Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C849-12

Reclamante:	MILTON BERTIN JONES
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en que dicho órgano a dado respuesta negativa a la solicitud de información referida a la decisión amparo C1485-11 en la cual se ordena a dicho organismo derivar la solicitud de información que le dio origen a la referida a "copia del registro de personas con ordenes de detención pendientes" a la PDI y al Registro Civil e Identificación. El Consejo rechaza el amparo deducido, toda vez que el acceso a dicha base de datos se encuentra restringida a ciertas autoridades. El legislador pretendió que el Registro Civil administre y canalice la información de las ordenes de detención pendientes de ejecución, a fin de contar con un sistema centralizado que contribuya a una persecución penal coordinada y eficiente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/26/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1485-11 C848-12
Jurisprudencia a:	C1371-14 C3758-20 C3902-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C849-12 Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación Requirente: Milton Bertín Flores Ingreso Consejo: 08.06.2012 En sesión ordinaria Nº 391 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C848-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; la Ley Nº 20.593; y los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: En la decisión de amparo Rol C1485-11, de 30 de noviembre de 2011, este Consejo resolvió acoger la reclamación deducida en contra del Ministerio del Interior por parte de don Miltón Bertín Flores para el sólo efecto de ordenar a dicho organismo derivar la solicitud de información que le dio origen referida a “copia del registro de personas con ordenes de detención pendiente”, a la Policía de Investigaciones de Chile y al Servicio de Registro Civil e Identificación (en adelante, indistintamente SRCeI), por estimar que se trataba de los organismos competentes para ocuparse de la misma. Por su parte, el Registro Civil ha reconocido haber recibido la solicitud en cuestión el 25 de abril de 2012. 2) RESPUESTA: El Registro Civil respondió a la solicitud de información, mediante carta F.P. N° 226, de 17 de mayo de 2012, señalando, en resumen, que: a) El Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a su cargo el Registro General de Condenas, que contiene el prontuario penal, cual es un documento que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra. Se inscriben en el prontuario penal todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por crimen y simple delito, así como aquellas referidas a las faltas que señala el artículo 3° del Decreto Ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, que crea el Registro General de Condenas. b) Asimismo, conforme lo ordena el artículo 4° del D.S. N° 64/1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes, «Los tribunales que ejerzan jurisdicción en materia penal que expidan órdenes de detención, prisión preventiva o aprehensión en virtud de los dispuesto en las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal, del Código Procesal Penal u otras leyes que regulen dichas facultades, deberán enviar por cualquier medio copia de las mismas al Servicio de Registro Civil e Identificación, en el menor tiempo posible. Remitirán además, copias de las resoluciones que dejaren sin efecto dichas órdenes.» Agrega que el SRCeI: «…formará un catastro de las órdenes mencionadas en el inciso anterior, del cual sólo proporcionará información a autoridades judiciales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile». c) Por su parte, el artículo 6° del D.L. N° 645 señala que, sólo los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile, respecto de las personas sometidas a su guarda y control pueden solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro (entiéndase Registro General de Condenas). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 64, ya citado, los prontuarios y los datos que se relacionen con éstos, serán secretos y en consecuencia sólo se puede otorgar información sobre ellos, al interesado y a las autoridades que la ley indica, además de los mandatarios debidamente habilitados al efecto. d) En este contexto, concurren respecto de la información solicitada las causales de reserva contempladas respectivamente en el artículo 21 N°s 2° y 5° de la Ley de Transparencia. La primera porque la divulgación de la información solicitada afectaría los derechos de los titulares de la información objeto del requerimiento, y lo segundo porque las normas que regulan el tratamiento de los antecedentes penales, en que queda comprendido lo solicitado, responden a la categoría de leyes de quórum calificado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Asimismo, el carácter reservado de dicha información resulta de la aplicación de los articules 22 y 23 de la misma Ley, en cuanto se refieren a los efectos de la declaración de reservados de ciertos actos que efectúa una Ley de Quórum Calificado. e) Asimismo, el tratamiento de la información requerida está definido por su naturaleza de datos personales y/o sensibles, encontrándose restringido conforme a las normas contenidas en los artículos 1°, 2°, 4°, 10 y 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y las categorías que contempla, cuya interpretación armónica en conjunto con la normativa ya citada permite concluir que el Registro Civil se encuentra legalmente impedido para entregar la información solicitada. f) A nivel doctrinario, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha establecido que el tratamiento de datos de carácter personal requiere la adopción de una serie de garantías