Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2139-20

Reclamante:	PIA CAROLINA MUÑOZ MENA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Rancagua, ordenando la entrega de cualquier acto administrativo emitido por el municipio, referido a la asistencia a la jornada laboral del Administrador Municipal, en el período consultado Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del municipio, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, por no haber sido suficientemente acreditados sus presupuestos. Se desestima tener por cumplida la obligación de informar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, por cuanto la recurrida no cumplió con los estándares establecidos sobre la materia en el acápite 3.1 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, al no precisar la forma y links específicamente requeridos, para acceder a la información solicitada. Además, la información otorgada por el órgano recurrida con ocasión de los descargos, es insuficiente para estimar como cumplida la obligación de informar del órgano recurrido. Se representa al órgano la infracción al artículo 12, letra b) de Ley de Transparencia, al no haber solicitado oportunamente a la requirente que subsanara su solicitud de acceso. Finalmente, se recomienda a la reclamante, que en lo sucesivo efectúe solicitudes de información, indicando en forma clara, precisa y detalladamente la información que requiere.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C955-12 C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2139-20   Entidad pública: Municipalidad de Rancagua. Requirente: Pía Carolina Muñoz Mena. Ingreso Consejo: 24.04.2020. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Rancagua, ordenando la entrega de cualquier acto administrativo emitido por el municipio, referido a la asistencia a la jornada laboral del Administrador Municipal, en el período consultado Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del municipio, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, por no haber sido suficientemente acreditados sus presupuestos. Se desestima tener por cumplida la obligación de informar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, por cuanto la recurrida no cumplió con los estándares establecidos sobre la materia en el acápite 3.1 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, al no precisar la forma y links específicamente requeridos, para acceder a la información solicitada. Además, la información otorgada por el órgano recurrida con ocasión de los descargos, es insuficiente para estimar como cumplida la obligación de informar del órgano recurrido. Se representa al órgano la infracción al artículo 12, letra b) de Ley de Transparencia, al no haber solicitado oportunamente a la requirente que subsanara su solicitud de acceso. Finalmente, se recomienda a la reclamante, que en lo sucesivo efectúe solicitudes de información, indicando en forma clara, precisa y detalladamente la información que requiere. En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2139-20. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de abril de 2020, doña Pía Carolina Muñoz Mena solicitó a la Municipalidad de Rancagua, lo siguiente: "1. Las copias de los decretos municipales que acreditan el control de asistencia laboral diaria de (...), Administrador Municipal en la Municipalidad de Rancagua, de los años 2018 y 2019. 2. Las copias de los actos administrativos que acreditan que el Alcalde, Sr. Eduardo Soto Romero, fue subrogado por el (....) Administrador Municipal, en los años 2018 y 2019, conforme a lo establecido en el Artículo 62° de la Ley N° 18.695" 2) RESPUESTA: Por medio de Oficio Ord. N° 146/JDCO, de fecha 21 de abril de 2020, de la Municipalidad de Rancagua denegó el acceso a los documentos solicitados en el punto 1) del requerimiento transcrito en el numeral precedente, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Precisó, que su entrega significaba distraer a los servidores públicos que se desempeñan en el área de personal del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, que sólo son dos, y que deberían dejar sus funciones habituales para trabajar en el requerimiento, bajando a la bodega y revisar una a una la información objeto de la solicitud. Sin perjuicio de lo indicado, accede a la entrega de la información requerida en el en punto 2), otorgando copia de los decretos de subrogación consultados. 3) AMPARO: El 24 de abril de 2020, doña Pía Carolina Muñoz Mena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en la respuesta parcialmente negativa otorgada a su solicitud, por cuanto no se hizo entrega la información solicitada en el punto 1) de su requerimiento. Discute los fundamentos de la causal de reserva alegada por la recurrida, indicando que: "la Municipalidad de Rancagua cuenta con un Sistema de Gestión Documental, el que, a través de un software instalado en los computadores dispuestos para todos los funcionarios, se registra toda la documentación de manera digital, para su consulta y uso, de manera expedita, cuyo funcionamiento es anterior al año 2018. El software es provisto por la empresa SMC, contratada por la Municipalidad de Rancagua, la misma empresa que se encargó de la instalación y mantención del sistema de reloj control de la entidad edilicia. En el sitio web de la empresa SMC (www.smc.cl) se detalla la información técnica del Sistema de Gestión Documental, especificando que permite, entre varias utilidades, la creación y mantención de los archivos en formato digital, por lo que cada documento que emite la Municipalidad de Rancagua se registra en el software, con un código de identificación y en formato digital, de manera ordenada en la plataforma electrónica. El