Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2268-20

Reclamante:	RODRIGO EMILIO SOTO LIZANA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Villa Alegre, ordenando la entrega de: i. Los bancos a los que corresponden las cuentas informadas. ii. Estados financieros del área de educación desde el año 2010 a la fecha de la solicitud, detallando estados de caja chica, entradas y salidas. iii. Los concursos públicos, por alta dirección pública, al cargo de director de todas las escuelas y/o colegios, escuelas de lenguaje, de la comuna desde el año 2000 al 2020. Lo anterior, al desestimarse la configuración de las excepciones de distracción indebida, respecto del conjunto de las solicitudes, y las causales de secreto o reserva alegadas por el municipio, las cuales no fueron debidamente fundadas ni acreditadas, no invocándose circunstancias de hecho u otras causales que impidan la publicidad de la información, cuya entrega íntegra y en los términos requeridos, no fue acreditada. Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente al acta del Concejo Municipal donde se votó y tomó razón del pago de una demanda con fondos FAEP, al haber reconocido el órgano reclamado su inexistencia, no disponiéndose se antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria; de la referida a las acciones descritas en la letra f), por configurarse a su respecto la causal de distracción indebida debido a la falta de precisión de lo requerido, que obligaría al municipio a distraer indebidamente a sus funcionarios, por cuanto su satisfacción requeriría la utilización de un tiempo excesivo o un alejamiento de sus funciones habituales en la actual situación sanitaria; así como también, en relación con la solicitud de derivación parcial de la letra i) de la solicitud al Ministerio de Educación, por resultar inoficiosa. Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber dado respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C955-12 C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2268-20   Entidad pública: Municipalidad de Villa Alegre Requirente: Rodrigo Emilio Soto Lizana Ingreso Consejo: 04.05.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Villa Alegre, ordenando la entrega de: i. Los bancos a los que corresponden las cuentas informadas. ii. Estados financieros del área de educación desde el año 2010 a la fecha de la solicitud, detallando estados de caja chica, entradas y salidas. iii. Los concursos públicos, por alta dirección pública, al cargo de director de todas las escuelas y/o colegios, escuelas de lenguaje, de la comuna desde el año 2000 al 2020. Lo anterior, al desestimarse la configuración de las excepciones de distracción indebida, respecto del conjunto de las solicitudes, y las causales de secreto o reserva alegadas por el municipio, las cuales no fueron debidamente fundadas ni acreditadas, no invocándose circunstancias de hecho u otras causales que impidan la publicidad de la información, cuya entrega íntegra y en los términos requeridos, no fue acreditada. Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente al acta del Concejo Municipal donde se votó y tomó razón del pago de una demanda con fondos FAEP, al haber reconocido el órgano reclamado su inexistencia, no disponiéndose se antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria; de la referida a las acciones descritas en la letra f), por configurarse a su respecto la causal de distracción indebida debido a la falta de precisión de lo requerido, que obligaría al municipio a distraer indebidamente a sus funcionarios, por cuanto su satisfacción requeriría la utilización de un tiempo excesivo o un alejamiento de sus funciones habituales en la actual situación sanitaria; así como también, en relación con la solicitud de derivación parcial de la letra i) de la solicitud al Ministerio de Educación, por resultar inoficiosa. Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber dado respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal. En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2268-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de febrero de 2020, don Rodrigo Emilio Soto Lizana solicitó a la Municipalidad de Villa Alegre, la siguiente información: "a) Números de cuentas bancarias y bancos, correspondientes a daem, educación, faep, y en definitiva todas las cuentas que posea el área de educación de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre. b) Copias de Acta de Concejo Municipal donde se llevó a votación y se tomó razón del pago de una demanda con fondos FAEP, destinados, para los niños más HUMILDES de la comuna. c) Copias de estados financieros del área de educación desde el año 2010 a la fecha. Detallando estados de caja chica, entradas y salidas, en el caso que en los detalles no calcen los montos, señalar y entregar a esta parte copias de acta del Concejo municipal donde se puso en conocimiento tal situación. d) Copias de los concursos públicos, por alta dirección pública a el cargo de director de todas las escuelas u/o colegios, escuelas de lenguaje, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020. e) Copias de cualquier medio de soporte físico o digital donde se detalle la cantidad