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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C411-09 </strong></p>
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Entidad pública: I. Municipalidad de Las Condes</p>
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Requirente: Patricio Herman Pacheco</p>
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Ingreso Consejo: 15.10.09.</p>
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En sesión ordinaria N° 109 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de diciembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, se ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C411-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 4 y N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2009 don Patricio Herman Pacheco, solicitó a la I. Municipalidad de Las Condes copia de los decretos alcaldicios, mediante los cuales fueron destituidas de sus cargos la Directora de Obras de la Municipales y la Jefa del Depto. de Edificación, María Eugenia Vial y Marina Serrano, respectivamente. Agrega que tales documentos oficiales, serán enviados por la Fundación a la que representa “Defendamos la Ciudad” a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, quien se encuentra analizando lo sucedido en el municipio de Las Condes respecto de anteriores prácticas irregulares en tramitación de permisos de edificación.</p>
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2) RESPUESTA: El 29 de septiembre de 2009, el Secretario Municipal de Las Condes le informó al requirente que, debido a que la información contenía datos de terceros y datos sensibles, se les había comunicado a las aludidas, la solicitud de acceso a la información. El 7 de octubre de 2009, el Secretario Municipal le informó al requirente que se denegaba el acceso a la información solicitada, en virtud de la oposición de las terceras: doña María Eugenia Vial Le Roy y doña Marina Serrano Bonilla, quienes habrían manifestado dicha oposición el 6 de octubre del presente año.</p>
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3) OPOSICIÓN DE DOÑA MARÍA EUGENIA VIAL LE ROY: Mediante carta del 6 de octubre de 2009, doña María Eugenia Vial Le Roy le señaló al Alcalde de la Municipalidad de Las Condes que “…no autorizo copia de fotocopia (de los decretos alcaldicios) alguna al solicitante”.</p>
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4) OPOSICIÓN DE DOÑA MARINA SERRANO BONILLA: Mediante presentación de 6 de octubre del presente año, doña Marina Serrano Bonilla, le informa al Alcalde de Las Condes que “…NO AUTORIZO la publicidad de los decretos que me afectan, ni al señor Herman, ni a ningún otro que los solicite”.</p>
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5) AMPARO: Don Patricio Herman Pacheco, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 15 de octubre de 2009, por habérsele denegado la información requerida por la I. Municipalidad de Las Condes, en virtud de las oposiciones deducidas por las terceras ya individualizadas. Recuerda a este Consejo, que el presente amparo se encuentra relacionado con un amparo anterior rol A159-09, interpuesto por el mismo reclamante.</p>
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6) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo en sesión ordinaria N° 98, de 30 de octubre de 2009. Se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Alcalde de la I. Municipalidad de Las Condes, a doña María Eugenia Vial Le Roy y a doña Marina Serrano Bonilla, mediante Oficios N° 812, de 10 de noviembre de 2009, N° 825 y N° 826, ambos de 16 de noviembre, respectivamente. El Alcalde de la I. Municipalidad de Las Condes mediante Ord. Alc. N° 1/1906, de 25 de noviembre de 2009, formuló los siguientes descargos y observaciones al presente amparo:</p>
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a) Indica que en virtud del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, complementada con la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, cuyo art. 7° dispone que las personas que trabajan el tratamiento de datos personales e organismos públicos están obligados a guardar secreto sobre los mismos cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público.</p>
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b) Asimismo, indica que no se puede entregar la información de conformidad con el art. 21 de la Ley N° 19.628, que dispone que los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.</p>
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c) Agrega que el art. 135 inc. 2° de la Ley N° 18.883, de 1989, que aprueba el estatuto administrativo para los funcionarios municipales, según el cual, el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que lo defienda. Indica que esta disposición no expresa la fecha en que puede darse a conocer por terceros la información de un sumario.</p>
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d) Manifiesta que la medida disciplinaria aplicada a doña María Eugenia Vial Le Roy se cumplió con la notificación del Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3134, de 2 de julio de 2008, que rechazó el recurso de reposición en contra de la medida expulsiva (de destitución de su cargo).</p>
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e) En cuanto a la medida disciplinaria aplicada a doña Marina Serrano Bonilla, fue cumplida con la notificación del Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3135, de 2 de julio de 2008 que rechazó el recurso de reposición de la medida expulsiva.</p>
