Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2633-20

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Reclamante:	HÉCTOR RIVAL OYARZÚN
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, ordenándose la entrega de diversos antecedentes y documentos emanados de sus unidades administrativas. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes requeridos, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Adicionalmente, con respecto a la información ordenada entregar en el considerando 13°, el órgano reclamado deberá tarjar toda la información relativa a la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente de los testigos, la denunciante o reclamante, como también de aquellos datos que permitan inferirla y sus declaraciones. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/25/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C942-19 C262-20 C91-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C2633-20   Entidad pública: Universidad de Los Lagos Requirente: Héctor Rival Oyarzún Ingreso Consejo: 19.05.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, ordenándose la entrega de diversos antecedentes y documentos emanados de sus unidades administrativas. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes requeridos, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Adicionalmente, con respecto a la información ordenada entregar en el considerando 13°, el órgano reclamado deberá tarjar toda la información relativa a la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente de los testigos, la denunciante o reclamante, como también de aquellos datos que permitan inferirla y sus declaraciones. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2633-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2020, don Héctor Rival Oyarzún solicitó a la Universidad de Los Lagos -en adelante, indistintamente Universidad- la siguiente información: 1.1) Solicitud N°924, de fecha 16 de marzo de 2020: a) «Documentos que indiquen, cuáles fueron las asignaturas que realizó el suscrito en cada semestre que considere sólo las 3 ó 4 horas; b) Documento de cargas docentes, de los académicos del Departamento de Educación, incluida la del suscrito para el bienio 2017-2018, en que se demuestre como se ponderó la carga docente de cada uno; c) Documentación que la persona que se indica tuvo a la vista para asegurar, 70 días antes de la aprobación del Consejo Superior de dichos Decretos, que el suscrito no iba a tener asignatura conforme lo consignado en los propios decretos; los documentos que acrediten que es posible generar lícita y legalmente un Acto Jurídico (DU. N°155 del 30 de noviembre de 2018) basado en cuerpos legales (decreto N°499 y N°518) que aún no existen. Adicionalmente, solicito documentos, resoluciones, leyes jurisprudencia, que den legitimidad a un Acto Jurídico (DU. N°155 del 30 de noviembre de 2018); y, copia de ley, decreto, resolución o jurisprudencia, que asegure que los profesionales que se indican no incurrieron en asociación ilícita o al menos faltas al Estatuto Administrativo; d) Documento, que señala, que las cargas académicas se resuelven en noviembre del año anterior y no en enero como señala el Decreto N°2005. Asimismo, requiero documento que asegure que la Vicerrectoría Académica (Dirección de Docencia) conocen las cargas académicas en noviembre y no en marzo como reza el DecretoN°2005 ya citado; y, copia del documento que la persona que se indica tuvo a la vista con las cargas académicas en el mes de noviembre de 2018; e) Copia de las cargas académicas aprobadas por el Director del Departamento de Educación para el año 2019; f) Indicar cuál fue la carga del suscrito en el rubro de docencia, para el periodo 2017 y 2018 g) Documento oficial de la Universidad, que tuvieron a la vista las personas que se indican para ponderar su calificación. Además, normativa que los faculta a ellos para "calificar académicos"; y, copia de las evaluaciones y calificaciones del departamento de Educación para el periodo 2017 y 2018; h) copias de la Actas, Memorandos, Oficios u otros documentos que expresen, en qué momento la autoridad, transformó "las presuntas irregularidades", en verdades, certezas o cargos, como para fundar un Acto Jurídico de despido de un funcionario público; i) La documentación en distintos formatos, sean estos oficios, cartas, memorándum, notas u otros enviados entre la Contraloría Regional de Los Lagos y la Universidad de Los Lagos; La información en distintos formatos, sean estos oficios, cartas, memorándum, notas u otros que se intercambió, entre la Universidad de Los Lagos, la Contraloría Regional de Los Lagos y el Consejo de Defensa del Estado, en el contexto del ya citado Recurso de Protección interpuesto en contra de la Universidad de Los Lagos y de la Contraloría Regional de Los Lagos. 