Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2931-20

Reclamante:	.ESTEBAN. RODRIGUEZ.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de los manuales y procedimientos consultados de AFP Hábitat. Lo anterior, al tratarse de información pública, en la medida que formó parte de un procedimiento de fiscalización en particular conforme a los antecedentes tenidos a la vista. Al respecto, el órgano alegó que la entrega de la información solicitada, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, indicando que las administradoras optarían voluntariamente por no confeccionar información como la solicitada, lo cual privaría a la Superintendencia de un elemento en procesos de fiscalización. Al respecto, dicha alegación se debe desestimar, toda vez que los riesgos de perjuicio que se indican constituyen únicamente eventuales daños remotos, cuyo curso causal no ha sido demostrado de manera alguna. Además, dicha eventualidad, resulta alejada de la realidad, por cuanto, tal como señala el órgano, información como la pedida es útil para el buen funcionamiento de las mismas, por lo que su eliminación, sólo perjudicaría a las administradoras, desmejorando sus servicios. En este orden de ideas, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, siempre los terceros interesados cuentan con la posibilidad de oponerse a la entrega de información como la solicitada, en los términos dispuestos, entre otros, en los artículos 20, 21 y 25 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, el tercero interesado, no evacuó descargos en esta sede por medio de los cuales se puedan observar otros antecedentes que impidan la entrega de lo requerido. Se rechaza el amparo respecto de los manuales y procedimientos requeridos de las demás administradoras, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dichos documentos no obran en su poder, teniendo en cuenta además, que no existe constancia de que hayan sido parte de procedimientos de fiscalización o fundamentos de actos administrativos, como sí ocurrió respecto de AFP Hábitat.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/9/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C567-09 C533-09 C907-18 C1211-12 C1542-12 C475-13 C5468-18 C3119-15 C457-10 C928-16
Jurisprudencia a:	C4002-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C2931-20   Entidad pública: Superintendencia de Pensiones. Requirente: Esteban Rodríguez. Ingreso Consejo: 02.06.2020. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de los manuales y procedimientos consultados de AFP Hábitat. Lo anterior, al tratarse de información pública, en la medida que formó parte de un procedimiento de fiscalización en particular conforme a los antecedentes tenidos a la vista. Al respecto, el órgano alegó que la entrega de la información solicitada, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, indicando que las administradoras optarían voluntariamente por no confeccionar información como la solicitada, lo cual privaría a la Superintendencia de un elemento en procesos de fiscalización. Al respecto, dicha alegación se debe desestimar, toda vez que los riesgos de perjuicio que se indican constituyen únicamente eventuales daños remotos, cuyo curso causal no ha sido demostrado de manera alguna. Además, dicha eventualidad, resulta alejada de la realidad, por cuanto, tal como señala el órgano, información como la pedida es útil para el buen funcionamiento de las mismas, por lo que su eliminación, sólo perjudicaría a las administradoras, desmejorando sus servicios. En este orden de ideas, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, siempre los terceros interesados cuentan con la posibilidad de oponerse a la entrega de información como la solicitada, en los términos dispuestos, entre otros, en los artículos 20, 21 y 25 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, el tercero interesado, no evacuó descargos en esta sede por medio de los cuales se puedan observar otros antecedentes que impidan la entrega de lo requerido. Se rechaza el amparo respecto de los manuales y procedimientos requeridos de las demás administradoras, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dichos documentos no obran en su poder, teniendo en cuenta además, que no existe constancia de que hayan sido parte de procedimientos de fiscalización o fundamentos de actos administrativos, como sí ocurrió respecto de AFP Hábitat. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2931-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2020, don Esteban Rodríguez solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: "i.- Procedimientos y manuales internos actualizados de las administradoras, utilizados para la acreditación de cotizaciones. ii.- Antecedentes completos de las ultimas 10 fiscalizaciones realizadas por esta Superintendencia relativas al mismo asunto". 2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 8945, de 13 de mayo de 2020, el órgano en síntesis, indicó que en cuanto al punto i) no cuenta con los documentos solicitados; mientras que respecto del punto ii), remitió variada información que se detalla. 