Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2828-20

Reclamante:	MARIELA PIA ASTORGA VERSELOTTI
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Huechuraba, referido a copia del sumario administrativo que se indica. Lo anterior, por cuanto el proceso consultado no se encuentra completamente concluido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/23/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6376-18 C1314-14 C969-15 C837-19 C858-10 C7-10 C411-09 C561-11
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C2828-20   Entidad pública: Municipalidad de Huechuraba Requirente: Mariela Pia Astorga Verselotti Ingreso Consejo: 27.05.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Huechuraba, referido a copia del sumario administrativo que se indica. Lo anterior, por cuanto el proceso consultado no se encuentra completamente concluido. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2828-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de abril del 2020, doña Andrea Muñoz Sims, en representación de doña Mariela Pía Astorga Verselotti, solicitó a la Municipalidad de Huechuraba, en adelante e indistintamente la Municipalidad, el expediente completo de sumario administrativo instruido por decreto alcaldicio exento N°01/2407 de 13 de septiembre del 2019 de la Municipalidad, en la que su representada tiene la calidad de denunciante, y en el cual con fecha 17 de febrero del 2020 se habría resuelto la destitución del funcionario denunciado, según decreto N°01/129/2020. Se hace presente que a la solicitud se acompañó mandato en que consta que doña Mariela Pía Astorga Verselotti confirió mandato de representación en doña Andrea Muñoz Sims, Cecilia Ortega Azocar y Paula Peña Muñoz. Asimismo, se hace presente que el expediente sumarial antes citado fue solicitado previamente a funcionarios de la municipalidad mediante presentaciones de fecha 12 de marzo y 07 de abril del año 2020. 2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 1200/232/2020, de 05 de mayo del 2020, se remitió ordinario N° 366, de 04 de mayo del mismo año, por medio del que la Municipalidad respondió a dicho requerimiento de información indicando que los actos administrativos producen sus efectos desde que se encuentran completamente tramitados, y que, tratándose de procedimientos administrativos, esto ocurre desde que se notifican al afectado. Sin embargo, para el caso de la consulta, atendida la calidad de dirigente gremial que detenta la parte interesada, el acto se entiende tramitado cuando es ratificado por la Contraloría General de la República, por aplicación del artículo 25 de la ley N°19.296. En ese orden de ideas, el dictamen 19.488, de 2013, del órgano Contralor previamente citado, ha precisado que en aquellos casos en que se aplique una medida disciplinaria expulsiva en contra de un funcionario municipal que tenga la condición de directivo de una asociación gremial, para que esta produzca efectos, no basta con la correspondiente notificación al interesado, sino que además se requiere que dicha sanción haya sido ratificada por el antedicho órgano fiscalizador, estableciéndose así un mecanismo de protección al afectado con tal determinación frente a la administración activa. En consecuencia, no procede entregar copia del sumario administrativo solicitado. 3) AMPARO: El 27 de mayo de 2020, doña Mariela Pía Astorga Verselotti dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el acceso a la información no es expedito. 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo mediante Oficio N° E9085, del 12 de junio de 2020, solicitó a la reclamante subsanar su amparo en conformidad a lo siguiente: (1°) aclarar si la infracción cometida por la Municipalidad de Huechuraba; y, (2°) remitir los antecedentes que acrediten la fecha en que le fue notificada la respuesta, para ello debe adjuntar copia del sobre que la contenía o del correo electrónico mediante el cual la recibió. Por medio de correo electrónico de 19 de junio del 2020 que remite presentación de igual fecha, doña Paula Peña, en representación de doña Mariela Pía Astorga Verselotti, subsanó las observaciones realizadas al amparo, indicando en síntesis que el amparo se fundó en la denegación a la solicitud de acceso a la información de su representada, agregando que dicha respuesta negativa, no se ajustó a ninguna causal de secreto o reserva de aquellas establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, como "tampoco existe ninguna otra norma legal que establezca como causal de secreto o reserva, aquel argumento que ha sido esgrimido por la Municipalidad de Huechuraba para denegar reiteradamente mi petición, y que consiste en que, si como resultado del sumario administrativo la municipalidad ha dispuesto la destitución del funcionario denunciado, y éste tiene la calidad de dirigente gremial, dicho decreto debe ser ratificado por la Contraloría General de la república para producir sus efectos". Mediante correo electrónico de 02 de julio del 2020, este Consejo solicitó a doña Paula Peña, complementar su subsanación del amparo, ya que no se refirió al segundo término del oficio E9085, a saber, no remitió los antecedentes que acrediten la fecha en que le fue notificada la respuesta a su representada, adjuntando para ello copia del sobre que la contenía o del correo electrónico mediante el cual la recibió. Mediante correo electrónico de 06 de julio del mismo año, doña Paula acompaño la documentación solicitada. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba , mediante Oficio N°E11559, de 21 de julio de 2020 solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) señale el estado procesal en que se encuentra el sumario solicitado; y, (4°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente. Mediante oficio N° 1201.99/2020, de 06 de agosto del 2020, la Municipalidad evacuo sus descargos señaló en síntesis se denegó el acceso a lo solicitado, por cuanto en el caso en comento, se configuraron las causales de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el articulo 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica, y las causales del articulo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación a la solicitud de acceso a la información, mediante la que se requirió copia del expediente completo de sumario administrativo instruido por decreto alcaldicio exento N°01/2407 de 13 de septiembre del 2019 de la Municipalidad, en la que la reclamante tiene la calidad de denunciante, y en el cual con fecha 17 de febrero del 2020 se habría resuelto la destitución del funcionario denunciado, según decreto N°01/129/2020. 