Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3420-20

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Reclamante:	YANIRA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, ordenando informar el horario de entrega de alimentación del interno consultado. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se advierte en este caso, antecedentes suficientes que den cuenta de una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio o la seguridad pública. Al efecto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. Se rechaza el amparo respecto del nombre de o los funcionarios que emitieron las actas de revisión médica y evaluación psicológica del interno consultado, siguiendo lo resuelto en la decisión de amparo rol C1465-14, donde se indicó que: "el vincular los nombres de los profesionales con las opiniones y juicios de valor vertidos en sus informes, somete a estos últimos al escrutinio de los internos y, por lo tanto, a una presión externa que perjudica su función laboral, lo que redunda en la afectación negativa del debido cumplimiento de las funciones de cada recinto penitenciario (...). Se rechaza también, respecto del listado de personas enroladas para visitar al interno consultado como aquellas que efectivamente lo hicieron, siguiendo en este caso, lo resuelto en las decisiones de amparo roles C3116-14, C3133-16, C3191-16, C4457-17, C1503-18 y C5729-18, entre otras, al tratarse de datos personales de terceros, sin contar con la autorización expresa de éstos. Con todo, cabe agregar que a pesar que dicha información se encuentra publicada en internet en una nota de prensa, aquello no obliga a su entrega, circunstancia que, al contrario, debe ser reprochada por vulnerar derechos a la vida privada de las personas involucradas, cuyo consentimiento en la forma establecida en el artículo 4°, de la ley N° 19.628, no consta a este Consejo. Finalmente, se rechaza el amparo, respecto de los reglamentos internos de las unidades penitenciarias consultadas, por las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3, de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación implicaría dar a conocer la planificación institucional que gobierna el actuar del órgano reclamado, con respecto a la aplicación de procedimientos, protocolos de control y de estrategias de seguridad interna, circunstancia que podría impedir el control de las situaciones de crisis y/o emergencia que puedan presentarse en el recinto penitenciario, máxime si se considera que las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en la unidad especializada de alta seguridad, corresponden a internos con un alto compromiso delictual.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/30/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4457-17 C1503-18 C181-09 C5729-18 C1465-14 C3133-16 C3191-16 C434-09 C95-10
Jurisprudencia a:	C5083-21 C5509-22
Recursos relacionados:	635-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C3420-20   Entidad pública: Gendarmería de Chile. Requirente: Yanira González Henríquez. Ingreso Consejo: 19.06.2020. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, ordenando informar el horario de entrega de alimentación del interno consultado. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se advierte en este caso, antecedentes suficientes que den cuenta de una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio o la seguridad pública. Al efecto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. Se rechaza el amparo respecto del nombre de o los funcionarios que emitieron las actas de revisión médica y evaluación psicológica del interno consultado, siguiendo lo resuelto en la decisión de amparo rol C1465-14, donde se indicó que: "el vincular los nombres de los profesionales con las opiniones y juicios de valor vertidos en sus informes, somete a estos últimos al escrutinio de los internos y, por lo tanto, a una presión externa que perjudica su función laboral, lo que redunda en la afectación negativa del debido cumplimiento de las funciones de cada recinto penitenciario (...). Se rechaza también, respecto del listado de personas enroladas para visitar al interno consultado como aquellas que efectivamente lo hicieron, siguiendo en este caso, lo resuelto en las decisiones de amparo roles C3116-14, C3133-16, C3191-16, C4457-17, C1503-18 y C5729-18, entre otras, al tratarse de datos personales de terceros, sin contar con la autorización expresa de éstos. Con todo, cabe agregar que a pesar que dicha información se encuentra publicada en internet en una nota de prensa, aquello no obliga a su entrega, circunstancia que, al contrario, debe ser reprochada por vulnerar derechos a la vida privada de las personas involucradas, cuyo consentimiento en la forma establecida en el artículo 4°, de la ley N° 19.628, no consta a este Consejo. Finalmente, se rechaza el amparo, respecto de los reglamentos internos de las unidades penitenciarias consultadas, por las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3, de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación implicaría dar a conocer la planificación institucional que gobierna el actuar del órgano reclamado, con respecto a la aplicación de procedimientos, protocolos de control y de estrategias de seguridad interna, circunstancia que podría impedir el control de las situaciones de crisis y/o emergencia que puedan presentarse en el recinto penitenciario, máxime si se considera que las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en la unidad especializada de alta seguridad, corresponden a internos con un alto compromiso delictual. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero se abstiene de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3420-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de mayo de 2020, doña Yanira González Henríquez solicitó a Gendarmería de Chile, la siguiente información: "Abogada en representación de Mauricio Hernández Norambuena solicito respecto de su persona: 1. Actas de revisión médica realizadas por Gendarmería. 2. Evaluación psicológica realizada por Gendarmería. 3. Horario de entrega de alimentación. 4. Listado de personas enroladas para visitarlo. 5. Listado de personas que personas efectivamente han ingresado a visitarlo. INFORMACIÓN GENERAL: 6. Cantidad de internos que habitan la U.E.A.S, en particular Sección de Máxima Seguridad y la sección de Alta Seguridad. 7. Reglamento Interno de la U.E.A.S., reglamento interno S.M.S. y reglamento de Sección C.A.S. Todos los documentos que regulen el funcionamiento de la UEAS y sus secciones SMS y CAS. 8. Resolución Exenta N°8378 "Aprueba procedimientos aplicables a las solicitadas de entrevistas a internos para medios de comunicación u otras entidades". 2) RESPUESTA: Mediante carta N° 2342, de 4 de junio de 2020, el órgano en síntesis, procedió a remitir la siguiente información: a) Minuta N° 246, suscrito por psicólogo, unidad especial de alta seguridad; informe de visitas que han ingresado; formulario de visitas aprobadas y rechazadas; total población penal sección de máxima seguridad: 83 internos; total población penal sección de alta seguridad: 85 internos; oficio ordinario N° 3749, de 29 de diciembre de 2009, donde se aprueba el manual de régimen interno de la unidad especial de alta seguridad; decreto N° 353, que crea establecimiento penal en comuna de Santiago con la denominación de unidad especial de alta seguridad. En dichos documentos, se tarjan datos personales de terceros, en virtud del principio de divisibilidad y artículos 21 N° 2 y N° 5, en relación con la ley N° 19.628. Las visitas que una persona realiza a una unidad penal deben considerarse parte del desarrollo de su vida privada. b) En cuanto al "Reglamento Interno de la U.E.A.S., reglamento interno S.M.S. y reglamento de Sección C.A.S. Todos los documentos que regulen el funcionamiento de la UEAS y sus secciones SMS y CAS" y Horario de entrega de alimentación, su entrega implicaría exponer el actuar de la administración penitenciaria en los diversos procesos de seguridad, por lo que se configuran las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 3 de la ley 20.285. Al efecto, atendido el contenido de la información solicitada, es posible concluir que con la entrega de la misma, es razonable prever que su divulgación supondrá revelar pautas que eventualmente permitirían inhibir la posibilidad de controlar situaciones internas y externas, reduciendo la eficacia del servicio y afectando tanto el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería como la mantención de la seguridad pública. En tal sentido, lo anterior representa un daño presente, probable y específico al debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería y a mantener el orden y seguridad internas en la unidad consultada, toda vez que, según lo dispuesto en el artículo 3°, letra a) del decreto ley N° 2859, de 1979, que aprueba la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, corresponde al servicio: "Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos. Además, deberá estar a cargo de la seguridad perimetral de los centros del Servicio Nacional de Menores para la internación provisoria y el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad de los adolescentes por infracción de ley penal". c) Finalmente, en cuanto a la resolución exenta N° 8378, se indica link del banner de transparencia activa para acceder a dicho documento. 3) AMPARO: El 19 de junio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. Al efecto, señaló en resumen, lo siguiente: "Solo se entrega la segunda (2°) referente a la Evaluación psicológica realizado por Gendarmería a través de Minuta N° 246, de 14 de mayo de 2020, suscrito por Psicólogo, Unidad Especial de Alta Seguridad. Sin embargo respecto en cuanto a la información primera (1°), es decir, las actas de revisión médica realizadas por Gendarmería no hay pronunciamiento. Por su parte, respecto a las informaciones cuarta y quinta (4° y 5°) relativas al listado de personas enroladas y efectivamente visitadas, si bien la institución entrega Informe de visitas que han ingresado y Formulario de visitas aprobadas y rechazadas, estos documentos se encuentran censurados, sin visualizar la identidad de las personas que se han enrolado y visitado a mi representado". Finalmente, agregó: "revisar el siguiente link https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ex-frentistas-un-companero-de-fuga-y-agrupacion-de-dd-hh-el-listado-de-las-visitas-que-esperan-al-comandante-ramiro-en-la-cas/981551/. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E10971, de fecha 13 de julio de 2020, requiriendo que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información considerando que no se refiere a las actas de revisiones médicas; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) explique cómo lo solicitado, en relación a los puntos 4 y 5 del requerimiento, afectaría los derechos de los terceros. Posteriormente, mediante ordinario N° 869, de 4 de agosto de 2020, el órgano reiteró su respuesta, agregando en síntesis, lo siguiente: a) Con la finalidad de satisfacer lo requerido en el punto 1 de la solicitud, el servicio complementó lo referente a las revisiones médicas mediante carta N° 3426, de fecha 29 de julio de 2020, en la cual se expresa que dicha información sería enviada directamente al interno, según lo previsto en el inciso tercero del artículo 13 letra a) de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285. En tal sentido, los terceros que solicitan información de salud respecto de otra persona deberán concurrir debidamente autorizados por el titular de la ficha clínica, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del artículo 13 antes mencionado, situación que no ocurre en la especie. b) Respecto del reclamo de los numerales 4 y 5 de la solicitud, dichos antecedentes, nombre, apellido y cédula de identidad, constituyen datos personales conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, letra f), de la ley 19.628, razón por la cual Gendarmería aplicó la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este sentido, el enrolamiento e ingreso a un recinto penitenciario y el vínculo sostenido con un interno, obedece al fuero íntimo y a las motivaciones personales de los individuos, por lo que su exposición transgrede su seguridad y vida privada. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo por medio de oficio N° E13837, de fecha 20 de agosto de 2020, solicitó a la reclamante pronunciarse sobre su conformidad o disconformidad con la información entregada. Al respecto, la solicitante mediante correo electrónico de 25 de agosto del año en curso, acompañó presentación donde expresó su disconformidad, señalando en síntesis, lo siguiente: "1. Actas de revisión médica realizadas por Gendarmería: Esta fue la información adicional enviada por Gendarmería, sin embargo, no tenemos acceso al nombre del profesional, cuestión importante para verificar la idoneidad del informe. 2. Evaluación psicológica realizada por Gendarmería: si bien se adjuntan informes evaluación psicológica, sin embargo, no tenemos acceso al nombre del profesional, cuestión importante para verificar la idoneidad de los informes. 3. Horario de entrega de alimentación: No se señala esta información 4. Listado de personas enroladas para visitarlo: Información censurada 5. Listado de personas que personas efectivamente han ingresado a visitarlo: Información censurada. Con respecto a estos dos numerales, 4° y 5°, reiterar lo señalado en el amparo presentado en el presente proceso y en la documentación acompañada, en donde consta que Gendarmería de Chile entregó la información denegada a mi persona, abogada del interno que recibe las visitas, a un periodista del diario "La tercera", quien publicó en nota de prensa toda la información solicitada en el punto 4° y 5°. 6. Cantidad de internos que habitan la U.E.A.S, en particular Sección de Máxima Seguridad y la sección de Alta Seguridad. Información entregada de manera satisfactoria. 7. Reglamento Interno de la U.E.A.S., reglamento interno S.M.S. y reglamento de Sección C.A.S. Todos los documentos que regulen el funcionamiento de la UEAS y sus secciones SMS y CAS: Solo se entrega Decreto N° 353 (...). Este documento no es lo solicitado en el numeral 7°, información de relevancia para esta defensa, toda vez que regulan la función pública de Gendarmería, en particular de la sección en donde permanece mi representado, lo que nos coloca en una situación de desconocimiento e indefensión grave en torno a la regulación específica de como los funcionarios de la institución requerida deben actuar. 8. Resolución Exenta N°8378, Aprueba procedimientos aplicables a las solicitadas de entrevistas a internos para medios de comunicación u otras entidades. Información entregada de manera satisfactoria". Y CONSIDERANDO: 1) Que, de conformidad a lo consignado en los numerales 1°, 3° y 5°, de lo expositivo, se extrae que la reclamante en su amparo refirió que sólo le entregaron lo pedido en el punto 2 de la solicitud de acceso, para luego agregar en su pronunciamiento, que le habían remitido lo pedido en los números 6 y 8. En consecuencia, este procedimiento se circunscribe a la información anotada en los números 1, 2 (en ambos casos, sólo al nombre del profesional que emitió el acta y evaluación respectiva), números 3, 4, 5 y 7 de la solicitud de acceso. 