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DECISIÓN AMPARO ROL C1736-20</p>
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Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)</p>
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Requirente: Silvana Cabezas Beltrán</p>
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Ingreso Consejo: 02.04.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), ordenándole la entrega Estudio de Puesto de Trabajo, solicitado.</p>
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No obstante, lo anterior, en forma previa a su entrega, deberá tarjar previamente la identidad de los testigos que constan en dicha documentación como todo otro dato que permita identificarlos.</p>
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En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1736-20.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de febrero de 2020, doña Silvana Cabezas Beltrán solicitó al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) la siguiente información: "Investigación puesto de trabajo del Hospital de Saavedra."</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución N° 59, de 16 de marzo de 2020, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) respondió a dicho requerimiento de información indicando que se deniega de conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, dado que la información solicitada puede exponer los datos relativos al estado de salud de una persona, los que constituyen datos sensibles, por referirse a estados de salud psíquicos.</p>
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3) AMPARO: El 2 de abril de 2020, doña Silvana Cabezas Beltrán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), mediante Oficio N° E5946, de 24 de abril de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante O. ORD. N° 1144, de 22 de mayo de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos, señalando que para el presente caso ha habido reserva de la documentación requerida acorde a las disposiciones de la normativa vigente y a lo instruido por la SUSESO, Órgano Contralor en materia del Seguro Social de la Ley N° 16.744, en donde, el día 28 de febrero de 2020, mediante Circular N° 3497, del Antecedente 7), se modifica el "Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales" de la Ley N° 16.744, estableciendo que la Evaluación de Puesto de Trabajo corresponde a un documento de carácter confidencial y reservado, permitiendo sólo revelar su contenido, a los Tribunales de Justicia y a la Superintendencia de Seguridad Social, únicamente cuando estos organismos hagan solicitud expresa de este antecedente. Se constata entonces el cumplimiento por parte de este Servicio en cuanto a la denegación de la información acorde a procedimiento normativo vigente y a instrucción emanada desde la SUSESO.</p>
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Expresa, además, que "la información dispuesta en la Evaluación de Puesto de Trabajo se obtiene bajo un acuerdo de confidencialidad con los entrevistados, tal como se plantea en el Libro III del ´Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales´ de la Ley N° 16.744 (...)". En esta línea, advierte que "hacer entrega de datos personales, sensibles y testimonios entregados en un contexto de Investigación de Condiciones Laborales, proceso llevado a cabo mediante la realización de ´entrevistas confidenciales´ a testigos proporcionados tanto por la empresa como por la paciente, implicaría ir en contra de las condiciones que se establecieron de manera previa a la realización de dichas entrevistas (...)".</p>
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En relación al contenido de la Evaluación de Puesto de Trabajo, si bien ésta se inserta en un proceso de Investigación de Condiciones Laborales de la paciente, este documento tiene expresa prohibición de entrega a otros que no sean Tribunales y/o la propia SUSESO, a partir de fecha 28 de febrero de 2020, por parte de esa Superintendencia.</p>
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Agrega que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, referido a la afectación de derechos de terceros involucrados ante la entrega de documentación, tal como se mencionó anteriormente, una vez recepcionada y tramitada la solicitud de la titular, se procedió a hacer las consultas respectivas a los testigos identificados en la Evaluación de Puesto de Trabajo, acorde a procedimiento vigente a esa fecha, haciendo envío de Ordinario de comunicación de presentación de solicitud de información para efectos de ejercer derecho a oposición. Sin perjuicio de lo anterior, y como se explicitó anteriormente, el día 28 de febrero de 2020 se instruye desde la SUSESO, mediante Circular N° 3497, que el documento Evaluación de Puesto de Trabajo de Salud Mental tiene expresa prohibición de entrega a otros que no sean Tribunales de Justicia y/o la propia SUSESO; permitiendo únicamente a los entrevistados/testigos de este documento acceder solamente a su propia declaración. Por esta instrucción es que, a pesar de la realización del proceso de consulta de terceros, se deniega el acceso a la EPT a señora Silvana Cabezas Beltrán, lo anterior en estricto cumplimiento de lo instruido por el Ente Superior Jerárquico de este Servicio en materia de la Ley N° 16.744.</p>
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No obstante lo anterior, una vez emitida la Circular N° 3497, y en estricto cumplimiento a lo instruido por ésta, se procede a denegar la entrega de la Evaluación de Puesto de Trabajo a la Solicitante, toda vez que este documento, como instruye esta Superintendencia, sólo puede ser remitido a Tribunales y/o la misma SUSESO. Se constata entonces, que, visto la instrucción de SUSESO a este Servicio, no procede la realización de consulta de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, mediante documentación adjunta, individualizada se pone a disposición de ese Consejo la documentación respectiva al procedimiento de comunicación de terceros a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, entregando los medios de verificación que acreditan que se llevó a cabo el debido proceso, según procedimiento vigente hasta antes del 28 de febrero de 2020.</p>
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En línea con lo planteado en la Circular N° 3497 del Antecedente 7), y en atención al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, la Evaluación de Puesto de Trabajo contiene información de carácter confidencial y reservado. En este contexto, y como se ha mencionado en puntos precedentes, sólo puede ser revelado su contenido a los Tribunales de Justicia y a la misma Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo además el deber de los organismos administradores de resguardar el contenido de ésta. Es menester mencionar lo anterior porque, de acuerdo a este documento, las Evaluaciones de Puesto de Trabajo no pueden ser entregadas a los solicitantes por tratarse de un documento cuyo contenido es confidencial y reservado. Así, en virtud a lo establecido por la normativa vigente que se especifica en el presente, su entrega no procede, aún en consideración de la aplicación del principio de divisibilidad.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a investigación puesto de trabajo del Hospital de Saavedra, respecto de la cual el órgano reclamado reservó la información, en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Señala además en sus descargos que, en relación al contenido de la Evaluación de Puesto de Trabajo, si bien ésta se inserta en un proceso de Investigación de Condiciones Laborales de la paciente, este documento tiene expresa prohibición de entrega a otros que no sean Tribunales y/o la propia SUSESO, a partir de fecha 28 de febrero de 2020, por parte de esa Superintendencia.</p>