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f) Lo anterior, agrega, motivó a la Municipalidad requerida para conferirles traslado a las interesadas, quienes ejercieron su derecho de oposición.</p>
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7) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO POR DOÑA MARÍA EUGENIA VIAL LE ROY: Mediante presentación de 2 de diciembre de 2009, la aludida señala lo siguiente:</p>
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a) Indica que el decreto alcaldicio de destitución solicitado por el reclamante al municipio, serán enviados por éste a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados como antecedentes de prácticas irregulares en la tramitación de permisos de edificación en Las Condes.</p>
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b) Agrega que el decreto alcaldicio que se requiere ha sido objeto de un reclamo de ilegalidad, presentado por ella en contra de la I. Municipalidad de Las Condes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que se encuentra actualmente en tramitación. Acompaña copia del escrito, ingresado el 16 de noviembre de 2009, de dicho reclamo a sus descargos.</p>
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c) Cita los arts. 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia para fundamentar su oposición.</p>
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d) Agrega que su posición ante la Corte de Apelaciones, es demostrar que no hubo dolo o mala intención, ni irregularidad alguna en sus actuaciones en su cargo de Directora de Obras Municipales de Las Condes, que sería lo contrario a lo afirmado por el reclamante.</p>
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e) Indica que la utilización de la información contenida en el decreto alcaldicio requerido y para enviárselo a la Cámara de Diputados, con anterioridad a lo que decida la Corte de Apelaciones, constituiría una grave lesión a su intimidad y afectaría definitiva y claramente sus derechos como persona y como profesional, dañando su imagen, sus posibilidades de empleo y, en consecuencia, su situación económica y familiar.</p>
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f) Señala que se configuraría en el caso la causal de secreto o reserva contemplada en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendido a que el conocimiento del decreto alcaldicio requerido, le afectaría la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico o comercial, ya que se trata de un documento que contiene una medida expulsiva de un servicio público que no tendría que ser conocida por terceros ajenos al sumario administrativo, más aún cuando sobre el acto requerido existen recursos pendientes.</p>
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g) Termina señalando que, en su apreciación, el decreto solicitado no es una resolución final hasta que la Corte no se pronuncie sobre éste y determine si los antecedentes del caso ameritaban o no la sanción aplicada.</p>
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8) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO POR DOÑA MARINA SERRANO BONILLA: Mediante presentación de 2 de diciembre de 2009, la tercera aludida presentó ante este Consejo sus descargos u observaciones, señalando lo siguiente:</p>
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a) Manifiesta que si bien es cierto que la Ley de Transparencia, establece el principio de la transparencia de la función pública, que consiste en cautelar y respetar la publicidad de los procedimientos administrativos y facilitar el acceso de cualquier persona de la información pública, no sería menos cierto que el art. 20 de dicha Ley, se autoriza al tercero afectado por la publicación o entrega de la información requerida para oponerse a ésta.</p>
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b) Agrega que ésta ha sido su posición desde que el reclamante realizó su requerimiento ante la Municipalidad de Las Condes, oponiéndose terminantemente a la entrega del decreto alcaldicio de destitución, pues el reclamante lo estaría solicitando con “intenciones nocivas, situación que me produce rechazo y molestia”.</p>
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c) Amparándose en el art. 21 N° 2 que establece la causal de secreto o reserva que permite denegar la entrega de la información requerida cuando se puedan afectar derechos de terceros y que le otorga la facultad de denegarse al acceso de la información que le compete en forma privada, reitera su oposición a entregar lo requerido al reclamante. Agrega que la divulgación del acto solicitado afectaría gravemente sus derechos como persona, en especial, los de su vida privada, su salud, su estabilidad emocional y sus derechos a realizar cualquier actividad económica privada de acuerdo a lo que garantiza la Constitución, lo que repercutiría en su situación económica y su entorno familiar.</p>
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d) Se refiere a la Ley N° 19.628, la que en sus arts. 21 y 23 reforzarían aún más el derecho a la privacidad de las personas y sus consecuencias.</p>
