Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2834-20

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Reclamante:	PABLO SEGUEL GUTIÉRREZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Defensa, ordenándose la entrega de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional en el periodo comprendido entre 1969 y 1973. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano reclamado, fundadas en la afectación de la Seguridad del Estado y el Interés Nacional, por cuanto el órgano recurrido no acompañó suficientes elementos de juicio, antecedentes o medios de prueba que ponderar para determinar la afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Asimismo, esta Corporación estima que existe un interés público prevalente en la publicidad de los antecedentes consultados, pues éstos -en virtud de la data de dichos antecedentes- permiten la preservación de la memoria histórica de las actuaciones de entidades, como la consultada, respecto de los acontecimientos ocurridos en el periodo requerido, lo cual supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo. En adecuación del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todo aquél contenido sobre políticas, planificación y estrategias vinculadas a la Seguridad de la Nación, Defensa Nacional y la Soberanía Nacional, aquellos antecedentes concernientes a las capacidades logísticas y operativas militares, la información relativa al equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y en definitiva de aquellos materiales y elementos que configuran el potencial bélico del país, los asuntos pertinentes a la protección de la integridad del Estado, especialmente aquellos referidos a procesos judiciales y conflictos limítrofes que incumben al país, las opiniones y juicios de valor de sus integrantes que tengan la aptitud de comprometer el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales. Lo anterior, en virtud de las causales consagradas en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, y en adecuación de lo prescrito en el artículo 436° del Código de Justicia Militar. Se representa al Sr. Subsecretario de Defensa su falta de colaboración, por cuanto no facilitó el debido acceso y análisis de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Al efecto, esta Corporación hace presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar respuestas dentro de los plazos conferidos para estos efectos y no atender las medidas para mejor resolver requeridas por el Consejo Directivo constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le requiere que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3259-18 C4046-18 C5190-18 C2356-19 C81-20
Jurisprudencia a:	C6780-21
Recursos relacionados:	274-2021
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C2834-20   Entidad pública: Subsecretaría de Defensa Requirente: Pablo Seguel Gutiérrez Ingreso Consejo: 28.05.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Defensa, ordenándose la entrega de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional en el periodo comprendido entre 1969 y 1973. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano reclamado, fundadas en la afectación de la Seguridad del Estado y el Interés Nacional, por cuanto el órgano recurrido no acompañó suficientes elementos de juicio, antecedentes o medios de prueba que ponderar para determinar la afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Asimismo, esta Corporación estima que existe un interés público prevalente en la publicidad de los antecedentes consultados, pues éstos -en virtud de la data de dichos antecedentes- permiten la preservación de la memoria histórica de las actuaciones de entidades, como la consultada, respecto de los acontecimientos ocurridos en el periodo requerido, lo cual supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo. En adecuación del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todo aquél contenido sobre políticas, planificación y estrategias vinculadas a la Seguridad de la Nación, Defensa Nacional y la Soberanía Nacional, aquellos antecedentes concernientes a las capacidades logísticas y operativas militares, la información relativa al equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y en definitiva de aquellos materiales y elementos que configuran el potencial bélico del país, los asuntos pertinentes a la protección de la integridad del Estado, especialmente aquellos referidos a procesos judiciales y conflictos limítrofes que incumben al país, las opiniones y juicios de valor de sus integrantes que tengan la aptitud de comprometer el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales. Lo anterior, en virtud de las causales consagradas en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, y en adecuación de lo prescrito en el artículo 436° del Código de Justicia Militar. Se representa al