almacenamiento de esta información está a permanente disposición de la recurrida, de forma sistematizada, por lo que se facilita la consulta de datos históricos bajo un solo procedimiento, y la impresión en el formato que lo solicité no requiere de un mayor esfuerzo humano, más que el conocer la aplicación del software" 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, mediante Oficio N° E6931 de 15 de mayo 2020, solicitando, en particular: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. El órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones por medio de presentación ingresada a tramitación ante este Consejo con fecha de 02 de junio de 2020, en la que indicó que reitera la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 , letra c) de la Ley de Transparencia, por las razones indicadas en el oficio de respuesta. N° 146, de 2020. Respecto de las alegaciones efectuadas por la recurrente al deducir su reclamación, señala que no es efectivo, toda vez que el sistema electrónico contratado por la Municipalidad, al que alude en su presentación ante el Consejo, no abarca los decretos exentos. En razón de lo anterior, todos los decretos son escaneados por la Oficina de Partes, los que se mantienen archivados en forma digital, en forma correlativa. Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que los decretos municipales requeridos se encuentran publicados permanentemente en la página web del municipio, banner de transparencia activa, punto 7, sobre decretos municipales. Siguiendo la ruta indicada, la reclamante puede acceder a los decretos que son de su interés. No obstante lo señalado, el Departamento de R.R.H.H. ha enviado la totalidad de decretos 2018 y 2019, los cuales acreditan bajo firma los días en que la persona mencionada firma como Alcalde Subrogante y cuando firma por delegación del Alcalde como Administrador Municipal, avalando así su asistencia a sus funciones. 5) SOLICITUD DE CONFORMIDAD: De acuerdo a lo señalado precedentemente, este Consejo solicitó al reclamante, mediante oficio N°E9237, de fecha 18 de junio de 2020, pronunciamiento respecto de la información enviada por la Municipalidad de Rancagua, bajo el apercibimiento de que si en el plazo indicado no se recibiera comunicación alguna, se entenderá que se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado. Con fecha 24 de junio pasado la requirente se manifestó disconforme con la información entregada, indicando que la información solicitada no se encuentra publicada en el banner de transparencia activa municipal, y que no es posible acceder a las copias de los decretos municipales que acreditan el control de asistencia laboral diaria del Administrador Municipal, tal como fue requerido en el punto 1) del requerimiento de acceso. Agregó, que el municipio entregó información que ya obraba en su poder en forma previa (decretos de subrogación) y una serie de decretos municipales que no se relacionan a la materia específicamente solicitada, por lo que estima como no cumplida la obligación de entregar los decretos municipales que acrediten el control de asistencia laboral (punto 1) de la SAI). Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se circunscribe a acceder a la información relativa al punto 1) del requerimiento transcrito en el numeral 1 de la parte expositiva del presente acuerdo, la que fue denegada por la Municipalidad de Rancagua, en virtud de la causal de reserva contemplada del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto, sostiene que la entrega de lo requerido distraería a sus funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Luego, con ocasión de sus descargos, si bien mantuvo la alegación de la causal de reserva, indicó que la información objeto del requerimiento se encuentra disponible en el portal de transparencia activa municipal; y, adicionalmente otorgó información que a su juicio, daría respuesta a lo solicitado. 2) Que, en forma previa a pronunciarse sobre el fondo del asunto, para efectos de una mejor comprensión del alcance de la solicitud de acceso, necesariamente se deberá proceder a delimitar el alcance y contenido de lo requerido en el punto 1) de la solicitud que funda el amparo, dice relación con "Las copias de los decretos municipales que acreditan el control de asistencia laboral diaria de (...), en la Municipalidad de Rancagua, de los años 2018 y 2019", cuyo tenor literal se considera impreciso. Así las cosas, para efectos de haber entregado la información efectivamente consultada, el órgano debió solicitar a la requirente que subsanara su petición, aclarando el sentido del concepto "decretos municipales que acreditan el control de asistencia ", conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en relación con lo que establece la letra b) de la misma norma, lo que no ocurrió en la especie, infracción que será representada al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, en lo resolutivo de la presente decisión. Ahora bien, para efectos de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo se subrogará en dicha tarea, considerando para tales efectos el hecho de que no existe obligación normativa para el municipio reclamado de emitir en forma diaria decretos que se pronuncien sobre la asistencia diaria de un funcionario en particular. Adicionalmente, pudieron ser dictados actos administrativos durante el período consultado actos administrativos que se pronuncien sobre horas compensatorias, permisos especiales, comisiones de servicio, y otras referidas al cumplimiento de la jornada de trabajo del Administrador Municipal. En virtud de lo señalado y en virtud del principio de relevancia y de máxima divulgación, contemplados el artículo 11, letras a) y d) de la Ley de Transparencia, este Consejo entiende, para los efectos de la resolución de la presente controversia, que el amparo se refiere a aquellos decretos municipales u otros actos administrativos que expresamente se pronuncien sobre el cumplimiento de la jornada laboral del funcionario referido. 