Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2848-20

Reclamante:	MAGDALENA ADVIS
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a información desagregada en los términos pedidos, sobre todos los sumarios disciplinarios cursados desde el año 2015 a la fecha de la solicitud en unidades policiales de la Región Metropolitana. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano en orden a que se trata de información que no obra en su poder, en el formato y con el nivel de detalle requerido. Asimismo, la solicitud de información tampoco puede ser satisfecha por medio la entrega de los expedientes en que se sustanciaron los procedimientos administrativos consultados, a fin de que sea la propia requirente quien extraiga los datos que sean de su interés, por configurarse respecto de los 2229 sumarios pedidos, la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, reproducción y censura -de ser ella necesaria- de los mismos. En virtud de los principios de publicidad y máxima divulgación, se remitirá a la reclamante el listado de sumarios acompañado por Carabineros de Chile en sus descargos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C2848-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Magdalena Advis Ingreso Consejo: 28.05.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a información desagregada en los términos pedidos, sobre todos los sumarios disciplinarios cursados desde el año 2015 a la fecha de la solicitud en unidades policiales de la Región Metropolitana. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano en orden a que se trata de información que no obra en su poder, en el formato y con el nivel de detalle requerido. Asimismo, la solicitud de información tampoco puede ser satisfecha por medio la entrega de los expedientes en que se sustanciaron los procedimientos administrativos consultados, a fin de que sea la propia requirente quien extraiga los datos que sean de su interés, por configurarse respecto de los 2229 sumarios pedidos, la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, reproducción y censura -de ser ella necesaria- de los mismos. En virtud de los principios de publicidad y máxima divulgación, se remitirá a la reclamante el listado de sumarios acompañado por Carabineros de Chile en sus descargos. En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2848-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de abril de 2020, doña Magdalena Advis solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información: "copia y accesos a los archivos, documentos u otros que contengan la siguiente información: Listado completo de sumarios administrativos cursados a funcionarios de la institución desde el año 2015 a la fecha, en unidades policiales de la Región Metropolitana. Adicionalmente, se requiere desagregar la información por: unidad policial, fecha de instrucción o apertura de procedimiento administrativo, grado de él o los funcionarios inculpados/o sancionadas, medida cautelar impuesta, sanción impuesta y los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario". 2) RESPUESTA: El 18 de mayo de 2020, mediante resolución exenta N° 183, Carabineros de Chile dio respuesta a dicho requerimiento indicando, en síntesis, que no tiene disponible la información pedida, en sus registros institucionales, en los términos pedidos, por tanto, su búsqueda y sistematización implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme al artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Hace presente que, conforme la información que se pudo recabar existen 2.229 sumarios administrativos en la región metropolitana, cuyo volumen van desde las 50 a las 500 páginas o más, por tanto, conforme al cálculo matemático que indica, a su juicio, depurar dicha información de manera eficiente, para luego parametrizarla en los términos en que fueron solicitados, solo respecto de 700 expedientes, implicaría dedicar un funcionario exclusivamente a dicha tarea por 14 días. 3) AMPARO: El 28 de mayo de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio E8592, de 8 de junio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 122, de 17 de junio de 2020, presentó sus descargos en esta sede, reiterando, en síntesis, que en la información reclamada fue denegada por concurrir a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Agrega, que la solicitud de información recae en más de 2.200 investigaciones de diversa naturaleza e instruidas las Fiscalías Administrativas de cada Prefectura y estamentos con potestades disciplinarias, como ocurre con los Planteles Educacionales, todos ellos de la Región Metropolitana. Luego, todos los procesos disciplinarios se tramitan en formato papel, no existiendo un registro único al pueda accederse para obtener, a lo menos, parte de la información solicitada. Así, una vez obtenida la información de todas las Fiscalías Administrativas restaría revisar más de 2.200 investigaciones para aplicar los resguardos que establece la ley N°19.628, cuyo