Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3344-20

Reclamante:	FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ
Reclamado:	INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por cuanto la información consultada versa sobre la determinación de equipos de emergencia en el contexto de un proceso de negociación colectiva, cuyo conocimiento es de naturaleza privada y sólo de las partes involucradas, según ha razonado este Consejo, en las decisiones C2391-17, C2672-17 y C4406-17.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/8/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2672-17 C4406-17 C2391-17
Jurisprudencia a:	C9721-22
Recursos relacionados:	658-2020
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3344-20   Entidad pública: Inspección Comunal del Trabajo de Providencia Requirente: Fundación Arturo López Pérez Ingreso Consejo: 17.06.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por cuanto la información consultada versa sobre la determinación de equipos de emergencia en el contexto de un proceso de negociación colectiva, cuyo conocimiento es de naturaleza privada y sólo de las partes involucradas, según ha razonado este Consejo, en las decisiones C2391-17, C2672-17 y C4406-17. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3344-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2020, la Fundación Arturo López Pérez solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia la siguiente información: "En representación de la Fundación Arturo López Pérez, Rut 70.377.400-8, con domicilio en calle Rancagua, número 878, de la comuna de Providencia, nos dirigimos a ustedes para hacerles presente que con fecha 27 de abril en curso, fuimos notificados de la Resolución N° 142, de esa Inspección, datada en día 24 del mismo mes. Por su mérito el Servicio fijó en ciento sesenta y cuatro trabajadores el número de integrantes del equipo de emergencia que el Sindicato N° 2 con base en la Institución habría debido proveer para el caso de hacerse efectiva la huelga en el procedimiento de negociación colectiva que se desarrolló entre las partes. Al efecto, cúmplenos expresarle: a. en el citado día 24 de abril, la Fundación y el Sindicato N° 2 suscribieron un contrato colectivo de trabajo, con lo cual finalizó el procedimiento de negociación en que pudo haberse producido la huelga que hace procedente la intervención del equipo de emergencia. Una copia del contrato ha sido depositada ya en esa Inspección. Con lo anterior, queda en claro que no existe recurso alguno que interponer en contra de esta resolución; b. sin perjuicio de lo anterior, la Institución se reserva el derecho a plantear en el ámbito de futuras negociaciones las calificaciones, recalificaciones y revisiones que sean procedentes. c. adicionalmente la Fundación viene en requerir formalmente de esa Inspección la entrega de la totalidad de los antecedentes con arreglo a los cuales fue dictada la Resolución N° 142 y, en especial, de la información técnica relativa a los siguientes cargos: A) Aquellos propuestos por la Fundación, rechazados por el Sindicato pero incorporados finalmente por la Resolución, cuales son: TECNICO ENFERMERIA INVESTIGACION ADMINISTRATIVO TESORERIA ENFERMERO(A) MEDICO QUIRURGICO TECNICO ENFERMERIA BODEGA CLINICA AUXILIAR DE SERVICIO TECNICO DE ANESTESIA TECNICO PABELLONERO(A)/ARSENALERO(A) ENFERMERO(A) RECUPERACION TECNICO ENFERMERIA RECUPERACION ENFERMERO(A) UPC ASISTENTE ONCOLOGIA MEDICA JEFE OFERTA MEDICA ENFERMERO(A) GASTROENDOSCOPIA TECNICO ENFERMERIA GASTROENDOSCOPIA SUPERVISOR EN TERRENO EJECUTIVO ADMISION C.O - ADMISION Y PRESUPUESTO ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS Y SEGURIDAD B) Aquellos propuestos por la Fundación y rechazados por la organización sindical, cuyo rechazo fue mantenido por la Resolución, cuales son: COORDINADOR ESTUDIOS ONCOLOGICOS ENFERMERO(A) COORDINADOR ESTUDIOS ONCOLOGICOS COORDINADOR ESTUDIOS ONCOLOGICOS FASE I JEFE DE SERVICIO ENCARGADO(A) BOTIQUIN SUBCONTADOR ADMINISTRATIVO TESORERIA CONDUCTOR JEFE REMUNERACIONES ONCOLOGO RADIOTERAPEUTA JUNIOR RADIOTERAPEUTA TECNICO RADIOTERAPIA TECNICO ENFERMERIA ESTERILIZACION KINESIOLOGO HOSPITALIZADO KINESIOLOGO AMBULATORIO ENFERMERO(A) MEDICO QUIRURGICO TECNICO ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICO NUTRICIONISTA TECNICO NUTRICION ENFERMERO(A) PABELLON TECNICO PABELLONERO(A)/ARSENALERO(A) ENFERMERO(A) UPC TECNICO ENFERMERIA UPC JEFE ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS ARSENALERO ABASTECIMIENTO TECNICO ENFERMERIA INSUMOS CLINICOS TECNICO FARMACIA INSUMOS CLINICOS QUIMICO FARMACEUTICO FARMACIA ASISTENCIAL TECNICO