Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3261-20

Reclamante:	ANDREA FERNANDA RODRIGUEZ REYES
Reclamado:	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de San Vicente, ordenándose la entrega de las glosas de gastos que se indican. Se desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/24/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3261-20   Entidad pública: Corporación Municipal de San Vicente Requirente: Andrea Fernanda Rodriguez Reyes Ingreso Consejo: 14.06.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de San Vicente, ordenándose la entrega de las glosas de gastos que se indican. Se desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3261-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de marzo de 2020, doña Andrea Fernanda Rodríguez Reyes solicitó a la Corporación Municipal de San Vicente, en adelante e indistintamente, la Corporación Municipal, la siguiente información: "1.- Contratos celebrados con las empresas que indica, señalar, además: - Naturaleza de los Servicios Prestados - Honorarios Pagados - Representantes y socios 2.- Glosa de gastos realizados con Fondos FAEP, durante el periodo 2018-2019 3.- Glosa de gastos realizados con fondos de la Ley SEP, durante los periodos 2018-2019 4.- Lista de los funcionarios de la Corporación de Desarrollo de San Vicente de Tagua Tagua, indicar: - Naturaleza de sus funciones - Relación laboral (si se encuentra contratado bajo subordinación y dependencia o solo presta servicios)" 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 25 de marzo del 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en un plazo mínimo de 110 días con fundamento en el Estado de Excepción Constitucional por coronavirus, en virtud de lo establecido en el punto N° 4 del oficio N° 252 de esta Corporación. 3) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 410, de 27 de mayo de 2020, la Corporación Municipal de San Vicente denegó el requerimiento de información por la configuración de la causal de reserva del articulo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues para responder a la petición, dada la extensión de la misma, se requiere de un arduo trabajo y una dedicación específica de parte de los funcionarios del Departamento de Finanzas, de Recursos Humanos y del Departamento Jurídica, lo que implica desatender las funciones regulares que son necesarias realizar. Además, señala que, debido a la pandemia, se encuentra trabajando con 2/3 de la planta habitual de funcionarios. 4) AMPARO: El 14 de junio de 2020, doña Andrea Fernanda Rodríguez Reyes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que "con fecha 25 de marzo del 2020, el organismo solicitó una prórroga de 110 días, sin perjuicio, y aun sin estar cumplido dicho plazo, denegó el acceso a lo solicitado". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Vicente, mediante oficio E10456, de 07 de julio de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante correo electrónico de 22 de julio del 2020, la reclamada acompaño presentación mediante la cual evacuó sus descargos, señalando en síntesis lo siguiente: "por este acto venimos en allanarnos y responder parcialmente al amparo interpuesto en estos autos por doña Andrea Fernanda Rodríguez Reyes, únicamente sobre los siguientes documentos, respecto de los cuales se omitió, por error involuntario, que se encuentran disponibles en el sitio web de mi representada vía transparencia activa: 1. Contratos, naturaleza de los servicios prestados, honorarios pagados por contratos y representantes de las empresas. Los documentos indicados se encuentran publicados y disponibles en Transparencia Activa, punto 05 denominado Adquisiciones y Contrataciones, en el apartado de Contrataciones relativas a Bienes Inmuebles y otras Compras, en el sitio web de la Corporación de Desarrollo, correspondiente a www.educacionsanvicente.cl. 2. Funcionarios de la Corporación de Desarrollo de San Vicente de Tagua Tagua, naturaleza de sus funciones, relación laboral. Dicha información se encuentra publicada y disponible en Transparencia Activa, Punto 04 denominado Personal y Remuneraciones, en los apartados de Personal a Contrata, Personal de Planta, Personal sujeto al Código del Trabajo, Personas naturales contratadas a honorarios y Escala de Remuneraciones. En relación con lo anterior, el artículo 15 de la Ley 20.285 establece que "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar y que a su respecto no concurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma (...)" solicitando luego que, se rechace la solicitud de acceso a la información respecto del resto de la documentación requerida, esta es: "la glosa de gastos realizados por fondos FAEP durante los periodos 2018 y 2019; y la glosa de los gastos realizados con fondos de Ley SEP durante los periodos 2018 y 2019" por concurrir a su respecto la causal del artículo 21 numeral primero letra c) de la Ley de Transparencia, así como por las siguientes consideraciones: i. Que, se encuentra pendiente el plazo para responder a la solicitud de información, en todo el territorio de Chile se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, mediante el Decreto Supremo número 104 del 18 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Número 04 de 2020 del Ministerio de Salud, en virtud de la propagación