1.2) Solicitud N°925, de fecha 18 de marzo de 2020: a) «Acta formal del Proceso Eleccionario, por el que la persona que se indica llegó al cargo de Directora; b) Propuesta de gobierno entregadas a la respectiva Comisión, por los candidatos, el 2016; c) Actas o registros que den cuenta del respaldo dado por el Rector a la candidata que se indica; d) Copias de las citaciones a Reuniones del Consejo de Departamento; e) Tabla de los temas a tratar en las reuniones mensuales del Consejo de Departamento; f) Registros de asistencia de los Consejeros a la Reunión mensual (Art. N°21); g) Si no existe Acta, se solicita documento que acredite como se aprobaron los Planes Estratégicos y Operativo de periodo. (Decreto N°4013, Art.Nª17, letra b); h) Se solicita, adjuntar copia de los referidos planes; i) documentos que acrediten la realización de la Evaluación del desempeño individual de los académicos, previa al proceso de calificación (Decreto N°4013, Art.Nª17, letra d); j) Copia de, tanto el Presupuestos financiero, como de la ejecución de gastos, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2018. Como no existen actas, se pide acompañar documentos por los que el Consejo aprobó dichos gastos o inversiones; k) Dado que no existen actas, se solicita enviar copias de la correspondencia existente entre la Directora de Departamento y el Vicerrector Académico, quien es su superior directo y por lo tanto el encargado de supervisar la adecuada gestión del departamento; l) copias de documento, en cualquier formato, que dé cuenta, que la persona que se indica fue amonestada, o a lo menos recibió anotación de demérito o simple observación o comentario por parte de su superior directo, esto es el Vicerrector Académico, por no llevar Actas de las reuniones mensuales del Consejo de Departamento para el periodo, y así de este modo, desestimar negligencia por parte del superior que debe entre otras cosas, supervisar que los Directores de Departamento hagan su trabajo (Decreto N°4013, Art. 22); m) documentos por los cuales se aprobó pasantías, asistencia a curso, congresos, seminario realización de postgrado tanto en Chile como el extranjero, en el periodo mencionado. Es necesario hacer entrega de: Nómina de académicos que participaron en algunos de los eventos mencionados en este punto; Monto autorizado y mecanismo utilizado para la asignación de los recursos; Rendiciones efectuadas y productos generados; En el caso de los postgrados, documento (puesto que no hay actas) que informen y transparenten, como se resolvió la autorización, asignación de tiempo y montos; Documentos, sean estos memorándum u otros, bajo cualquier soporte, por los que se aprobó por parte de la Dirección de Postgrado la realización (inicio, continuación o término) de un postgrado; Documentos y antecedentes que tuvo a la vista la Dirección de Postgrado para aprobar o rechazar la realización de un postgrado; Copias de los llamados a postular a beneficios de postgrado, los criterios e asignación de beneficios; Para las pasantías y participación en eventos fuera del país, financiados con recursos PMI o Convenio de Desempeño, para el periodo ya consignado, se solicita copias de: llamado a concurso a postular, decreto o documento que designa la Comisión que resolverá el Concurso, documento con criterios de asignación y nómina de beneficiados y no beneficiados con el respectivo puntaje obtenido, conforme a los criterios de asignación de recursos; Informes entregados por los beneficiarios de estos recursos, al término de la actividad académica en el extranjero y copia de la respectiva rendición financiera con visto bueno de la Directora de Departamento; n) documentos por los que se hizo el seguimiento del proceso de avance de los rediseños correspondiente a: Licenciatura en Educación, Programa de Magíster en Educación y Programa de Carrera de Pedagogía en Educación Básica; ñ) informes de avance para cada caso por los que el Consejo de Departamento aprobó u objetó dichos informes; o) Informe de los resultados obtenidos en el proceso de discusión y validación de la propuesta de Magíster en Educación, realizada en el Hotel Casino de Osorno, con la participación experta de los profesores que se indican; p) Informe detallado de los gastos comprometidos en la actividad del punto anterior, agregando documento por el que el Consejo de departamento aprobó tanto la actividad, como los recursos; q) Informe de los resultados acreditación de las carreras pedagógicas para el periodo en cuestión; r) Informe detallado de gastos para el periodo, correspondiente a alhajamiento, mobiliario, tazas y vajilla, manteles, teléfonos, sillas, escritorios, todo para la oficina de la Directora. Documento del Consejo de Departamento que aprobó la inversión; s) Informe detallado de gastos para el periodo, correspondiente a recursos didácticos y de aprendizaje. Documento del Consejo de Departamento que aprobó la inversión; t) documentos para el periodo, que recibió la Directora del Departamento de Educación en torno a las labores académicas del profesional que indica; u) reuniones y actividades realizadas por la Directora de Departamento, con los Jefes de carrera que dependían del Departamento (Decreto N°4013, Art.8°, 1; Art. 9, letra m); y v) Copias integras, de las cuentas anuales de la Directora, correspondientes al periodo». 