Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2324-20

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Reclamante:	FRANCO PARDO CARVALLO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo contra Carabineros de Chile, referido a la entrega de registros audiovisuales de la cámara que portaba el funcionario que se consulta, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación, de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C533-09 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C2324-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Franco Pardo Carvallo Ingreso Consejo: 04.05.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo contra Carabineros de Chile, referido a la entrega de registros audiovisuales de la cámara que portaba el funcionario que se consulta, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación, de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2324-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2020, don Franco Pardo Carvallo solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información: "material audiovisual de las cámaras que portaron, en caso de haberlo hecho, los 4 funcionarios de carabineros que individualiza, pertenecientes a la 14 comisaría de San Bernardo, el día 26 de noviembre de 2019, registrado entre las 20:00 y las 22:00 horas de aquel día" 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 161 de fecha 30 de abril de 2020, el órgano requerido respondió a dicho requerimiento y señaló que acorde a lo comunicado por la Prefectura correspondiente, "se informa que, relacionado con el procedimiento en cuestión, corresponde a la videocámara corporal del Capitán que indica, en tanto de los demás P.N.S. no se mantiene registro audiovisual". Hizo presente que las grabaciones realizadas no son factibles de ser entregadas, ya que en las mismas se contiene información de carácter personal, al alero de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, concerniente a personas naturales identificadas o identificables, pues al relacionar la grabación con un domicilio o lugar específico, ya sea por sus características, y tras realizar una mera comparación, se podría asociar a personas concretas. En efecto, respecto a la información solicitada se configura la causal de reserva señalada en el artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, este último en relación al artículo 7 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Manifestó, además, que "en las grabaciones solicitadas se aprecian actos de violencia, eventualmente constitutivos de delitos y, en tal condición, altamente susceptibles de ser conocidos por el Ministerio Público, el cual dentro de sus facultades propias puede requerirlas". 3) AMPARO: El 4 de mayo de 2020, don Franco Prado Carvallo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a su solicitud. El reclamante hizo presente que el material audiovisual captado por las cámaras de Carabineros que la reclamada reconoció tener en su poder, constituye información pública, siendo de interés público en especial cuando dan cuenta de acciones que se alejan de la legalidad vigente. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N°E7427 de fecha 25 de mayo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) precise si obra en su poder la grabación solicitada; y, (4°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público. Mediante correo electrónico de fecha 5 de junio de 2020, Carabineros de Chile remitió Oficio N° 114 con sus descargos en los siguientes términos: Hizo presente que, al tenor de lo requerido por esta Corporación, se solicitó a la Prefectura Maipo informara de la existencia de la señalada grabación y si esta había sido remitida, por ejemplo, al Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público, Repartición que, por documento electrónico N° 115823014 de 1 de junio de 2020, que adjuntó al efecto, señaló que no mantiene la aludida grabación como tampoco fue remitida a ningún tribunal ni al Ministerio Público. En esta línea, agregó que de acuerdo a lo dispuesto por la Orden General N° 2732, de fecha 10 de enero de 2020, con el objeto de mantener las capacidades de almacenamiento disponibles, todas las grabaciones deben ser mantenidas por un tiempo mínimo de 30 días a menos que sean parte de una investigación o causa judicial o administrativa, evento en el que previa orden del juez o fiscal competente se almacenarán hasta el final de la tramitación legal. Así, aclaró que en la especie, la grabación se llevó a efecto el 26 de noviembre de 2019, por una cámara corporal que portaba el funcionario consultado, la cual no fue requerida por ningún tribunal ni por el Ministerio Público, por lo que trascurridos en exceso los plazos reglamentarios se procedió a su eliminación de los registros de la Institución. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E9618, de fecha 23 de junio de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. El 30 de junio de 2020, mediante comunicación electrónica, el peticionario manifestó su disconformidad con la respuesta entregada por el órgano reclamado, y señaló que lo indicado por Carabineros con ocasión de sus descargos respecto a la destrucción de las grabaciones solicitadas se contrapone a lo manifestado en su respuesta inicial, toda que vez que en esa oportunidad, sostuvo que si existía un registro en relación al funcionario que refiere y que en los mismos, se aprecian actos de violencia, eventualmente constitutivos de delitos. En efecto, advirtió que la destrucción informada por la reclamada incumpliría también la instrucción entregada por este Consejo a la propia institución requerida en el mes de diciembre del 2019, en relación a su deber de resguardar el material audiovisual captado por las cámaras corporales de sus funcionarios. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de registros audiovisuales de la cámara que portaba el funcionario que se consulta. Al respecto, en su respuesta, el órgano requerido denegó lo solicitado fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación a la Ley 19.628. Luego, con ocasión de sus descargos, Carabineros de Chile precisó que las grabaciones solicitadas no obraban en su poder. 2) Que, la reclamada ha explicado en sus descargos, que consultada la Prefectura de Maipo respecto de las grabaciones solicitadas, ésta informó que no mantiene la aludida grabación, no habiéndose remitido la misma a los tribunales ni al ministerio público. En efecto, advirtió que, atendida la fecha de la grabación solicitada, de 26 de noviembre de 2019, y en adecuación al manual de uso y registro de videocámaras en el servicio policial contenido en la Orden General N°2732 de fecha 1 de enero de 2020, que en su punto 3.1.2. dispone que, con el objetivo de mantener las capacidades de almacenamiento disponibles para el efecto, se mantendrán todas las grabaciones almacenadas por un tiempo mínimo de 30 días. En este sentido, aclaró que, toda vez que la grabación no fue requerida por ningún tribunal ni por el ministerio público y, transcurridos en exceso los plazos reglamentarios, se procedió a la eliminación de la grabación consultada de los registros de Carabineros de Chile. 3) Que, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 4) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado). 5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado por el mismo con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, toda vez que fue eliminada en adecuación a lo dispuesto en la Orden General N° 2732, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, tras revisión y análisis de los documentos y las alegaciones de la reclamada, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo. 6) Que, no obstante lo anterior, cabe hacer presente que teniendo en consideración lo informado por la reclamada con ocasión de su respuesta, específicamente que "en las grabaciones solicitadas se aprecian actos de violencia, eventualmente constitutivos de delitos y, en tal condición, altamente susceptibles de ser conocidos por el Ministerio Público", y sin perjuicio de haber trascurrido más de 30 días del registro de las grabaciones solicitadas, la eliminación de las mismas, no se aviene con la recomendación realizada por esta Corporación a la institución reclamada en el Oficio N° 1.828 de 29 de noviembre de 2019, en orden a conservar de manera indefinida las imágenes que den cuenta de delitos que constituyan afectaciones graves a los derechos fundamentales o de hechos que correspondan a violaciones a los derechos humanos, a efectos de que estas imágenes puedan ser puestas a disposición de los tribunales de justicia, cuando sean requeridas, ni a la excepción contenida en el párrafo 4 del punto 3.1.2. del manual de uso y registro de videocámaras en el servicio policial, que establece que no se encontrarán sujetas al plazo de almacenamiento mínimo de 30 días, aquellas grabaciones que registren hechos de relevancia policial, especialmente aquellas relevantes para un investigación disciplinaria o penal, y que requieran de un análisis más profundo, casos en los cuales se mantendrán las grabaciones hasta que se logren aclarar los hechos. Lo anterior, para que en lo sucesivo, tome las medidas administrativas necesarias a efectos de evitar la reiteración de lo señalado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechaza el amparo interpuesto por don Franco Pardo Carvallo en contra de Carabineros de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Franco Pardo Carvallo; y, a la Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.