FARMACIA ASISTENCIAL ENFERMERO(A) ONCOLOGIA MEDICA TECNICO ENFERMERIA ONCOLOGIA MEDICA QUIMICO FARMACEUTICO PREPARACIONES TECNICO FARMACIA PREPARACIONES EJECUTIVO ARCHIVO DIGITALIZADOR ADMINISTRATIVO EJECUTIVO SENIOR ENTREGA DE EXAMENES EJECUTIVO ATENCION TELEFONICA ENFERMERO(A) CENTRO MEDICO AUXILIAR DE APOYO JEFE GMAO TECNICO EN GAS E INSTALACIONES SANITARIAS TECNICO ELECTRICO SUPERVISOR EQUIPOS MEDICOS GUARDIA DE SEGURIDAD EJECUTIVO GES CAEC EJECUTIVO PROGRAMAS MEDICOS TECNICO MDA TECNICO IMAGENOLOGIA TECNOLOGO MEDICO IMAGENOLOGIA JEFE ANATOMIA PATOLOGICA TECNICO LABORATORIO TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO MACROSCOPIA TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO SENIOR TRANSCRIPTOR TECNICO LABORATORIO SENIOR Todos los casos considerados por la Resolución son de especial relieve para la adecuada atención de los pacientes, por lo que se hace en extremo necesario contar con la información técnica que hizo posible su aceptación o rechazo en la resolución N° 142". 2) RESPUESTA: Mediante Ord N° 570, de 19 de mayo de 2020, notificada el 28 de mayo de 2020, la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia respondió a dicho requerimiento de información indicando que un acuerdo sobre servicios mínimos supone una condición previa sin la cual no puede iniciarse un proceso de negociación colectiva reglado, esto es, en cumplimiento de la normativa establecida en el Código del Trabajo sobre el particular. Asimismo, que dicho acuerdo se origina en un plano privado. Luego la participación de la Dirección del Trabajo acontece por la remisión de copia del acuerdo o por haber sido requerida su intervención en hipótesis de desacuerdo. En consecuencia, no puede entregarse lo requerido, por estimar que su divulgación podría afectar, no solo la futura acción fiscalizadora que le compete a la Dirección del Trabajo, sino que también los derechos de las personas, en especial de su vida privada, lo que configura las causales de reserva previstas en los numerales 1 letra c) y 2 del artículo 21 de la ley 20.285, 3 y 7 de la ley 19.628 sobre protección de datos personales. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que de querer acceder al estado de su denuncia, proceso de fiscalización y requerir copia de ello, éstos podrán ser entregados de manera presencial, previa acreditación de ser el titular de los datos, una vez que estos procesos se encuentren finalizados. 3) AMPARO: El 17 de junio de 2020, Fundación Arturo López Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información. Además el reclamante hizo presente que:" El Servicio, olvida que, de acuerdo a la "Orden de Servicio N° 001", a través de la cual imparte instrucciones sobre procedimiento administrativo para la calificación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia, señala como uno de sus principios rectores, el de Información a las partes. Por otro lado, el Servicio omite que expresamente se reconoce para estos procedimientos, el principio de escrituración, por lo que debe existir un registro de las gestiones realizadas en el procedimiento de calificación de servicios mínimos y de equipos de emergencia. Esta obligatoriedad de registrar las actuaciones tanto de las partes, como del servicio no solo implica que se debe construir un expediente o registro correlativo de las actuaciones realizadas, sino que también, la creación de un soporte informático de la gestión. En efecto, el título 5 de la "Orden de Servicio N° 001" señala expresamente: "Los procedimientos regulados en la presente orden de servicio, contarán con un soporte informático en el que deberán registrarse todas las actuaciones de estos. Asimismo, progresivamente se alimentará el sistema con la jurisprudencia judicial y administrativa pertinente y con las fuentes normativas que sean de aplicación. Los argumentos anteriormente señalados son más que suficientes para afirmar que la negativa a entregar la información solicitada, en base a lo dispuesto por el Artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley 20.285, no tiene justificación fáctica. En efecto, los antecedentes solicitados en caso alguno son genéricos o indeterminados, sino que corresponden a aquellos datos técnicos que debió recopilar o analizar la Dirección del Trabajo para resolver sobre la conformación del equipo de emergencia y que, de acuerdo a las propias disposiciones de este órgano, deben quedar registradas, ya sea, materialmente o a través de medios electrónicos. De este modo, no se justifica la negativa de la Inspección Comunal del Trabajo, basada en que la entrega de estos puede distraer indebidamente el