Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2094-20

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Reclamante:	MAURO PARRA CORDERO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referido a información sobre nómina de especialistas contratados en el sector público e información que indica sobre becas de especialidades médicas otorgadas en el período correspondiente a los años 2008 a 2019. Lo anterior, por cuanto del análisis del marco normativo aplicable, se concluye que la información requerida debe obrar en poder de la Subsecretaría reclamada en el contexto del cumplimiento de sus funciones públicas; y respecto de la cual, la recurrida no alegó alguna causal de reserva que ponderar sobre la materia, ni acreditó su entrega al reclamante. Se considera además, respecto de la nómina de profesionales contratados, que este Consejo se ha pronunciado en orden a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, respecto de la información concerniente al otorgamiento de becas de especialización médica, por tratarse de beneficios conferidos con fondos públicos, se trata de antecedentes sometidos a un mayor estándar de escrutinio respecto a la forma en que dichos beneficios se entregan y quiénes son sus beneficiarios directos. Se rechaza el amparo, respecto de la información consistente en el dato de rut y número verificador de los profesionales médicos consultados. Lo anterior, por cuanto éstos constituyen datos personales, que obra en poder de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para acreditar el cumplimiento de los referidos servidores públicos, de los requisitos de ingreso a la Administración Pública y para fines de postulación a becas de especialización médica, sin que resulte procedente su comunicación para fines diversos al consignado, estimando dicha información como reservada en aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación a las normas de la del artículo 2, letra f), 4°, 9° y 20 de la citada ley 19.628, Sobre Protección a la Vida Privada. Se representa a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el no haber otorgado respuesta oportuna al requerimiento de acceso a la información que funda el amparo y la infracción al principio de oportunidad.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C95-10 C1543-11 C991-12 C327-10 C333-10 C353-10
Jurisprudencia a:	C7626-24 C8380-22 C1872-21 C4300-22 C4348-22 C4410-22 C6177-22 C6896-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C2094-20   Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales. Requirente: Mauro Parra Cordero. Ingreso Consejo: 22.04.2020. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referido a información sobre nómina de especialistas contratados en el sector público e información que indica sobre becas de especialidades médicas otorgadas en el período correspondiente a los años 2008 a 2019. Lo anterior, por cuanto del análisis del marco normativo aplicable, se concluye que la información requerida debe obrar en poder de la Subsecretaría reclamada en el contexto del cumplimiento de sus funciones públicas; y respecto de la cual, la recurrida no alegó alguna causal de reserva que ponderar sobre la materia, ni acreditó su entrega al reclamante. Se considera además, respecto de la nómina de profesionales contratados, que este Consejo se ha pronunciado en orden a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, respecto de la información concerniente al otorgamiento de becas de especialización médica, por tratarse de beneficios conferidos con fondos públicos, se trata de antecedentes sometidos a un mayor estándar de escrutinio respecto a la forma en que dichos beneficios se entregan y quiénes son sus beneficiarios directos. Se rechaza el amparo, respecto de la información consistente en el dato de rut y número verificador de los profesionales médicos consultados. Lo anterior, por cuanto éstos constituyen datos personales, que obra en poder de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para acreditar el cumplimiento de los referidos servidores públicos, de los requisitos de ingreso a la Administración Pública y para fines de postulación a becas de especialización médica, sin que resulte procedente su comunicación para fines diversos al consignado, estimando dicha información como reservada en aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación a las normas de la del artículo 2, letra f), 4°, 9° y 20 de la citada ley 19.628, Sobre Protección a la Vida Privada. Se representa a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el no haber otorgado respuesta oportuna al requerimiento de acceso a la información que funda el amparo y la infracción al principio de oportunidad. En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2094-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de marzo de 2020, don Mauro Parra Cordero ingresó una solicitud de acceso a la información ante la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del siguiente tenor: "(...) 1.- Una planilla Excel con los médicos especialistas contratados en el sector público donde se explicite: nombre, RUT, dígito verificador, especialidad, año de ingreso al servicio de salud, calidad del cargo (planta, contrata, becado, PAO, etc), Ley de contrato, Servicio de Salud donde labora, y otros antecedentes que se puedan compartir; y, 2.