Sr. Subsecretario de Defensa su falta de colaboración, por cuanto no facilitó el debido acceso y análisis de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Al efecto, esta Corporación hace presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar respuestas dentro de los plazos conferidos para estos efectos y no atender las medidas para mejor resolver requeridas por el Consejo Directivo constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le requiere que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2834-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de mayo de 2020, don Pablo Seguel Gutiérrez solicitó a la Subsecretaría de Defensa -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: «copias en PDF de las actas del Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA), realizados entre 1969 y 1973». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 25 de mayo de 2020, la Subsecretaría de Defensa respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega. Sobre lo anterior, señaló que, las Actas del Consejo Superior de Seguridad Nacional -en adelante indistintamente, CONSUSENA-, están clasificadas como documento secreto y, además con su entrega y conocimiento se afecta o se podría afectar la seguridad de la Nación, encuadrándose lo anterior dentro de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 28 de mayo de 2020, don Pablo Seguel Gutiérrez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Defensa, mediante Oficio N° E9070, de fecha 12 de junio de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación. Mediante presentación, de fecha 28 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones en los siguientes términos: a) Antecedentes. Primero, ilustró que el CONSUSENA fue creado en virtud del decreto con fuerza de ley N° 181, de 1960, de Hacienda -en adelante, indistintamente DFL N° 181-, y de conformidad a su artículo 1° su misión -hasta el año 2010- fue asesorar al Presidente de la República en materias relativas a la seguridad de la nación y el mantenimiento de su integridad territorial. Sobre lo anterior, refirió que, era presidida por el Presidente, quien fijaba su política, y estaba conformado, además, por el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Director de Fronteras y Límites del Estado, los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Acto seguido, expuso las funciones específicas del ente asesor, en conformidad del artículo 2° del citado cuerpo legal: «a) Apreciar las necesidades de la Seguridad Nacional y hacer cumplir por quienes corresponda, las medidas que haya acordado poner en ejecución el Presidente de la República, destinadas a incrementar el potencial económico defensivo del país; establecer, además, la forma cómo serán empleados, en caso de emergencia, todos los recursos de la Nación que afecten la Seguridad Nacional o la integridad territorial del país; b) Apreciar las necesidades de la Defensa Nacional y solicitar a quienes corresponda, los recursos económicos necesarios para crear y mantener el potencial indispensable de las Fuerzas Armadas; y, c) Estudiar y aprobar la documentación básica (Documentos Primarios de la Seguridad Nacional)». En el mismo sentido, hizo presente que, el reglamento N° 261, de 1960, del Ministerio de Defensa Nacional, estableció que, dentro de las tareas que debía realizar, estaba el estudio y análisis de la situación política interna e internacional del país, en particular los probables estados de emergencia e hipótesis de guerra que podían afectar al mismo, redacción de normas esenciales que debían observarse en estados de emergencia y de guerra, planes integrales a ejecutarse en contexto de paz, para incrementar el potencial general de la nación para sostener la supervivencia del país durante un conflicto, en estados de emergencia y/o guerra; áreas jurisdiccionales en que debía dividirse el país en el contexto de operaciones bélicas, y el conjunto de medidas que permitirían el paso de la nación de su estado de paz al de guerra, aprovechando y distribuyendo el potencial humano y material que debía asignarse a los cuatro campos de acción. A continuación, refirió que el DFL N° 181 y su reglamento disponen una serie de obligaciones a los Ministros integrantes, referidas a «la preparación de la defensa pasiva del país, la sólida cohesión interna, la política militar de la nación, la ejecución de las medidas referentes a la Seguridad Nacional; la ejecución de las medidas referentes a la seguridad nacional y las que incumbían a las Fuerzas Armadas; la consideración y valoración de las necesidades de las Fuerzas; las misiones que deben cumplir las Fuerzas Armadas; su conducción estratégica; asuntos relacionados con la producción y movilización industrial del país (...)», entre otras que indica . Con respecto a la normativa citada, refirió que con la entrada en vigencia