1.3) Solicitud N°926, de fecha 19 de marzo de 2020: a) «Decreto, resolución, jurisprudencia o cualquier otro documento en que se haya basado el Vicerrector Académico, para solicitar una carga docente en los términos que indica; b) Documento conteniendo el promedio de carga docente de cada uno de los integrantes del Departamento de Educación, por lo que en uso de sus atribuciones, tanto el Director de Departamento, como el Director de Docencia y el Vicerrector Académico hayan verificado que cada académico cumplió con la carga según lo prescrito en el Decreto N°1513; c) Decreto, resolución, jurisprudencia que informe que la carga, ya sea esta exigua o excesiva, es responsabilidad del académico y no del Director de Departamento que se las asignó y luego aprobó; d) Nómina de académicos de la Universidad de Los Lagos que para el bienio 2017-2018 cumplieron con el "promedio" de docencia según la fórmula aplicada por la persona que se indica; e) Decreto, resolución, jurisprudencia que informe dónde se pondera o considera la guía de tesis: en docencia?, investigación?, gestión? o vinculación con el medio? f) Decretos o Resoluciones, en que se fija anualmente desde el año 2012 a la fecha, el monto a pagar por: las horas de docencia en postgrado y por cada tesis dirigida. g) Decreto, resolución u otro documento que autoriza el pago de la guía de tesis antes de terminada. h) Presupuestos de la Dirección de Postgrado para el periodo 2016-2018 en que se identifique claramente, la cuenta o el ítem destinado al pago de guía de tesis y el monto asignado anualmente; i) Copia de los decretos DU 518/2019, Kinesiología; DU 499/2019, Enfermería; y, DU. 3177/2018 Nutrición; j) documento que tenía persona que se indica al 21 de noviembre, para sostener que el suscrito era el único académico sin solicitud de carga; k) Actas, resoluciones o documentos en diverso soporte, por los que se establezca el procedimiento, mediante el cual, "las presuntas irregularidades" de las que habla el Director Jurídico, en su Oficio N°7, dejaron de ser presuntas, y se transformaron en certezas; l) copia de resolución, decreto, oficio o apartado del estatuto administrativo, que le da estatus legal y legítimo, para fundar un Acto Jurídico -el acta de cumplimiento responsabilidad académica-; m) Resolución, decreto, oficio o apartado del estatuto administrativo, que le da atribuciones a la persona que se indica para redactar un Acta para fundar un Acto Jurídico; n) Resolución, decreto, oficio o apartado del estatuto administrativo en que se establezcan las otras medidas de la Vicerrectoría Académica que se mencionan, como para sancionar a un académico con la medida administrativa más drástica de todas, como es su desvinculación. 1.4) Solicitud N°927, de fecha 19 de marzo de 2020: a) «Copia del llamado a concurso público por el que accedí a la plaza académica b) Copia del Acta de la Comisión del Concurso, que resolvió este en favor del suscrito, en que aparezca claramente las ponderaciones de cada área y el puntaje que obtuve. c) Copia del CV y los anexos conocidos por la Comisión de Selección del Concurso; d) Copia del Decreto con la toma de razón de contraloría con mi nombramiento; e) Acta de la Comisión de Jerarquización por la que obtuve la Jerarquía de Asociado B, al momento de mi ingreso; f) Acta de la respectiva Comisión eleccionaria, en que conste mi elección y la votación obtenida como Director del Departamento de Educación; g) Copia de la Anotación Meritoria, que el Sr. Rector comprometió entregar al suscrito ante la autoridad que indica». 1.5) Solicitud N°928, de fecha 21 de marzo de 2020: a) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Vicerrector Académico o la Vicerrectoría Académica de parte de la ex Directora, que se indica, durante el periodo comprendido entre, el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; b) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Director o Directora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad, de parte de la ex Directora que se indica, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; c) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Director o Directora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad, de parte de la ex Directora, Sra. Soto, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; d) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Vicerrector de Investigación y Postgrado, o alguna de las direcciones dependientes de esa Vicerrectoría, de parte de la ex Directora, Sra. Soto, durante el periodo comprendido entre, el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; e) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido: