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DECISIÓN AMPARO ROL C2995-20</p>
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Entidad pública: Instituto de Salud Pública de Chile</p>
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Requirente: Alexandra Moraga Grandon</p>
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Ingreso Consejo: 03.06.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, y se ordena la entrega de "la base de datos de los pcr realizados para la detección del covid19, desde enero 2020 al 17 de abril 2020. Toda la información requerida es sin datos sensibles del paciente -no requiere nombre, Run., ningún dato sensible del paciente-. La información debe contener por lo menos: edad, género, nacionalidad, comuna de residencia del paciente, institución de donde fue enviada la muestra, fecha de confirmación, fecha de notificación y resultado - positivo o negativo-". Se desestimó la causal de reserva alegada por el reclamante, del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2995-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2020, doña Alexandra Moraga Grandon solicitó al Instituto de Salud Pública de Chile "la base de datos de los pcr realizados para la detección del covid19, desde enero 2020 hasta la última fecha que tengan disponible al momento de gestionar este informe -que al ser una pandemia que varía diariamente es útil toda información-. De lo contrario si es necesario establecer una fecha de fin que sea el 17 de abril 2020 Toda la información requerida es sin datos sensibles del paciente -no requiere nombre, Run., ningún dato sensible del paciente-. La información debe contener por lo menos: edad, género, nacionalidad, comuna de residencia del paciente, institución de donde fue enviada la muestra, fecha de confirmación, fecha de notificación y resultado - positivo o negativo-".</p>
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2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 27 de abril del 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) RESPUESTA: Mediante oficio de 29 de mayo del 2020, el Instituto de Salud Pública de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que "en conformidad a lo dispuesto en el Oficio N° 252 del Consejo para la Transparencia del 20 de marzo de 2020, se ha estimado necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a solicitud en 90 días hábiles, a partir del 02 de junio de 2020. Lo anterior, ya que la confección de la información que usted requiere implica distraer a los funcionarios del Departamento de Laboratorio Biomédico, de aquellas labores relacionadas con el diagnóstico de la enfermedad, lo que perjudicaría la tarea encomendada al Instituto de Salud Pública en la contención de esta pandemia".</p>
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4) AMPARO: El 3 de junio de 2020, doña Alexandra Moraga Grandon dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en su disconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente que: "con fecha 2 de junio (más de un mes de haber realizado la solicitud) he recibido respuesta del ISP indicando una prórroga de "90 días hábiles, a partir del 02 de junio de 2020" Debido a lo cual estoy generando este amparo, ya que es un tiempo excesivo para la entrega de la información y va en contra de velar por una transparencia activa de la información. La información que solicito es una base de datos sin información sensible del paciente, base que el ISP debe tener disponible, ya que son parte de las cifras que se reportan diariamente en televisión por parte del gobierno. Lo que estoy solicitando es dicha base de datos con la eliminación de las columnas con datos sensibles del paciente, lo cual para generarla no debe tomar un tiempo excesivo, contrario que indica el ISP ("Lo anterior, ya que la confección de la información que usted requiere implica distraer a los funcionarios del Departamento de Laboratorio Biomédico"). Favor solicito me puedan ayudar a obtener esta información y como indica parte de mi solicitud "Desde enero 2020 hasta la última fecha que tengan disponible al momento de gestionar este informe", ya que debido al tiempo y demora en la respuesta del ISP la información al 17 de abril 2020 se encontrará muy desactualizada".</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Instituto de Salud Pública de Chile , mediante oficio N° E9406 de 19 de junio de 2020 solicitante que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) de no haber dado respuesta, señale si es posible dar respuesta en un término menor a 90 días hábiles;(4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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Mediante oficio ordinario N° 1221, de 3 de julio de 2020, el órgano evacuo sus descargos señalando:</p>
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i. Reiterando que con fecha 29 de mayo 2020, en conformidad a lo dispuesto en el oficio N° 252 de este Consejo, comunico al reclamante la necesidad de ampliar el plazo de respuesta en 90 días hábiles a partir del 02 de junio del mismo año.</p>
