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DECISIÓN AMPARO ROL C3538-20</p>
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Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC).</p>
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Requirente: Juan Pablo Araya Orellana.</p>
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Ingreso Consejo: 23.06.2020.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), ordenando la entrega de la base de datos y cuestionario, de la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos. Con todo, en forma precautoria, en el evento de existir, deberá tarjar la identidad de los funcionarios públicos que participaron en dicha encuesta, como asimismo, cualquier antecedente por medio de los cuales se les pueda identificar. A su turno, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos.</p>
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Lo anterior, al tratarse de información pública, sobre la cual surgió el estudio que lideró la DNSC junto con determinados académicos, cuyos resultados, permitirán al órgano construir evidencia valiosa para implementar nuevas y mejores políticas públicas en materia de gestión y desarrollo de personas en el Estado.</p>
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Se desestima la concurrencia de las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas y al privilegio deliberativo del órgano reclamado.</p>
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En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3538-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de junio de 2020, don Juan Pablo Araya Orellana solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), la siguiente información: "base de datos de la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos aplicada en Julio-Agosto del año 2019, reportado en el siguiente link https://www.serviciocivil.cl/noticias/noticias/servicio-civil-entrega-resultados-de-laprimera-encuesta-nacional-a-funcionarios-publicos/ Además solicito el cuestionario aplicado con las preguntas individualizadas en la Base de datos. Favor de entregar información en formato excel, SPSS o STATA".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 651, de 23 de junio de 2020, la DNSC indicó en síntesis, que la información solicitada no obraba en su poder, toda vez que la participación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en este proyecto, se focalizó en coordinar con las instituciones la aplicación de la encuesta y proporcionar a los investigadores académicos, determinados datos que se detallan.</p>
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3) AMPARO: El 23 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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Al efecto, señaló en resumen, que: "Aunque en la respuesta entregada, la Dirección Nacional del Servicio Civil indica que no tiene en su poder la información generada por la encuesta, en la misma página de la Dirección, en el link https://enf.serviciocivil.cl/encuesta2019/#section-metodologia-15 se menciona que la base de datos está disponible para su consulta y descarga. En este mismo link se señala que "Los datos que alimentan al tablero se pueden descargar en la sección "Descargar datos". Los archivos csv están codificados con una separación de punto y coma, con comas como marcadores decimales. Si los números no se muestran correctamente en Microsoft Excel, cambie la configuración de codificación predeterminada en Excel a una separación de punto y coma, con comas como marcadores decimales". Además, en el link https://enf.serviciocivil.cl/encuesta2019/#section-reclutamiento-yseleccion se señala que existe información de no acceso público, relevando que los resultados por unidad se encuentran disponibles pero solo para una visualización privada"</p>
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Luego, agregó lo siguiente: "Por otro lado, es necesario destacar que la Dirección Nacional del Servicio Civil ha denominado a la Encuesta "Primera Encuesta Nacional de Funcionarios(as) Públicos(as)" denotando un carácter permanente de esta encuesta, y no tratarse de una investigación académica especifica. En segundo lugar, aunque la respuesta del organismo señala que la encuesta no implico costo alguno, por otro lado se indica que el organismo participo en la gestión de la información, lo cual involucra el uso de recursos públicos (generalmente en las investigaciones académicas la institución facilita la lista de correos de funcionarios publico pero no gestión la aplicación de la encuesta). De hecho, como anteriormente se mostró en los enlaces, hay recursos para mantener estos datos en un servidor del organismo público".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, mediante oficio N° E10893, de fecha 10 de julio de 2020, requiriendo que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada ; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.</p>
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Posteriormente, por medio de ordinario N° 689, de 10 de agosto de 2020, el órgano en resumen, indicó lo siguiente:</p>