3) AMPARO: El 2 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto, señaló en resumen, que: "solicito amparo para el numero (i) de mi solicitud (procedimientos y manuales de las AFP en la acreditación de cotizaciones), ello por cuanto de no contar con estos manuales, mal podría la Superintendencia haber efectuado las fiscalizaciones señaladas en los antecedentes que efectivamente me entregaron para el numeral (ii)". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E9146, de fecha 15 de junio de 2020, requiriendo que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información relativa a los procedimientos y manuales internos actualizados de las administradoras, utilizados para la acreditación de cotizaciones, obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Posteriormente, por medio de ordinario N° 11486, de 25 de junio de 2020, el órgano reiterando su respuesta, agregó en síntesis, lo siguiente: a) En cuanto a lo requerido en el punto i, cabe precisar que no se refiere a información que obre en poder de la Superintendencia, toda vez que se trata de los procedimientos y manuales internos de las administradoras, utilizados para la acreditación de las cotizaciones. b) Procedimientos o manuales como los requeridos se consultan en la medida que aporten a los objetivos establecidos en la orden fiscalización respectiva, sin mantener la Superintendencia copia de ellos. Lo anterior, de manera alguna impide el cumplimiento de las facultades fiscalizadoras contenidas en el articulado del decreto ley N° 3.500 de 1980 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. c) Normativamente las AFP no están obligadas a confeccionar manuales que consistan en lo consultado y tampoco es requerido que ellos sean remitidos como información continua al Servicio. d) En el evento improbable que el Consejo ordene a esta Superintendencia entregar dichos antecedentes, necesariamente ello significa que la obligaría a ejercer sus facultades de fiscalización, ya que de otra forma no pueden ser obtenidos. En dicho contexto, se generaría la situación de que la Superintendencia va a tener en su poder documentos que pueden afectar derechos de terceros, pero respecto de los cuales no se va a poder notificar del derecho que les asiste, ya que la oportunidad procesal para ejercer el derecho del artículo 20 de la Ley de Transparencia, no opera en la etapa de cumplimiento de la decisión de amparo. Además, no es posible hacer un análisis de afectación de derechos, si no se tiene conocimiento de dichos documentos. e) En consecuencia, no constituyendo documentos públicos los procedimientos y manuales internos de las administradoras utilizados para la acreditación de las cotizaciones y, además, no encontrándose en poder de esta Superintendencia, conforme a lo antes expuesto, no corresponde que se requiera su entrega bajo el contenido normativo de la ley N° 20.285. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a las administradoras de fondo de pensiones, mediante oficios N° E11538 a E11544, todos de 20 de julio de 2020. Al respecto, sólo evacuaron traslado AFP Modelo, Cuprum, y PlanVital, quienes señalaron en resumen, que lo pedido es información privada, la cual contiene documentación sensible y material cuya publicidad, afectaría la esfera de sus derechos de carácter comercial y económico, así como su gestión interna y sus estrategias. La información requerida ha sido desarrollada exclusivamente por las administradoras, sin que haya mediado ningún funcionario público. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 25 de agosto de 2020, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano remitir las fiscalizaciones enviadas al requirente en su respuesta, lo cual fue cumplido por el servicio, el día 27 de agosto del año en curso. 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (MPMR): Mediante oficio N° 15800, de 21 de septiembre de 2020, este Consejo consultó al órgano reclamado si cuenta con facultades compulsivas para exigir la entrega de manuales como los consultados, o bien, si su envío se realiza de parte de los fiscalizados en forma voluntaria; y si en caso de ser voluntaria su remisión, precisar cómo su entrega podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos de la causal genérica de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. Al respecto, el servicio por medio de ordinario N° 19.590, de 28 de septiembre de 2020, indicó en síntesis, lo que sigue: a) No se encuentra definido ni en el D.L. N° 3.500 de 1980, ni en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que las Administradoras de Fondos de Pensiones tengan la obligación de confeccionar "manuales internos para la acreditación de cotizaciones". Conforme con lo señalado, la Superintendencia de manera alguna puede tener definido como criterio general de fiscalización, la exigencia para alguna Administradora que elabore, tenga y entregue dichos instrumentos. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de situaciones específicas de fiscalización, si existiesen los manuales confeccionados de mutuo proprio por la AFP, puedan ser solicitados como un elemento más dentro del proceso. Teniendo presente lo anterior, se reitera que esta Superintendencia no cuenta con los mencionados manuales, no existiendo obligación normativa alguna de exigirlos a las AFP. b) Pretenderse hacer exigible para las Administradoras la entrega de documentos internos- cuando la normativa no contempla tal exigencia-, produciría un efecto de desincentivo para las AFP, que optarían voluntariamente por no confeccionarlos, lo cual privaría a la Superintendencia de un elemento específico en procesos de fiscalización, así como de control formal interno dentro de las Administradoras, que facilitan la descripción de procesos y responsabilidades, configurándose al efecto la causal genérica de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, de la Ley N° 20.285. Respecto al efecto, su resultado es el efecto negativo de incitar la existencia de instrucciones o procesos desformalizados, útiles para el buen funcionamiento de las mismas, para la comprensión de sus procesos y responsabilidades, lo que daría como resultado, la imposibilidad de ser requeridos o examinados por esta Superintendencia. Del mismo modo, se debe tener en consideración que los procesos de fiscalización no solamente consisten en la solicitud de un antecedente, sino que también en la inspección física de los documentos sin la necesidad de la obtención de una copia de los mismos, lo cual constituye una herramienta válida de obtención de información y que precisamente corresponde la facultad contenida en la letra h) del D.F.L. N° 101 de 1980, ley orgánica de esta Superintendencia. c) Al respecto el Consejo para la Transparencia en su Decisión de Amparo Rol C907-18, de fecha 9 de marzo de 2018- aplicando en criterio contenido en las decisiones Roles C567-09, C1211-12, C1542-12, C475-13, C3119-15 y C928-16-, rechazó un amparo deducido en contra de la Fiscalía Nacional Económica sobre la base de la aplicación de la singularizada causal de reserva, por cuanto: "...la entrega de la información relativa a si el órgano requerido lleva actualmente una investigación en contra de la empresa consultada, así como la copia de las comunicaciones de esa empresa obtenidas en la investigación y del expediente investigativo - en el evento de obra en poder de la reclamada- conlleva un riesgo para el debido cumplimiento de las funciones de dicha entidad al dificultar la obtención pesquisas y pruebas, dar a conocer su línea investigativa, e inhibir que los sujetos requeridos proporcionen la mayor cantidad de antecedentes posibles durante la investigación y de este modo se podría ver mellado el fin que ésta intenta conseguir y que es determinar los hechos que pueden constituir atentados contra la libre competencia y la fiscalización de los mercados". Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver, cabe tener presente que en el compendio de normas del sistema de pensiones, en su Libro I, Título III, letra A, Capítulo II, sobre definiciones preliminares, se describe a los "movimientos" como: "toda operación o ajuste que se registre en una cuenta personal. Los movimientos representativos de egresos se denominan cargos y los movimientos representativos de ingresos se denominan abonos o acreditaciones". Luego, en el Capítulo VI, siguiente, sobre "Actualización", se regula la forma en que se deben realizar las acreditaciones de las distintas cotizaciones y trabajadores. 2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de procedimientos y manuales internos actualizados de las administradoras, utilizados para la acreditación de cotizaciones. 3) Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, sostuvo en su respuesta y descargos, que lo solicitado no obraba en su poder, toda vez que normativamente las AFP no están obligadas a confeccionar manuales que consistan en lo consultado y tampoco es requerido que sean remitidos como información continua al Servicio. Por otro lado, el requirente señaló que el órgano de no contar con estos manuales, mal podría haber efectuado las fiscalizaciones solicitadas en el punto ii del requerimiento, y que fueron entregadas. 4) Que, para ponderar ambas alegaciones, este Consejo tuvo a la vista las fiscalizaciones que la Superintendencia remitió al requirente en su oportunidad, respecto de las cuales, cabe precisar, que en su mayoría no tuvieron por objeto fiscalizar ni dieron por existente los manuales o procedimientos actualizados de acreditación de cotizaciones consultados, sino que en ellos se analizaron diversas actuaciones de las administradoras, tales como regularización de acreditaciones, verificación que las administradoras hayan realizado determinadas acreditaciones de acuerdo a la normativa, solicitudes de corrección de ciertas acreditaciones de afiliados, etc. Sin embargo, se debe aclarar que en una fiscalización en particular (Código: 2018.06.11-934-control-dso-habitat-afiliados independientes), realizada a AFP Hábitat, uno de los resultados que arrojó dicho procedimiento fue que: "Producto de la fiscalización en terreno, recopilación de información y análisis de datos se debe indicar los siguiente: b) La AFP posee manuales de procedimientos actualizados correspondiente al proceso de recepción y acreditación de los montos transferidos por la TGR, por concepto de afiliados independientes que adeudaban cotizaciones previsionales". Lo anterior es coherente con lo sostenido por el órgano quien señaló que a pesar de no existir obligación de parte las AFP de mantener y enviar manuales como los requeridos a la Superintendencia, estos "se consultan en la medida que aporten a los objetivos establecidos en la orden fiscalización respectiva" . 