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e) Por último, indica que es de sumo interés que el sumario administrativo respectivo, cuyo resultado fue el decreto alcaldicio requerido, no se encuentra aún totalmente afinado, ya que existiría un recurso pendiente interpuesto por doña Marina Serrano Bonilla ante la Contraloría General de la República, cuyo ingreso fue realizado el 5 de octubre de 2009, N° 91.162. Agrega que este pronunciamiento fue solicitado por la ex funcionaria, con el pleno convencimiento y seguridad que no hubo de su parte dolo ni mala intención, sino una disparidad de criterio en la interpretación de las normas y un “bullying laboral permanente por parte de las autoridades municipales con el fin de disponer del cargo que obtuve por concurso público y entregárselo a personas dispuestas a someterse a cualquier instrucción impartida, aún cuando no fueran las correctas”.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer lugar, debe hacerse presente que este amparo, como lo ha señalado el reclamante, está relacionado con la reclamación Rol N° A159-09, interpuesto por éste en contra de la misma Municipalidad, fundamentado en la denegación de un listado con todos los permisos de edificación otorgados después del 5 de diciembre de 2003, con normas urbanísticas caducadas. Allí se aprecia, a través de los antecedentes acompañados al caso, que la Contraloría General de la República y la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados se encontraban investigando la situación en que la Directora de Obras Municipales de la época, habría interpretado la Ley General de Urbanismo y Construcción de tal forma que se otorgaron una serie de permisos que habían caducado y la Contraloría resolvió que debían dejarse sin efecto.</p>
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2) Que en dicho amparo A159-09, según consta de los antecedente tenidos a la vista en dicha oportunidad, existe una declaración del Alcalde de Las Condes en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados. Éste señaló que se habrían detectado dichas irregularidades y que se habría dispuesto la separación de sus cargos de la Directora de Obras y la Jefa de Edificación, informándose este hecho a la Contraloría General de la República.</p>
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3) Que aclarado el contexto del presente amparo, debe indicarse que su objeto es el requerimiento de los decretos alcaldicios, cuya copia ha acompañado la Municipalidad de Las Condes, a solicitud de este Consejo, en virtud de los cuales se aplicaron, por parte del Alcalde de dicha Municipalidad, medidas disciplinarias consistentes en la destitución de sus respectivos cargos a doña María Eugenia Vial Le Roy y a doña Marina Serrano Bonilla, Directora de Obras de Las Condes y Jefa del Departamento de Edificación de la misma Dirección.</p>
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4) Que al respecto, la reclamada consideró que la publicación de dichos documentos podrían afectar los derechos de las ex - funcionarias individualizadas, por lo que procedió a realizar la comunicación del requerimiento de información en conformidad con el art. 20 y el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que las respectivas ex – funcionarias, se opusieron a la entrega de los decretos alcaldicios, dentro de plazo. Sin embargo, ninguna de ellas fundamentó dichas oposiciones, como lo requiere el art. 20 inc. 2° ya citado, que dispone que la oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.</p>
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6) Que el examen de la oposición recae en el órgano requerido el que, al menos, debe analizar que las oposiciones presentadas para denegar la información se realicen en tiempo y forma. Por lo tanto, la Municipalidad de Las Condes en este punto, no debió haber aceptado las oposiciones presentadas ante ella, pues no expresaban causa, que debía referirse a cómo la entrega de la información requerida les afectaba a las ex – funcionarias en sus derechos.</p>
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7) Que, en virtud de lo anterior, no se entrará al análisis de la causal del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues las oposiciones de las ex – funcionarias no fueron realizadas de acuerdo a lo que prescribe el art. 20 de la Ley, no señalándose, sino sólo con ocasión de la presentación de sus descargos ante este Consejo, cuáles serían los eventuales derechos que podrían afectarles por la entrega de la información señalada. Sin perjuicio de lo expuesto, se analizará la denegación de la información requerida por parte de la Municipalidad de Las Condes, ya que ésta ha invocado, además del art. 20 y del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, los arts. 7° y 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, en conformidad con la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que el art. 7° regula el deber de secreto de las personas que trabajen en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, cuando han sido recolectados de fuentes no accesibles al público. El art. 21 por su parte, es el más relevante en el presente caso, pues impide a los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias comunicar dichos datos una vez que prescrita la respectiva acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.</p>
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9) Que, en el caso, las ex - funcionarias fueron destituidas de sus cargos como resultado de un sumario administrativo llevado a cabo por la I. Municipalidad de Las Condes. La Municipalidad aplicó en este caso una medida disciplinaria en conformidad con los arts. 120 (que señala las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos) y 123 (que trata de la destitución de un funcionario público) de la Ley N° 18.883, de 1989, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Dichas disposiciones se encuentran ubicadas en el Título V “De la Responsabilidad Administrativa”.</p>
