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<strong>DECISIÓN AMPARO Nº A41-09 </strong></p>
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Entidad pública: Dirección del Trabajo</p>
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Requirente: Matías Montenegro Cooper</p>
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Ingreso Consejo: 01.06.2009</p>
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En sesión ordinaria N° 65 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de julio de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A41-09, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.</p>
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VISTOS:</h3>
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El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales; el D.F.L. N° 1/2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) Solicitud de Acceso: Que el 27 de abril de 2009 don Matías Montenegro Cooper solicitó a la Dirección del Trabajo copia de las “resoluciones de multas realizadas por infracción al artículo 2 del Código del trabajo (referido a discriminación laboral) de los años 2008, 2007 y 2006”.</p>
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2) Respuesta: Que dicha solicitud fue respondida dentro de plazo por doña Patricia Silva Meléndez, Directora Nacional del Trabajo, mediante ordinario N° 2022 de fecha 26 de mayo de 2009, en que:</p>
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a. Señala que "la herramienta informática para extraer regularmente esta información no permite conocer el detalle de lo solicitado, sino que el total de multas para lo mencionado en vuestra solicitud".</p>
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b. Informa el total de multas por infracción al artículo 2° del Código del Trabajo, por año:</p>
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- Año 2006 = 34</p>
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- Año 2007 = 29</p>
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- Año 2008 = 17</p>
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3) Amparo: Que contra esta respuesta don Matías Montenegro Cooper presentó un amparo el 1° de junio de 2009 ante el Consejo para la Transparencia, argumentando que se le habría entregado información que no correspondería a la solicitada, y señala además:</p>
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a. Que “no se ajusta a la verdad” que el sistema informático sólo permita entregarle el total de multas por año y no el detalle de la información solicitada.</p>
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b. Que contactados funcionarios de la Dirección del Trabajo, le señalaron que se pueden extraer las resoluciones de multas cursadas a partir de un artículo determinado, detallando las empresas sancionadas, la fecha de la multa y la fecha en que ésta se pagó.</p>
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c. Que, concluye, se estaría intentando entregar sólo parte de la información, sin justificar esta limitación de acuerdo a las causales legales permitidas.</p>
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4) Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 55, de 2 de junio de 2009, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 125, de 8 de junio de 2009, a la Dirección Nacional del Trabajo, la que respondió fuera de plazo mediante Ordinario N° 2639, de 2 de julio de 2009, planteando que:</p>
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a. Tiene un sistema informático a disposición de sus departamentos para gestionar la actividad operativa del Servicio.</p>
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b. La información solicitada por el reclamante se encuentra alojada en la Base de Datos de Fiscalización, que es desde donde se nutre el sistema informático Cubos OLAP, la que no se encuentra a disposición de los departamentos del servicio, por lo que cualquier información que se requiera de ella, hace necesario solicitar un procesamiento especial y un posterior tratamiento de la información arrojada.</p>
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c. Lo anterior significa que la herramienta informática que regularmente es utilizada por el Servicio para la extracción de información no permite conocer en detalle lo solicitado, a no ser que se distraiga a los funcionarios de su labor regular para dar respuesta a lo requerido.</p>
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d. Señala que, efectivamente, como indicó el reclamante existe una aplicación denominada MULTAS, desde la cual es posible buscar multas por números de resoluciones de multas, por RUT o por Razón Social de la empresa sancionada, pero no por artículo infringido, como se le habría informado.</p>
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e. Para conocer en detalle cada una de las resoluciones de multa por un artículo determinado desde dicho sistema se debe, en primer lugar, conocer aquellas comisiones de fiscalización que cumplen con la condición de haber sancionado por el artículo requerido, en este caso el artículo 2° del Código del Trabajo y que corresponden a los códigos infraccionales 1001 a 1002 del sistema interno del Servicio.</p>
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f. Para determinar las comisiones o fiscalizaciones que terminaron en multa (o resolución de multa), producto de transgresiones al artículo 2° del Código del Trabajo, se debe filtrar y cruzar información desde la herramienta informática Cubos OLAP, la que fue entregada al Sr. Montenegro.</p>
