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DECISIÓN AMPARO ROL C1906-20</p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas</p>
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Requirente: Claudio García Lobos</p>
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Ingreso Consejo: 14.04.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la entrega de información sobre la internación del vehículo y cantidad de vehículos que se indican.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información cuya divulgación afecta los derechos comerciales y económicos del tercero involucrado, configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones amparos Roles C114-09, C654-16, C2909-18, 2479-19 y C1908-20.</p>
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En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1906-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de marzo de 2020, don Claudio García Lobos solicitó al Servicio Nacional de Aduanas la siguiente información:</p>
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1.1) Todos los procedimientos y actos administrativos vinculados a la internación del vehículo que se indica;</p>
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1.2) Copia de todos los documentos relativos a la internación al territorio nacional, o respecto del aduanamiento y desaduanamiento, del vehículo indicado;</p>
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1.3) Cantidad de vehículos que hayan ingresado a Chile vía internación aduanera, en los últimos 5 años, con los mismos datos VIN y número de motor indicados.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 24 de marzo de 2020, el Servicio Nacional de Aduanas respondió a dicho requerimiento de información, denegando la entrega de los antecedentes consultados, en virtud de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Al respecto, hizo presente que, procedió a notificar al tercero -empresa que se indica-, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, sin obtener respuesta, sea autorizando u oponiéndose a la entrega de la información. No obstante lo anterior, estimó que: «la individualización del importador se encuentra protegida por ley, por ser parte del denominado "secreto empresarial"; que representa el resultado de tratativas comerciales de carácter internacional y el desarrollo de una estrategia comercial; que su mantención en reserva significa para su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva, cuya divulgación afectaría los derechos de carácter comercial y económico de la citada empresa (...)». Adicionalmente, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación en esta línea.</p>
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3) AMPARO: El 14 de abril de 2020, don Claudio García Lobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Adicionalmente el reclamante hizo presente que, tal como consta en Oficio Ordinario N° 8026, de fecha 22 de julio de 2016, que adjuntó al efecto, ante solicitud de similar naturaleza, la reclamada accedió a su entrega. Asimismo, cuestionó que los antecedentes pedidos constituyan información estratégica de la empresa automotriz importadora.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Aduanas, mediante Oficio N°E6143, de fecha 28 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación y de los documentos que acrediten su notificación; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante presentación, de fecha 13 de mayo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Al respecto, agregó que, el contenido de lo solicitado versa sobre temas comerciales, «información que es muy sensible su entrega y tomando en consideración que la individualización del importador se encuentra protegida por ley, por ser parte del denominado "secreto empresarial"; que representa el resultado de tratativas comerciales de carácter internacional y el desarrollo de una estrategia comercial, cuya divulgación afectaría los derechos de carácter comercial y económico de la citada empresa (...)»</p>
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Adicionalmente, indicó que, mediante Oficio Ordinario N°3208, de fecha 13 de marzo de 2020, el cual adjuntó, se procedió a enviar notificación al tercero involucrado en la información solicitada; y proporcionó los datos de contacto de la misma. Por su parte, remitió a esta sede para efectos de su evaluación, los antecedentes que obran en poder del Servicio respecto del vehículo en comento, en relación con su ingreso al país.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25° de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N°E7630, de fecha 26 de mayo de 2020.</p>
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A la fecha del presente acuerdo, no consta que el tercero interesado hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados, referido a la entrega de información sobre la internación de vehículo que se indica, o bien su aduanamiento o desanuamiento y de la cantidad de vehículos motorizados internados al territorio nacional -en los últimos 5 años- con los datos indicados. Al respecto, la reclamada, con ocasión de su respuesta y sus descargos, denegó la información consultada, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por posible afectación de los derechos comerciales y económicos de empresa importadora que refiere.</p>
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2) Que, sobre la causal alegada por el órgano reclamado, este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información que se solicita, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecuó nuestro sistema jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.</p>
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3) Que, sobre la base de lo expuesto, este Consejo entiende que, los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares, en la especie la empresa importadora, que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21° y 24°, del artículo 19° de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, es menester tener en consideración la necesidad del requirente de formular una solicitud de acceso en pos de acceder a la misma, resultando razonable que se trata de información que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.</p>
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4) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N°4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.</p>
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5) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, en los amparos A114-09, C654-16, C2909-18, C2479-19, C1908-20, entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información contenida en los procedimientos y actos de la reclamada, tales como declaraciones de ingreso, y otros antecedentes vinculados con la internación del vehículo consultado y sobre la cantidad de vehículos internados con los mismos datos del VIN y Nos. de motor y chasis que indica, asociada a la razón social o RUT de la empresa importadora titular de la información consultada, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado, trazabilidad referida a cantidad de unidades importadas y stocks disponibles (este último punto vinculado particularmente al numeral 3° del requerimiento) todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico, y una eventual divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, los requisitos señalados en el considerando 3° de la presente decisión. (énfasis agregado).</p>
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6) Que, por tanto, en relación a la información consultada, respecto de la cual existen titulares de derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, y en virtud a lo razonado sostenidamente por esta Corporación, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°2 de dicha ley, razón por la cual, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio García Lobos, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio García Lobos, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas y al tercero interesado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>