y el respeto de los principios que configuran el derecho a la protección de datos de carácter personal. En este sentido, establece que uno de los principios básicos de la Protección de Datos, el cual, necesariamente constituye la contrapartida del Derecho de Acceso a la Información Pública, es el principio de la calidad, el cual contiene el principio de la finalidad del dato, que apunta a la existencia de datos con finalidades determinadas, explícitas y legítimas; y el de proporcionalidad que establece que no pueden recabarse datos o realizarse tratamientos que no sean necesarios para la finalidad que se persigue, es decir, no pueden realizarse tratamientos excesivos. De acuerdo con lo anterior, sólo pueden ser recabados y sometidos a tratamiento aquellos datos que sean necesarios para conseguir la finalidad legítima que se persigue. En el caso de nuestro país, ello se encuentran recogido a nivel normativo en el artículo 9° de la citada Ley N° 19.628 que establece que «Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados (…)». g) Así, respecto de la solicitud en cuestión, cabe hacer presente, que el Registro Civil tiene a su cargo mantener el Registro de Condenas y dentro de este, formar un Catastro de órdenes de Aprehensión con las órdenes que se expidan y las resoluciones que las dejaren sin efecto dictadas por los tribunales que ejercen jurisdicción en materia penal, información que no puede ser comunicada sino a las autoridades precedentemente indicadas. h) Conforme al principio de máxima divulgación, señala que es posible entregar la información requerida en la solicitud, de forma genérica y contenida en datos estadísticos o en totales, por lo que señala que si esta información es útil, deberá el solicitante manifestarlo de este modo, presentando un nuevo requerimiento en tal sentido. 3) AMPARO: El 8 de junio de 2012 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Registro Civil, fundado en haber recibido una respuesta negativa a su solicitud, argumentando al efecto que: a) La aplicación del D.L. N° 645, sobre el Registro General de Condenas, especialmente lo que dispone su artículo 3° no resulta procedente en la especie, pues no se ha pedido ninguna información relativa a condenas, sino aquella referida a las órdenes de detención. Dicho artículo es taxativo en cuanto a señalar expresamente lo que incluye dicho registro (las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas), por lo que no se puede argumentar que dicha norma legal haya incluido a las órdenes de detención entre los contenidos del registro. b) Frente a la debilidad de dicha argumentación el Servicio de Registro Civil argumenta en torno a la aplicación del D.S. N° 64/1960, del Ministerio de Justicia, el cual efectivamente restringe las autoridades que pueden tener acceso al catastro de ordenes de detención que obra en poder del Registro Civil, y por ende parecería precisamente validar la tesis de que dicha información es secreta (a pesar de que la resolución de los tribunales que emiten órdenes de detención son públicas). Pero precisamente la Ley de Transparencia que redefinió la información otorgándole carácter público, salvo sus excepciones, derogando en el hecho los cientos de estatutos individuales sobre la materia. Más aún, el Registro Civil intenta la audaz tesis de que el señalado D.S. N° 64 correspondería a una Ley de Quórum Calificado, única forma legal de declarar secreta la información, para lo cual intenta recurrir a la aplicación del artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia, sin que ello resulte procedente pues el cuerpo normativo en cuestión no es una ley sino tan sólo un Decreto Supremo. c) Finalmente, el Registro Civil sostiene la tesis de que existiría protección por la ley 19.628, pero ello no resulta aplicable, pues la información dice relación con actuaciones públicas de los tribunales de justicia desarrolladas en audiencia pública y a lo cual el afectado no puede oponerse. Es, en suma, la recopilación de las actuaciones de los tribunales en cuanto son órdenes de detención, lo que se solicita. Por otra parte, cabe hacer presente que las órdenes de detención no pueden ser consideradas confidenciales, pues son emitidas por actuación de los Tribunales de la República, en audiencia pública. Al efecto acompaña copia de una resolución pronunciada por un tribunal donde se emiten dos órdenes de detención. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2161, de 15 de junio de 2012, al Sr. Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitándole especialmente que al formular sus descargos: (1) se refiriera especialmente a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalara el contenido del registro solicitado, en particular, el número de personas cuyos nombres se encuentran en dicho registro y los campos que abarca la información solicitada (por ejemplo, si contiene el nombre de la persona con orden de detención, RUT de cada persona, número de causa que originó la orden, entre otras). Mediante el Ord. N° 445, de 17 de julio de 2012, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, reiterando en todas sus partes los términos de la respuesta y entregando información relativa a los campos que contiene el catastro de ordenes de aprehensión, detención y prisión preventiva que lleva el Registro Civil, precisando al efecto que dicha información es cargada automáticamente desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Asimismo, agregó a sus descargos lo siguiente: a) Si bien el número de personas contenido en el registro es dinámico, es cercano a 142.479 personas, cantidad que impediría, por ejemplo, notificarlos para obtener su consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. b) En