del virus Covid-19 o Sars-Cov2 en nuestro territorio, todos los cuales constituyen hechos públicos y notorios; ii. Que, mediante el Oficio Presidencial Número 003, S.E. el Presidente de la República dictó una serie de Instrucciones y Medidas de Prevención y Reacción por casos de Brote de Covid-19 a los Ministerios y Servicios Públicos. En dicho oficio se impartió expresamente la instrucción de eximir del control horario de jornada de trabajo a personal de riesgo sanitario y posibilidad el cumplimiento de las labores fuera de las dependencias de las instituciones mediante la utilización de medios electrónicos. iii. Que, en los dictámenes 1.116 y 1.239 de 2020, la Dirección del Trabajo desarrolló las directrices para el funcionamiento de las faenas y lugares de trabajo en el contexto de la pandemia, con el objeto de resguardar la vida e integridad física de los trabajadores y dar cumplimiento a la obligación de seguridad laboral que recae en los empleadores, estableciendo que se deberán adoptar medidas como la prestación de servicios a distancia, turnos de trabajo, celebración de pactos de ingreso y salida diferidos, pactar medidas destinadas a evitar la aglomeración en los lugares de trabajo, entre otros. iv. Que, con objeto de dar cumplimiento a lo anterior y velar por la salud e integridad física del personal de la Corporación, la reclamada adoptó en el mes de marzo un sistema de teletrabajo parcial compuesto por un primer grupo de trabajadores bajo régimen de teletrabajo total, integrado por aquellos funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo por padecer de enfermedades de base que los hacen estar particularmente expuestos al virus y un segundo grupo de funcionarios que se encuentra cumpliendo funciones bajo régimen de teletrabajo parcial con turnos de atención y trabajo presencial en las dependencias de la Corporación. Todo ello provocó que la Corporación de Desarrollo se encuentre funcionando a una capacidad extremadamente limitada y excepcional. v. Que, los documentos requeridos por la reclamante se encuentran en formato de papel, sin digitalizar, guardados en las bodegas de la oficina central de la Corporación, a excepción del listado completo de gastos de la Corporación durante cada año, que se genera de forma automática por el sistema informático del Departamento de Finanzas. vi. Que, en la Corporación no hay un funcionario encargado exclusivamente de transparencia. Quien tiene a cargo dicha función, es decir, doña Vivianne Bonnefont Díaz, también cumple otras funciones dentro del organismo y es una de las personas que está cumpliendo régimen de teletrabajo total por ser parte de un grupo de riesgo, ello hace que no pueda ni deba concurrir a las oficinas de la Corporación ni menos tenga acceso a los documentos que se encuentran depositados en bodega. vii. Que, la información solicitada corresponde a los departamentos de finanzas, jurídico y personal, todos los cuales están funcionando con una capacidad limitada, particularmente en el caso de la información que se deniega, esto es, las glosas que se indican, es de competencia principalmente del Departamento de Finanzas y Administración de la Corporación, que funciona actualmente con turnos y sin todo su personal. Es así como, recientemente la Asociación Chilena de Seguridad, ha instruido que la reclamada debe limitar la cantidad de personas por oficina en sus dependencias. Concretamente, la oficina del Departamento de Finanzas, que está compuesto por 5 personas, solo tener trabajando de forma simultánea a tres funcionarios, lo que se le obliga a la Corporación Municipal a mantener un sistema de turnos por un tiempo indefinido, debido a que aquella no tiene las condiciones para crear nuevos espacios para el personal. viii. Que, para dar respuesta a los requerimientos de la reclamante se debería destinar parte del poco personal que puede concurrir a las oficinas a trabajar exclusivamente en esta labor por un tiempo prolongado, toda vez que esta respuesta requeriría de una gran cantidad de trabajo, por las siguientes razones: a) En primer lugar, se debería filtrar manualmente la planilla que contiene todas las glosas de gasto de la Corporación de Desarrollo para individualizar y determinar aquellas partidas que corresponden a subvención SEP y FAEP de los años 2018 y 2019, correspondiente al Mayor Analítico por cuenta emitido automáticamente por el sistema informático utilizado por el Departamento de Finanzas y Administración, que tiene una extensión de 167 páginas, esta información debe filtrarse manualmente y una por una para lograr individualizar todas las glosas que corresponden a FAEP y SEP, lo que evidencia que esta primera labor importará un nivel de trabajo complejo y especialmente lento. Además de este documento, se debería agregar otro de similar extensión y características para el periodo 2018; b) Hecho lo anterior, quien tenga a su cargo la respuesta deberá ir a las bodegas de la Corporación, buscar, identificar y luego escanear cada uno de los documentos relacionados con todas las glosas que se indican. A modo ejemplar, se deberán escanear contratos, facturas, boletas, decretos de pago, cheques y otros documentos, para cada uno de los gastos imputados a estas subvenciones durante los 24 meses comprendidos en el periodo, tanto para el nivel central