de la ley N° 20.424, que fija el estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, fue derogada, y, consecuentemente, el CONSUSENA, dejó de sesionar. Sobre este punto, aclaró que el CONSUSENA no era el organismo antecesor del Consejo de Seguridad Nacional -en adelante, indistintamente COSENA-, como plantea el reclamante. Al efecto, el órgano hizo presente que, se trata de dos organismos distintos que coexistieron desde la creación del COSENA -en 1980-, hasta el año 2010, año en que se derogó el DFL N° 181, que creó CONSUSENA. b) El CONSUSENA no es un órgano de la administración del estado, por lo que no le resultan aplicables las normas de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, hizo presente que el CONSUSENA fue concebido como un ente asesor, orientador y proponente del Presidente, en materias de seguridad nacional e integridad territorial, sin que emitiera actos administrativos o resoluciones que produjeran efectos ante terceros. En el mismo sentido, señaló que, no formaba parte de los órganos de la administración del Estado referidos en el artículo 1° de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Acto seguido, citó el artículo 2° de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, puntualizó que el CONSUSENA no forma parte de los "órganos o servicios de la administración del estado", cuyo acceso a la información regula la Ley Transparencia, ni integra -por su naturaleza, origen y funciones- los "órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Al efecto, expresó que, el CONSUSENA no era un servicio público, ni tampoco un organismo autónomo constitucional y ello, por haber sido creado para prestar asesoría especializada y de carácter consultivo, sin que sesionara regularmente -sesionaba por resolución del Presidente de la República-, ni de forma continua. Asimismo, hizo presente que, tampoco cumplía funciones administrativas, porque atendida su naturaleza carecía facultades para ello y no dependía del presidente de la república, sino que era presidido por éste. En virtud de lo anterior, concluyó que, el CONSUSENA -al igual que otros entes consultivos-, sus actos no se encuentran sujetos a la Ley de Transparencia, por expresa omisión de la ley, pues no son órganos de la administración del Estado, ni un servicio público, de aquellos contenidos en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con su artículo 28°. c) El CONSUSENA no emitía actos administrativos del artículo 3° de la Ley N° 19.880, en relación al artículo 8° de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, reiteró que, el ente consultivo no elaboraba actos o resoluciones, en conformidad del artículo 5° de la Ley de Transparencia, por cuanto no era un órgano integrante de la Administración del Estado. Al respecto, indicó que la Constitución no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino sólo los actos y resoluciones de los órganos del estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sobre lo anterior, expuso, el carácter taxativo del artículo 8° de la Constitución Política de la República. En esta línea, hizo presente que, las actas consultadas no recogen actos, ni resoluciones, sino que ideas, reflexiones y recomendaciones personales e información relevante sobre la Seguridad Nacional y la preservación de la integridad territorial, las cuales no revisen el carácter de actos administrativos. Sobre este punto, expuso que el hecho de que el órgano recurrido haya heredado la custodia de ciertas actas elaboradas con presupuesto público no significa que dichas actas sean objeto de la Ley de Transparencia. En virtud de lo expuesto precedentemente, solicitó que se declare la inadmisibilidad del presente amparo y la incompetencia para resolver el mismo, por tratarse de materias que no son objeto de la Ley de Transparencia, en conformidad de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. d) La publicidad de las actas solicitadas puede comprometer la seguridad de la nación, el interés nacional y relaciones internacionales. Sobre este punto, el órgano reclamado señaló que, la publicidad de las actas del CONSUSENA, podría comprometer la seguridad de la nación, el interés nacional y las relaciones internacionales, ya que éstas abordan materias estratégicas, con respecto a la seguridad nacional y el mantenimiento de la integridad territorial, cuya divulgación podría acarrear conflicto o tenciones con terceros países, y consecuencialmente, afectar las relaciones internacionales del país. En cuanto a la afectación de la seguridad nacional, señaló que, se produce cuando se divulgan antecedentes vinculados a información o deliberaciones sobre temas limítrofes, estrategias de interés internacional, información aportada por agentes chilenos en el extranjero, y también en cuanto a las capacidades estratégicas del Estado. En este orden de ideas, refirió