de alumnos de todas las escuelas u/o colegios, escuelas de lenguaje, internados, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020. f) Copias de cualquier medio de soporte físico o digital donde se detallen las denuncias, sus resultados, sumarios, recursos de queja, reclamación, sean correspondencia entregada en oficina de partes señalando vulneraciones en los diferentes establecimientos, Daem, Junji, Super Intendencia de Educación, establecimientos vtf, junji, salas cunas, de todas las escuelas u/o colegios, escuelas de lenguaje, internados, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020. g) Copias de cualquier medio de soporte físico o digital donde se detalle la cantidad de asistentes de sala de todas las escuelas u/o colegios, escuelas de lenguaje, internados, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020. Señalando la cantidad en general y por establecimiento. h) Copias de los correos institucionales de cada establecimiento educacional desde la sala cuna hasta colegios y escuelas, desde el año 2010 al año 2020. En el caso que los correos electrónicos hayan tenido modificación año a año que se sabe se da el caso señalar el año que se utilizó cada correo electrónico en los rangos planteados y solicitados expresamente. i) Copias sea en formato físico o electrónicos de cualquier medio donde sea autorizada la municipalidad de Villa Alegre, o en su defecto el Daem, o sus jefaturas, para cancelar demanda, con los Fondos Faep, desde el año 2015 al año 2020 solicito su búsqueda. En el caso de que dicha autorización no este disponible en sus registros, aplicar el art-. 13, de la presente ley, derivando, explícitamente al: Ministerio de educación, Super Intendente de Educación, Contraloría, por ser un uso no contemplado, para los fondos Faep, se debe haber consultado la legalidad de dicho acto". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 30 de marzo de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, venciendo el nuevo plazo el 14 de abril de 2020. 3) RESPUESTA: El 15 de abril de 2020, a través de Ord. N° 274, la Municipalidad de Villa Alegre respondió al requerimiento de información indicando que debido a la pandemia global del covid-19, el organismo ha disminuido su capacidad de trabajo de sus dotaciones, ya que el gran número de funcionarias y funcionarios se encuentra teletrabajando. Al respecto, señalaron que el Consejo Directivo de este Consejo, estableció que ante el impedimento por parte de los servicios públicos de dar respuesta en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia (20 días y 10 días de prórroga), "el órgano requerido deberá contactar al solicitante a través del medio indicado en la respectiva solicitud, a la mayor brevedad posible, indicando que, en razón de las especiales circunstancias, se ve imposibilitado de responder", indicando un nuevo plazo para pronunciarse. En razón de ello, señalan que se ha resuelto aplicar una prórroga adicional especial de 20 días hábiles. 4) AMPARO: El 4 de mayo de 2020, don Rodrigo Emilio Soto Lizana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado, en lo pertinente al presente amparo, en que para que sea efectiva la nueva prórroga presentada el día 15 de abril, debía ser efectuada dentro de plazo o sea el día 14 de abril del presente año. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, mediante Oficio E7486, de 25 de mayo de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Mediante Ord. 441 del 23 de junio de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la solicitud no fue atendida en los plazos legales dada la situación sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, lo que llevó al Presidente de la República a declarar estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile. En este mismo orden, la Contraloría General de la República establece mediante Dictamen N° 3610, de 2020 que: "el brote de COVID-19 representa una situación de caso fortuito que atendida las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos, esto es, aquéllos cuyas funciones no puedan paralizarse sin grave daño a la comunidad". Asimismo, señaló que "Los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo". Así, en estas circunstancias, al Sr. Alcalde le asiste el deber de proteger la vida y salud de sus funcionarios, asegurándoles el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; cómo también el derecho a la protección de la salud, por lo cual, procedió a dictar los Decretos Alcaldicios N° 366, de fecha 17 de marzo 2020, y Decreto Alcaldicio N° 376, de fecha 18 de marzo del 2020, mediante los cuales se establecen las medidas de gestión y funcionamiento de la Municipalidad, señalando las unidades que realizarán labores en forma presencial, para garantizar la continuidad mínima necesaria de las funciones que no pueden paralizarse sin causar grave daño a la comunidad, lo que significó que el organismo haya disminuido la capacidad de trabajo de sus dotaciones, ya que un gran número de funcionarios realiza labores en modalidad de teletrabajo, y otros están en los grupos de riesgo, y toda la información solicitada no se encuentra en medios digitales, sino que en soportes de papel archivados en bodega por la