trabajo de sus funcionarios, puesto que, es una información que debió formar parte del expediente administrativo. Ahora bien, respecto al otro argumento que entrega el Servicio, basado en que se infringirían los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, es preciso reiterar que la Fundación Arturo López Pérez fue una de las partes del proceso administrativo que se afinó con la Resolución N° 142, por lo que, como se ha señalado, tiene derecho a conocer los antecedentes que formaron parte del procedimiento administrativo ya señalado. Por consecuencia, esta argumentación carece de todo asidero, incluso de carácter lógico. Lo anterior es relevante, puesto que la renuencia del servicio a entregar la información, junto con vulnerar las propias disposiciones internas del órgano, atenta contra el derecho de mi representada a acceder a sus propios datos personales, que se encuentra expresamente reconocido en las "Recomendaciones del Consejo Para La Transparencia sobre protección de d a t o s p e r s o n a l e s p o r p a r t e d e l o s Ó r g a n o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l Estado" En relación a que la entrega de la información requerida podría afectar la futura actividad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, es preciso señalar que, en ningún caso la información versa sobre infracciones laborales, sino que sobre antecedentes técnicos que permiten determinar la dotación del equipo de emergencia, no versando tampoco sobre información confidencial o sensible de los trabajadores de la Fundación Arturo López Pérez. De este modo, solo cabe concluir que se debe dar lugar a esta acción de amparo por denegación de acceso a información pública en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, quien, a través de Ordinario N° 570, de fecha 19 de mayo de 2020, notificado a esta parte con fecha 28 de mayo de 2020, no dio lugar a la solicitud de información presentada con fecha 30 de abril de 2020, CAS -26632-Y2F6Z5, disponiendo al Servicio que entregue la información dentro del plazo perentorio que Ud. conforme a Derecho estime pertinente, en subsidio de lo anterior, y conforme al principio de divisibilidad de la información pública, que se entregue la información, en los mismos términos requeridos, pero si constan en ella declaraciones de trabajadores o dirigentes sindicales, sus nombres, números de cédulas de identidad y cargos de estos, sean tarjados del expediente. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, mediante Oficio N° E10534, de 7 de julio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (6°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (7°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (8°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (9°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y (10°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. Mediante ORD. N° 835, de 22 de julio de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando, primeramente que el reclamo fue interpuesto en forma extemporánea, por lo que debe declararse su inadmisibilidad. Asimismo, la reclamada señaló que la materia objeto de la solicitud tiene el carácter de reservada, conforme con lo dispuesto en el artículo21 N° 2 de la Ley de Transparencia, complementada por lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7 del Reglamento de la ley ya referida. En efecto, la información solicitada por la empresa, correspondiente a la totalidad de los antecedentes con arreglo a los cuales fue dictada la Resolución N° 142 y, la información técnica relativa al listado de cargos que indica, es información cuya publicidad, comunicación o conocimiento afectaría en especial los derechos de carácter comercial o económico de las partes que concurren en dicho procedimiento de conformación de equipos de emergencia. En efecto, entre los antecedentes solicitados se encuentran nóminas de trabajadores de la empresa, nómina de trabajadores sindicalizados de acuerdo al Sindicato, nómina de Equipo de Emergencia propuesto por la empresa a sindicato N° 3, contratos de trabajo, anexos, perfiles de cargo, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, registros de asistencia, planillas de turno, entre otros, los cuales contienen información sensible que no posee el carácter de pública. Añadió que la información solicitada está mayormente referida a aspectos de la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores y Organizaciones Sindicales, sin que sea información propia de la entidad pública. Recalcó que, considerando que siendo la Ley de transparencia un procedimiento especial para requerir información