el Jefe de Carrera de Pedagogía en Comunicación y Lengua Castellana; el Jefe de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y la Jefa de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, de parte de la ex Directora, persona que se indica, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; f) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Sr. Rector de la Universidad o su Jefa de Gabinete, de parte de la ex Directora, persona que se indica, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; g) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido la Profesional, que se indica de parte de la ex Directora, persona que se indica, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; h) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Director de los PMI-ULA y Convenios de Desempeño de parte de la ex Directora, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; i) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el encargado o responsable del diseño del nuevo programa de Magíster en Educación, de parte de la ex Directora, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018; y j) La totalidad de cartas, memorándum, oficios o cualquier otro tipo de comunicación en diverso soporte, que haya recibido el Director Responsable de la Revista Intersecciones Educativas, de parte de la ex Directora, durante el periodo comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el último día de su gestión en 2018. 1.6) Solicitud N°930, de fecha 24 de marzo de 2020: a) Copias de los registros de asistencia, que la Jefa de Carrera posee, que acrediten que la cantidad de clases estuvo por debajo del promedio de las horas preestablecidas; b) Documentos institucionales en que se demuestre el periodo en que la universidad estuvo de paro, toma o movilizada, periodos en que los alumnos no asistieron a clases; c) Documento que acredite las fechas, en que el profesor se retira de la sala y regresa a finalizar la sesión al término del periodo asignado; d) Reglamento de Evaluación de la Carrera de Educación Diferencial, vigente el 2016; e) Programa del Curso "Desarrollo del Pensamiento", entregado por la jefatura de carrera, en que figuren las ponderaciones y porcentajes de cada evaluación; f) Planilla o acta de calificaciones en que la Jefa de Carrera, verificó la veracidad de lo que dice la alumna; g) Normativa en que se impugne la calidad de la evaluación que menciona la alumna; h) Evidencias de las "dos ocasiones" que se mencionan por la estudiante, en relación a situación que se indica; i) Las denuncias y reclamos en que conste claramente las fechas; j) Memorándum o comunicaciones en cualquier soporte, por el que la Jefa de Carrera haya informado oportunamente a las autoridades correspondientes de esta supuesta irregularidad; k) Memorándum o documentos en que conste cuáles fueron las medidas que el Jefe de Servicio tomó, frente a las supuestas denuncias de intimidación y ofensas de la que habrían sido víctimas algunas alumnas. Esto es de suma importancia, atendida las obligaciones de la autoridad; l) Documentos en que se acredite la investigación realizada en torno a la materia, en forma oportuna; m) Documento en cualquier soporte, por el que el suscrito fue informado del reclamo de las estudiantes y las sanciones que me fueron informadas; n) Documento que dé cuenta, de algún pago que hubiera recibido la estudiante que se indica, de parte de la Universidad de Los Lagos, con posterioridad a la entrega de la supuesta carta. Podrá servir alguna boleta, comprobante, recibo de caja o convenio de honorario, comprobante de viático u otro. 1.7) Solicitud N°931, de fecha 27 de marzo de 2020: a) «Copia de la Declaración por eventual conflicto, o Comunicación simple, por la que la abogada, que se indica, informó a su jefe directo, o al Jefe de Servicio y Rector de la Universidad, acerca de una serie de conflictos y desencuentros, que tuvo con el suscrito; b) Copia de la respuesta entregada por la autoridad, a la información aportada por la abogada que se indica». 1.8) Solicitud N°933, de fecha 27 de marzo de 2020: a) «Documentos que acrediten períodos de: Licencias Médicas, días administrativos, comisiones de servicio, permisos o vacaciones del Contralor Interno de la Universidad de Los Lagos, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018; b) Documentos que acrediten períodos de: Licencias Médicas, días administrativos, comisiones de servicio, permisos o vacaciones del Director Jurídico de la Universidad de Los Lagos, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018; c) Decretos por los que se designa contralor subrogante para la Universidad de Los Lagos, cada vez que fue necesario, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. En que queda claramente establecido el nombre del profesional designado, para cumplir la subrogancia. y las fechas de inicio y de término de la referida subrogancia; y d) Decretos por los que se designa director jurídico subrogante, para la Universidad de Los Lagos, cada vez que fue necesario, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. En que queda claramente establecido el nombre del profesional designado, para cumplir la subrogancia y las fechas de inicio y de térmico de la subrogancia. 