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2) Que, de acuerdo con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".</p>
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3) Que, a modo de contexto cabe precisar que según el libro III, numeral 4) letra a), del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, aprobado por resolución exenta N° 156, de 05 de marzo de 2018, de la SUSESO, el Estudio de puesto de trabajo (EPT) "Consiste en el análisis detallado, mediante la observación en terreno, de las características y condiciones ambientales en que un trabajador en particular se desempeña y de las actividades, tareas u operaciones que realiza. Este instrumento tiene por objetivo identificar la presencia de factores de riesgo específicos condicionantes de la patología en estudio. En conjunto con otros elementos de juicio, el EPT permitirá al Comité de Calificación o al Médico del Trabajo, según corresponda, establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología y la actividad laboral del trabajador evaluado."</p>
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4) Que, en tal sentido, cabe hacer presente que lo solicitado constituye un fundamento de un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado, para establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología de salud y la actividad laboral del trabajador, información que de conformidad al artículo 8° de la Constitución Política de la Republica.</p>
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5) Que, el órgano denegó el acceso a lo solicitado en virtud de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el que dispone: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: N° 2 Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico" y en que la documentación requerida contiene datos sensibles sobre la salud de una persona - en requirente- , así como, la identidad de ciertas personas que en el marco del EPT actuaron como testigos.</p>
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6) Que, teniendo en consideración que lo solicitado es información sobre el desempeño profesional de la propia requirente, se ha establecido que aquella tiene derecho a acceder a dichos antecedentes, atendida la titularidad que tiene sobre dichos datos, según lo previene el artículo 2°, letra ñ) de la ley N° 19.628, es dable sostener que en definitiva con la entrega de los antecedentes requeridos no se afectarían los derechos de la reclamada.</p>
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7) Que, más aún el artículo 10 de la ley N° 19628, dispone que: "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares". Teniendo en consideración que, en conformidad a lo señalado por la reclamante en su amparo, la información solicitada tiene por objeto acreditar la existencia y determinación de una enfermedad profesional y su posterior tratamiento, así como la obtención de un beneficio de salud asociado, y que además existe el pleno consentimiento del Titular (la reclamante misma), es que en este caso se hace plenamente aplicable lo indicado en el artículo previamente citado. Adicionalmente el artículo 12 de la ley N° 19628, dispone que: "Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente", de modo que, la reclamada está legitimada activamente para exigir se le haga entrega de los antecedentes en que se contiene principalmente información con datos de su persona.</p>
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8) Que, por dichas consideraciones en definitiva se desestimará la causal de reserva alegada y los argumentos que dicen relación con que los antecedentes contienen información sensible que no puede ser comunicada a la reclamante.</p>
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9) Que, en relación con la identidad de los presuntos testigos que pudieran contenerse en los antecedentes solicitados, se debe tener presente, lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18, C749-19,y C6404-19, entre otras, en las cuales se reservó cualquier dato o antecedente que directamente revelara la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permitiera colegir dicha información, reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en los procedimientos en los cuales fueran requeridos perjudicándose con ello el debido cumplimiento de las funciones del organismo involucrado.</p>
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10) Que, por consiguiente, en virtud de los criterios y argumentos expuestos precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando al Instituto de Seguridad Laboral entregar copia del estudio de puesto de trabajo realizado a la solicitante cuya entrega se reclama, tarjando previamente la identidad de los testigos como todo otro dato personal que permita identificarlos. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia.</p>
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11) Que, finalmente cabe señalar que no obstante a que en conformidad a lo dispuesto en el punto 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, la entrega de información que contenga datos personales de la requirente será presencial a su titular o a quien lo represente en conformidad a la normativa vigente, atendido el actual contexto de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe producto de la pandemia mundial que afecta al país, se le recomienda al órgano acceda a la entrega de la información por medio alternativo a la entrega personal o por medio de representante. A modo, meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad por mecanismos telemáticos.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Silvana Cabezas Beltrán, en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), lo siguiente;</p>
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a) Entregue a la reclamante el informe de EPT o Estudio de Puesto de Trabajo solicitado, tarjando previamente la identidad de los testigos como todo otro dato personal que permita identificarlos. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia.</p>
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a) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Se recomienda al órgano reclamado que, dada la situación de la pandemia generada por el virus COVID-19, acceda a la entrega de la información por medio alternativo a la entrega personal o por medio de representante. A modo, meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad por mecanismos telemáticos.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Silvana Cabezas Beltrán y al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>