data de la información, como por ejemplo en el punto f) de la solicitud, referido a información de un lapso de 20 años. Existen en este caso causales de hecho o causales constitucionales o legales de secreto o reserva, que han dado lugar a la denegación de la información, sólo basta observar el tenor de la petición antes citada, configurándose la situación expresada en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley 20.285. Así, la situación se ve hoy con más claridad, respecto a la distracción del escaso personal de carácter presencial, en dependencias de sus instalaciones, tratándose, además, de funciones regulares de sus labores. Sin perjuicio, de encontrarse envuelta, hipotéticas o potenciales responsabilidades administrativas, las cuales se persiguen en un proceso, en principio secretos, cuyos principios y derechos para con los funcionarios, se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por tanto, se configura la hipótesis legal plasmada en el artículo 21, N° 5, de la Ley 20.285. En ese sentido, la jurisprudencia administrativa de Contraloría general de la República -contenida en el Dictamen N° 21.023, de 2001- ha manifestado que la atención por parte del servicio de requerimientos de información que revistan carácter genérico o que se refieran a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, en el marco de las disposiciones aludidas y de su operatividad, no puede importar que la entidad pública llegue a distraer irracionalmente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, entorpeciendo el debido ejercicio de sus funciones propias, en términos de afectar la obligación y los principios previstos en los citados artículos 3 y 5 de Ley N° 18.575. Entendiéndose que la posible responsabilidad administrativa, siempre implicará una afectación al deber de probidad, en el sentido amplio, de los funcionarios públicos, por tanto, satisfaciéndose la norma legal citada. Finalmente, manifiesta que entienden que no existe concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva, que pudieran obstar a la entrega de la información solicitada. 6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E10723, de 9 de julio de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en este último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Por medio de correo electrónico de fecha 17 de julio de 2020, el reclamante realizó presentación en la que, en resumen, y en lo que resulta pertinente respecto del presente amparo, manifestó su disconformidad, señalando que la infracción cometida por el órgano es falta de respuesta. Explica que el municipio solicitó en 2 oportunidades prórroga, aludiendo a dificultades producto del covid-19. Luego, se refiere a una querella por malversación de bienes públicos, de la que se entiende que la información que solicita no es genérica y presenta una extrema necesidad en la entrega. Indica que la suma a la que se refiere la querella mencionada, al día de la presentación, no se encuentra aclarada, la información entregada son datos elaborados, en síntesis, básicos, en nada aclaratorios, ya que tal como se señala en los concejos municipales, solo se ven las diferencias de montos, al revisar los datos que entrega la Municipalidad a la Tesorería General de la República. Por lo señalado, considera no cumplida la respuesta en el punto a), ya que no señala si dichas cuentas, pertenecen al Banco Estado, se presume que sí, pero no se tiene seguridad de ello. Por lo cual dicho punto aparece incompleto. Manifiesta que en el punto b), se buscaba la certificación de que no exista autorización ni acta de Concejo Municipal que autorice dichos pagos con fondos FAEP, pero de igual manera se solicita copias de dichas actas donde se tomó razón de tal situación. Por ende, dicho punto nuevamente aparece incompleto. Explica que en el punto c), se busca clarificar los montos y movimientos en las cuentas del área de educación, ya que existe la querella mencionada, la que, está sin información, parece no tener movimiento alguno. En la sesión 118, se da cuenta que la diferencia no se aclara a menos que se entre al sistema municipal de la Tesorería, ya que ahí se da cuenta de la diferencia más detalladamente. El municipio insiste en entregar información que no aclara la situación descrita, por ser escueta y vaga. No aparece un desglose, con lo cual, la información entregada es carente de todo sentido, por sus términos generales, no desglosados en detalle. No se solicitó un resumen, se pidieron los estados financieros, lo que aparece tanto en la página web del municipio, como lo entregado, luego de la presentación, no es más que un resumen. Por ende, solicita rectificar este punto, cumpliendo con entregar la totalidad de los estados financieros, del área de salud, con el computo de años señalado. Afirma que la información obra en poder de la Municipalidad, pero se requiere un usuario y clave, aun cuando la información que porta y se describe en dicho sistema de la Tesorería General la República, es pública. Por consiguiente, solicita la información referente al punto c), la cual, está ingresada en la Tesorería General de la República. Respecto al punto d), indica que sólo se entrega información del