que, los integrantes del CONSUSENA apreciaban las necesidades de seguridad nacional, los recursos necesarios para incrementar el potencial económico defensivo del país, la forma como serán empleados todos los recursos de la nación en caso de emergencia. Agregó que, lo anterior incluía el estudio y análisis de la situación política interna e internacional que deducen probables estados de emergencia e hipótesis de guerra, y planes integrales para incrementar el potencial de la nación en estados de emergencia y guerra. Sobre el particular, contextualizó que, entre 1969 y 1973 el país experimentó una serie de situaciones que debilitaron las relaciones internacionales, particularmente de Estados que pudieren haber tenido pretensiones respecto de Chile. Al respecto, reseñó que en 1978 la situación vecinal de Chile en el campo político y estratégico era preocupante: las relaciones diplomáticas con Bolivia se habían roto; se vivía con Argentina un periodo de tensión por las diferencias limítrofes en la zona del Canal Beagle, viviendo algunos de los países vecinos un claro fortalecimiento de su material bélico. De tal manera, explicó que las cuestiones tratadas por el CONSUSENA decían directa relación con los recursos materiales y humanos de las F.F.A.A, planes extraordinarios de adquisiciones con el objeto de lograr un mínimo de seguridad, frente a las eventuales debilidades, actuaciones de terceros países y sus organismos de inteligencia, situaciones políticas y militares de otros países, prestamos negociaciones, entre otros antecedentes. Por lo anterior, expuso que, las cuestiones tratadas son antecedentes que, en el ámbito de la defensa nacional, dan cuenta de planificación y estrategia política-militar, cuya difusión podría afectar la política exterior del país, la defensa internacional de sus derechos, como asimismo la interpretación o cumplimiento de tratados internacionales, afectando, consecuencialmente, la integridad territorial. Acto seguido, indicó que si bien lo expuesto precedentemente se relaciona con las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, N° 3, N° 4 y N° 5° de la Ley de Transparencia, en relación esta última con lo dispuesto en el artículo 436° del Código de Justicia Militar, y el artículo 34° de la Ley N° 20.424, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, lo anterior se enmarca dentro del artículo 22° inciso 3° de la Ley de Transparencia, el que ha querido resguardar el carácter de secreto o reservado en forma indefinida de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar. En complementación de lo anterior hizo presente que el reglamento del referido Consejo, en su artículo 10°, inciso final, establecía que: «todo lo tratado en estas reuniones se mantendrá reserva y las actas de las sesiones tendrán el carácter de secretas». e) Deber de Reserva de los Funcionarios Públicos: Por último, el órgano reclamando, hizo presente que el artículo 61° letra h) del Estatuto Administrativo, consagra una obligación de guardar secreto, sobre los asuntos que revisten el carácter de reservados, en virtud de la ley, el reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales, como seria el caso de especie. 5) MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER: Para una mejor resolución del presente amparo, mediante Oficio N° E15798, de fecha 21 de septiembre, esta Corporación requirió al órgano recurrido lo siguiente: (1°) remita copia de las actas requeridas que obran en su poder; y (2°) precise detalladamente cómo la entrega de los documentos solicitados, en atención a la data de los mismos, afectaría la Seguridad de la Nación, el interés nacional y las relaciones internacionales. Al respecto, mediante comunicación electrónica, de fecha 22 de septiembre de 2020, el órgano recurrido acusó recibo de dicha presentación. No obstante lo anterior, no evacuó respuesta a los requerimientos formulados en este punto, como asimismo de las sucesivas comunicaciones electrónicas enviadas al efecto. En virtud de lo anterior, esta Corporación, procedió a reiterar la medida previamente singularizada, mediante Oficio N° E1592, de fecha 19 de enero de 2021, solicitándole que: (1°) remita copia de las actas requeridas que obran en su poder, las cuales serán resguardas en virtud del deber de reserva establecido en el artículo 26° de la Ley de Transparencia; (2°) en subsidio, exhiba dicha información en dependencias de esta Corporación en fecha y hora que Ud. Indique. Sobre lo anterior, mediante presentación, de fecha 28 de enero de 2021, la Subsecretaría otorgó respuesta a la presente medida, solicitando que se fije la exhibición en fecha que indica, para concurrir a sus dependencias. Acto seguido, señaló que en el caso que se estime necesario efectuar la diligencia con anterioridad, se considere la exhibición documental para el mes de marzo. A efectos de