caso de existir alguna información penal disponible para todo público que pueda ser descargada desde el sitio del poder judicial, es una materia que no dice relación con la competencia de que se encuentra investido el Registro Civil en relación al tratamiento de datos personales y sensibles que, para estos efectos se encuentra sometido a la Ley N° 19.628 y las normas que establecen la reserva en esta materia. No obstante ello, la oralidad del nuevo sistema penal, que reemplazo el anterior sistema inquisitivo busca igualar a las partes frente al ejercicio de la justicia, garantizando el principio de contradictoriedad y asegurando, tanto los derechos de la víctima como los del imputado. c) Los antecedentes penales de una persona, constituyen, pues datos sensibles que sólo pueden ser divulgados cuando la ley así lo dispone o su titular consiente en ello. No nos encontramos frente a algunas de estas excepciones, pero, por otra parte, no resulta posible a este Servicio, notificar a las 97.000 personas que figuran en dicho registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a fin de recabar su consentimiento. d) A mayor abundamiento, carecería de sentido lo establecido en el D.L. N° 409, del Ministerio de Justicia, del año 1932 que establece normativas relativas a reos, particularmente sobre reinserción social del penado. e) Igualmente, debe considerarse lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre derechos humanos, del cual Chile es signatario y que en su artículo 11 establece: «Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.» f) En suma, estima que los antecedentes solicitados se encuentran amparados por las causales de reserva establecidos en los numerales N° 2 y N° 5 del Artículo 21 de la Ley de Transparencia, este último en relación con lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la misma norma. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, lo solicitado en este caso es copia del registro de órdenes de detención pendientes que obra en poder del SRCeI, es decir, se ha solicitado un banco de datos particular que se encuentra en poder de dicho organismo, y que al tenor de lo prescrito en el artículo 2º, letra m), de la Ley Nº 19.628 constituye “un conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos”. Concretamente, los datos incluidos y relacionados en este banco son los nombres y apellidos de todas las personas respecto de las cuales algún tribunal hubiese despachado orden de detención, y la solicitud requiere sólo los registros correspondientes a órdenes vigentes. Cabe advertir que no se está solicitando la base de datos que sobre órdenes de detención administra el Poder Judicial, cuyas reglas de recopilación, sistematización y tratamiento pueden resultar esencialmente distintas a las que son aplicables al SRCeI, de manera que lo que se diga respecto de la publicidad o reserva de la primera no resulta necesariamente comunicable a la segunda. 2) Que, para resolver sobre la publicidad o reserva de la base solicitada, debe necesariamente atenderse a la finalidad específica que justifica su recopilación y sistematización y que, tratándose de órganos administrativos deriva de sus competencias legales. Para ello debe examinarse la reciente Ley Nº 20.593 (D.O. 22.06.12), que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia donde figuran, entre otras, las personas que cuentan con órdenes de detención pendientes. El mensaje presidencial que acompaño el proyecto señala que: «…esta iniciativa legal busca agilizar y complementar la obtención y el flujo de información que hoy en día se canaliza a través del Catastro. Con el objeto de abordar el creciente fenómeno relativo a personas condenadas o imputadas que se marginan del sistema, los actores intervinientes del mismo, han reaccionado buscando soluciones parciales. Así, hoy en día, existen sistemas independientes que buscan registrar información de personas con órdenes de detención pendientes, prófugas del sistema, con el objeto de encontrarlas. Sin embargo, estos esfuerzos no han resultado suficientes, ya que el número de personas que se encuentran en la situación irregular antedicha se mantiene preocupantemente alto. Más aún, muchos de ellos, han logrado evadir el sistema, burlando la acción de las policías en circunstancias tan insólitas cómo visitas a Gendarmería de Chile, amonestaciones e incluso detenciones, por infracciones de tránsito, sin que la calidad de prófugo de estas personas haya sido detectada. A modo de respuesta, el SRCeI mantiene, desde el año 2002, un Catastro de Órdenes de Aprehensión (en adelante el “Catastro”) cuyo origen se encuentra en el Decreto Ley número 645 que establece el “Registro General de Condenas”, a cargo de la misma institución. Sin embargo, este Catastro, no es un Registro propiamente tal, pues fue creado por medio del Decreto Supremo N° 64 del año 2002, del Ministerio de Justicia, y no por ley. Esto conlleva que no existe la posibilidad de obtener un certificado que acredite el registro de una persona en él. Por otra parte, el acceso se encuentra limitado a las autoridades judiciales, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, lo que no permite una persecución penal coordinada y eficiente de quienes se han sustraído de la justicia. En razón de lo anterior, esta iniciativa legal busca agilizar y complementar la obtención y el flujo de información que hoy en día se canaliza a través del Catastro». 