a entes públicos, que impide a éstos solicitar la identificación a los requirentes al momento de efectuar la solicitud, se informó al requirente que, de acuerdo al artículo 17 de la ley 19.880, que Regula Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual permite acudir personalmente a la Institución Pública en calidad de parte interesada, y previa acreditación de dicha condición, a efectos de ser informado del estado del proceso, y requerir copia una vez finalizado. Agregó que, la información solicitada se encuentra principalmente contenida en el Informe de Fiscalización N° 1312/2020/998, de 23 de abril de 2020, emitido por persona que indica y en documentación aportada por las partes del proceso. Señaló además que la información requerida corresponde a funciones ordenadas al interior del Servicio, regulado por el DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, que en su título V, sobre Prohibiciones, artículo 40, regula la materia. Dicha norma indica que el deber de reserva alcanza no sólo a los funcionarios de la Dirección del Trabajo, sino también al órgano en cuanto tal, por lo que claramente la entrega de este tipo de información vulneraría la credibilidad del Servicio frente a la sociedad, atentando de esta forma contra los principios que orientan el actuar de esa institución fiscalizadoras y as las etapas establecidas en estos procedimientos para su adecuada tramitación y resolución. La reclamada informó que la información solicitada se encuentra en formato digital, tanto el informe de Fiscalización N° 1312/2020/998, de 23 de abril de 2020, como los documentos en base a los cuales se efectuó dicho informe, siendo en su totalidad más de 850, cuyo tamaño supera los 800 Mb. Indicó la reclamada que, al haber resuelto que sólo procede la entrega personal de los antecedentes, de acuerdo a ,lo dispuesto en la ley 19.880, en calidad de parte interesada, y la improcedencia de la entrega mediante el procedimiento, no aplicó lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por otra parte, ese Servicio no cuenta con los datos de contacto de todos los involucrados, atendido que son más de 1600 trabajadores aquellos cuyos datos personales se encuentran expuestos en los antecedentes que forman parte de la información objeto de la solicitud, tales como: nombre completo, rut, fecha de ingreso a la empresa, jornada de trabajo, dependencia jerárquica, lugar donde se desempeña, cargo, función e incluso datos sensibles, tales como la afiliación sindical. Y CONSIDERANDO: 1) Que, sobre el particular, este Consejo se ha pronunciado rechazando la divulgación de información relativa al proceso de determinación de equipos de emergencia en el contexto de una negociación colectiva, por estimar que su conocimiento, cede exclusivamente en beneficio de las partes intervinientes, esto es, al empleador y la respectiva organización sindical involucrada. 2) Que, en efecto, en la decisión C2391-17, se resolvió que «lo solicitado en la especie, es información de naturaleza privada, respecto de la cual -de conformidad a los antecedentes disponibles-, la reclamada no ha tenido una participación activa como la sería en el contexto de impugnación contemplado por la ley, sino con ocasión del depósito de dicho antecedente en sus oficinas el 29 de marzo de 2017. (...) aun en el evento de existir un pronunciamiento por parte de la reclamada, esto no alteraría la naturaleza privada de la documentación consultada, toda vez que dicho pronunciamiento, se hubiera limitado a alterar o modificar un instrumento proporcionado por un particular que da cuenta de aspectos de funcionamiento interno para hacer frente a un proceso de paralización de sus servicios con ocasión de la declaración de una huelga. Materias de exclusivo interés de las partes involucradas en el proceso de negociación colectiva» Lo anterior, fue ratificado en la decisión C2672-17 y C4406-17. 3) Que por lo anterior, y atendido que los antecedentes consultados, necesariamente se pronuncian acerca de información reservada por esta Corporación detallando aspectos de interés, únicamente, de los partícipes del respectivo proceso de negociación, se rechazará el presente amparo. 4) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, este Consejo considera innecesario pronunciarse respecto de las causales de reserva alegadas por el órgano. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por la Fundación Arturo López Pérez, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Fundación Arturo López Pérez y al Sr. Inspector Comunal del Trabajo de Providencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Massouh.