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ii. Añadiendo luego que, la respuesta no pudo ser evacuada en el plazo original, encontrándose pendiente el plazo para otorgar la misma de acuerdo con lo señalado anteriormente, el cual fue conferido en virtud del Estado Constitucional de Catástrofe por motivos de salud pública, el que ha afectado especialmente la labor de la reclamada, que por medio de su Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, es el laboratorio nacional de referencia en el ámbito de laboratorios clínicos conforme el articulo 57 del dfl N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud.</p>
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iii. En cuanto al procedimiento de amparo del asunto, menester es señalar que, si bien el Instituto es el laboratorio nacional de referencia, y realiza en esa función, el diagnostico del Covid-19, entre otras relacionadas con la alerta sanitaria, a la fecha solo se realiza un porcentaje de los exámenes que se ejecutan en el país (10 % aprox.), de esta manera debe expresarse que el análisis estadístico y epidemiológico de los exámenes que se realizan en el Instituto de Salud Publica recaen en el Ministerio de Salud. En ese sentido acceder a la entrega de la información de forma inmediata implicaría destinar profesionales del Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, en un momento álgido de la pandemia, a recopilar y procesar la misma, de manera de crear un documento exclusivamente para dar respuesta a este requerimiento, conllevaría a distraer a dicho personal de las funciones que en la actualidad ejecutan y que consisten en la confirmación de diagnostico de Covid-19, provocando una disminución en el número de exámenes diarios que este Instituto es capaz de informar, con las consecuencias que aquello puede acarrear no solo a los pacientes, sino que a toda la población.</p>
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iv. Finalmente, el órgano hizo presente que, casi la totalidad de los profesionales, técnicos y administrativos que se desempeñan en el departamento antedicho, han sido destinados a labores relacionadas con el Covid-19, manteniéndose solo algunos en tareas especificas que no pueden descuidarse por la situación sanitaria que enfrentamos. Por tanto, en el contexto de emergencia sanitaria que hoy nos convoca y dada la especial función que se ha confiado a esta Institución, estimamos que por ahora no resulta factible distraer la atención del personal que se desempeña en labores criticas como las antes señaladas para generar información adicional a la requerida por la autoridad de salud, razón que motivó el aplazamiento conforme al oficio N° 252 citado previamente.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, esta Corporación advierte luego de la revisión de los antecedentes que conforman el procedimiento, que el tenor del amparo excede la órbita de la solicitud de acceso a la información, en cuanto requiere que se expanda la información pedida a la fecha más actualizada posible con el desglose solicitado. En consecuencia, el análisis que a continuación se desarrollará se circunscribirá única y exclusivamente a lo pedido con ocasión del requerimiento de información.</p>
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2) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada por medio del requerimiento de información, por medio del cual se solicitó la base de datos de los PCR realizados para la detección del Covid-19, en el periodo comprendido entre enero y el 17 de abril del 2020.</p>
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3) Que, sin perjuicio de que el órgano con ocasión de su respuesta dio cumplimiento formalmente a lo señalado en el oficio N° 252 de este Consejo, en el sentido de comunicar a la reclamante un nuevo plazo para informar, no obstante aquello, no dio cumplimiento al referido oficio sustancialmente por cuanto no otorgó antecedentes suficientes para fundamentar la concesión de una prorroga de 90 días hábiles a partir del día 02 de junio del 2020, periodo de tiempo que este Consejo estima desproporcionado considerando que lo requerido corresponde a información que el órgano emitió entre los meses de enero y abril del año 2020 - periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente-.</p>
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4) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".</p>
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5) Que, en el contexto de pandemia global calificado por la OMS, con fecha 11 de marzo del presente año, con ocasión del brote del así denominado Coronavirus, este Consejo dictó el oficio N° 211, de 17 de marzo de 2020, que "Formula recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en materia del tratamiento de información por antecedentes vinculados a la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 o coronavirus" en virtud del cual, esta Corporación señaló que "resulta fundamental adoptar medidas dirigidas a informar a la población". Lo anterior, "con el fin de avanzar en mayores niveles de transparencia y publicidad, como también de otorgar una adecuada protección de los datos personales y/ o sensibles que deben ser tratados en todo