2) Que, en lo que atañe a lo pedido en el número 1, del requerimiento, atingente a las actas de revisión médica, la reclamante sostuvo que no tuvo acceso al nombre del profesional respectivo. Sobre esta materia, se seguirá lo resuelto en la decisión de amparo rol C1465-14, donde se razonó que: "el vincular los nombres de los profesionales con las opiniones y juicios de valor vertidos en sus informes, somete a estos últimos al escrutinio de los internos y, por lo tanto, a una presión externa que perjudica su función laboral, lo que redunda en la afectación negativa del debido cumplimiento de las funciones de cada recinto penitenciario (artículo 21 N° 1 LT), y sin perjuicio del criterio que reiteradamente ha planteado este Consejo, en cuanto a que la esfera de la intimidad de los servidores públicos es más delimitada, precisamente en virtud de la función que ejercen (por ejemplo en decisiones recaídas en amparos Roles C181-09, C434-09 y C95-10, entre otras), no se advierte para el presente caso, de qué manera la comunicación del nombre del profesional o profesionales (...), constituye un aporte al debido control social (...) que excuse la probable afectación de los derechos de los profesionales a que se refiere este punto. Seguidamente, en el considerando siguiente, se agregó que: "(...) se mantendrá en reserva la identidad de los profesionales de Gendarmería que las realizaron, haciendo presente que, en adelante, se deberá resguardar el nombre de aquellos funcionarios que, como parte de su labor profesional, emitan opiniones, juicios o deliberaciones con respecto a un interno, que influyan positiva o negativamente en el tratamiento penitenciario que se le aplique, en la posibilidad de postular a determinados beneficios y/o en el otorgamiento de los mismos, tarjando sus respectivos nombres de los informes y documentos de que se trate, de conformidad al principio de divisibilidad contenido en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. Que, respecto a la información contenida en el literal j) de la solicitud, considerando lo indicado por la reclamada, referente a que el interno sería evaluado psicosocialmente durante el segundo semestre del año 2014, se recomendará a Gendarmería que de existir, haga entrega al requirente de la o las evaluaciones psicosociales practicadas a la fecha al interno, conforme al principio de facilitación establecido en el literal f) de la LT (...). Finalmente, se pedirá al órgano reclamado que en el cumplimiento de este punto, proceda conforme a lo indicado en el considerando anterior". Por lo tanto, en mérito de lo antes expuesto, se rechazará el amparo en esta parte. 3) Que, sobre el nombre del profesional que emitió la evaluación psicológica anotada en el punto 2, cabe precisar que la reclamante en su amparo, señaló expresamente que el órgano había cumplido con lo pedido en dicho ítem, por lo tanto, en el desarrollo del amparo -en su pronunciamiento-, no puede volver a reclamar acerca de una información respecto de la cual, en forma previa manifestó su conformidad. Por este motivo, su análisis y eventual reserva o entrega constituiría un vicio de ultra petita, y en consecuencia, una infracción al principio de congruencia que debe existir en todo procedimiento administrativo. Sin embargo, aun cuando se analizara el fondo de la solicitud, igualmente habría que rechazar el amparo en esta parte, atendido los argumentos expuestos en el considerando precedente. 4) Que, en cuanto a lo pedido en el punto 3, referente al horario de entrega de alimentación al interno consultado, si bien el órgano alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3 de la Ley de Transparencia, no se advierten en este caso concreto antecedentes suficientes que den cuenta que con la entrega de dicha información se puedan afectar el debido cumplimiento de las funciones del servicio o la seguridad pública. Al efecto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, en tanto no se acompañaron elementos de juicio que permitan sustentar la tesis planteada. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de la referida información. 5) Que, a su turno, respecto de lo requerido en los números 4 y 5, de la solicitud de acceso, relativos al listado de personas enroladas para visitar al interno consultado y aquellas que efectivamente han ingresado, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo en las decisiones de amparos roles C3116-14, C3133-16, C3191-16, C4457-17, C1503-18 y C5729-18, entre otras, en orden a que la individualización de las personas que visitan a los internos de un recinto penitenciario, constituyen datos personales, conforme lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628. En tal contexto, se concluyó que la sola vinculación de una persona con la circunstancia de haber visitado a otra en un recinto penitenciario, constituye un dato de carácter personal que concierne a ambos sujetos y que merece protección a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República. Luego, si bien en este caso, al igual que lo ocurrido en el amparo rol C5729-18, existe la autorización del interno por el cual se consulta, no se cuenta con el consentimiento de las personas enroladas y las que lo visitaron, en los términos dispuestos en el artículo 4° de la ley N° 19.628. 