coordinar la visita proporcionó teléfonos y casillas electrónicas de 3 funcionarios. En virtud de la emergencia de salud pública que afecta al país como consecuencia del brote de Covid-19 y, atendiéndose al tiempo transcurrido desde la interposición del presente amparo, esta Corporación, mediante Oficio N° 7533, de fecha 5 de abril de 2021, solicitó a la Subsecretaría de Defensa su comparecencia telemática con el objeto de llevar a cabo la exhibición documental ordenada previamente, el día martes 20 de abril de 2021 a las 9:00 horas. Al respecto, mediante presentación -extemporánea-, de fecha 14 de abril de 2021, el órgano recurrido otorgó respuesta, solicitando la suspensión de la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, atendido las medidas actuales y el estado de la pandemia global, argumentando que por la naturaleza y clasificación de los documentos y lugar de custodia es de acceso restringido, por lo que éstos no pueden ser exhibidos por los medios solicitados al no existir modo alguno de garantizar que no se produzcan brechas de seguridad. Asimismo, esgrimió que, previo a la reunión, los asistentes deben firmar un Acuerdo de Confidencialidad. A su vez, hizo presente que, los funcionarios a quienes se les encomendó la tarea de la exhibición de actas, no se encuentran prestando servicios presenciales con el fin de evitar aumentar los contagios a nivel país y proteger su salud. Y CONSIDERANDO: 1) Que, primeramente, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, esta Corporación hace presente que el requerimiento en análisis se procederá a resolver con los antecedentes disponibles a la fecha del presente Acuerdo, considerándose la falta de colaboración -atendiendo al tiempo trascurrido- de la Subsecretaría de Defensa, a fin de permitir el debido acceso, análisis y ponderación del contenido específico de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Al efecto, esta Corporación hace presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar respuestas dentro de los plazos conferidos para estos efectos y atender las medidas para mejor resolver requeridas por el Consejo Directivo constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le requiere que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas (énfasis agregado). 2) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referentes a las actas del Consejo Superior de Seguridad Nacional, realizados entre 1969 y 1973. Al efecto, la Subsecretaría se opuso a la entrega de dicha información, argumentando que el CONSUSENA no era un órgano de la administración del Estado, ni tampoco emitía actos administrativos, en conformidad al artículo 3° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Asimismo, hizo presente que la publicidad de las actas solicitadas puede comprometer la seguridad de la nación, el interés nacional y las relaciones internacionales, hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia; y, que existe obligación de los funcionarios públicos para resguardar el secreto y reserva de las actas. 3) Que, primeramente, cabe tener presente que el Consejo Superior de Seguridad Nacional -CONSUSENA- fue un órgano, cuya misión era asesorar al Presidente de la República en todo lo que se refiere a la seguridad de la Nación y el mantenimiento de su integridad territorial. Dicho Consejo era presidido por el Presidente de la República, y conformado por las autoridades cívicas y militares consignadas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 181, de 1960, de hacienda, que creó dicho organismo. Acto seguido, cabe tener presente que dicho órgano fue derogado, en virtud del artículo 5° de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.424, que fijó el estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. 4) Que, con respecto a la alegación esgrimida por el órgano recurrido, en orden a que el CONSUSENA no era un órgano de la administración del Estado, por lo que quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, es menester tener presente que dicho Consejo -en adecuación de lo expuesto en el considerando precedentemente- fue un órgano, cuya función era asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la Seguridad de la Nación y el mantenimiento de la integridad territorial. A su vez, dicho órgano sesionaba por resolución del Presidente de la República, lo que podía ser solicitado por cualquiera de los Ministros componentes; y, el quórum mínimo para sesionar era el formado por los dos tercios de los miembros que lo componen. 5) Que, sobre este punto, cabe tener presente el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que al efecto prescribe: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" (énfasis agregado). 