Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2475-20

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Reclamante:	CATALINA GAETE SALGADO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a la entrega de copia de cuaderno o agenda del ex Ministro de Estado que se consulta. Lo anterior, por cuanto el organismo acreditó debidamente que la información requerida no obra en su poder, en los términos previstos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación. Asimismo, las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/22/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C533-09 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:	C407-20 C5072-20 C5085-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C2475-20   Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública Requirente: Catalina Gaete Salgado Ingreso Consejo: 12.05.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a la entrega de copia de cuaderno o agenda del ex Ministro de Estado que se consulta. Lo anterior, por cuanto el organismo acreditó debidamente que la información requerida no obra en su poder, en los términos previstos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación. Asimismo, las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2475-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de abril de 2020, doña Catalina Gaete Salgado solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: «Cuaderno o agenda amarilla que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, porta regularmente en los puntos de prensa relacionados a la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Solicito acceso a este cuaderno o agenda asumiendo que éste se utiliza en el cumplimiento de sus funciones ministeriales». Adicionalmente, solicitó que la totalidad del cuaderno o agenda sea escaneada directamente desde el original y de acuerdo al principio de divisibilidad. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 12 de mayo de 2020, doña Catalina Gaete Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información. Sin perjuicio de lo anterior, mediante presentación extemporánea, de fecha 2 de junio de 2020, la Subsecretaría respondió a dicha solicitud de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia. Al respecto, argumentó que la agenda o cuaderno consultado es un artículo personal, donde el Ministro de Salud realiza las notas correspondientes a su vida privada y utiliza en el ejercicio de su trabajo. Por lo anterior, puntualizó que, su contenido se encuentra protegido por la Ley sobre Protección de la Vida Privada. 3) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N°E8752, de fecha 10 de junio de 2020, solicitó al reclamante: (1°) indique si se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, señale específicamente la infracción cometida por el órgano. Mediante presentación, de fecha 11 de junio de 2020, la peticionaria manifestó su disconformidad con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado. Al efecto, señaló que, el cuaderno consultado no es un artículo personal, toda vez que contiene información elaborada con presupuesto público en el ejercicio de las funciones administrativas del Ministro. A efectos de refrendar lo anterior, citó enlace electrónico, señalando lo siguiente: «En este video (en 00:54), se puede ver cómo el ministro Jaime Mañalich chequea la cifra de personas contagiadas en su cuaderno amarillo después de que el presidente Sebastián Piñera corrigiera el número que dio en vivo para informar a la ciudadanía». En virtud de lo anterior, afirmó que, el referido cuaderno está visiblemente ligado a su función ministerial y a la gestión de la crisis sanitaria, y por lo tanto, la información que contiene es clave en el contexto de pandemia. Asimismo, hizo presente que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 1/20 "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", de fecha 10 de abril de 2020, razonó que «los órganos obligados a responder a solicitudes de acceso a la información deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública». Adicionalmente, agregó que, en la eventualidad que se acogiera el argumento sostenido por la Subsecretaría, y se asumiera que el cuaderno contiene anotaciones correspondientes a la vida privada del Ministro de Salud, el órgano reclamado debió haber aplicado un adecuado procedimiento de oposición, evacuando traslado al titular de la información requerida, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, hizo presente que, no queda constancia de que se haya rehusado a su entrega. Acto seguido, hizo presente que, en el evento de que se hubiese evacuado traslado a los titulares, y éstos se hubiesen opuesto a la entrega de la información de carácter personal, hay contenido de este cuaderno o agenda que podría haberse entregado, en conformidad al Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Al efecto, sostuvo que, se podrían haber tarjado la información protegida por la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio N°E9610, de fecha 23 de junio de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 28 de julio de 2020, esta Corporación requirió al órgano lo siguiente: aclare si se encuentra el cuaderno consultado -a la fecha- en poder de la Subsecretaría, remitiendo a este Consejo, en caso negativo, cualquier documento, captura de pantalla, certificado o acta, que dé cuenta de la inexistencia del mismo. Mediante presentación, de fecha 18 de agosto de 2020. El órgano reclamado remitió "Acta de Búsqueda", documento que consigna que: «el objeto requerido no se encuentra en poder de la Subsecretaría, pues se trata de un objeto personal del Ex Ministro, que nunca ha estado en poder, ni bajo control de la institución». Asimismo, hizo presente que, el objeto personal requerido en el marco de la solicitud de acceso a la información, no es susceptible de ser pedido en el marco de la Ley de Transparencia, pues obedece a un objeto de organización y orden personal del ex funcionario, el cual portó «incluso con antelación al ejercicio del cargo, como apoyo en el desempeño de sus quehaceres cotidianos» Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14 dispone que, la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante, ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, consta a este Consejo que la presente solicitud de acceso a la información ingresó al órgano reclamado con fecha 8 de abril de 2020, venciendo el plazo de entrega con fecha 8 de mayo de 2020. Sin embargo, el órgano reclamado proporcionó respuesta extemporánea a la solicitud de acceso a la información con fecha 3 de junio de 2020. Lo anterior, importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción. 2) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referente a la entrega del cuaderno o agenda que el ex Ministro de Salud, utilizaba en el cumplimiento de sus funciones ministeriales. Al efecto, la Subsecretaria denegó la entrega de la información requerida, toda vez que en la especie concurriría la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Asimismo, hizo presente, -con ocasión de la gestión oficiosa efectuada por esta Corporación- que el cuaderno consultado no se encuentra en poder del órgano reclamado, por tratarse de un objeto de organización y personal del ex Ministro de Estado, acompañando la respectiva Acta de Búsqueda. 