de la Corporación como también respecto de los 19 establecimientos educacionales municipales administrados por el órgano. Nuevamente a modo ejemplar, la Corporación de Desarrollo tiene un volumen promedio de 500 facturas mensuales, lo que entrega una cantidad total aproximada de 12.000 documentos en 24 meses, solamente en esta categoría, los que deberían analizarse, seleccionarse, digitalizarse y entregarse a la señora Rodríguez Reyes. Así las cosas, responder al requerimiento formulado por la reclamante demandaría destinar a varias personas a cumplir esta función, por un periodo prolongado de tiempo que probablemente alcanzaría semanas y que este Servicio no puede ni debe permitirse. ix. Que, en virtud de todo lo expuesto, este Servicio estima que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 numeral primero letra C) de la ley 20.285, por cuanto el cumplimiento del requerimiento alteraría notablemente el funcionamiento de un servicio que, como todos, ha debido enfrentar la situación de contingencia sanitaria actual. Además, las peticiones referentes a FAEP y SEP 2018 y 2019 comprenden una elevada cantidad de actos administrativos y antecedentes, que probablemente alcanzan las varias decenas de miles de documentos. Por otro lado, ya se explicó que el cumplimiento de esta solicitud implicaría distraer al personal del Departamento de Finanzas de sus labores habituales, que a la fecha de respuesta incluían la rendición de cuentas anual que la Corporación debe realizar al Ministerio de Educación y que, si no hace o realiza deficientemente, se expone a responsabilidad administrativa. Complementando lo anterior, el Reglamento de la ley establece, en su artículo séptimo número 1 letra C) que "Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales." Finalmente, es relevante recordar que el requerimiento efectuado por doña Andrea Rodríguez Reyes no recae sobre diligencias, contratos, pagos o proyectos específicos, sino que sobre la totalidad de las cuentas relacionadas con FAEP y SEP 2018 y 2019, por lo que tiene el carácter de genérico establecido en la ley para denegar la información. A este respecto debe tenerse presente que el artículo séptimo número 1 letra C del Reglamento establece "que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera", lo cual ocurre en la especie, puesto que ninguna de estas referencias está contenida ni especificada en la solicitud. En efecto, se ha explicado que la respuesta demandaría revisar dos archivos de 160 páginas cada uno, seleccionar manualmente cada glosa, una por una y, una vez identificadas las glosas pertinentes, revisar, seleccionar y digitalizar los documentos relacionados con cada partida que corresponda a FAEP y SEP en 2018 y 2019, dentro de un universo de decenas de miles de facturas, contratos, cheques, decretos de pago y otros documentos. Todo lo anterior hubiese significado un trabajo de gran envergadura que en circunstancias normales sería tremendamente dificultoso de abordar y que, en el contexto enteramente excepcional que nos afecta actualmente es derechamente imposible de cumplir sin entorpecer gravemente el funcionamiento del Servicio. 6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E12833, de 7 de agosto de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, aclarar la infracción cometida por el órgano reclamado, detallando qué información de la solicitada, no le ha sido entregada. Al efecto, mediante correo electrónico de 13 de agosto del 2020, el reclamante acompaño presentación mediante la cual manifestó su disconformidad con la información que se le otorgó, señalando lo siguiente: "Que, con fecha 25 de marzo del 2020, el Servicio solicita prórroga para responder a la solicitud con fundamento en el Estado de Excepción Constitucional, señalando que entregara esta información, en un plazo mínimo de 110 días.// Sin perjuicio, con fecha 27 de mayo del 2020, y aun no transcurriendo el plazo señalado como prórroga, el Servicio deniega el acceso a la información, señalando que debido a la contingencia por virus SARS-COV-2, se encuentran con solo 2/3 de funcionarios trabajando, y que mi solicitud debido a su extensión requiere "un arduo trabajo y dedicación específica", tanto del Departamento de Finanzas, Recursos Humanos y del Departamento Jurídico. Señalando a contrario sensu, que una solicitud de información no es de estricta necesidad de su organismo, toda vez que sus funcionarios solo están trabajando para cumplir trabajo esencial. //En este sentido, vengo en señalar que la información a la cual el Servicio sigue negando el acceso es la siguiente: 1. Glosa de gastos realizados por fondos FAEP durante los periodos 2018 y 2019. 2. Glosa de los gastos realizados con fondos de la Ley SEP durante los periodos 2018 y 2019". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación a la solicitud de acceso a la información del reclamante. Al efecto, el órgano alego la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, establecido lo anterior, y atendido el pronunciamiento del reclamante anotado en lo expositivo de este acuerdo, el presente amparo se circunscribirá a analizar la falta de satisfacción del reclamante con la denegación de acceso a: a) La glosa de gastos realizados por fondos FAEP durante los periodos 2018 y 2019; y b) La glosa de los gastos realizados con fondos de la Ley SEP durante los periodos 2018 y 2019". 3) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 4) Que, en conformidad con el artículo 7 de la Ley de Trasparencia, dispone que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año". 5) Que, con relación a los oficios y dictámenes de la Dirección del Trabajo citados, es dable sostener que dar cumplimiento a la obligación de informar de los órganos de la Administración del Estado, no se opone a que los servicios adopten medidas que propendan a la seguridad de la salud e integridad de sus funcionarios. En ese orden de ideas, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. 6) Que, por lo anterior, en virtud de las atribuciones conferidas en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión N°1.081, de fecha 17 de marzo de 2020, acordó dictar el Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, que dispone en lo que interesa que : " Respecto a la respuesta de la SAI, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos legales. Señala a continuación, que este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". Sin embargo, el órgano, en principio notificó a la reclamante su decisión de prorrogar el plazo de respuesta en un mínimo de 110 días, mediante presentación de 25 de marzo del 2020, pero luego, con fecha 27 de mayo del 2020, se allano parcialmente a la solicitud de acceso de información y denegó aquella parte que dice relación con las glosas que se indican alegando la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 7) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 8) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 10) Que, al efecto, el órgano inicialmente señala que se deberán revisar 167 páginas obtenidas del listado completo de gastos de la Corporación durante cada año, que se genera de forma automática por el sistema informático del Departamento de Finanzas, labor que podría efectuarse de forma remota y que no parece un esfuerzo desproporcionado para los funcionarios del Departamento de Finanzas, el que fue sindicado como el principal responsable de llevar a cabo la recolección de las glosas que se indican. Luego señala que en promedio la reclamada recibe 500 facturas mensuales, y que por tanto respecto de las glosas se deberían analizar, digitalizar y procesar, 12.000 documentos, sin embargo, dicha información es otorgada de modo "ejemplar", sin que se explique pormenorizadamente como se obtuvo ese número, ni se pruebe fehacientemente que aquello sea efectivo. Por otra parte, no se señala el numero de funcionarios que se destinarían al efecto para el cumplimiento de la labor de recopilar las glosas y sólo se señala de forma genérica que el tiempo que tomaría dar respuesta a lo solicitado sería de "un tiempo prolongado" o de "unas cuantas semanas". Por otra parte, es menester desestimar la alegación consistente en que la solicitud es genérica, por cuanto la reclamante solicitó con la suficiente especificidad: "la glosa de gastos realizados por fondos FAEP durante los periodos 2018 y 2019, así como, la glosa de los gastos realizados con fondos de la Ley SEP durante los periodos 2018 y 2019", lo anterior por cuanto se individualizo claramente la glosa del respectivo fondo requerido y el periodo de tiempo consultado. Finalmente, el argumento de que las solitudes de transparencia son respondidas por sólo una funcionaria, que además es población de riesgo y no puede efectuar tareas presenciales, entra en contradicción con que el principal responsable de dar respuesta a lo solicitado es el Departamento de Finanzas, compuesto por 5 personas, de las cuales 3 efectúan labores presenciales, de modo que dichos funcionarios podrían concurrir a la bodega que se indica y hacer la correspondiente revisión de la documentación que se solicita. Por lo que se desestimará dicha alegación de la reclamada. 11) Que, en consecuencia y analizando las alegaciones del órgano, se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues si bien esta Corporación comprende la dificultad que presenta atender un requerimiento que implique destinar a personal que desempeña labores relacionadas con el COVID-19 precisamente en tiempos de pandemia, como sería dar respuesta a la solicitud en análisis, también entiende, que atender la solicitud en análisis no importaría un esfuerzo desproporcionado para aquel, atendida la magnitud y formato de la información pedida. Asimismo, no se debe olvidar que por cada solicitud de información se cuenta con 20 días hábiles, más 10 días hábiles de prórroga, de resultar necesarios. En mérito de lo expuesto, se desechará la causal de reserva antes señalada y en consecuencia se acogerá el presente amparo. 12) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Andrea Fernanda Rodríguez Reyes, en contra de la Corporación Municipal de San Vicente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Vicente, lo siguiente; a) Entregue al reclamante: i. La glosa de gastos realizados por fondos FAEP durante los periodos 2018 y 2019; y ii. La glosa de los gastos realizados con fondos de la Ley SEP durante los periodos 2018 y 2019. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Andrea Fernanda Rodríguez Reyes y al Sr. la Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Vicente. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.