6) Que, conforme dicho marco normativo, se debe concluir que el CONSUSENA queda incluido dentro de la noción de Administración del Estado, pues ejercía "la función pública", ya que precisamente era un órgano consultivo, propositivo y ejecutor, encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias consignadas precedentemente, fijadas en su marco legal, todas las cuales son eminentemente públicas. 7) Que, sobre la materia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de Reclamo de Ilegalidad Rol C89-2019, de 3 de julio de 2019, razonó, sobre similar requerimiento efectuado al Consejo de Seguridad Nacional -COSENA-, relativo a la entrega de actas elaboradas por dicho órgano, lo siguiente: «el mencionado inciso primero -artículo 8° de la Constitución- ilumina, además, qué debe entenderse por "órganos del Estado" para estos efectos, por cuanto habla de "función pública", y como quedó asentado en la discusión parlamentaria relativa a la modificación de la Constitución antes referida (Historia de la Ley 20.050, Primer Informe de Comisión de Constitución, página 64 y siguientes), ella debe interpretarse en términos amplios, es decir, "cubre todas las gamas o capacidades para hacer algo que pueden conferirse a una persona, siempre que vayan más allá de las que un particular puede otorgar a otro particular"(ibid., pág. 65) y que "al aludirse a la función pública, se están tomando elementos que no necesariamente forman parte de la estructura estatal"(ibid., pág.67) (considerando 4°) (énfasis agregado). 8) Que, asimismo, este criterio ha sido refrendado por la Excelentísima Corte Suprema, en fallo de Recurso de Queja Rol N° 9.219-2017, de 29 de noviembre de 2017, que se pronunció sobre la aplicación de la Ley N° 20.285 al Consejo de Seguridad Nacional, órgano de naturaleza igualmente consultiva del Ejecutivo, estableciendo que «Séptimo: Que en cuanto al órgano competente para conocer de la denegación de acceso de la información relativo a las actas del COSENA, de acuerdo al criterio de estos sentenciadores, el Consejo para la Transparencia es el órgano competente para conocer del acceso a la información requerida (...) // Noveno: Que, si bien bajo el actual ordenamiento jurídico el COSENA es un órgano consultivo, forma parte de la Administración del Estado, lo que se produce al otorgar asesoría al Poder Ejecutivo en materias de seguridad nacional, por lo que tal carácter lo adquiere, ya sea funcional o materialmente, aunque no lo sea desde un punto de vista orgánico» (énfasis agregado). 9) Que, acto seguido, con respecto a la alegación efectuada por la Subsecretaría, en orden a que el CONSUSENA no emitía actos administrativos y resoluciones, en conformidad del artículo 3° de la Ley N° 19.880, en relación al artículo 8° de la Constitución, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas». Bajo esta lógica, lo requerido se circunscribe a las actas de las sesiones del CONSUSENA, instrumentos confeccionados por dicho Consejo en el desempeño de una función pública y elaborados con presupuesto público, los cuales obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, esto es, de la Subsecretaría de Defensa, en su rol de custodio de dichas actas. Por lo anterior, resulta plenamente aplicable en la especie, respecto de los documentos requeridos, el Principio de Publicidad establecido en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, en adecuación de lo preceptuado en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. En virtud de lo razonado precedentemente, se desestimarán las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado en este sentido. 10) Que, con respecto a las hipótesis de reserva invocadas por la Subsecretaría, esto es, las causales previstas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, es menester tener presente que, éstas permiten denegar el acceso a la información cuando su publicidad afecte la seguridad de la Nación -particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública-, o bien el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. 11) Que, este contexto, la Subsecretaría argumentó que, las actas solicitadas recogen ideas, reflexiones, recomendaciones e información relevante sobre Seguridad Nacional y la preservación de la integridad territorial, las cuales dan cuenta de la planificación y estrategia política y militar, cuya difusión puede acarrear conflictos con países vecinos, afectar la política exterior del país, la interpretación o cumplimiento de ciertos tratados, y consecuencialmente, la integridad territorial del país. Sobre este punto, precisó que, la afectación se configura cuando se divulgan deliberaciones sobre temas limítrofes, estrategias de interés internacional, información aportada por agentes chilenos en el extranjero, y también en cuanto a las capacidades estratégicas del Estado. En este orden de ideas, refirió que, los integrantes del CONSUSENA apreciaban las necesidades de seguridad nacional, los recursos necesarios para incrementar el potencial económico defensivo del país, la forma como serán empleados todos los recursos de la nación en caso de emergencia. Agregó que, lo anterior incluía el estudio y análisis de la situación política interna e internacional que deducen probables estados de emergencia e hipótesis de guerra, y planes integrales para incrementar el potencial de la nación en estados de emergencia y guerra. 12) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación a los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución y el artículo 21° de la Ley de Transparencia debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al Principio de Publicidad, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Bajo esta lógica, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Al efecto, a juicio de esta Corporación, este no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, pues la Subsecretaría no específico suficientemente -de forma concreta-, ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar -de manera específica y plausible- la forma en que la entrega de las actas consultadas afectaría la Seguridad Nacional, el interés general de la Nación y las relaciones internacionales. 13) Que, en definitiva, con ocasión de su presentación, la Subsecretaría sustentó la reserva en alegaciones genéricas, sin aportar mayores presupuestos fácticos para refrendarlas; basadas en escenarios hipotéticos e inferidos a partir de la misión institucional encomendadas por el ordenamiento jurídico, las funciones específicas del órgano consultado, y las obligaciones específicas que detentaban sus integrantes, dispuestas en el decreto con fuerza de ley que regulaba su funcionamiento y su reglamento. De esta manera, no proporcionó suficientes antecedentes que permitan establecer una relación de causalidad entre la publicidad de las actas requeridas y la afectación de la política exterior del país, la interpretación o cumplimiento de ciertos tratados, y consecuencialmente, la integridad territorial del país. En tal contexto, esta Corporación tuvo presente, adicionalmente, la antigüedad de las actas pedidas -del periodo comprendido entre los años 1969 y 1973-, por lo cual no resultan del todo plausibles las alegaciones esgrimidas por la reclamada, sin perjuicio de lo que se resolverá en el considerando 17°, en adecuación del Principio de Divisibilidad, previsto en el artículo 11° de la Ley de Transparencia. 14) Que, asimismo, este Consejo estima que existe un interés público prevalente en la publicidad de los antecedentes consultados, pues éstos -en virtud de la data de dichos antecedentes y la época consultada- permiten a la ciudadanía tomar noticia y ejercer control social respecto al rol y las actuaciones de entidades, como CONSUSENA, respecto de los acontecimientos acaecidos en el periodo consultado. En tal contexto, la develación de las actas consultadas posibilitan la preservación de la memoria histórica sobre los hechos ocurridos entre 1969 y 1973, lo cual supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo. Sobre la materia, cabe tener presente que, este Consejo con anterioridad ha ordenado la entrega de las actas confeccionadas por el Consejo de Seguridad Nacional -en adelante, indistintamente COSENA- en las decisiones Rol N° C3259-18, C4046-18 y C5190-18 y C2356-19 y C81-20, el cual cumplía funciones análogas como un ente asesor y consultivo, en materias de Seguridad Nacional del Poder Ejecutivo (énfasis agregado). 15) Que, a mayor abundamiento, esta Corporación, mediante Oficio N° 15.798, de fecha 21 de septiembre de 2020 requirió como medida para mejor resolver a la Subsecretaría -a fin de ponderar en específico las causales de reserva esgrimidas- la remisión de las actas requeridas. Asimismo, se le solicitó al órgano recurrido que precise detalladamente cómo la entrega de los documentos solicitados, en atención a la data de los mismos, afectaría la Seguridad de la Nación, el interés nacional y las relaciones internacionales. Sin embargo, la Subsecretaría no evacuó respuesta a los requerimientos formulados en este punto, como asimismo a las sucesivas comunicaciones electrónicas enviadas al efecto. Acto seguido, mediante Oficio N° E1592, de fecha 19 de enero de 2021, se reiteró a la reclamada el requerimiento de remisión de las actas peticionadas; o en su defecto, exhibir presencialmente dicha información. Luego, en virtud de la emergencia de salud pública que afecta al país como consecuencia del brote de Covid-19 y, atendiéndose al tiempo transcurrido desde la interposición del presente amparo, esta Corporación, mediante Oficio N° 7533, de fecha 5 de abril de 2021, solicitó a la Subsecretaría de Defensa su comparecencia telemática con el objeto de llevar a cabo la exhibición documental ordenada previamente. Al respecto, mediante presentación -extemporánea-, de fecha 14 de abril de 2021, el órgano recurrido otorgó respuesta, solicitando la suspensión de la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, circunstancia que evidentemente -junto con entorpecer y dilatar la resolución del presente amparo- impide a este Consejo contar con suficientes elementos de juicio, antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de las causales de reserva esgrimidas, quedando, consiguientemente, de manifiesto su falta de colaboración en el presente procedimiento de acceso. 