Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2711-20

Reclamante:	GONZALO EDGARDO ANCAN AYALA
Reclamado:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE TARAPACÁ
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá, referido a la entrega del informe mensual de los meses de septiembre y octubre de obra que se indica. Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado la inexistencia de la información consultada; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/14/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C2711-20   Entidad pública: Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá Requirente: Gonzalo Edgardo Ancan Ayala Ingreso Consejo: 22.05.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá, referido a la entrega del informe mensual de los meses de septiembre y octubre de obra que se indica. Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado la inexistencia de la información consultada; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2711-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de marzo de 2020, don Gonzalo Edgardo Ancan Ayala solicitó a la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá la siguiente información: «copia del informe mensual de los meses de septiembre y octubre, Obra Mejoramiento Ruta A-760, Etapa III (Iquique), proyecto ejecutado durante el año 2014. Por ende, los informes corresponden a los meses del mismo año». Asimismo, agregó que: «se solicita corroborar la firma del profesional a cargo del departamento de calidad (quien suscribe), encargado de la confección de dicho informe, posterior al cese de labores en este proyecto». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 29 de abril de 2020, la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá, respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, en atención a la data de los antecedentes requeridos en la solicitud de acceso, se requiere para su búsqueda, acceder a los archivos almacenados en bodegas de la Dirección Regional de Vialidad, ubicadas fuera de las dependencias del edificio Ministerio de Obras Públicas -en adelante, indistintamente MOP-. Sobre lo anterior, agregó que, debido a la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, y a las medidas adoptadas por los servicios públicos ante la prevención del COVID-19, el órgano reclamado se encuentra funcionado en forma presencial, con el personal mínimo destinado a cumplir las labores críticas de mantener la conectividad del país. Por lo anterior, hizo presente que: «se procederá a la búsqueda de dichos antecedentes, una vez que esta situación poco convencional de emergencia sanitaria, permita al Servicio poder retornar a la normalidad de sus funciones y con la dotación de su personal íntegramente, lo cual se verificará de manera progresiva». 3) AMPARO: El 22 de mayo de 2020, don Gonzalo Edgardo Ancan Ayala dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada seria parcial. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional de Vialidad de la Región de Tarapacá, mediante Oficio N°E8649, de fecha 8 de junio de 2020 solicitándole que: (1°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada; (2°) refiérase a la ubicación material de la información solicitada, acredite la ubicación geográfica de la misma y señale las razones por las cuales resulta difícil reunirla y/o acceder a las dependencias donde se encontraría; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante presentación, de fecha 30 de junio de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 5.1) En primer lugar, reiteró lo expuesto en su respuesta, con respecto a las circunstancias de hecho que impidieron hacer entrega de lo requerido, en virtud de la emergencia sanitaria que afecta al país. Al respecto, hizo presente que, en atención a la data de los antecedentes consultados -2014-, es necesario concurrir a las bodegas de la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá, ubicadas, afueras de las dependencias del edificio del MOP. Sobre lo anterior, expuso que, la Dirección Nacional de Vialidad, dictó la resolución (Ex) D.V. N°733, de fecha 19 de marzo de 2020, la cual autorizó al personal, para desempeñarse bajo modalidad de trabajo remoto o flexible, atendido el brote de Coronavirus, como así también, establece la implementación de un programa de turnos de emergencia y horario flexible, para el desempeño de las labores críticas del Servicio y que deban realizarse de manera presencial. Por tal motivo, precisó que, quedaron en funciones presenciales, solo aquel personal estrictamente necesario e imprescindible, para poder cumplir con la función principal del Servicio, esto es, garantizar la conectividad vial del país, por lo que no se disponía del personal preciso, para realizar la búsqueda inmediata de los documentos requeridos. 