Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C712-12

Reclamante:	SARA ZAMORA GALDAMEZ
Reclamado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en ausencia de respuesta a su solicitud de acceso sobre a) Registro de respuesta a apelación expediente Nº 130775 de 6 de diciembre de 2010; b) Registro de entrevista de la apoderada con el Jefe Provincial de Educación Cordillera, de 20 de diciembre de 2010; c) Registro de entrevista del Jefe Provincial de Educación Cordillera con la Directora del Colegio Extremadura, efectuada el 13 de diciembre de 2010; d) Registro de respuesta a presentación Nº 19145 de 25 de febrero de 2011; e) Hoja de vida del libro 1º MB año 2009, acceso a las anotaciones del segundo semestre; entre otros documentos. El Consejo señaló que no habiéndose conferido –por parte del Ministerio– el traslado a los terceros vinculados al correo electrónico solicitado en el literal s) y no habiendo tenido este Consejo acceso a dicha comunicación, a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido, sólo queda ordenar la entrega del mismo bajo la condición de aplicar el principio de divisibilidad respecto de cualquier antecedente contenido en dicho correo electrónico que se refiera a la intimidad o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o que no se relacione con el ejercicio de funciones públicas. (Con voto disidente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/4/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1101-11 C1482-11 C97-12 C632-12 C406-11
Jurisprudencia a:	C647-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C712-12 Entidad pública: Ministerio de Educación Requirente: Sara Zamora Galdámez Ingreso Consejo: 14.05.2012 En sesión ordinaria Nº 391 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C712-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inciso 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de marzo de 2012, don Raúl Mendoza Vergara y doña Sara Zamora Galdámez presentaron en la Oficina de Partes del Ministerio de Educación una carta dirigida a la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Educación de la Región Metropolitana, mediante la cual solicitaron en su calidad de padres del menor que indican, la información que se sintetiza a continuación: En relación al Colegio Extremadura de Puente Alto: a) Registro de respuesta a apelación expediente Nº 130775 de 6 de diciembre de 2010; b) Registro de entrevista de la apoderada con el Jefe Provincial de Educación Cordillera, de 20 de diciembre de 2010; c) Registro de entrevista del Jefe Provincial de Educación Cordillera con la Directora del Colegio Extremadura, efectuada el 13 de diciembre de 2010; d) Registro de respuesta a presentación Nº 19145 de 25 de febrero de 2011; e) Hoja de vida del libro 1º MB año 2009, acceso a las anotaciones del segundo semestre; f) Hoja de vida del libro 2º MB año 2010; g) Cálculo del porcentaje de asistencia del certificado de 2º MB año 2010; h) Aclarar por qué figura ausente al menor en las fechas que indica, pese a existir justificativo médico que avala su ausencia; i) Aclarar si se acoge a algún decreto el hecho de no considerar el siete coeficiente dos obtenido en Historia por su hijo, en el informe final y certificado anual de 22 de febrero de 2011; j) Aclaración respecto a forma de presentación de apelación expediente Nº 130775; k) Registro de esa repartición de que "ya ha solicitado al establecimiento educacional que tome los resguardos suficientes para prevenir situaciones como los hechos que dieron origen a la presente causa"; En relación al Centro Educacional San Mateo de Puente Alto: l) “Documento de 21 de Marzo Condicionalidad Extrema por el 1er Semestre 2011, por ambos lados, con los nueve conceptos incluidos…firmado por el alumno, Apoderada, Directora y Orientadora” (sic); m) Registro fonográfico íntegro de reunión de 17 de mayo de 2011, sostenida entre doña Sara Zamora Galdámez, la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, la Coordinadora Regional de la Oficina de Atención Ciudadana Ayuda Mineduc y el Abogado Encargado de la Unidad Jurídica de esa repartición; n) Registro fonográfico íntegro de continuación de la reunión a que fue derivada la solicitante con la encargada de Ayuda MINEDUC; o) Acta manuscrita de reunión de 20 de mayo de 2011 entre el menor, doña Sara Zamora Galdámez y la directora del colegio; p) Informe completo precisando su posición frente a la denuncia planteada, requerido a la Directora por la Supervisora del Departamento Provincial de Educación Cordillera; q) Registro de la entrevista de la Directora doña Olga Sepúlveda Calderón con la médico doña María Gloría Moya, en el Hospital Sótero del Río; r) Informe médico oficial y definitivo de la situación médica del hijo de la solicitante; s) “Correo electrónico enviado por la Directora, «…documento mediante el cual hace una reseña sobre los hechos