5) Que, como se advierte, los referidos manuales de AFP Hábitat formaron parte de un procedimiento de fiscalización realizada por la Superintendencia, vale decir, constituyeron antecedentes que el órgano tuvo a la vista al momento de realizar la fiscalización en terreno, de lo cual se sigue que dichos antecedentes constituyen información pública. En efecto, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Refuerza lo anterior, el hecho que el mismo informe de fiscalización expresa en su parte final, en el ítem sobre "Observaciones y Recomendaciones", que: "Dado los resultados de la fiscalización, no se emite oficio a la Administradora". Aquello se traduce en que el manual analizado por el órgano, no sólo fue parte del procedimiento de fiscalización, sino además, fue uno de los fundamentos de la decisión del servicio en orden a no emitir oficio alguno respecto de AFP Hábitat. En todo caso, lo anterior es sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie. 6) Que, el órgano alegó que la entrega de la información solicitada, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos de la causal genérica de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, indicando en síntesis, que las administradoras optarían voluntariamente por no confeccionar información como la solicitada, lo cual privaría a la Superintendencia de un elemento en procesos de fiscalización. Al respecto, dicha alegación debe desestimase, toda vez que la afectación que se describe en esta norma no resulta aplicable en la especie, por cuanto los riesgos de perjuicio que se indican constituyen únicamente eventuales daños remotos, cuyo curso causal no ha sido demostrado de manera alguna. Además, dicha eventualidad, resulta alejada de la realidad, por cuanto, tal como señala el órgano, información como la pedida es útil para el buen funcionamiento de las mismas, por lo que su eliminación, sólo perjudicaría a las administradoras, desmejorando sus servicios. En este orden de ideas, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, siempre los terceros interesados cuentan con la posibilidad de oponerse a la entrega de información como la solicitada, en los términos dispuestos, entre otros, en los artículos 20, 21 y 25 de la Ley de Transparencia. 7) Que, por otra parte, si bien las administradoras no tienen la obligación de contar con información como la solicitada, en caso de tenerla y de ser requerida en un proceso de fiscalización de parte de la Superintendencia, aquellas tienen la obligación de facilitarlas, contando el órgano con medios compulsivos para obtener su entrega. En efecto, el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el estatuto orgánico de la Superintendencia, su organización y atribuciones, dispone en su artículo 3°, letras b) y h), que corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: "Fiscalizar las actuaciones de las Administradoras en sus aspectos jurídicos, administrativos y financieros (...)": y "Disponer el examen de los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y demás bienes físicos, pertenecientes a los entes fiscalizados". A su turno, el artículo 17 del mismo decreto, establece que: "Las Administradoras de Fondos Pensiones que incurrieran en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una o más de las siguientes sanciones: 1.- Censura; 2.- Multa a beneficio fiscal, hasta por un monto no superior a 15.000 unidades de fomento, en su equivalente en moneda nacional o hasta por el 30% del valor total de las operaciones irregulares o de los actos o contratos que hayan sido ejecutados en infracción de ley, de reglamentos o de instrucciones de la Superintendencia, en su caso; 3.- Revocación de autorización de existencia de la Administradora. La aplicación de esta sanción procederá en casos de infracción grave de ley; en aquellos casos en que la ley expresamente lo disponga, y cuando la Administradora hubiere sido sancionada reiteradamente por haber incurrido en una o más de las conductas u omisiones señaladas en el artículo 154 del decreto ley N° 3.500, de 1980". 