3) Que, sobre la controversia planteada, cabe tener presente en primer término que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, los actos administrativos y la nómina objeto del requerimiento son, en principio, información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 4) Que, en relación al marco normativo aplicable, cabe considerar lo dispuesto en el Título III, de la ley N° 18.883, Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, "De las Obligaciones Funcionarias" que establece en su artículo 58, que será obligación de cada funcionario, en lo que resulta pertinente para la resolución de la presente controversia: a) desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua; sin perjuicio de las normas sobre delegación (...); y d) cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico (...)". Asimismo, acorde el artículo 62 del mismo cuerpo normativo, la jornada de trabajo de los funcionarios municipales es de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, sin exceder nueve horas diarias. Adicionalmente, el artículo 86 del Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales obliga a los servidores que gocen de compatibilidad de remuneraciones a prolongar su horario laboral para compensar las horas que no hayan podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. En este contexto, la Contraloría General de la República, ha sostenido que "(...) los funcionarios públicos no pueden sustraerse del cumplimiento del número de horas de trabajo que conforma su jornada laboral ordinaria, por lo que compete a los jefes superiores de los respectivos servicios adoptar medidas que permitan la recuperación de las horas no trabajadas, en virtud de las facultades que les otorga el artículo 31 de la ley N° 18.575, para dirigir, organizar y administrar el correspondiente organismo" (Dictamen N° 30.338-2018). En conformidad a lo anterior, la información objeto del amparo, atendido el cargo directivo que ejerce el funcionario objeto de la consulta, se vincula específicamente a los actos administrativos que acreditan del cumplimiento de las referidas obligaciones funcionarias por parte del Sr. Administrador Municipal, en relación a su jornada diaria de trabajo. 5) Que, en cuanto a la causal de reserva invocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". A su vez, cabe considerar como elementos para la ponderación de esta causal los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. Adicionalmente, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del servicio, se advierte que sus fundamentos constituyen invocaciones generales que no resultan suficientes para acreditar ante este Consejo el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, teniendo en especial consideración la naturaleza esencialmente pública de la información solicitada, relativa a los antecedentes en formato documental, que den cuenta de la asistencia de un funcionario en particular a su puesto de trabajo, por un periodo determinado. En efecto, la Municipalidad de Rancagua indicó escuetamente al respecto, que satisfacer el requerimiento de acceso, supone distraer indebidamente a los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos, quienes deberían efectuar búsquedas en las bodegas institucionales; a juicio de esta Corporación dichas circunstancias no son suficientes para derribar la presunción de publicidad de la información, por cuanto la reclamada no señala en forma pormenorizada en qué forma afectaría al debido cumplimiento de sus funciones la entrega de la información requerida, justificando lo anterior tanto desde la cantidad de funcionarios y tiempo específico que debería ser utilizado en dicha tarea; carga procesal que corresponde específicamente al órgano reclamado. Lo anterior, resultaba relevante atendido que se estima que ni el período consultado, ni la cantidad de antecedentes que deben estar sistematizados son de una magnitud tal que permitan configurar válidamente los presupuestos para hacer concurrente la causal de reserva alegada, desde la perspectiva que según lo manifestado por las partes en el procedimiento, ésta se encontraría en formato preferentemente electrónico. En consecuencia, admitir los fundamentos aportados por la recurrida, no solo dejarían establecido que no poseen un mecanismo de gestión documental eficiente en el cual se contengan los antecedentes solicitados para efectos de realizar un efectivo control social e interno sobre la materia; sino que además tornarían ilusorio el derecho de acceso a la información, infringiendo los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, razón por la causal será rechazada la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 8) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. En virtud de lo anterior, las causales de reserva deben ser aplicadas en forma restrictiva, previa acreditación fundada de sus presupuestos, lo que no ocurrió en la especie, según lo razonado en los considerandos anteriores 9) Que, establecido lo anterior, es necesario analizar la alegación efectuada por la Municipalidad recurrida, en orden a tener por cumplida la obligación de informar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Respecto a dicha alegación, cabe tener presente que norma citada establece que "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". Sobre el particular, se debe además hacer presente que, a partir de la decisión amparo C955-12, este Consejo ha razonado que la aludida norma, consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a la información requerida sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por el citado artículo 15, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando ésta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. 