que motivaron la aplicación de la referida medida disciplinaria», de acuerdo a que «…se han solicitado nuevos antecedentes al establecimiento»” (sic); t) Copia de informe al profesor jefe y jefe de carrera, y copia de hoja de vida del libro 3° MC telecomunicaciones 2011, donde apoderada firmó con reparos las anotaciones registradas al 29 de abril de 2011; u) Proceso administrativo de la Fiscalía de la Unidad Regional de Subvenciones “…que deberá resolver finalmente…” si “…la medida disciplinaria de condicionalidad extrema sea una sanción no contemplada en el ordenamiento interno del establecimiento…”, “… a fin de determinar si la aplicación de dicha medida constituye una infracción al ordenamiento legal”; v) En relación al informe de 6 de octubre de 2011, evacuado por el Jefe (S) del Departamento Provincial de Educación Cordillera, requerido por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Recurso de Protección N°239-2011, se solicita documento mediante el cual se “…instó al actual centro educacional a levantar la medida disciplinaria que adoptó…”; En relación a los documentos acompañados al informe de 5 de marzo de 2012, del Jefe Provincial de Educación Cordillera: w) Carta de 25 de mayo de 2011 y documentos anexos enviados, por la Directora a la Supervisora del Departamento Provincial de Educación Cordillera, donde explica la situación del alumno; x) Carta de 1 de junio de 2011 y anexos correspondientes, de la Directora a la Supervisora del Departamento Provincial de Educación Cordillera, donde informa situación del alumno; y) “Carta completa de 2 de Marzo 2012, de Directora al Jefe Provincial de Educación Cordillera, en que informa situación actual del alumno” (sic). 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 14 de mayo de 2012, doña Sara Zamora Galdámez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en ausencia de respuesta a su solicitud de acceso. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 1.894, de 28 de mayo de 2012, al Subsecretario de Educación; quien presentó sus descargos y observaciones a través del oficio Ord. N° 639, de 9 de julio de 2012, señalando –en síntesis– que, revisados sus sistemas, “no consta ninguna solicitud de la señora Zamora, radicada en el Ministerio para su respuesta”. Agregó que el único dato que manejan a este respecto es una petición que fue tramitada por la SEREMI, cuyos descargos fueron evacuados por el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana, “a propósito del mismo caso, pero en virtud del reclamo Rol C632-12, interpuesto en su contra”. Según dichos descargos, el 26 de abril de 2012 se remitió a la peticionaria, a través de carta certificada, una copia del informe psicopedagógico realizado el 24 de mayo del año 2011, por don Roberto Pinto al hijo de la solicitante. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante oficio N° 1.895, de 28 de mayo de 2012, este Consejo comunicó al hijo de la reclamante, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, el amparo antedicho, a fin de que presentara sus descargos y observaciones al mismo. Por su parte, éste, a través de carta de 22 de junio de 2012, autorizó la entrega de la información indicada en el numeral 1° precedente, a su madre y reclamante en este procedimiento de amparo. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En la sesión ordinaria N° 365 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2012, se acordó aplicar en este caso una salida alternativa de resolución de controversias (SARC), que tenía por objeto: (a) identificar los motivos que ocasionaron la ausencia de registro de la solicitud de información de la reclamante; (b) permitir que el Ministerio se pronunciara sobre el fondo de lo requerido, indicando si la información solicitada obraba en su poder, o en algún órgano de su dependencia, y si ésta es pública o estima que, a su respecto, procede alguna casual de secreto o reserva; y (c) Establecer si existe un correo electrónico del tenor del solicitado por la reclamante en el literal s) de la solicitud y, de proceder, conferir traslado a los terceros eventualmente afectados por su comunicación, específicamente, a la Directora del Colegio que habría sido la emisora del correo electrónico requerido. El referido acuerdo se materializó a través del oficio de este Consejo, N° 3484 de 21 de septiembre de 2012, el cual a la fecha de la presente decisión no ha sido contestado por el Ministerio de Educación. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, se encuentra acreditado que doña Sara Zamora Galdámez y don Raúl Mendoza Vergara formularon la solicitud de información indicada en el numeral 1° precedente, ante el Ministerio de Educación, toda vez que revisados los antecedentes acompañados por la reclamante es posible observar el timbre de la oficina de partes de dicho órgano de la Administración del Estado, estampado en la primera y última hoja de la antedicha presentación. Dichos antecedentes desvirtúan lo informado por ese Ministerio en sus descargos, en orden a que no consta en los sistemas respectivos de ese órgano alguna solicitud de la Sra. Zamora que merezca la respuesta de dicha Secretaría de Estado. De acuerdo a los citados timbres, los solicitantes dedujeron su solicitud ante el Ministerio de Educación, correspondiendo al jefe de ese servicio dar respuesta a la misma, conforme a la Ley de Transparencia, independientemente de que dicha solicitud haya sido dirigida a la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana. A este respecto, cabe tener presente lo señalado por este Consejo en su Instrucción General N° 10 (D.O. 17.12.2011), sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, que dispone en su numeral 2.1. que “no podrá utilizarse el procedimiento de derivación, a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Transparencia, cuando se trate de unidades u órganos internos de un mismo servicio público, aunque éstos ejerzan facultades desconcentradas. Así, por ejemplo, una Dirección Regional o una Secretaría Regional Ministerial no podrá derivar una solicitud a la Dirección Nacional o a la Subsecretaría respectiva, ni viceversa…”. 2) Que, como consecuencia de la ausencia de registro antes señalada, consta que el órgano reclamado no dio respuesta a la solicitud de información en comento en el plazo de 20 días hábiles establecidos por el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Por tanto, ha transgredido el citado artículo 14 y el literal h) del artículo 11 de la misma ley, que consagra el principio de oportunidad en materia de acceso a la información. Asimismo, dicha omisión contravino el N° 5 de la citada Instrucción General N° 10, en virtud de la cual los órganos o servicios públicos deberán confeccionar un expediente y llevar un registro actualizado, escrito en formato material o electrónico, donde conste todo el procedimiento administrativo de acceso a la información, es decir, la solicitud de acceso, las eventuales oposiciones de terceros, las actuaciones del órgano, y cualquier otro documento presentado o emitido, con expresión de la fecha y hora de su recepción o envío. Por consiguiente, se representarán las citadas infracciones al Sr. Subsecretario de Educación. 3) Que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información comprende «el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga». Agregando su artículo 5°, inciso segundo, que también es pública «toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas». En consecuencia, según ha expresado este Consejo en su decisión de amparo Rol C533-09 , la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, por lo que no corresponde a este Consejo disponer la emisión de aclaraciones o elaboración de informes, tales como los solicitados por la reclamante en los literales h), i), j) y p) de la solicitud de acceso. Dichos requerimientos no se encuentran cubiertos por la Ley de Transparencia, sino que pasan a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición —establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental—, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio. Adicionalmente, se precisará que lo solicitado en el literal g) de la solicitud de acceso, sólo constituye una solicitud de información en la medida que dicha información conste en alguno de los soportes indicados en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. 4) Que, cabe hacer presente que a través de la respuesta dada por la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, aludida por el órgano reclamado en sus descargos (parte expositiva N° 3), se entregó a la reclamante el informe psicopedagógico resultante de la evaluación realizada a su hijo. Sin embargo, dicho informe, como se lee en el N° 1 de lo expositivo, no fue parte de la solicitud de información comentada en esta decisión, por lo tanto, no puede considerarse en este procedimiento de amparo. 5) Que, no constando que el órgano reclamado haya dado respuesta al fondo de lo solicitado por doña Sara Zamora, es dable a este Consejo ordenar al Ministerio de Educación pronunciarse sobre las solicitudes de información indicadas en el N° 1 de la parte expositiva a excepción de los literales h), i), j) y p) –según lo señalado en el considerando 3° precedente–, entregando los antecedentes requeridos, en tanto éstos obren en poder del organismo en un soporte determinado o, en su defecto, comunicar a la reclamante su inexistencia, según corresponda. Sin perjuicio de lo que se indicará en adelante. 