5.2) Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, el órgano reclamado hizo presente que, dispuso de manera excepcional la destinación de 2 funcionarios, a fin de que se trasladasen a realizar la búsqueda de la información en las bodegas del Servicio, como también en los registros inferiores a 5 años, que aún permanecen en dependencias del edificio. Con relación a dicha gestión, informó que, de la búsqueda de información, de la certificación realizada por la Inspector Fiscal del contrato, que da cuenta de la fecha en que el peticionario dejó de prestar sus servicios asociados a la ejecución de la obra indicada en su solicitud, la cual se encuentra concluida; como así también, a la data de antigüedad de la documentación requerida -que excede a los 5 años-, a la excesiva cantidad de documentación que se ha generado, producto del alto número de contratos mandatados a la presente data y al hecho de que los informes mensuales solicitados por el ciudadano, no emanan ni se generan con presupuesto del Servicio, sino más bien, provienen de un tercero o empresa contratista dicha documentación, no pudo ser habida una vez agotadas las gestiones de búsqueda para ello. Con respecto a lo anterior, acompañó Acta de Búsqueda de Información, de fecha 16 de junio de 2020, realizada por persona que se indica, Jefe del Departamento de Gestión y Fiscalización de Obras en la Oficina de archivos, contratos, del Subdepartamento de Gestión y Administración de Contratos del órgano reclamado. Asimismo, adjuntó copia de Acta de Búsqueda de Información, de fecha 11 de junio de 2020, realizada por funcionario que se indica en Contenedor de Bodega de la Dirección regional de Vialidad. Por último, remitió certificado del Inspector Fiscal, que consigna la fecha en que prestó labores el peticionario como Encargado de Calidad de la Obra, con individualización de las funciones desarrolladas. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N°E10837, de fecha 10 de julio de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Mediante presentación, de fecha 15 de julio de 2020, el peticionario manifestó su inconformidad con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado. Al respecto, refirió que, la primera solicitud de información sobre la materia data del año 2016, vía Contraloría General de La República bajo número que indica, la cual fue derivada al MOP de Tarapacá, del cual nunca se recibió antecedente alguno. Asimismo, explicó que, se solicitó lo anterior -informalmente- a la Inspectora Fiscal, sin respuesta satisfactoria, los años 2016 y 2017. Sobre lo anterior, estimó que, resulta poco satisfactorio que dichos documentos no se hayan encontrado, en circunstancias de que la empresa Contratista entrega estos antecedentes tanto en forma física como digital. Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido el pronunciamiento del peticionario, el presente amparo de acceso a la información se funda en la falta de satisfacción del requirente con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, referido a la entrega del informe mensual de los meses de septiembre y octubre de obra que se indica, proyecto ejecutado durante el año 2014. Al respecto, el peticionario cuestionó la inexistencia alegada por el órgano reclamado. 2) Que, primeramente, cabe tener presente lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado) 3) Que, en línea con lo anterior, con ocasión de sus presentaciones, este Consejo advierte que, la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá informó que, efectuadas las gestiones de búsqueda de la información pedida, ésta no pudo ser habida. A fin de refrendar dichas labores, acompañó copia de dos actas de búsquedas de información, realizadas con fecha 11 y 16 de junio de 2020 por dos funcionarios diferentes del organismo en las dependencias de la institución, como asimismo en el contenedor de bodega, las cuales consignan que la información no fue hallada. Al respecto, el órgano reclamado agregó que, lo anterior se debe a la data de antigüedad de la documentación requerida -que excede a los 5 años-, a la excesiva cantidad de documentación que se ha generado, producto del alto número de contratos mandatados a la fecha y al hecho de que los informes mensuales solicitados por el peticionario, no emanan ni se generan con presupuesto del Servicio, sino que provienen de un tercero o empresa contratista. 4) Que, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 5) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. 6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; habiéndose explicado la inexistencia de los antecedentes consultados y atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Gonzalo Edgardo Ancan Ayala, en contra de la Dirección de Vialidad Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Edgardo Ancan Ayala; y al Sr. Director Regional de Vialidad de la Región de Tarapacá. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.