2) PÓRROGA DE PLAZO: Mediante presentación, de fecha 14 de abril de 2020, la Universidad de Los Lagos señaló que, las solicitudes de información que se indican han debido ser prorrogadas por 10 días hábiles, toda vez que se tratarían de documentos en formato físico, que deben ser solicitados y reunidos en diversas Unidades Administrativas y Académicas de la Universidad, situación que no es posible, dado que se encuentran suspendidas todas las actividades presenciales, en todos los Campus y Sedes de la Universidad. A fin de refrendar lo anterior, acompañó copia del Decreto Universitario N°601, de fecha 19 de marzo de 2020, que establece Medidas sobre gestión y desarrollo de actividades considerando la contingencia asociada al brote de COVID-19. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 19 de mayo de 2020, don Héctor Rival Oyarzún dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información. Sobre lo anterior, hizo presente que: «no es efectivo que la totalidad de la información se encuentre en formato físico (...) Pese a que ha transcurrido de forma amplia el plazo de la prórroga, no solo no se entregaron los antecedentes solicitados, sino que tampoco se informó de una nueva prórroga» 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, mediante Oficio N°E8212, de fecha 2 de junio de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante presentación, de fecha 12 de junio de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando en síntesis lo expuesto a propósito de su prorroga. Al respecto hizo presente que, entre las medidas adoptadas producto de la contingencia asociada al brote de COVID-19, se determinó el desarrollo de actividades a través de teletrabajo, suspendiendo las actividades presenciales en todos sus Campus y Sedes, a contar del 16 de marzo de la presente anualidad; circunstancia que se mantiene. Bajo dicho contexto, sostuvo que, no es viable su búsqueda presencial en dependencias universitarias; sin embargo, precisó que, no se efectúa la denegación de la información requerida o se establece la ocurrencia de causales de secreto o reserva. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la ausencia de respuesta a las solicitudes de información consignadas en el numeral 1° de lo expositivo de este Acuerdo, referente a distintos actos administrativos, documentos y antecedentes contenidos en diversas unidades administrativas de la Universidad de Los Lagos. 2) Que, primeramente, cabe resaltar que la Universidad, con ocasión de sus presentaciones no alegó la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de causales de reserva sobre la materia. Es más, con ocasión de su prórroga de plazo, el órgano requerido reconoce que se tratarían de documentos que obran en formato físico, que deben ser solicitados y reunidos en diversas Unidades Administrativas y Académicas de la Universidad. Acto seguido, con ocasión de sus descargos, la Universidad expresó que, no se alegan causales de reserva sobre las materias pedidas. Por lo anterior, esta Corporación, procederá a determinar la publicidad o reserva de las peticiones de información, teniendo en consideración las materias pedidas. 3) Que, con respecto a las peticiones de información referidas a los instrumentos nombramiento - contenidos en decretos, actas, entre otros-, las cargas académicas distribuidas y aprobadas, la determinación de asignaturas a los docentes, las calificaciones, las evaluaciones de desempeño, los registros de asistencia, las amonestaciones, las anotaciones de mérito y desmérito, la nómina de académicos, y los documentos que acrediten períodos de licencias médicas, los días administrativos, las comisiones de servicio, los permisos o las vacaciones, este Consejo ha razonado reiteradamente la publicidad de aquellos, toda vez que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales. (énfasis agregado). 4) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En mérito de lo anterior, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto. 5) Que, acto seguido, en cuanto a las peticiones de información referidas a los documentos de presupuesto financiero, la ejecución de gastos e inversiones, las copias de las cuentas anuales, los decretos o resoluciones que fijan el monto a pagar de las horas de docencia, este Consejo estima que, los antecedentes pedidos son de naturaleza pública, por tratarse de información relativa a la Administración del Estado, relacionado con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo anterior, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto. 6) Que, a continuación, con respecto a las peticiones de información relativas a diversos actos administrativos, decretos, resoluciones, actas memorándums, oficios, registros, documentos, informes, programas académicos y reglamentos generados por la Universidad, mediante sus distintas unidades administrativas, cabe tener presente lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia: «es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento»; y «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga». En mérito de lo anterior, y atendido que el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes pedidos, ni la concurrencia de causales de reserva en la especie, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto. (énfasis agregado). 