2) Que, el órgano informó que el sumario administrativo no se encontraba totalmente tramitado, por cuanto atendida la calidad de dirigente gremial que detenta la persona en contra de quien se inició el sumario en curso, se debe hacer aplicación de lo sostenido por el articulo 25 de la ley N°19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, el que dispone en lo que interesa: "Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República" (énfasis agregado). En ese sentido, el dictamen N° 19.488, de 2013, de la Contraloría General de la República, ha sostenido que " debe hacerse presente que según lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.296, que Establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, las medidas disciplinarias de destitución que se impongan a los dirigentes de dichas organizaciones -calidad que poseía la aludida servidora al aplicarse la sanción de que se trata-, deben ser ratificadas por esta Entidad de Control, estableciéndose así, un mecanismo de protección al afectado con tal sanción frente a la Administración activa// Para los efectos anotados, en los dictámenes N°s. 54.642, de 2005, y 59.395, de 2009, de este origen, entre otros, se ha precisado que esta Contraloría General debe llevar a cabo un análisis de los aspectos legales, formales y sustanciales relativos al proceso sumarial y a la resolución que disponga la medida disciplinaria expulsiva en contra del respectivo dirigente gremial, de manera que solo una vez realizado ese estudio expresará, si fuere procedente, en el oficio aprobatorio que se emita, la ratificación del correspondiente acto; mientras que si efectuado este, no aparece justificada legalmente la medida adoptada, deberá comunicar tal decisión a través de un pronunciamiento jurídico.//Así pues, y según se desprende del criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 17.518, de 2000, de este Órgano de Fiscalización, la ratificación que contempla el precitado artículo 25 de la ley N° 19.296, es un trámite adicional previsto en relación con las actuaciones que sancionan con la destitución a un dirigente gremial, que resulta necesario para que la indicada medida produzca sus efectos, sin que, por lo tanto, la potestad disciplinaria de la Administración activa tenga eficacia jurídica mientras este no se lleve a cabo, en los términos expuestos precedentemente// De esta manera, entonces, en aquellos casos en que se aplique una medida disciplinaria expulsiva en contra de un funcionario municipal que tenga la condición de dirigente gremial, para que esta produzca sus efectos, no basta con la respectiva notificación al afectado, sino que, además, se requiere que tal sanción haya sido ratificada por este Organismo de Control, todo lo cual es independiente del trámite de registro, el que, como ya se ha expresado, no origina consecuencias jurídicas ni otorga eficacia a un acto administrativo municipal, constituyendo una mera anotación material del mismo." (énfasis agregado). En igual sentido, el dictamen N° 6.523, de 2017, de la referida entidad de control, señala "según lo dispuesto en el citado artículo 25 de la ley N° 19.296, en lo que interesa, la destitución que se imponga a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (...) debe ser ratificada por esta Entidad de Control, llevando a cabo un estudio de los aspectos legales, formales y sustanciales relativos al proceso sumarial y a la resolución que disponga la medida disciplinaria expulsiva, comunicando el resultado de dicho análisis al órgano comunal, sea que lo apruebe -a través de la ratificación de la misma-, o indicando en un pronunciamiento jurídico, las observaciones que impiden tener por justificada legalmente la desvinculación, de manera que la sanción no puede producir efectos en tanto este trámite no se verifique (aplica dictámenes N°s. 17.518, de 2000, y 19.488, de 2013)." 3) Sobre el particular cabe tener presente que, a partir de la decisión de los amparos roles Nos A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado una vez que le han formulado cargos. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, que establece el Estatuto Administrativo -establecida en los mismos términos que el inciso segundo del artículo 135 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). 4) Que, en este orden de ideas, el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que "(...) dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia", citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se afirma que "(...) el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la Ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia". 5) Que, en consecuencia, y no encontrándose completamente afinado el procedimiento consultado se rechazará el presente amparo. 6) Que, sin perjuicio de lo antes resuelto, se recomendará a la reclamada en lo resolutivo del presente acuerdo entregue copia del sumario consultado una vez que este se encuentre afinado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Mariela Pía Astorga Verselotti, en contra de la Municipalidad de Huechuraba, en virtud de que se configuro la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transaparencia en relación con el articulo 137 del Estatuto Administrativo y 135 de la ley 18.883. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Mariela Pía Astorga Verselotti, a doña Paula Romina Andrea Muñoz, a doña Andrea Natalia Muñoz Sims, a doña Cecilia Carolina Ortega Azocar y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba. III. Recomendar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba entregue copia del sumario consultado una vez que este se encuentre afinado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.