- Listado Excel de los cupos ofertados y tomados en los Concursos anuales del MINSAL para acceder a formación de especialistas en las distintas Universidades del país desde el año 2008 a 2019: a) Concurso médicos EDF; b) Concursos CONE APS y SS; c) Concurso CONISS; d) Concursos locales; d) Concurso FOREAPS Estos listados debería al menos contener: Cupos ofertados por especialidad en cada concurso; Cupos Tomados en cada especialidad, Universidad que ofrece cupos y donde se tomaron los cupos, Servicio de Salud donde deberá realizar el PAO cuando corresponda; Nombre, Apellidos, dígito verificador de médicos que accedieron a los cupos de formación de especialista por cada año y cada tipo de concurso." 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 22 de abril de 2020, don Mauro Parra Cordero dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de información. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En conformidad a lo anterior, de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC a fin de obtener por parte del órgano requerido, la información reclamada en el amparo, propuesta efectuada con fecha 03 de mayo de 2020. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Atendido lo señalado previamente el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante oficio N° E7495, de fecha 25 de mayo de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones, solicitando especialmente que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. El oficio previamente indicado, fue notificado al órgano recurrido con fecha 27 de mayo de 2020, sin que hasta la fecha del presente acuerdo evacuara sus descargos y observaciones en el procedimiento. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término se debe hacer presente que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. Sobre el particular, consta que este requerimiento fue recibido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con fecha 12 de marzo de 2020, por lo que el plazo con que contaba el órgano para pronunciarse vencía el pasado 09 de abril, sin que hasta la fecha se emita respuesta. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo; por lo que se representarán dichas infracciones a la Subsecretaría reclamada en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que, el amparo en análisis tiene por objeto la falta de respuesta de la solicitud de información señalada en el numeral 1° de la parte expositiva; respecto de la cual el órgano reclamado no se pronunció durante el procedimiento. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, la información y nóminas objeto del requerimiento son, en principio, información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 4) Que, sobre lo requerido en la primera parte de la solicitud de acceso, esto es, "planilla Excel con los médicos especialistas contratados en el sector público donde se explicite: Nombre, RUT, dígito verificador, especialidad, año de ingreso al Servicio de Salud, calidad del cargo (planta, contrata, becado, PAO, etc.), ley de contrato, Servicio de Salud donde labora", se debe hacer presente que el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 1, que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud, de 2005, se establece que "el Subsecretario de Redes Asistenciales tendrá a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema para la atención integral de las personas y la regulación de la prestación de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles (...) Tendrá, además, atribuciones para desempeñar las siguientes funciones: a) Participar en la realización de los concursos para proveer en propiedad empleos afectos a la ley N° 15.076, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, a requerimiento de los respectivos Servicios de Salud, en la forma y condiciones que determine el reglamento. A su vez, los funcionarios afectos a la referida ley N° 15.076 son "los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas, que desempeñen funciones profesionales en cargos o empleos remunerados a base de sueldo" - según lo dispuesto en el artículo 1 de la citada ley N° 15.076, que "Fija el texto refundido del Estatuto para los médico-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas". En conformidad a lo anterior la información solicitada en esta parte del requerimiento, debe obrar en poder del órgano en conformidad con sus atribuciones legales. 5) Que, complementando lo anterior, la información requerida en este punto, se refiere exclusivamente a profesionales que se desempeñan en el sector público, por lo que cabe recordar que, según se indicó en la decisión de amparo Rol C1543-11, la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. En razón de ello se ha entregado u ordenado entregar, los contratos a honorarios (en las decisiones C327-10 y C353-10); los informes de trabajos mensuales (decisión C991-12, en cuanto su divulgación posibilita el control social sobre la ejecución de los servicios contratados) y el currículum de los funcionarios (decisión C95-10). Respecto particularmente a la información reclamada en el presente amparo, sobre la divulgación de los contratos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público, es el propio legislador el que ha dispuesto la publicidad de gran parte de dichas condiciones, al disponer, en el artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia, que los órganos de la administración del Estado deben publicar proactivamente en sus sitios electrónicos la planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, lo que permite conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales, por lo que el amparo será acogido en esta parte, con la salvedad que se indicará a continuación. 