año 2012 de 4 establecimientos, pero más aún el enlace que entrega es de información, que se difunde de los concursos para directores de Escuelas y Liceos Públicos y de jefes DAEM con menos de 1.200 alumnos en comunas que aún no son parte de los Servicios Locales de Educación, por ende, dicha información aparece disponible al público, a mayor abundamiento, para postular y entrar al sistema se requiere un usuario y clave, que al no ser docente, no puede obtener. Nuevamente la información entregada, es incompleta. Agrega que, de ser efectiva la información entregada, estaríamos en presencia de ilegalidad ya que, daría cuenta que no ha habido nuevo nombramiento de directores, desde el año 2012. Tratándose del punto f), estima que la información no es entregada, aduciendo que la búsqueda entorpecería su gestión, y dada la pandemia, nuevamente presenta complejidades. Indica que la Ley de Transparencia señala que los órganos del Estado deben tener personal, exclusivo, para cumplir los requerimientos de esa ley. En el municipio, quien suscribe las respuestas referentes a las peticiones de acceso a la información pública, también ejerce labores como secretaría del alcalde, lo cual entorpece la búsqueda de información. Pero nada de esto se advierte, al señalar que se debe utilizar un tiempo excesivo en la búsqueda de información. Se señala una variedad de razones porque no se entrega lo pedido, desde motivos de protección de personal a motivos de secreto. No siendo suficiente esto, se debe manifestar en que forma la información afecta su publicidad. Conocer las denuncias y sus resultados, son con el único fin de ver en que falla la educación en la comuna, pudiendo entregarse la información tarjando los datos personales o notificando a las personas, de la presente solicitud. De la misma forma, a pesar de que se solicita un plazo mayor para dar respuesta, no se señala cual será dicho plazo, no dando claridad alguna de fecha de respuesta. Por ende, da por no cumplido el presente punto. Referente punto i), pide que se solicite al Ministerio de Educación, ya que expresamente se pidió derivar en caso de no poseer dicha información. Por lo cual, reitera la solicitud de derivación efectuada inicialmente a la Municipalidad, para que, de acuerdo al principio de derivación y divisibilidad, sea contestado específicamente el punto i) por el Ministerio de Educación. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante, en el presente caso, la solicitud no fue respondida dentro del plazo legal indicado, habiéndose solicitado una segunda prórroga cuando ya se encontraban vencidos los plazos legales, por lo que, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la citada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal. 2) Que, luego, el presente amparo, según se desprende de lo expuesto en el número 6 de la parte expositiva, dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información solicitada en los literales a), b), c), d), f) e i), de la solicitud descrita en el primer numeral de la parte expositiva de esta decisión. El órgano, de manera extemporánea como se señaló, concedió acceso a parte de los antecedentes requeridos, invocando igualmente las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c) y N° 5, de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto de la interpretación de la primera causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las gestiones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que: "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en este sentido, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Así, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7, N° 1, literal c) que: "Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera". 6) Que, en el presente caso, el órgano ha alegado la causal respecto de la solicitud en su conjunto, enunciando como argumentos la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, la que genera la disposición de escaso personal de carácter presencial, no encontrándose toda la información solicitada en medios digitales, sino que, en soportes de papel archivados en bodega por su data, refiriéndose, por ejemplo, el punto f) de la solicitud, a un lapso de 20 años. Al respecto, se debe considerar que del análisis de cada uno de los apartados que componen la solicitud, sólo es posible advertir en aquel detallado en la letra f), el carácter genérico descrito en la norma citada en la parte final del considerando precedente, pues se refiere a: "Copias de cualquier medio de soporte físico o digital donde se detallen las denuncias, sus resultados, sumarios, recursos de queja, reclamación, sean correspondencia entregada en oficina de partes señalando vulneraciones en los diferentes establecimientos, Daem, Junji, Super Intendencia de Educación, establecimientos vtf, junji, salas cunas, de todas las escuelas u/o colegios, escuelas de lenguaje, internados, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020", omitiéndose los elementos que permiten identificar las características esenciales de la información solicitada, falta de precisión que obligaría al municipio a distraer indebidamente a sus funcionarios, ya que su satisfacción requeriría la utilización de un tiempo excesivo o un alejamiento de sus funciones habituales en la actual situación sanitaria. Por lo anterior, la causal invocada será acogida solo respecto de la solicitud contenida en la letra f) del requerimiento. 