3) Que los artículos 7º y 8º de esta Ley restringen el acceso a este registro sólo a ciertas autoridades lo que, según su historia fidedigna, se enmarca en la causal de reserva prevista en el Nº 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. De ello se colige que el legislador pretendió que el SRCeI administre y canalice la información de las órdenes de detención pendientes de ejecución, a fin de contar con un sistema centralizado que contribuya a una persecución penal coordinada y eficiente, restringiendo su consulta permanente a ciertas autoridades competentes en materia penal, tal como estableció el D.S. N° 64/2002, del M. de Justicia. 4) Que, en consecuencia, el SRCeI está a cargo de la base de datos relativa a órdenes de detención pendientes como una manera de colaborar con los organismos que están encargados de su ejecución efectiva. Por lo tanto, revelarlas contravendría el propósito legislativo de restringir su acceso sólo a determinadas personas e instituciones, incluido su titular, para así agilizar la persecución penal, lo que configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 5) Que, en una perspectiva global, la finalidad que justifica que el SRCeI recopile las órdenes de detención y restrinja su acceso a sólo ciertas personas dice relación, en último término, con la mantención del orden público y la promoción del bien común. Siendo así, revelarlas a personas diferentes de las autorizadas por el legislador afectaría la seguridad de la Nación —en lo que refiere a la mantención del orden público— y el interés nacional, configurándose las causales de reserva previstas en los numerales 3 y 4 del art. 21 de la Ley de Transparencia. 6) Que, sin perjuicio de lo anterior, al solicitarse una base de datos personales deben también aplicarse los principios que emanan del derecho a la protección de datos personales conforme a las normas de la Ley N° 19.628. Entre éstos, deben destacarse los siguientes: a. El principio de calidad del dato, que consiste en que los datos tratados deben ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos, y que debe ser observado durante la recogida y posterior tratamiento de los datos, con prescindencia que el tratamiento lo efectúe una entidad privada o un órgano público. Concurren a la configuración de dicho principio otros tres principios rectores, a saber: el principio de veracidad del dato, el principio de finalidad el dato y el principio de proporcionalidad del dato (Acápite 4.2 de la “Recomendaciones del Consejo para la Transparencia Sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado”, disponible en el link: http://www.consejotransparencia.cl/cplt-publica-en-diario-oficial-recomendacion-sobre-proteccion-de-datos-personales/consejo/2011-09-14/100108.html). b. El principio de finalidad, consagrado en el artículo 9º de la Ley Nº 19.628, que exige utilizar los datos personales sólo en los fines para los que fueron recolectados, y que en el caso de los órganos públicos están dados por la esfera de su competencia. Analizadas las potestades otorgadas a la PDI no se advierte ninguna que le permita difundir o ceder a terceros las órdenes de detención solicitadas sino sólo a los sujetos ya señalados. En efecto, el ya citado artículo 3º de la Ley Nª 20.253 lleva a concluir que su tratamiento está limitado a objetos específicos, como el control de identidad y la ejecución de las mismas órdenes de detención, debiendo mantener reserva respecto del resto. Esto pone en evidencia la excepcionalidad del acceso a la base respectiva, sin perjuicio del acceso del titular del dato personal . c. El principio de proporcionalidad, según establece la Recomendación sobre Protección de Datos Personales de este Consejo, sólo permite recabar“…aquellos datos que sean necesarios para conseguir los fines que justifican su recolección”. Por tanto, se entenderá que se cumple con el principio de proporcionalidad cuando el o los datos que se recolecten, así como su posterior tratamiento, sean adecuados o apropiados a la finalidad que lo motiva; sean pertinentes o conducentes para conseguir la referida finalidad y no excesivos en relación a dicha finalidad para la cual se han obtenido, en el sentido que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. A juicio de este Consejo, nada de esto ocurre en esta solicitud. Además, según ha indicado la propia PDI la base de datos de personas que registran órdenes de detención pendientes no es estática, ya sea porque se cancela la orden (mediante la detención del requerido o de la contraorden despachada por el tribunal) o porque ingresan nuevos requerimientos judiciales, dependiendo la actualización del Poder Judicial. Así, la información que podría entregarse en virtud de esta solicitud puede no corresponder a la situación real de una o más personas, por lo que constituye un tratamiento excesivo. d. El principio de veracidad del dato, según el cual los datos personales deben ser exactos, actualizados y responder con veracidad a la situación real de su titular (inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 19.628), cuestión que en este caso no se cumple plenamente a partir de lo señalado en el literal precedente, pues pueden existir en esta base datos caducos. 7) Que, por otra parte, como lo solicitado son las órdenes de detención pendientes a la fecha de la solicitud existiría una evidente dificultad para definir el cumplimiento de esta condición de vigencia en cada caso, atendido lo razonado en el literal c) del considerando precedente, arriesgándose responsabilidades civiles en caso de revelarse datos caducos. 8) Que, por todo lo anterior, se rechazará el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Milton Bertín Flores en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General o al Director Jurídico de este Consejo indistintamente, notificar la presente acuerdo a don Milton Bertín Flores y al Director General del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.