8) Que, respecto de las decisiones citadas por el órgano, dicha alegación también cabe desestimarse, no sólo porque la Fiscalía Nacional Económica tiene distintas facultades compulsivas, objetivos, funciones y procedimientos diferentes, sino también porque el criterio señalado en las decisiones citadas por el servicio ha sido reconsiderado por este Consejo, en la decisión de amparo Rol C5468-18, de 10 de septiembre de 2019, ordenando la entrega de la información respectiva. En tal sentido, se indicó que: "la FNE cuenta con las facultades necesarias para obtener el envío de la información solicitada, siendo irrelevante el desincentivo que podría generarse en los potenciales investigados o terceros requeridos, en la medida que cualquiera que sea el ánimo de aquéllos en cuanto a la cooperación con el órgano fiscalizador, en definitiva la FNE cuenta con los medios para obtener los antecedentes necesarios en el ejercicio de su función investigativa. En tal sentido, el carácter voluntario en la entrega de información por parte de investigados en una investigación formalizada como ocurre en la especie, se desvirtúa atendida las facultades del órgano, no pudiendo en consecuencia, en este caso concreto, configurarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía". 9) Que, a su turno, este Consejo habiendo notificado a AFP Hábitat, a la fecha de la presente decisión, no consta que dicha administradora haya evacuado sus observaciones y descargos en esta sede. En consecuencia, al constituir los referidos manuales, información pública, respecto de los cuales no se alegó por el tercero interesado causal de reserva alguna, es que este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de los manuales de AFP Hábitat, de procedimientos actualizados correspondiente al proceso de acreditación de los montos transferidos por la TGR, por concepto de afiliados independientes que adeudaban cotizaciones previsionales. Asimismo, en cumplimiento de lo anterior, se debe tener presente que según el criterio sostenido por este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C457-10, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, en virtud de sus facultades fiscalizadoras. Así, tras el análisis de los antecedentes, especialmente, por el hecho de haber sido lo pedido parte de un procedimiento de fiscalización concreto realizado por la Superintendencia de Pensiones, se concluye que aun cuando la reclamada ha señalado que la información requerida no obra en su poder, atendidas las específicas facultades de supervigilancia y control que le competen respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aquella debe obrar dentro de la esfera de control de la Superintendencia, en atención a que los manuales consultados respecto de AFP Hábitat, fueron parte de una fiscalización en terreno, habiéndose dejado constancia que dicha información fue tenida a la vista en dicho procedimiento. En consecuencia, en el evento de que lo requerido no obre físicamente en poder del órgano reclamado, el servicio deberá requerirlo a AFP Hábitat, en uso de sus facultades fiscalizadoras sobre la materia y proporcionarlo, atendido que los manuales en comento, en el caso de la referida administradora, fueron parte de un procedimiento de fiscalización en particular. 10) Que, finalmente, debido a que respecto del resto de las administradoras, no existe constancia que los manuales y procedimientos consultados obren en poder del órgano y que a su vez, hayan sido parte de procedimientos de fiscalización o fundamentos de actos administrativos, es que resulta plausible la alegación del órgano en orden a no contar con dicha información. Al respecto, se debe seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede, no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información pedida respecto de las demás administradoras, razón por la cual, el amparo en esta parte será rechazado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Esteban Rodríguez en contra de la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, que: a) Entregue al solicitante, respecto de AFP Hábitat, copia de sus manuales de procedimientos actualizados, correspondiente al proceso de acreditación de los montos transferidos por la Tesorería General de la República, por concepto de afiliados independientes que adeudaban cotizaciones previsionales, que formaron parte del procedimiento de fiscalización "código: 2018.06.11-934-control-dso-habitat-afiliados independientes". En el evento de que lo requerido no obre físicamente en poder del órgano reclamado, el servicio deberá requerirlo a AFP Hábitat, en uso de sus facultades fiscalizadoras sobre la materia, atendido que los manuales en comento, en el caso de la referida administradora, fueron parte de un procedimiento de fiscalización en particular. Para lo anterior, en forma previa a la entrega, se deberán tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de los manuales y procedimientos consultados, respecto de las AFP, con excepción de AFP Hábitat, al no existir constancia que obren en poder del órgano y que a su vez, hayan sido parte de procedimientos de fiscalización o fundamentos de actos administrativos. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Esteban Rodríguez, al Sr. Superintendente de Pensiones y a los terceros interesados en este amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.