7) Que, con respecto a la petición de información referida a la copia del llamado a concurso público, mediante la cual el peticionario accedió a la plaza académica, cabe tener presente que dichos antecedentes son públicos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Carta Fundamental y los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, así como lo señalado en el artículo 1.7 de la Instrucción General N°11 de esta Corporación: «En virtud de este numeral deberán publicarse todos aquellos decretos, resoluciones, acuerdos de órganos administrativos pluripersonales que afecten los intereses de terceros (...) Se incluirán en esta sección, por ejemplo: Los llamados a concursos o convocatorias para postular a proyectos o programas públicos o concesiones, autorizaciones y otros permisos. En virtud de lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo en esta parte. (énfasis agregado). 8) Que, con respecto a la petición de información concerniente al Acta de la Comisión del Concurso, que resolvió éste en favor del suscrito, con indicación de las ponderaciones de cada área y el puntaje obtenido, este Consejo advierte que, la información pedida se circunscribe a antecedentes propios del peticionario, quien obtuvo la plaza académica. Sobre este punto, cabe tener presente que, en lo que atañe al ganador del concurso público, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de los puntajes y ponderaciones de sus evaluaciones y demás antecedentes acompañados en su postulación, bajo la premisa de que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. Asimismo, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, en dicho caso el requirente ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos, conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley. Por lo expuesto, se acogerá el amparo en esta parte. Por lo anterior, se procederá a acoger el presente amparo en este punto. (énfasis agregado). 9) Que, en cuanto, a la petición de información referente a la copia de los curriculums vitae y anexos conocidos por la Comisión de Selección del Concurso, esta Corporación advierte que, dichos antecedentes corresponden a candidatos que no resultaron seleccionados para el cargo. Al respecto, este Consejo, a partir de la decisión rol C91-10, ha resuelto que procede reservar los antecedentes de los candidatos no seleccionados para el cargo «por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante». Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado, y que por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N°19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, se rechazará el presente amparo en esta parte. (énfasis agregado) 10) Que, en cuanto a las comunicaciones -y correspondencias- pedidas por el peticionario, este Consejo ordenará la entrega de aquellas canalizadas por medios formales e institucionales, esto es, mediante oficios, memorándums, resoluciones, ordinarios, entre otros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Carta Fundamental y los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la entrega no deberá circunscribir los correos electrónicos intercambiados por las Autoridades Universitarias que se indican, las conversaciones telefónicas y las cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos. Lo anterior, toda vez que este Consejo estima que, se tratan de interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados. En efecto, se tratan de formas de comunicación que pueden abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, enmarcándose dentro de los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19, N°4 y 5 de la Constitución Política de la República - la protección a la vida privada de la persona y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas-, y dentro de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia (decisiones Roles C942-19 y C262-20). Por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte, con las precisiones señaladas precedentemente. (énfasis agregado) 11) Que, en cuanto a la petición de información referida a los documentos, en virtud de los cuales se aprobaron pasantías, asistencia a curso, congresos, seminario realización de postgrado; la nómina de