7) Que, en el caso de los restantes puntos de la solicitud, se estima que las alegaciones del órgano no permiten tener por configurada la causal de reserva o secreto en comento, toda vez que no especificó, ni acreditó, los elementos que, según se explicó en los párrafos precedentes, se han establecido como necesarios para su configuración, entre ellos, la indicación de la cantidad de información sobre la que recae la solicitud; la relación entre funcionarios y horas de trabajo necesarias para su identificación, sistematización y entrega; o, las funciones específicas que el órgano debe dejar de satisfacer, para atender a la solicitud de información. Así, no resultando justificación suficiente el solo hecho de haberse decretado Estado de Excepción y no existiendo otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, será desestimada respecto de los demás apartados de la solicitud. 8) Que, por su parte, la invocación de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, estaría fundada en el hecho de encontrarse en la información requerida envueltas, hipotéticas o potenciales responsabilidades administrativas, las cuales se persiguen en un proceso, en principio secretos, cuyos principios y derechos para con los funcionarios, se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, configurándose la excepción legal mencionada. Al respecto, se debe señalar que lo expresado por el órgano no puede constituir una causal de reserva o secreto que recaiga, a priori y de manera general, sobre el total de la información, sino que, por el contrario, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por la legislación, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual no se produce en la especie. Por otra parte, se debe recordar que el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 10, letra e), de la Ley de Transparencia, establece que: "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", hipótesis que excluye la verificación de la afectación que esboza el municipio. Razones por las cuales será desestimada la configuración de esta causal de reserva o secreto invocada. 9) Que, luego, es del caso referirse sobre las impugnaciones efectuadas por el reclamante respecto de la entrega de la información, descritas en el pronunciamiento citado en el número 6 de la parte expositiva. Así, tratándose de lo requerido en el literal a), respecto de las cuentas bancarias del municipio, tal como manifiesta el solicitante, del análisis de la información proporcionada se advierte que el órgano indica sólo el departamento municipal y número de cuenta, sin señalar la institución financiera a la que corresponden, elemento expresamente requerido en la solicitud, sobre el cual el municipio no invocó circunstancias de hecho o causales de reserva o secreto, diversas de las ya desestimadas, que hagan improcedente su entrega, debiendo ser acogido el amparo en este aspecto. 10) Que, en el caso de lo requerido en la letra b) de la petición, esto es, copias del acta del Concejo Municipal donde se llevó a votación y se tomó razón del pago de una demanda con fondos FAEP, el órgano ha respondido expresamente que: "no existen actas de Concejo Municipal que autoricen el pago de demandas con fondos FAEP", fundando su reclamación el solicitante en el hecho de que, con la solicitud, se buscaba la certificación de que no existió autorización ni acta de Concejo Municipal que autorice el pago en cuestión, aspecto que escapa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, recayendo más bien en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de que el municipio ha reconocido que no existe el acta requerida, no disponiéndose de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria, cuestiones que impiden acoger el amparo en este aspecto. 11) Que, sobre la solicitud contenida en el literal c) del requerimiento, consistente en la entrega de copias de los estados financieros del área de educación desde el año 2010, detallando estados de caja chica, entradas y salidas, el órgano otorgó respuesta indicando que la información se encuentra disponible en su página web institucional, en el link de Transparencia Activa, número 11 "Presupuestos Asignados y su Ejecución", dándola por entregada, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de acompañar la referida a los años 2010 a 2014. 12) Que, al respecto, se debe recordar que la mencionada norma establece que: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, (...) o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". Por su parte, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en su numeral 3.1, letra a), prescribe que: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público (...) se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información", agregando que: "cuando la información se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva (...)". 