala a continuación, que este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 6) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 7) Que, con relación a lo requerido en los literales a), b), c), y d) se debe hacer presente que, lo requerido corresponde en su mayoría a contratos o convenios de prestación de servicios estipulados por el órgano reclamado. En atención a lo anterior, es importante destacar que, en lo que dice relación con prestaciones de servicios efectuadas a la Universidad y por ella, el artículo 7 de la Ley de Transparencia, dispone en lo que interesa que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: e) Las contrataciones(...) para la prestación de servicios (...) g) los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros (...)"- se hace aplicable al respecto lo dispuesto en los puntos 1.5 y 1.7 de la Instrucción General N° 11 de este Consejo-. Revisado el banner de transparencia del órgano reclamado, este Consejo verificó que los antecedentes requeridos en los literales previamente citados, no se encuentran publicados en su sitio web. 8) Que, con respecto a lo requerido en el literal e) se debe tener presente que, el artículo 7 de la Ley de Trasparencia, dispone que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año". Revisado el banner de transparencia del órgano reclamado, este Consejo verificó que existe información presupuestaria de la Universidad correspondiente a los años 2012 al 2019, pero que lo específicamente requerido no se encuentra disponible. 9) Que, con relación a lo solicitado en los literales f) y g), se hace plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, literal g), previamente citado, en relación con el punto 1.7 de la Instrucción General N° 11. Revisado el banner de transparencia del órgano reclamado, este Consejo verificó que los antecedentes requeridos en los literales previamente citados, no se encuentran publicados en su sitio web. Asimismo, se hace presente que las alegaciones realizadas por el órgano en atención a que los requerimientos de los literales en comento contenían solicitudes genéricas, son estimadas improcedentes por este Consejo, pues dado el tenor en que aquellas fueron planteadas, se observa la especificidad de lo requerido por aquel. 10) Que, atendido lo señalado por el órgano en sus descargos, es preciso hacer presente que la alegación relativa a la inexistencia de los antecedes requeridos por el órgano, en el sentido que no se puede tener acceso a aquellos a través de la función remota, está planteada en términos tales, que no queda claro si efectivamente se realizó una revisión exhaustiva de los archivos contenidos en aquella función. Por cuanto, para hacer mención de la falta de aquella señala que presuntamente "no existirían", sin acreditarlo de forma fehaciente o certificarlo de manera tal que no cupiera duda alguna respecto de lo esgrimido por el órgano. Adicionalmente, en caso de ser aquellos efectivo, la Universidad tampoco actuó conforme a lo establecido en el Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, por cuanto, debería haber contactado al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento. Por otra parte, el órgano señala que los antecedentes requeridos se encontrarían en dependencias de la Universidad, y atendida la situación excepcional que vive el país, este Consejo ha extendido los plazos para que los órganos de la Administración del Estado den cumplimiento a su obligación de informar, por lo que dicha reclamación tampoco parece plausible para eximirse de su observancia. 11) Que, de las alegaciones del organismo, se desprende que la satisfacción de los múltiples requerimientos del reclamante afectarían el debido cumplimiento de sus funciones, lo anterior, se encentra recogido en la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c), relativa a la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 12) Sobre el particular, se debe hacer presente que respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". De acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Lo anterior por cuanto la Universidad se limitó a invocar la causal en términos generales, sin acreditar fehaciente ni de forma pormenorizada que efectivamente se den los supuestos de hecho que hacen admisibles la concurrencia de la misma. En efecto, el órgano reclamado ni siquiera precisó el número total de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. 13) Que, en cuanto a la alegación realizada por el órgano reclamado con ocasión de sus descargos, en orden a que el reclamante ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información, se debe hacer presente que aquel no otorgó mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que habría realizado más de 30 requerimientos, sin identificarlos ni acreditar, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría al órgano a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de las solicitudes de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En consecuencia, este Consejo desestimará las alegaciones del órgano reclamado en tal sentido. 14) Que, en mérito de lo expuesto, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y, en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, que pudieren contenerse en la información cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, entre otros. Lo anterior, además, en cumplimiento de la facultad consagrada en el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia. No obstante, lo antes resuelto, y en el evento que no posea información adicional a la ya entregada, deberá informar de ello tanto al solicitante como a este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Matías Ossio Campos, en contra de la Universidad de Playa Ancha, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha , lo siguiente; a) Entregue al reclamante lo requerido en los literales a), b), c), d), e), f) y g) de la solicitud de acceso a la información indicada en lo expositivo del presente acuerdo. Previo a la entrega de los citados antecedentes, deberán tarjarse solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, que pudieren contenerse en la información cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, entre otros. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 2, letras f) y g); 4 y 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 80 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Ossio Campos y al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.