académicos y beneficiarios que participaron en éstos; el monto autorizado, mecanismo utilizado para la asignación de los recursos, los criterios de asignación de beneficios, entre otros antecedentes pedidos, este Consejo estima que, dicha información es pública, toda vez que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile supone que el ámbito su privacidad este sujeto a un mayor nivel de escrutinio, a fin de permitir un adecuado control social acerca del cumplimiento de los requisitos que les permitieron obtenerlos. En este contexto, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7° letra i) ha establecido que, entre los deberes de transparencia activa, la obligación de publicar el diseño, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de los beneficiarios de los programas sociales en ejecución. Por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte. (énfasis agregado). 12) Que, con respecto a las denuncias y reclamos consultados por el peticionario; evidencias; y, el acta de calificaciones o plantilla que verificó la veracidad de lo dicho por la alumna este Consejo estima que la divulgación de antecedentes como los solicitados, en la especie, puede inhibir que futuros/ras estudiantes afectados/as por conductas que vulneren sus derechos, presenten las denuncias y reclamos correspondientes, y sean debidamente canalizadas mediante los canales institucionales pertinentes. En efecto, la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que las Casa de Estudio cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones, investigaciones y procedimientos necesarios destinados a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias o reclamos puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21° de la Ley de Transparencia. Asimismo, la publicidad de dichos antecedentes podría potencialmente producir represalias contra los/las estudiantes que denuncien, testifiquen, ayuden o participen en investigaciones, y consecuencialmente, producir una afectación en los términos previstos en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, se rechazará el presente amparo en esta parte. 13) Que, en cuanto a las peticiones de información referidas a los memorándum o comunicaciones en que se haya informado oportunamente a las autoridades correspondientes de esta supuesta irregularidad; en que conste cuáles fueron las medidas que el Jefe de Servicio adoptó, frente a las supuestas denuncias que se indican; que acrediten la investigación realizada en torno a la materia; y los documentos por el que el suscrito fue informado del reclamo de las estudiantes y las sanciones, este Consejo ordenará la entrega, en virtud del artículo 5° y 10° de la Ley de Transparencia, y por tratarse de antecedentes no inherentes a las investigaciones incoadas. No obstante lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar toda la información relativa a la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente de los testigos, la denunciante o reclamante, como también de aquellos datos que permitan inferirla y sus declaraciones, lo anterior, en virtud de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia, y en conformidad de lo dispuesto en la Ley Sobre Protección de la Vida Privada. 14) Que, con respecto a la información que se ordenó proporcionar, en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. 15) Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. (énfasis agregado) 16) Que, finalmente, y en adecuación con lo expuesto por la reclamada, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de COVID-19. En este contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Rival Oyarzún, en contra de la Universidad de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de la información consignada en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo, en conformidad de lo dispuesto en los considerandos N°3, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° y 13°. En virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, con respecto a la información ordenada entregar en el considerando 13°, el órgano reclamado deberá tarjar toda la información relativa a la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente de los testigos, la denunciante o reclamante, como también de aquellos datos que permitan inferirla y sus declaraciones, lo anterior, en virtud de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia, y en conformidad de lo dispuesto en la Ley Sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar las peticiones de información referidas a las copias de los curriculums vitae y anexos conocidos por la Comisión de Selección del Concurso; y, las denuncias y reclamos consultados por el peticionario; las evidencias; y, el acta de calificaciones o plantilla que verificó la veracidad de lo dicho por la alumna, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Rival Oyarzún; y, al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.