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10) Que, no obstante que en este caso concreto y, de una primera lectura del art. 21 de la Ley N° 19.628, pareciera proceder la no comunicación de la información requerida, esta vía dejaría abierta la siguiente interrogante, a la luz de la Constitución y la Ley de Transparencia: si en virtud de la aplicación del art. 21 citado no se pueden comunicar por parte de los organismos públicos que someten a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez que haya prescrito la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena, se podría llegar a la conclusión de que los resultados de un sumario incoado en contra de un funcionario público que termine en la aplicación de una medida disciplinaria y que se haya cumplido o haya prescrito, nunca podrá comunicarse, lo que atenta contra el principio de transparencia y publicidad.</p>
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11) Que una interpretación del art. 21 de la Ley N° 19.628 que pugne con la publicidad de los actos administrativos es insostenible, por lo que se debe buscar una interpretación armónica con las normas que garantizan el acceso a la información pública.</p>
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12) Que en virtud de lo anterior, en este caso, de acuerdo con la voz “tratamiento” utilizada en el art. 21 de la Ley N° 19.628 no se refiere al archivo de actos administrativos que dispongan una medida disciplinaria en contra de un funcionario público, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el art. 1° del cuerpo legal citado. Por lo tanto, en el presente caso, no se cumplirían las hipótesis contempladas en el art. 21 de la Ley, procediendo, entonces, su comunicación o entrega.</p>
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13) Que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha establecido en el Dictamen N° 59.798/2008 que el secreto del proceso sumarial tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, el resguardo del debido proceso, la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados y que las conclusiones a que se llegue en tal proceso sólo quedan firme una vez totalmente tramitado. Agrega el Dictamen en comento, que la resolución que dispone la aplicación de una medida disciplinaria, la absolución o sobreseimiento y los documentos que le sirven de sustento, constituye un acto administrativo sometido al principio de publicidad, aplicable a todos los actos de la Administración, razón por la cual desde que se encuentra totalmente tramitado, procede para los terceros interesados requerir de la autoridad copia del expediente respectivo. Este Dictamen es conteste con el art. 8° de la Constitución y los arts. 5° y 10 de la Ley de Transparencia, lo que implica estimar que la información requerida, en este caso, es pública y debe ser entregada.</p>
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14) Que en relación con las alegaciones de las ex – funcionarias, en cuanto a que ambas han señalado en sus descargos que las medidas disciplinarias que les fueron impuestas por el Alcalde de la Municipalidad de las Condes, se encuentran bajo revisión en diferentes órganos y, por lo tanto, aún el sumario no se encontraría totalmente afinado. En el caso de doña María Eugenia Vial, ésta ha acompañado copia del escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de 16 de noviembre del presente año, mediante el cual interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la Municipalidad de Las Condes, con el fin de revertir la medida disciplinaria adoptada. En el caso de doña Marina Serrano Bonilla, ésta indica en sus descargos que la medida que le fuera aplicada por el Alcalde de la Municipalidad de Las Condes está siendo conocida por la Contraloría General de la República, sin embargo, no adjunta copia de dicha reclamación ni otro antecedente que pueda fundamentar fehacientemente su estado ante el Ente Contralor.</p>
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15) Que, siguiendo el criterio adoptado por este Consejo en la Decisión A47-09, en la que se acordó que los sumarios que se encuentren pendientes de registro ante la Contraloría General de la República, son públicos y a su respecto no se configuraría la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 1 letra b), ya que dicha disposición en su carácter excepcional y de interpretación restringida, exige que el órgano requerido haya adoptado la resolución, medida o política para que tanto ésta como sus fundamentos sean públicos, no condicionándose a ningún otro requisito (como el registro o toma de razón del respectivo sumario) para que proceda su publicidad.</p>
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16) Que la misma lógica indicada en el considerando anterior, puede aplicarse a este caso, considerando, además, que el reclamo de ilegalidad que está siendo conocido en la Corte de Apelaciones es público, por lo que no se aprecia cómo podrían afectarse derechos de la ex – funcionaria que ha interpuesto el reclamo de ilegalidad.</p>