6) Que, con todo, en cuanto al correo electrónico descrito en el literal s) de la solicitud del reclamante, cabe tener presente que este Consejo ya ha resuelto, con la disidencia de los Consejeros don Jorge Jaraquemada y don José Luis Santa María, que los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o personal—, son públicos si no se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva, debiendo, en todo caso, tenerse presente que si éstos exponen algún antecedente acerca de la intimidad o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o no se relacionan con el ejercicio de funciones públicas, debe aplicarse el principio de la divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, conforme al cual cuando un documento contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, deberá darse acceso a la primera y no a la segunda (decisiones Roles C406-11, C1101-11 y C1482-11). Al respecto, en su decisión Rol C97-12 ha sido perentorio en reconocer que, no obstante lo anterior, “es posible que entre los mensajes de correos electrónicos que se soliciten a un órgano administrativo exista/n alguno/s que exponga/n antecedentes acerca de la intimidad o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o no se relacionan con el ejercicio de funciones públicas (así fue indicado en el considerando 17° de la decisión de amparo Rol C1101-11). Frente a dicha posibilidad, el artículo 20 de la Ley de Transparencia exige a la autoridad administrativa verificar si dentro de los mensajes existen antecedentes que pueden contener información que afecte los derechos de terceros –sean funcionarios públicos u otros personas–. En tal caso, el organismo deberá comunicar a dichos terceros la facultad que les asiste para consentir su entrega u oponerse fundadamente a la comunicación de aquellos mensajes que estime que su comunicación afectaría sus derechos, por ejemplo, su vida privada. Así, el tercero involucrado –sea un funcionario, autoridad pública u otra persona ajena a la Administración– podrá oponerse a la entrega si estima que afectan alguno de sus derechos o consentir en la entrega. De oponerse, la entrega sólo podrá verificarse previa decisión en ese sentido de un organismo imparcial, especialmente creado al efecto, como lo es el Consejo para la Transparencia, y, en su caso, por la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de verificar la afectación del derecho alegado”. 7) Que, no habiéndose conferido –por parte del Ministerio– el citado traslado a los terceros vinculados al correo electrónico solicitado en el literal s) y no habiendo tenido este Consejo acceso a dicha comunicación, a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido, sólo queda ordenar la entrega del mismo bajo la condición de aplicar el principio de divisibilidad respecto de cualquier antecedente contenido en dicho correo electrónico que se refiera a la intimidad o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o que no se relacione con el ejercicio de funciones públicas. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por doña Sara Zamora Galdámez, de 24 de abril de 2012, en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación que : a) Responda la solicitud de información de la reclamante, entregando la información descrita en el N° 1 de lo expositivo, a excepción de los literales que se mencionarán en el resolutivo siguiente; o bien, comunicar su inexistencia a la solicitante; teniendo especialmente presente lo indicado en el considerando 7° a propósito de la solicitud indicada con el literal s). b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Declarar inadmisibles, por improcedentes, las peticiones contenidas en los literales h), i), j) y p) del N° 1 de la parte expositiva, correspondientes a la solicitud de información de la Sra. Zamora Galdámez, por no encontrarse amparadas por la Ley de Transparencia. IV. Representar al Sr. Subsecretario de Educación que con el actuar descrito en el considerando 2°, infringió el principio de oportunidad establecido en la letra h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, transgredió el artículo 14 de la citada ley y el N° 5 de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de este Consejo. V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Sara Zamora Galdámez y al Sr. Subsecretario de Educación. <h3> VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE:</h3> La presente decisión fue acordada con el voto disidente del Consejero don José Luis Santa María Zañartu, sólo en cuanto es partidario de denegar el acceso al al correo electrónico descrito en el literal s) de la solicitud por análogas razones a las expuestas en su voto disidente en la Decisión Rol C1101-11 y en el manifestado por el Consejero Jorge Jaraquemada R. en la decisión de amparo Rol C406-11, los que se dan por enteramente reproducidos, pues estima que los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política y su entrega, además, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de los órganos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo el Consejero Jorge Jaraquemada Roblero, por no asistir a la presente sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.