6) Que, sobre los mismos puntos consultados (4 y 5), la reclamante indicó que el órgano entregó lo pedido a un periodista, quien lo publicó en el mes de enero de 2020, en la siguiente nota de prensa: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ex-frentistas-un-companero-de-fuga-y-agrupacion-de-dd-hh-el-listado-de-las-visitas-que-esperan-al-comandante-ramiro-en-la-cas/981551/. Al respecto, cabe precisar en primer lugar, que en dicha noticia efectivamente se informa de determinas personas enroladas y que visitaron al interno consultado, donde se lee además que: "El listado fue entregado por Gendarmería al senador Alejandro Navarro y a la diputada Claudia Mix el 31 de diciembre pasado, quienes además pidieron saber "los argumentos por los cuales se le han restringido las vistas solo a sus familiares directos". Al efecto, de lo expuesto, no se advierte que el órgano haya entregado la información en comento a los periodistas en virtud de la Ley de Transparencia. Luego, aun cuando dicha información se encuentre publicada en la prensa en los términos expuestos, aquello no obliga a reiterar su entrega, lo cual por el contrario, debe ser reprochado por vulnerar derechos a la vida privada de las personas involucradas, cuyo consentimiento en la forma establecida en el artículo 4°, de la ley N° 19.628, no consta a este Consejo. La referida norma establece que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, título legal o consentimiento de las personas cuya información es solicitada. Por lo tanto, se rechazará el amparo en estos puntos, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, en orden a "Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado". 7) Que, finalmente, en cuanto a lo requerido en el número 7, de la solicitud de acceso, sobre el "reglamento Interno de la U.E.A.S., reglamento interno S.M.S. y reglamento de Sección C.A.S. Todos los documentos que regulen el funcionamiento de la UEAS y sus secciones SMS y CAS", a juicio de este Consejo, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3, de la Ley de Transparencia, concurren en la especie, atendido que su divulgación supone revelar pautas, que eventualmente permitirían inhibir la posibilidad de controlar situaciones internas. Al efecto, las situaciones de crisis y/o emergencia que puedan suceder en los recintos penitenciarios pueden tener su origen en causas internas, como motines, huelgas, fugas, riñas o, bien, actores externos a los establecimientos penales, como atentados, capturas en los traslados o disturbios fuera de las unidades que provoquen una distracción en los funcionarios en el control interno del recinto. Lo anterior, por cuanto, los reglamentos penitenciarios tienen por objeto regular el funcionamiento de los recintos penales, en orden a establecer sistemas de seguridad y control interno, garantizando a su vez, los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los funcionarios de la institución penitenciaria. 8) Que, en virtud de lo señalado, esta Corporación advierte que, la divulgación de los reglamentos consultados, implicaría dar a conocer la planificación institucional que gobierna el actuar del órgano reclamado, con respecto a la aplicación de procedimientos, protocolos de control y de estrategias de seguridad interna, circunstancia que podría impedir el control de las situaciones de crisis y/o emergencia que puedan presentarse en el recinto penitenciario, máxime si se considera que las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en la unidad especializada de alta seguridad, corresponden a internos con un alto compromiso delictual. Lo anterior, por cuanto la publicidad de los reglamentos penitenciarios, implica revelar las rutas de desplazamiento y traslados designados, de los procedimientos de ingreso, de visitas o de allanamientos. Por tanto, la divulgación de los antecedentes consultados, constituyen una afectación al adecuado cumplimiento de las funciones del servicio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3°, letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, que establece, que el órgano deberá dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos. En concordancia con lo anterior, el decreto supremo N° 518, de 1998, que fija el Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, establece en su artículo 76 que el órgano reclamado debe proteger los derechos de las personas privadas de libertad, resguardar el orden interno de recintos penitenciarios y hacer cumplir las normas del régimen penitenciario. Por su parte, en este mismo orden de ideas, se afectaría la seguridad pública, pues su conocimiento acrecienta el peligro de fuga y seguridad de los reclusos, gendarmes y visitas al interior de los centros penitenciarios. Por lo tanto, a su respecto resultan aplicables ambas hipótesis de secreto alegadas por el órgano reclamado, presentes en el artículo 21 N° 1 y N° 3, de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Yanira González Henríquez en contra de Gendarmería de Chile, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, que: a) Entregue a la solicitante la información contenida en el número 3, de la solicitud de acceso, consistente en horario de entrega de alimentación del interno consultado. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la información referente al nombre del profesional que emitió los documentos solicitados en los números 1 y 2, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia; lo pedido en los números 4 y 5, por el artículo 21 N° 2, de la citada ley; y lo pedido en el número 7, por las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3, de la misma ley, conforme a lo expuesto precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Yanira González Henríquez y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y el Consejero don Francisco Leturia Infante. Se deja constancia que su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.