Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2444-20

Reclamante:	HAROL HURTADO BENITEZ
Reclamado:	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de copia íntegra del expediente referido al propio solicitante relativo a solicitud de reconocimiento de condición de refugiado Lo anterior, toda vez que se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo de reconocimiento de condición de refugiado, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual no se alegó alguna causal de secreto o reserva que ponderar.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C134-10 C432-13 C178-10
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C2444-20   Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Requirente: Harol Hurtado Benitez Ingreso Consejo: 11.05.2020 RESUMEN Se acoge el amparo en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de copia íntegra del expediente referido al propio solicitante relativo a solicitud de reconocimiento de condición de refugiado Lo anterior, toda vez que se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo de reconocimiento de condición de refugiado, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual no se alegó alguna causal de secreto o reserva que ponderar. En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2444-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de marzo de 2020, don Harol Hurtado Benitez solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la siguiente información: "copia íntegra de mi expediente de mi solicitud de condición de refugiado, tramitada ante la Sección de Refugio y Asentamiento del Departamento de Extranjería y Migración. En especial, solicito copia del oficio ordinario que citó a entrevista de elegibilidad, copia de resolución que resolvió el archivo de mi solicitud, copia de cartas de notificación de ambos actos administrativos y los números de seguimiento de correos de Chile en que consta el trámite de notificación mediante carta certificada." 2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 10272, de fecha 17 de abril de 2020, el órgano requerido remitió sus descargos y señaló que "de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, como también teniendo en consideración, lo prescrito en el artículo 7°, que señala como uno de los principios esenciales tanto la confidencialidad como también la protección de los datos personales de los solicitantes de refugio y refugiados, sugirió al titular de la información, se acerque, cuando las condiciones así lo permitan, a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración (...) a fin de ser asesorado respecto a su caso particular" 3) AMPARO: El 11 de mayo de 2020, don Harol Hurtado Benitez, debidamente representado por las personas que se indican en mandato adjuntado al efecto, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. El reclamante hizo presente que no corresponde invocar como argumento el derecho de confidencialidad contemplado en la Ley N° 20.430, puesto que el mismo, se encuentra establecido a favor y no en contra del solicitante de la condición de refugiado. En esta línea, agregó que lo anterior, ha sido confirmado por la Corte Suprema en causa Rol 29.331-2018, considerando octavo, donde se señala que "el principio de la confidencialidad reconocido en el artículo 9° de la Ley N° 20.430, al encontrarse establecido a favor -no en contra- del solicitante y precisamente como un derecho suyo, puede ser renunciado por él en términos de permitir que sus datos personales y sensibles relativos a su condición de refugiado puedan ser conocidos por su representante, máxime si se considera que una renuncia de esta clase sólo cede en su beneficio al propender hacia la obtención del reconocimiento y los derechos inherentes al mismo". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, mediante Oficio E7997 de fecha 29 de mayo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera a los motivos por los cuales se indicó que en consideración a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°20.430, el solicitante de información debía acercarse a la Sección de refugio y reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración a efectos de recibir asesoría; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante ORD. N°14.230 de fecha 8 de junio de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en los siguientes términos: Advirtió que "habiendo analizado nuevamente la solicitud, esta Subsecretaría accede a lo requerido en la especie, adjuntando para tal efecto el expediente migratorio señalado precedentemente". Asimismo, agregó que "dado que los antecedentes que se entregarán dicen relación con la vida privada de una persona, en su resguardo y en armonía con las disposiciones de la Ley N° 19.628, los documentos solicitados se encuentran disponibles en la Oficina de Partes y Archivo Central del Ministerio del Interior y Seguridad Púbica (...) a fin de que sean retirados por el titular de la información, previa acreditación de su identidad, o por su representante, previa acreditación del mandato correspondiente." Por otra parte, hizo presente que el expediente migratorio fue requerido personalmente por el reclamante en las oficinas que indica, el cual fue retirado por el titular con fecha 13 de marzo de 2020, cuyo comprobante de entrega adjuntó. Mediante correos electrónicos de fecha 26 de junio y 5 de julio de 2020, el órgano requerido complemento sus descargos, reiterando lo señalado en sus descargos y advirtió que en virtud del principio de confidencialidad y protección de datos personales dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.430, corresponde su retiro presencial. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E10739 - 2020, de 9 de julio de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Mediante presentación de fecha 9 de julio de 2020, el reclamante hizo presente que, efectivamente el titular de la información concurrió personalmente a la Oficina de la Sección de Refugio y Reasentamiento de la reclamada, a efectos de retirar su expediente migratorio con fecha 13 de marzo de 2020, aclarando que, en dicha oportunidad, el órgano no entregó copia íntegra y completa del expediente consultado, circunstancia que motivó el presente requerimiento de información. Añadió que, debido al contexto sanitario actual, en el cual acudir a lugares concurridos implica exponerse al eventual contagio de COVID-19 y, específicamente a la media de cuarentena total decretada por la autoridad sanitaria para la provincia de Santiago, se ha visto imposibilitado de acudir a la Oficina de Partes y Archivo Central de la reclamada, a reiterar la información solicitada. En este sentido, indicó que no se entiende la exigencia de acudir presencialmente a las dependencias del órgano requerido, toda vez que la confidencialidad y protección de datos personales esta establecida a favor y no en contra del solicitante y la representación ya se encuentra acreditada mediante mandato administrativo legalizado ante notario, acompañado en la interposición del amparo. Además, manifestó que la información solicitada obra en poder del órgano requerido en un soporte digital/formato electrónico. En este sentido, advirtió que el propio órgano requerido ha afirmado en su Informe Anual del año 2019 https://www.extranjeria.gob.cl/media/2020/06/Memoria-DEM-2019.pdf, puntos 8.3. y 8.4, que los expedientes migratorios del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado son digitales. Junto con lo anterior, señaló que la Contraloría General de la República ha instado a los órganos de la Administración del estado a que se adopten todas las medidas pertinentes para evitar la exposición innecesaria a un eventual contagio, procurando la continuidad del servicio público, según se advierte en el Dictamen N° 3.610 de fecha 17 de marzo de 2020. En consecuencia, expresó que, debido a la contingencia sanitaria, no ha podido acudir a retirar la información a la cual ha accedido el Departamento de Extranjería, ni por el titular de la información, ni por su representante, por lo que "no puede manifestar conformidad o disconformidad con la información que no ha podido recibir", señalando que el órgano requerido se encuentra absolutamente habilitado para adjuntar la información por vía electrónica. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de copia íntegra del expediente referido al propio solicitante relativo a solicitud de reconocimiento de condición de refugiado con el detalle que se indica. Al efecto, el órgano reclamado accedió a la entrega presencial de lo solicitado, previa acreditación de identidad del titular de la información o su representante, previa acreditación del mandato correspondiente. 2) Que, primeramente, cabe hacer presente que el peticionario tiene la calidad de interesado en el procedimiento consultado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley". (énfasis agregado). 3) Que, razonado lo anterior, la materia consultada por el reclamante constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo de reconocimiento de condición de refugiado, iniciado por el propio requirente, seguido ante la Administración del Estado y que, según los propios dichos del órgano requerido, obran en su poder. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento"; y "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga". 4) Que, asimismo, esta Corporación advierte que lo requerido contiene datos personales y sensibles del solicitante, referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2 letras f) y g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12 del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, el peticionario ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles que obran en poder de un tercero, en este caso, del Ministerio del Interior. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras. 5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información referida a un expediente administrativo referido al propio solicitante; que obra en poder del órgano reclamado, respecto del cual, no se ha alegado por parte del Ministerio del Interior alguna causal de reserva que ponderar, accediendo a su entrega presencial previa acreditación de identidad, por contener datos personales y sensibles al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N°10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, en adecuación a lo esgrimido por el peticionario con ocasión de su pronunciamiento respecto a la imposibilidad de trasladarse a la oficina en la cual se encuentran los antecedentes solicitados, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada, y conjuntamente con ello, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Harol Hurtado Benitez, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia íntegra del expediente referido a solicitud de reconocimiento de condición de refugiado del requirente, en especial los antecedentes indicados en el numeral 1° de lo expositivo, en la forma señalada en el considerando 5° del presente acuerdo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Harol Hurtado Benitez; y, al Sr. Subsecretario del Interior. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.