Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3290-20

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Reclamante:	DHIRO VILA CAVIEDES
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana de Santiago, ordenando entregar al reclamante información desagregada sobre personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 o coronavirus por comuna, con las variables de sexo, edad y servicio de salud, entre el 01 de enero y 15 de mayo de 2020, en la Región Metropolitana. Lo anterior, por tratarse de información pública, de carácter estadístico, innominada e indeterminada, respecto de la cual no se ha acreditado cómo su divulgación pueda afectar los derechos de las personas titulares de los datos o de sus herederos o familiares en el caso de las personas fallecidas, o alguna otra causal de secreto o reserva legal. En efecto, se desestiman también las alegaciones del organismo relativas a que se configuraría la causal de reserva de distracción indebida de sus funciones, fundada en que se tendría que realizar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a 250.000 personas, toda vez que atendida la naturaleza de la información pedida (innominada e indeterminada) el despliegue de dicha actividad es innecesaria.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/30/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C3290-20   Entidad pública: SEREMI de Salud de la Región Metropolitana de Santiago Requirente: Dhiro Vila Caviedes Ingreso Consejo: 15.06.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana de Santiago, ordenando entregar al reclamante información desagregada sobre personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 o coronavirus por comuna, con las variables de sexo, edad y servicio de salud, entre el 01 de enero y 15 de mayo de 2020, en la Región Metropolitana. Lo anterior, por tratarse de información pública, de carácter estadístico, innominada e indeterminada, respecto de la cual no se ha acreditado cómo su divulgación pueda afectar los derechos de las personas titulares de los datos o de sus herederos o familiares en el caso de las personas fallecidas, o alguna otra causal de secreto o reserva legal. En efecto, se desestiman también las alegaciones del organismo relativas a que se configuraría la causal de reserva de distracción indebida de sus funciones, fundada en que se tendría que realizar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a 250.000 personas, toda vez que atendida la naturaleza de la información pedida (innominada e indeterminada) el despliegue de dicha actividad es innecesaria. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3290-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de mayo de 2020, don Dhiro Vila Caviedes solicitó a Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente SEREMI de Salud, lo siguiente: "En atención a contingencia actual por coronavirus Covid-19 en el país y las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud en los casos confirmados por laboratorio, solicito información sobre: - la comuna específica a que pertenece cada persona contagiada por Covid-19, sexo, edad y centro de salud. - la comuna específica a que pertenece cada persona fallecida por Covid-19, sexo, edad y centro de salud. Específicamente para la Región Metropolitana y considerando la información que registra cada persona según su Registro domiciliario y considerando las fechas desde 02 de enero hasta la fecha de entrega de esta información solicitada, o en su defecto hasta el 15 de mayo de 2020". 2) RESPUESTA: El 29 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N°7715, la SEREMI de Salud respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que los datos solicitados son inminentemente sensibles, en este caso, el estado de salud de una persona, según lo señalado en la Ley N°19.628. Lo anterior, relacionado con el artículo 127 del Código Sanitario, el cual señala "Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados". Indica, además que el artículo 10 de la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, establece que cuando la condición de la persona no le permita recibir información, ésta deberá ser entregada a su representante o a la persona que la tenga a su cargo, lo cual, en el caso de la presente solicitud, no se ha acreditado. El artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, establece como causal de secreto o reserva de la información, cuando su publicidad, comunicación, o conocimiento afecte los derechos de las personas, entre otros, la esfera de su vida privada y que, en particular, afectaría directamente el derecho a la privacidad del usuario sujeto a internación. Agrega, que la información se ha tratado de resguardar, estimando que el procedimiento contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia no garantiza la debida protección de los datos, en este caso, sensibles, pues al enviar la carta certificada, puede no ser recepcionada por el usuario, o bien, recibirla y no contestarla dentro de los 3 días señalados en la norma, entendiéndose que el tercero acepta la entrega de la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, atendido el principio de divisibilidad, manifiesta que sólo se entregará la información relativa al informe Epidemiológico Covid-19. 3) AMPARO: El 15 de junio de 2020, don Dhiro Vila Caviedes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Alega que la respuesta entregada considera información no solicitada, tergiversando de manera intencional lo que originalmente se solicita. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio E13706, de 17 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N°2995, de fecha 15 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede señalando, en resumen, que a las causales de reserva esgrimidas en su respuesta a la solicitud, se debe agregar la dispuesta en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, pues siendo lo requerido información personal de terceros involucrados, se tendría que efectuar la notificación establecida en el artículo 20 de la Ley de Transparencia a 250.000 personas, lo que distraería indebidamente a los funcionarios de dicha Secretaría Ministerial que actualmente se encuentran avocados a funciones relativas a la alerta sanitaria por COVID-19. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a información desagregada sobre personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 o coronavirus por comuna, con las variables de sexo, edad y servicio de salud, entre el 01 de enero y 15 de mayo de 2020 en la Región Metropolitana. Por su parte, el órgano requerido negó el acceso a la información pedida por tratarse de datos personales sensibles de las personas titulares de la información pedida y, por tanto, protegida por la causal de reserva del artículo 21 N°2, de la Ley de Transparencia. Luego, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por la SEREMI de Salud requerida. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en cuanto a la procedencia de causales de reserva legales, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 4) Que, en el contexto de pandemia global calificado por la OMS, con fecha 11 de marzo del presente año, con ocasión del brote del así denominado coronavirus, este Consejo dictó el oficio N°211, de 17 de marzo de 2020, que formula recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en materia del tratamiento de información por antecedentes vinculados a la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 o coronavirus, en el cual se señaló que "resulta fundamental adoptar medidas dirigidas a informar a la población". Lo anterior, "con el fin de avanzar en mayores niveles de transparencia y publicidad, como también de otorgar una adecuada protección de los datos personales y/ o sensibles que deben ser tratados en todo aquello relacionado con la enfermedad infecciosa COVID-19". En tal sentido, se recomienda a los órganos de la administración del Estado, entre otras cosas, "N. 5 Disponibilizar la información, de manera oportuna, y en un lenguaje claro y comprensible por la ciudadanía, procurando evitar la utilización de expresiones y explicaciones con alto contenido técnico, de manera que cualquier persona pueda entender fácilmente la información que se entrega" (énfasis agregado). A su vez en aludido oficio, a propósito de las recomendaciones en materias de protección de datos personales, en su numeral 7, literal d) dispone: "7. (...) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.628 y teniendo presente las Recomendaciones de este Consejo sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, publicadas en el Diario Oficial con fecha 14 de septiembre de 2011, se recomienda a los órganos de la Administración del Estado tener en consideración las siguientes directrices: d) En las operaciones de procesamiento de bases de datos personales se adopten todas las medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de dichos registros, con el objetivo de evitar la alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado de los mismos. Para ello, los organismos públicos deben aplicar diversos niveles de seguridad, atendiendo al tipo o categoría del dato almacenado. Así, tratándose de los datos sensibles, deberán adoptarse niveles de seguridad más altos que respecto de aquellos que no poseen dicha calidad" (énfasis agregado). 5) Que, como se expuso precedentemente, el organismo negó el acceso a los datos pedidos fundado en que se trata de información sensible vinculada al estado de salud de las personas, la que no puede ser divulgada conforme a los cuerpos normativos que cita, no obstante, dicho organismo no argumentó y mucho menos acreditó, cómo es que la entrega de dichos antecedentes, en el entendido de que no forma parte del requerimiento datos vinculados a la identidad de las personas titulares de la información, impliquen una afectación a los derechos de las personas. 6) Que, en efecto, del tenor del requerimiento se desprende que lo pedido dice relación con información estadística sobre la materia consultada pues se trataría de datos que cumplen con los requisitos de ser innominada e indeterminada. El primer criterio corresponde a no hacer alusión directa a las personas que entregaron la información, sea entregando su nombre u otro dato directo que permita identificar el origen de los datos. El segundo criterio requiere que además de lo anterior, no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos. Luego, el órgano reclamado no ha justificado de forma presente o probable y con suficiente especificidad cómo es que la divulgación de la información estadística pedida tenga el potencial de afectar los derechos de las personas titulares de la información o el de sus herederos o familiares en el caso de los fallecidos en los términos pretendidos. 7) Que, en establecido lo anterior, se concluye que tampoco es pertinente invocar una afectación a las funciones del organismo, por distracción indebida, en los términos pretendidos por la SEREMI de Salud en sus descargos, toda vez que atendida la naturaleza de los datos pedidos, esto es, información innominada e indeterminada, es innecesario realizar respecto de las personas a quien corresponde dichos datos el procedimiento de notificación establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En efecto, cabe recordar que el artículo 21 N°1, letra c), del mismo cuerpo normativo, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 8) Que, en cuanto a la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que suponen la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N°6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Así las cosas, las argumentaciones expuestas por el organismo no permiten configurar esta hipótesis de reserva, en el entendido que la actividad que la justificaría a la luz de los antecedentes del caso es innecesaria. 10) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, ordenando entregar al reclamante información desagregada sobre personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 o coronavirus por comuna, con las variables de sexo, edad y servicio de salud, entre el 01 de enero y 15 de mayo de 2020 en la Región Metropolitana. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Dhiro Vila Caviedes en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de información desagregada sobre personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 o coronavirus por comuna, con las variables de sexo, edad y servicio de salud, entre el 01 de enero y 15 de mayo de 2020 en la Región Metropolitana. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Dhiro Vila y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de salud de la Región Metropolitana de Santiago. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.