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g. Conocidas las fiscalizaciones que cumplen con la condición anterior, se debe extraer el número de cada una de las comisiones de fiscalización mencionadas, procediendo como señala en su traslado, acompañando, anexos de copias del sistema informático y la forma en que debe hacerse.</p>
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h. Indica, por último que, en virtud de lo anterior las implicancias en términos de funcionamiento de la Institución son muy significativas, debido a que el trabajo de detectar las resoluciones de multas en relación a determinadas materias conlleva destinar jornadas laborales completas de funcionarios(as) a estas tareas y como consiguiente, abandonar las labores habituales que cumplen en sus distintas dependencias.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el presente amparo se refiere a información indubitablemente pública, en los términos del artículo 5° de la Ley de Transparencia y que puede ser obtenida del órgano requerido a través de su sistema informático de gestión.</p>
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2) Que según el órgano reclamado el requerimiento de información realizado por el solicitante tendría implicancias significativas en términos de funcionamiento de la Institución, debido a que “el trabajo de detectar las resoluciones de multas en relación a determinadas materias infraccionadas, conlleva destinar jornadas laborales completas de funcionarios(as) a estas tareas y como consiguiente, abandonar las labores habituales que cumplen en sus distintas dependencias”.</p>
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3) Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Transparencia, se supone que la satisfacción del requerimiento debe exigirles a los funcionarios del servicio requerido “la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales” (art. 7° N°1 c). Si bien la Dirección del Trabajo ha explicado el proceso de obtención de la información requerida, acompañando copias de las imágenes del sistema informático, no pueden considerarse como prueba suficiente para que la Dirección pueda eximirse de su obligación legal de entregar la información en los términos requeridos. En efecto, como ha señalado este Consejo en su Decisión A39-09 no basta con la simple alegación de configurarse una causal de reserva, sino que ésta debe probarse por quien la alega debido a que de esta circunstancia dependerá la extinción del deber de entregar la información. En este caso debe considerarse, además, que el número de actos comunicados por el mismo órgano reclamado (80 en total) no parece excesivo como para afirmar que su procesamiento, a través de un sistema informático, distraiga indebidamente a los funcionarios de sus funciones habituales. En consecuencia, la falta de prueba suficiente para respaldar esta afirmación llevará a rechazar esta alegación de concurrir la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, de acuerdo al Ordinario N° 1077/58, de 2004, de la Dirección del Trabajo, “puede darse a conocer el nombre de la empresa multada por los Servicios del Trabajo por infracción a la legislación laboral, el origen de la multa y su monto”. Para estos efectos la propia Dirección del Trabajo publica en forma periódica el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral, el que da a conocer el nombre de la empresa infractora, el origen de la multa y su monto.</p>
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5) Que a mayor abundamiento, y como se afirmó en la rectificación de la Decisión A39-09 de este Consejo, el artículo 21 de la Ley N° 19.628, que impide comunicar las condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, no es aplicable a personas jurídicas, criterio confirmado por las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 5610-2005 del 31 de octubre de 2005, y Rol N° 6545-2006, de 23 de marzo de 2007.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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1) Acoger en todas sus partes el reclamo interpuesto por don Matías Montenegro Cooper, respecto de la entrega de las multas cursadas por la Dirección del Trabajo por infracción al artículo 2° del Código del Trabajo.</p>
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2) Requerir a la Directora Nacional de la Dirección del Trabajo que entregue la información señalada en el número anterior dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la presente decisión, salvo la relativa a multas aplicadas a personas naturales que hayan prescrito o se hayan pagado, conforme a los artículos 2° f) y ñ) y 21 de la Ley N° 19.628.</p>
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3) Requerir a la Dirección del Trabajo que la entrega de la información dentro del plazo otorgado, se envíe con copia a este Consejo, con el fin de verificar su cumplimiento en tiempo y forma, sea a la dirección Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, según el tenor de la solicitud del requirente.</p>
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4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Matías Montenegro Cooper y a la Directora Nacional de la Dirección del Trabajo.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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