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17) Que, en el caso en concreto, habiendo existido oposición de las ex –funcionarias a la entrega de la información requerida, que este Consejo estima que es pública, ya que se refieren a medidas aplicadas en virtud de un sumario que ya fue adoptado, el que también es público, debe agregarse que este Consejo estima que la entrega de los decretos alcaldicios que aplican las medidas disciplinarias a las terceras no les afectaría en sus derechos. Al contrario, la publicidad de dichos actos pueden beneficiar a las ex – funcionarias si, eventualmente, los órganos que se encuentran conociendo de la procedencia de las medidas disciplinarias, determinaren que hubo alguna irregularidad en la investigación sumaria o, como lo señala una de ellas, un “bullying laboral”, lo que sería de conocimiento público en cuanto a que ninguna de las sancionadas habría cometido un acto irregular como el que se les imputa.</p>
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18) A mayor abundamiento, este Consejo estima que, en el evento que hubieren derechos de las ex – funcionarias que pudieren verse afectados, realizando un test de daños – ya aplicado por este Consejo en Decisión A45-09 – el beneficio de conocer los resultados de un sumario incoado por supuestas irregularidades, que ya es público, así como las medidas que las autoridades tomaron frente a dichas irregularidades, es mucho mayor que el beneficio de mantener la información en reserva para proteger la reputación o derechos económicos de los sancionados, debido a que así lo exige el control social de la función pública, pues ésta debe ejercerse con transparencia y, si un funcionario comete un acto de ilegalidad o una irregularidad, es del todo relevante y procedente permitir a la ciudadanía que conozca de dichos actos y de las medidas aplicadas para que se restaure el imperio del derecho.</p>
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19) Que el razonamiento anterior está directamente relacionado con la función que ejercen los funcionarios públicos. En efecto, en virtud del ejercicio de la función pública, los funcionarios del Estado tienen una vida o esfera privada mucho más restringida que los particulares. Así se ha reconocido por este Consejo en la Decisión A29-09 en su consid. 10) letra e. que dispuso: “La oposición de la postulante designada en el cargo, fundada en que el informe de evaluación contendría datos personales de los cuales ella es titular, debe evaluarse considerando que su informe fue un antecedente fundamental para que ella integrara la nómina propuesta por el Comité de Selección para este cargo y luego fuera designada. Esto último la transforma en una alta directiva que desempeña funciones públicas, lo que es de evidente interés público pues el ejercicio de dichas funciones interesa a toda la comunidad. Por lo mismo, esta condición supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse, en primer lugar, respecto a los procesos de selección y nombramiento de tales cargos y, luego, en el ejercicio de su función, que también estará sujeta al principio de transparencia de la gestión pública” (lo destacado es nuestro).</p>
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20) Que otra de las alegaciones realizadas por las ex – funcionarias es que el reclamante ha requerido la información para presentarla en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que para las terceras ello afectaría sus derechos. Al respecto se debe recordar que la Ley de Transparencia establece en su art. 11 letra g) el principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Por lo tanto, el motivo o causa por el cual se requiere una información no puede ser fundamento para denegar la información requerida por parte del órgano o por parte de un tercero. Así lo ha reconocido, además, este Consejo en Decisión A117-09, la que en su consid. 8° señala “Que, por otra parte, cabe precisar que el principio de la no discriminación, establecido en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin expresión de causa o motivo para su requerimiento. Por tanto, no cabe hacer aquí la precisión del motivo o interés que tendrían los requirentes para denegar la información solicitada” (lo destacado es nuestro). Por lo tanto, el argumento de las ex – funcionarias que se han opuesto a la entrega de la información, debido a que el requirente puede utilizarla para los fines que ellas señalan o que el mismo ha manifestado, debe desecharse en relación a lo ya expresado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Patricio Herman Pacheco en contra de la I. Municipalidad de Las Condes, por las consideraciones ya señaladas.</p>
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II. Requerir al Alcalde de la I. Municipalidad de Las Condes la entrega de la información requerida a don Patricio Herman Pacheco, dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se encuentre ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder, en caso contrario, de conformidad con los arts. 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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III. Requerir al Alcalde de la I. Municipalidad de Las Condes que remita copia de la información requerida a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de esta decisión.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Patricio Herman Pacheco, al Alcalde de la I. Municipalidad de Las Condes, a doña María Eugenia Vial Le Roy y a doña Marina Serrano Bonilla.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre a la decisión del presente amparo por encontrarse ausente en la sesión y que el Consejero don Raúl Urrutia Ávila se abstiene de participar en la presente decisión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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