13) Que, a partir de la decisión amparo Rol C955-12 este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a la información requerida sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma, del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. 14) Que, sin embargo, en el presente caso, del análisis de la información remitida por el municipio y de aquella que se encuentra disponible en su página web, contrastada con la que fue solicitada por el requirente, se observa que no existe entre ellas la correspondencia necesaria para tener por atendida íntegramente la solicitud en este aspecto, ya que, no es posible extraer específicamente los estados de caja chica, entradas y salidas, incluidos en el requerimiento, información sobre la cual el municipio no invocó circunstancias de hecho o causales de reserva o secreto, diversas de las ya desestimadas, que impidan su publicidad, procediendo en consecuencia su entrega, por tratarse de información pública, debiendo ser acogido el amparo en este aspecto. 15) Que, en el caso de los antecedentes requeridos en la letra d), correspondientes a copias de los concursos públicos, por alta dirección pública, al cargo de director de todas las escuelas y/o colegios, escuelas de lenguaje, de la comuna, desde el año 2000 al 2020, el órgano responde indicando los vínculos web correspondientes a 4 concursos del año 2012, disponibles en el sitio www.directoresparachile.cl. Al respecto, se debe destacar que la solicitud de acceso a la información se encuentra acotada a concursos públicos por alta dirección pública, mientras que, en la página web indicada por el municipio se advierte que: "El objetivo de este portal es facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos para cargos Directores de Escuelas Públicas y Jefes/as DAEM que realizan las municipalidades y los Servicios Locales de Educación y optimizar el proceso de postulación. El portal no contiene las convocatorias a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública (estos cargos se publican en www.serviciocivil.cl) ni de los cargos de los Servicios Locales de Educación" (énfasis agregados). De lo anterior, es posible concluir que la información entregada no se condice con los parámetros establecidos por el requirente en la solicitud, cuestión que impide tener por atendida la solicitud en este aspecto, debiendo igualmente acogerse el amparo en este sentido, remitiéndonos además a lo explicado respecto de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Trasparencia. 16) Que, finalmente, en el caso de lo requerido en la letra i), correspondiente a copias de cualquier medio donde sea autorizada la municipalidad, o en su defecto el DAEM, para pagar demanda, con los fondos FAEP, desde el año 2015 al 2020, el órgano ha manifestado que: "no existen tales autorizaciones: pues no existen deudas por demandas canceladas con dichos fondos". Por su parte, sobre este aspecto el reclamante, más que cuestionar el contenido de la respuesta entregada, solicita que, como se pidió al formular la solicitud de acceso, sobre este punto sea derivada al Ministerio de Educación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Al respecto, se debe recordar que la mencionada norma establece que: "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico (...)", hipótesis que, a juicio de este Consejo, no resulta aplicable al caso, por cuanto el órgano requerido ha reconocido de manera expresa que no existen tales autorizaciones, y no que no obren en su poder, antecedente que hace aparecer como inoficiosa su derivación a otro órgano de la administración del Estado, razón por la que, lo solicitado en dicho sentido será desestimado. 17) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo, ordenado la entrega de la información requerida en los literales a), c) y d) de la solicitud, rechazándose respecto de aquello exigido en las letras b), f) e i) del requerimiento, lo anterior, al desestimarse la configuración de las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), con excepción de lo resuelto en cuanto a la letra f), y la del N° 5, de la Ley de Transparencia, alegadas por el órgano. Previa entrega, deberá tarjar el municipio, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rodrigo Emilio Soto Lizana en contra de la Municipalidad de Villa Alegre, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre lo siguiente: a) Hacer entrega, o en su caso informar, al reclamante: i. Los bancos a los que corresponden las cuentas bancarias informadas. ii. Copias de estados financieros del área de educación desde el año 2010 a la fecha de la solicitud, detallando estados de caja chica, entradas y salidas. iii. Copias de los concursos públicos, por alta dirección pública, al cargo de director de todas las escuelas y/o colegios, escuelas de lenguaje, de la comuna de Villa Alegre, desde el año 2000 al año 2020. Para lo anterior, deberá tarjar el órgano todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos a entregar. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la información requerida en los literales b), f) e i) de la solicitud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren dichas infracciones. V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Emilio Soto Lizana y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.