6) Que, sin perjuicio de lo razonado previamente, específicamente respecto a número de rut y su respectivo número verificador del personal médico respecto de quienes se refiere la solicitud de acceso, ello corresponde a un dato personal, conforme a la definición prescrita en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, Sobre Protección a la Vida Privada, al tratarse de información concerniente a personas naturales identificadas en este caso. Por su parte, el artículo 4° del mismo cuerpo normativo prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Al efecto, no consta de los antecedentes que las titulares de dichos datos hubieren otorgado consentimiento expreso para la entrega de la información. A su turno, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público" (énfasis agregado). En este caso, el dato sobre número de rut y de verificación de los profesionales consultados obra en poder de la Administración para acreditar, en su oportunidad, el cumplimiento de los requisitos de ingreso a ésta y para fines de postulación a becas de especialización médica, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como lo pretende el recurrente, debiendo hacer presente que las fuentes abiertas de información sobre la materia consultada, no incorporan el dato concerniente al número de RUT de los funcionarios contratados y becarios; por lo que se estima que su comunicación al requirente resulta desproporcionada para el objetivo de ejercer control social respecto del personal médico contratado en el sector público; y, de aquellos que han sido beneficiados con becas de especialización médica, por cuanto dicho objetivo se ve satisfecho con el acceso a los datos sobre identidad y otras antecedentes de índole laboral requeridos por el reclamante. En conformidad a lo anterior, el amparo será rechazado en este parte, en aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación a las normas de la del artículo 2, letra f), 4°, 9° y 20 de la citada ley 19.628. 7) Que, en relación a la segunda parte de la solicitud de amparo, cabe señalar que ésta se encuentra referida en términos generales a concursos de personal médico y becas de destinación y formación y de especialidades médicas, cuya coordinación y respectiva selección de postulantes corresponde ejecutar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En efecto, el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005, previamente citado, se establece que "el Subsecretario de Redes Asistenciales (...) Tendrá, además, atribuciones para desempeñar las siguientes funciones: b) Coordinar a nivel nacional, a solicitud de los Servicios de Salud, los procesos de selección de médicos cirujanos, cirujanos dentistas, farmacéuticos o químicos farmacéuticos y bioquímicos, para el ingreso a la Etapa de Destinación y Formación a que llamen dichos Servicios, conceder becas a personas de esas profesiones, en cumplimiento de programas de perfeccionamiento o especialización que respondan a las necesidades del país en general o de los Servicios de Salud en particular, en la forma en que lo determine el reglamento, sin perjuicio de las atribuciones de los propios Servicios en la materia y regular la capacidad formadora de especialistas en el sector. Complementando la norma referida, el decreto N° 507 del Ministerio de Salud, del año 1990, que "Aprueba Reglamento de becarios de la ley n° 15.076, en el Sistema Nacional de Servicios de Salud", establece en su artículo 4°, indico primero que, "A lo menos una vez al año, el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud determinarán, coordinadamente, el número de becas por especialidad que podrán financiar, así como los programas de especialización que se ofrezcan mediante esta forma de financiamiento. (...); a su vez, el artículo 5° del mismo cuerpo normativo, establece que "La selección de los candidatos a becas deberá efectuarse por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, o por los Servicios de Salud mediante concurso de acuerdo con las bases de selección que corresponda y las que señale la Circular del llamado a concurso respectivo, la que tendrá la difusión que se establezca en la convocatoria". En particular el "concurso EDF", se refiere a los concursos de correspondientes a la Etapa de Destinación y Formación, se encuentra regulado en el artículo 8° de la ley N° 19.664, que "Establece normas especiales para profesionales funcionarios que indica de los servicios de salud y modifica la ley n° 15.076", prescribe que "El ingreso a la Etapa de Destinación y Formación se efectuará mediante un proceso de selección objetivo, técnico e imparcial, que se desarrollará a nivel nacional a lo menos una vez al año". El Concurso Nacional de Especialidades para Médicos CONE (ex CONE APS y ex CONE SS), es el concurso de becas destinadas al perfeccionamiento de una especialidad médica, dental, química-farmacéutica o bioquímica, para funcionarios contratados bajo la modalidad de contratación directa establecida en el artículo 9 de la referida ley N° 19.664, para médicos que prestan servicios en los establecimiento de salud primarios de atención municipal y aquellos contratados bajo el procedimiento regulado por la ley N° 15.076. El concurso CONISS, se dirige a la selección de médicos cirujanos para ingresar a la etapa de Destinación y Formación de los Servicios de Salud, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la citada ley N° 19.664 y, para acceder a becas de programas de especialización para profesionales de última promoción, según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 18 del decreto supremo N° 507/1990; los concursos FOREAPS, se encuentran dirigidos específicamente a cirujanos con desempeño en la atención primaria de salud; asimismo los denominados "concursos locales", son aquellas becas de formación y destinación, ofrecidas por los distintos Servicios de Salud a lo largo del país. Sin perjuicio de lo anterior, los referidos