texto conmina a proteger aquellos datos de carácter personal y los sensibles. En este contexto, es indudable, que para entregar la respuesta requerida habría necesariamente que distraer prácticamente a la totalidad del personal del cumplimiento regular de sus labores habituales, para dar satisfacción a lo solicitado por la señora Advis. De esta forma, el señalado despliegue de recursos institucionales, supera con creces el procedimiento utilizado para dar cumplimiento a las solicitudes de información pública que usualmente efectúan más de cuatro mil personas al año. Lo anterior, además se vería agravado por el estado de emergencia que atraviesa el país, que ha hecho necesario disponer que mucho del personal que realiza labores administrativas las efectúe desde sus domicilios. Ello podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, entre otras consecuencias, lo que indudablemente incidiría en la revisión de expedientes sumariales, actividad que, atendido su formato papel, debiera efectuarse de modo presencial. Con todo, el órgano acompaña un listado o nómina con los sumarios sustanciados desde el año 2015, en la región metropolitana, que consigna información sobre 2.229 sumarios, específicamente, los siguientes datos: N° Orden sumario, fecha y repartición. En cuanto a la fecha de respuesta, indica que ésta fue oportuna, toda vez que se comunicó prórroga de plazo mediante carta de fecha 05 de mayo de 2020. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado es copia de los archivos, documentos u otros, que contengan información referida a sumarios administrativos cursados desde el 2015 a la fecha, en unidades policiales de la Región Metropolitana, desagregada en los siguientes parámetros: unidad policial, fecha de instrucción o apertura de procedimiento administrativo, grado de él o los funcionarios inculpados/o sancionadas, medida cautelar impuesta, sanción impuesta y los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario. Por su parte, el órgano negó el acceso a la información pedida por no obran en su poder en la forma pedida, y por concurrir respecto de su acopio o levantamiento la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de inexistencia invocada por el órgano, cabe señalar que a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, este Consejo ha razonado que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede, no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder por no existir en el formato y con el nivel de detalle requerido. No obstante lo anterior, en virtud del principio de máxima divulgación consagrado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia y lo dispuesto en el artículo 17 del mismo cuerpo normativo, la solicitud de información en análisis podría ser satisfecha por medio de la entrega de los expedientes administrativos mediante los cuales se sustanciaron los sumarios consultados, a fin de que sea la propia requirente quien extraiga los datos que sean de su interés. En tal contexto, corresponde analizar si respecto de la búsqueda, sistematización y entregada de dichos actos administrativos resulta aplicable la causal de secreto o reserva alegada por el órgano. 4) Que, conforme con el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie. 7) Que, en efecto, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo las alegaciones del órgano resultan plausibles y suficientes para tener por configurada la causal de reserva, por cuanto Carabineros de Chile informó la divulgación de la información reclamada implica actividades de búsqueda, reproducción y censura de ser esta necesaria, respecto de 2.229 sumarios, cuyo volumen varía de 50 a 500 páginas cada uno, que obran en formato papel. Así las cosas, si hipotéticamente estimáramos que la acción de buscar, fotocopiar, tarjar datos y escanear un documento toma 3 minutos por cada uno, efectuar dichas actuaciones respecto de 2.229 sumarios de solo 50 hojas, se traducen en 619 horas hombre de trabajo, lo que distribuido en una jornada laboral de 8 horas diarias, implicaría destinar a lo menos 5 personas con dedicación exclusiva a dicha función durante aproximadamente 15 días, afectando con ello sin duda las labores y funcionamiento del órgano para satisfacer un solo requerimiento de información. 8) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo. Sin perjuicio de lo resulto, en virtud de los principios de publicidad y máxima divulgación consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, este Consejo remitirá a la reclamante, en conjunto con la notificación de este acuerdo, el listado de sumarios acompañado por Carabineros de Chile en sus descargos. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Magdalena Advis en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al General Director de Carabineros de Chile y a doña Magdalena Advis, remitiendo a esta última copia del listado de sumarios acompañado por el órgano reclamado en sus descargos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.