3) Que, primeramente, cabe ilustrar que esta Corporación -mediante gestión oficiosa, de fecha 28 de julio de 2020-, requirió a la Subsecretaría de Salud Pública que precisara si el instrumento consultado se encontraba en su poder. Al respecto, mediante comunicación electrónica, de fecha 18 de agosto de 2020, el órgano reclamado remitió un acta de búsqueda realizada por el organismo. Dicho documento consigna que, habiéndose efectuado un proceso de búsqueda con la finalidad de encontrar el objeto requerido, se constató que éste no obra en poder de la Subsecretaría, por tratarse de un objeto de orden personal, que nunca ha estado bajo la disposición y el control del organismo. 4) Que sobre lo anterior, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado). 5) Que, en tal contexto, las diligencias efectuadas por la reclamada se avienen al estándar de búsqueda y acreditación, dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado). 6) Que, acto seguido, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 7) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano requerido que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado y acreditado debidamente, no obraría en su poder y bajo su esfera de disposición, razón suficiente para rechazar el presente amparo. 8) Que, no obstante haberse explicado debida y fundadamente la inexistencia del instrumento consultado -en conformidad a la Instrucción General N°10 y la jurisprudencia emanada de esta sede-, este Consejo procederá a pronunciarse sobre el fondo del procedimiento de especie, esto es, la publicidad de las agendas o cuadernos de funcionarios públicos. 9) Que, primeramente, esta Corporación estima que las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)». En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)». Conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. 10) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, a juicio de esta Corporación, dichos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, es menester tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal del ex funcionario, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones ministeriales y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no tenía acceso, ni se encontraba dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o bien su destrucción corresponden al ex funcionario público consultado. (énfasis agregado). 11) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de dicho instrumento afectaría - de manera presente o probable y con suficiente especificidad- la esfera de la vida privada del ex funcionario consultado, en los términos consignados en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de la Garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Carta Magna. Al respecto, cabe precisar que, el ex Ministro no proporcionó su aquiescencia a la entrega del artículo personal consultado. En el mismo sentido, la divulgación del instrumento pedido envuelve -presumiblemente- la entrega de datos personales y sensibles de contexto, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: «f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual». Lo anterior, toda vez que dicho instrumento podría consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada del interesado y de terceros. 12) Que, sobre la materia de especie, es menester tener presente que el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, puede destacarse Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), donde se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA. (énfasis agregado). 13) Que, acto seguido, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas, esta Corporación estima que, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de las funciones encomendadas a la Subsecretaría de Salud Pública -y del Ministerio de Salud-, por cuanto dicho cuaderno -presumiblemente- consigna anotaciones personales y registro de planes, programas y políticas públicas relativas a la salud pública del país, y particularmente, del conjunto de estrategias y directrices formuladas para enfrentar la Emergencia de Salud Pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. Al efecto, el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado». (énfasis agregado). 14) Que, en dicho contexto, es menester tener presente el Decreto con Fuerza de Ley N°1, que fija el texto, refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, de 2005, de Salud, el cual establece las funciones específicas del organismo -en adelante, indistintamente DFL N°1-. Al efecto, el artículo 4° del presente cuerpo normativo establece que: «Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud». Bajo esta lógica, dicho organismo «1.- debe ejercer la rectoría del sector de salud; 4.- efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población». Así, en el ejercicio de estas funciones, al órgano reclamado le compete el control de enfermedades transmisibles, la investigación de brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de control, velando por la eliminación todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de la población . 15) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito, esta Corporación estima que, la publicidad del artículo consultado implicaría una afectación -presente o probable y con suficiente especificidad- al debido cumplimiento de las funciones específicas del órgano reclamado, atendido a las acciones y planes que debe desplegar el órgano reclamado sobre las materias descritas. Al efecto, el documento consultado -cuaderno o agenda de un Ex Ministro de Estado- se constituye como un insumo que podría eventualmente contener y detallar información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya divulgación afectaría las estrategias, planificaciones y directrices en materias de salud pública del órgano reclamado, aun en curso -atendidas las declaraciones del actual Ministro de Salud, en orden a que su gestión sería de continuidad de las políticas implementadas por quien le precedió al mando de la cartera-y afectar, consecuencialmente, el control de la Emergencia Sanitaria. Bajo esta lógica, la publicidad de los antecedentes consignados en dicho instrumento probablemente introduciría parálisis o confusión en el proceso de adopción de decisiones por parte de las Autoridades Sanitarias, teniendo en consideración que el artículo requerido era utilizado por el Ex Ministro de Salud, al cual le correspondía la dirección superior del Ministerio, y conjuntamente con ello, fijar políticas, dictar las normas, aprobar los planes y programas generales, y evaluar las acciones que deben ejecutar los organismos integrantes del Ministerio (artículo 7° del DFL N°1). 16) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, habiéndose explicado debidamente la inexistencia del instrumento requerido en poder de la Subsecretaría, en conformidad del estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N°10 de esta Corporación; tratándose de un artículo de orden personal y constitutivo de la vida privada de la persona consultada; verificándose la eventual afectación de la privacidad del ex funcionario, como asimismo de los terceros referidos en el cuaderno pedido; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones encomendadas al órgano requerido, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Catalina Gaete Salgado, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete Salgado; y, a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.