16) Que, en mérito de lo dispuesto precedentemente; habiéndose desestimado las alegaciones del órgano reclamado, en orden a la incompetencia de esta Corporación para pronunciarse sobre el requerimiento de especie; no habiéndose aportado suficientes antecedentes o elementos de juicio, a fin de justificar las hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia; no facilitándose el debido acceso, revisión, análisis y ponderación del contenido específico de las actas pedidas, a fin de examinar la configuración de las causales de reserva esgrimidas por la Subsecretaría; y, advirtiéndose que existe un interés público prevalente en la publicidad de los antecedentes consultados, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, requerirá la entrega de la información requerida. 17) Que, sin perjuicio de lo antes resuelto, y en un afán precautorio, en aplicación del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, conforme al cual «si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda», la reclamada en forma previa a la entrega de la información, deberá tarjar todo aquél contenido sobre políticas, planificación y estrategias vinculadas a la Seguridad de la Nación, Defensa Nacional y la Soberanía Nacional, aquellos antecedentes concernientes a las capacidades logísticas y operativas militares, la información relativa al equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y en definitiva, de aquellos materiales y elementos que configuran el potencial bélico del país, los asuntos pertinentes a la protección de la integridad del Estado, especialmente aquellos referidos a procesos judiciales y conflictos limítrofes que incumben al país, las opiniones y juicios de valor de sus integrantes que tengan la aptitud de comprometer el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales. Lo anterior, en virtud de las causales consagradas en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, y en adecuación de lo prescrito en el artículo 436° del Código de Justicia Militar, en concordancia con lo previsto en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Seguel Gutiérrez, en contra de la Subsecretaría de Defensa, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Defensa, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copias en de las actas del Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA), realizados entre 1969 y 1973. En adecuación del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, conforme al cual «si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda», en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todo aquél contenido sobre políticas, planificación y estrategias vinculadas a la Seguridad de la Nación, Defensa Nacional y la Soberanía Nacional, aquellos antecedentes concernientes a las capacidades logísticas y operativas militares, la información relativa al equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y en definitiva de aquellos materiales y elementos que configuran el potencial bélico del país, los asuntos pertinentes a la protección de la integridad del Estado, especialmente aquellos referidos a procesos judiciales y conflictos limítrofes que incumben al país, las opiniones y juicios de valor de sus integrantes que tengan la aptitud de comprometer el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales. Lo anterior, en virtud de las causales consagradas en el artículo 21° N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, y en adecuación de lo prescrito en el artículo 436° del Código de Justicia Militar, en concordancia con lo previsto en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario de Defensa su falta de colaboración, por cuanto no facilitó el debido acceso y análisis de las actas elaboradas por el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Al efecto, esta Corporación hace presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar respuestas dentro de los plazos fijados para estos efectos y no atender las medidas para mejor resolver requeridas por el Consejo Directivo constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le requiere que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas. IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Seguel Gutiérrez; y, al Sr. Subsecretario de Defensa. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica al Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.