10) Que, atendido lo expuesto y las alegaciones efectuadas por el órgano recurrido, se procedió a revisar el banner de transparencia activa de la Municipalidad de Rancagua, en particular el numeral 7, sobre actos con efectos sobre terceros, el que se encuentra operativo en el link https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU260/AR/AREST. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el referido link, contiene diversa información, relativa a ordenanzas, concesiones de servicios, permisos de obras, etc., concursos públicos, decretos, patentes y permisos comerciales, que excede la materia consultada, etc. A su vez, el link informado en el escrito de descargos de la recurrida, https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU260/AR/AREST/47162873) no resulta apto para acceder a los decretos objeto del amparo, tal como lo señaló la reclamante en su pronunciamiento disconforme; por cuanto no es posible encontrar información relativa a actos administrativos que se pronuncien sobre la jornada laboral del Administrador Municipal. En atención a lo indicado, no es posible tener por cumplida la obligación de informar, en conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, por no haber dado cumplimiento el órgano reclamado al estándar exigido por este Consejo, en cuanto a la forma de acceder a la información y que ésta se encuentra disponible en forma completa y expedita. 11) Que, en atención a lo indicado, resulta procedente efectuar un examen de conformidad entre la información entregada en el procedimiento por el órgano recurrido y aquella solicitada por la peticionaria, pudiendo concluir que la Municipalidad de Rancagua no cumplió con su obligación de informar. En efecto, del análisis de los antecedentes incorporados en el expediente, se puede deducir que la recurrida entregó los decretos que dan cuenta particularmente de las fechas específicas en que el funcionario consultado ejerció en calidad de Alcalde Subrogante, materias respecto de la cual la recurrente se manifestó conforme, y que no forman parte del reclamo que dedujo ante este Consejo; además de decreto del año 2018 que no se relacionan a la materia objeto del amparo. En conformidad a lo anterior, en la información otorgada no se incorporan los decretos municipales u actos administrativos que obren en poder del municipio recurrido, que se pronuncien expresamente sobre el cumplimiento de la jornada laboral del Administrador Municipal, dictados en el mismo período, en conformidad a lo razonado en el considerando 2) del presente acuerdo, por lo que se descarta tener por cumplida la obligación de informar. 12) Que, habiendo sido desestimada la causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, así como también la aplicación de la forma especial de entrega que regula el artículo 15 de la Ley de Transparencia, según los estándares establecidos por esta Corporación, y no habiendo sido acreditada la entrega de la información reclamada en el amparo a la reclamante, el presente amparo será acogido. 13) Que, según lo razonado, la Municipalidad de Rancagua deberá entregar a la reclamante acceso a todos los decretos u otros actos administrativos que expresamente se pronuncien respecto al cumplimiento de la jornada laboral del Administrador Municipal, entre los años 2018 y 2019. Previo a su entrega, deberá tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular del funcionario municipal consultado, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628; lo anterior se dispone en cumplimiento además de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Finalmente, en el evento de que alguna información de la recién indicada no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la reclamante y a este Consejo, en sede de cumplimiento, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. 14) Que, finalmente y sin perjuicio de lo resuelto, este Consejo recomienda a la reclamante, en el evento de que, a futuro, efectúe nuevas solicitudes de información, indicar en forma clara, precisa y detalladamente la información que requiere, conforme lo dispuesto en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, evitando el uso de conceptos confusos o equívocos, según lo expuesto en el considerando 2) del presente acuerdo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Pía Carolina Muñoz Mena en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director de la Municipalidad de Rancagua: a) Hacer entrega a la reclamante todos los decretos u actos administrativos que se pronuncien sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo del Sr. Administrador Municipal, dictados entre los años 2018 y 2019. Previo a su entrega, deberá tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular del funcionario municipal consultado, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628; lo anterior se dispone en cumplimiento además de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. El evento de que alguna información de la previamente indicada no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la reclamante y a este Consejo, en sede de cumplimiento, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua la infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, al no haber requerido la subsanación de la solicitud de acceso en forma inmediata. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a doña Pía Carolina Muñoz Mena y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.