concursos requieren necesariamente la coordinación previa de dichos órganos con la Subsecretaría reclamada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 788/2000, del Ministerio de Salud "Aprueba Reglamento sobre ámbito de aplicación, dotaciones y plantas profesionales, e ingreso a la etapa de destinación y formación de la carrera funcionaria de los profesionales funcionarios afectos a la ley N° 19.664", que establece que "Los cargos que no fueren aceptados después de un tercer llamado en los procesos de selección coordinados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y aquellos que quedaren vacantes con posterioridad a dichos procesos, podrán ser provistos dentro de los 90 días siguientes en un proceso de selección a nivel nacional, efectuado por los respectivos Servicios de Salud. En conformidad a lo indicado, se concluye que la información requerida en este punto 1) del amparo deducido, debe obrar en poder de la reclamada, en cumplimiento de sus funciones públicas. 8) Que, respecto a los concursos relativos a becas de formación y destinación de personal médico y de especialización médica, cabe además tener presente lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C333-10, respecto que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de quienes han sido otorgados dichos beneficios. A mayor abundamiento, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7° letra i) ha establecido que la nómina de beneficiaros de programas de subsidios u otros beneficios que entregue el respectivo órgano, debe hacerse pública de manera proactiva por los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquellos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, en cuyo caso el tratamiento de los mismos debe hacerse de acuerdo con las normas de la ley N° 19.628. En este contexto, resulta relevante hacer presente que el órgano mantiene publicado al menos parte de la información requerida, según antecedentes que este Consejo tuvo a la vista al momento de resolver. 9) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo en este punto. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que a información reclamada en esta parte, o al menos parte de ésta, se encuentre en registros que se encuentran permanentemente disponibles al público, podrá dar cumplimiento a su obligación de informar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, indicando dicha circunstancia al requirente, debiendo dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el punto 3.1), letra a) de la Instrucción General N° 10, del Consejo para la Transparencia, sobre procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, esto es, "se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado sean normas reglamentarias que se encuentren disponibles en una página web de acceso gratuito; cuando la información se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva; o cuando los documentos solicitados hubiesen sido enviados al Archivo Nacional, en cuyo caso se deberán señalar los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa". A su vez, en el evento de que alguna información de la reclamada no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mauro Parra Cordero en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por los argumentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales a) Entregar al reclamante la siguiente información: i. Planilla en formato Excel con los médicos especialistas contratados en el sector público donde se explicite: identidad, especialidad, año de ingreso al servicio de salud, calidad del cargo (planta, contrata, becado, PAO, etc.), ley de contrato, Servicio de Salud donde labora. ii. Listado Excel de los cupos ofertados y tomados en los Concursos anuales del MINSAL para acceder a formación de especialistas en las distintas Universidades del país desde el año 2008 a 2019, debiendo contener información sobre: cupos ofertados por especialidad en cada concurso; cupos tomados en cada especialidad, Universidad que ofrece cupos y donde se tomaron los cupos, Servicio de Salud donde deberá realizar el PAO cuando corresponda; identidad de médicos que accedieron a los cupos de formación de especialista por cada año y cada tipo de concurso, todo lo anterior, en relación a : a) Concurso médicos EDF; b) Concursos CONE APS y SS; c) Concurso CONISS; d) Concursos locales; d) Concurso FOREAPS. En el caso de que a información detallada en el punto ii anterior, se encuentre en registros que se encuentran permanentemente disponibles al público, el órgano reclamado podrá dar cumplimiento a su obligación de informar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, indicando dicha circunstancia al requirente, debiendo dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el punto 3.1), letra a) de la Instrucción General N° 10, del Consejo para la Transparencia, sobre procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. A su vez, en el evento de que alguna información de la reclamada no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en sede de cumplimiento, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo relativo a la número de cédula de identidad y dígito verificador de los funcionarios consultados, por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a las normas de la del artículo 2, letra f), 4°, 9° y 20 de la citada ley 19.628. IV. Representar al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber dado respuesta al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14 de la citada Ley. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar el presente acuerdo a don Mauro Parra Cordero y al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.