aquello relacionado con la enfermedad infecciosa COVID-19". En ese contexto, en el mencionado oficio, se recomienda a los órganos de la administración del Estado, entre otras cosas, "N. 5 Disponibilizar la información, de manera oportuna, y en un lenguaje claro y comprensible por la ciudadanía, procurando evitar la utilización de expresiones y explicaciones con alto contenido técnico, de manera que cualquier persona pueda entender fácilmente la información que se entrega"(énfasis agregado), por lo que entregar información diferente a la requerida o denegar el acceso a lo solicitado alegando la concurrencia de alguna causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia cuando no exista fundamento legal ni fáctico sobre el que pueda erigirse, se opone a la recomendación antes citada y al espíritu del oficio en comento.</p>
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6) Que, sin perjuicio de que lo requerido es información estadística, y atendido que para acceder a lo solicitado eventualmente se deba tener acceso a bases de datos con información personal o sensible, se hace presente al órgano, que en el oficio N° 211 de este Consejo, a propósito de las recomendaciones en materias de protección de datos personales, en su numeral 7, literal d) se dispone: "7. (...) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.628 y teniendo presente las Recomendaciones de este Consejo sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, publicadas en el Diario Oficial con fecha 14 de septiembre de 2011, se recomienda a los órganos de la Administración del Estado tener en consideración las siguientes directrices: d) En las operaciones de procesamiento de bases de datos personales se adopten todas las medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de dichos registros, con el objetivo de evitar la alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado de los mismos. Para ello, los organismos públicos deben aplicar diversos niveles de seguridad, atendiendo al tipo o categoría del dato almacenado. Así, tratándose de los datos sensibles, deberán adoptarse niveles de seguridad más altos que respecto de aquellos que no poseen dicha calidad."(énfasis agregado).</p>
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7) Que, conforme a lo señalado por el órgano con ocasión de sus descargos, este Consejo colige que aquel quiso alegar la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, fundándola esencialmente en que producto del brote de COVID-19, la mayoría de los funcionarios que laboran en dicha institución se encuentran abocados precisamente a materias que tienen que ver con dicha pandemia, manteniéndose sólo algunos en labores específicas que no pueden descuidarse por la situación sanitaria actual.</p>
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8) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.</p>
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9) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".</p>
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10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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11) Que, en consecuencia y analizando las alegaciones del órgano, se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues si bien esta Corporación comprende la dificultad que presenta atender un requerimiento que implique destinar a personal que desempeña labores relacionadas con el COVID-19 precisamente en tiempos de pandemia, como sería dar respuesta a la solicitud en análisis, también entiende, que atender la solicitud en análisis no importaría un esfuerzo desproporcionado para aquel, atendida la magnitud y formato de la información pedida. Asimismo, no se debe olvidar que por cada solicitud de información se cuenta con 20 días hábiles, más 10 días hábiles de prórroga, de resultar necesarios. En mérito de lo expuesto, se desechará la causal de reserva antes señalada y en consecuencia se acogerá el presente amparo.</p>
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12) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Alexandra Moraga Grandon, en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Directora del Instituto de Salud Pública de Chile, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante la información estadística consultada, esto es, "la base de datos de los pcr realizados para la detección del covid19, desde enero 2020 al 17 de abril 2020. Toda la información requerida es sin datos sensibles del paciente -no requiere nombre, Run., ningún dato sensible del paciente-. La información debe contener por lo menos: edad, género, nacionalidad, comuna de residencia del paciente, institución de donde fue enviada la muestra, fecha de confirmación, fecha de notificación y resultado - positivo o negativo-". Se hace presente a la requerida que en forma previa a la entrega de la referida información deberá tarjar todo dato que permita identificar a los pacientes. Ello, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Alexandra Moraga Grandon y a la Sra. Directora del Instituto de Salud Pública de Chile</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>