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a) La solicitud abarca "base de datos" y "cuestionario aplicado con las preguntas individualizadas en la base de datos". De ahí que, entregar acceso a dicha base, se traduciría en tener acceso a la identidad del conjunto de funcionarios que respondieron el cuestionario de preguntas aplicado, lo cual permitiría relacionar o vincular explícitamente a cada funcionario con las respuestas entregadas en la encuesta, toda vez que responden a preguntas relativas a su nombre, calidad jurídica, institución, función que desempeña, equipos de trabajo a los que pertenece, entre otros aspectos que permiten su identificación. Además, hubo un compromiso de confidencialidad.</p>
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b) En cuanto a lo señalado por el reclamante, todas las indicaciones y acceso son entregados a las instituciones que participaron en la encuesta aplicada, toda vez que el diseño del proyecto incluía la retroalimentación a las jefaturas superiores de los servicios, de los resultados de su institución, de manera anónima y tal como lo indica el reclamante, con características de una visualización privada. Este insumo fue considerado por las instituciones al momento de aceptar las condiciones de aplicación de la encuesta y se consideró relevante para eventualmente orientar medidas en los diversos ámbitos de gestión de personas que contemplaba la encuesta.</p>
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c) Respecto al punto invocado por el reclamante, relativo a la intervención de recursos públicos por parte de la institución, cabe señalar que en los aspectos relacionados con la aplicación de la encuesta, no existió desembolso de recursos presupuestarios institucionales. La colaboración de la institución se focalizó en la coordinación con las instituciones participantes, y en la asesoría técnica entregada al equipo investigador, para la elaboración de las preguntas relacionadas con las temáticas de selección y reclutamiento.</p>
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En lo que respecta al servidor en el cual se aloja la información (tablero), efectivamente se levantó un requerimiento necesario para poder entregar acceso a los resultados dirigidos a las instituciones participantes. Esta medida otorga un plazo prudencial para que se permita el acceso a los datos y atendidas las consultas efectuadas no se ha determinado aún, cuando será restringido su acceso.</p>
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d) Sobre lo solicitado por el Consejo en oficio de traslado:</p>
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i. A la pregunta 1), efectivamente la base de datos de funcionarios y las respectivas respuestas detalladas con ocasión de la encuesta aplicada, se encuentran en un servidor de la DNSC, levantado al efecto, como requerimiento técnico necesario para los fines descritos precedentemente.</p>
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ii. A la pregunta 2), las circunstancias de hecho que impiden la entrega de la información solicitada son las descritas en las letras a), b) y c) precedentes.</p>
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iii. A la pregunta 3), señalar que se invoca como causal de reserva, las contenidas en el artículo 21 N° 1 letra b) y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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En primer término, porque la base de datos y respuestas solicitadas por el reclamante son el medio o mecanismo por el cual la DNSC, en el marco de sus respectivas competencias, estima llevar a cabo una encuesta a funcionarios, y obtener información de valor, en el cumplimiento de sus funciones, cuyos resultados, análisis, e información, fue en su oportunidad y sigue siendo, de acceso público a la ciudadanía, a través del informe respectivo.</p>
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En segundo lugar, porque las condiciones de ejecución que fueron, en el marco de sus facultades, adoptados para llevar a cabo la iniciativa, con las instituciones que participaron y que realizaron el estudio, contemplaron la confidencialidad como elemento esencial del proyecto y en ese sentido, la entrega de la información solicitada vulnera el normal funcionamiento de la institución en atención al compromiso adquirido, en las condiciones descritas en el cuerpo principal de este oficio.</p>
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Y en último lugar, porque la publicidad, comunicación o conocimiento de la base de datos y respuestas entregadas con ocasión la aplicación de la encuesta, afecta el derecho de los funcionarios que participaron en la aplicación de un instrumento que se les garantizó sería confidencial, incluso al interior de sus propias instituciones.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 11 de septiembre de 2020, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano remitir todo acto por medio del cual se haya acordado la participación de la DNSC, en la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, lo cual fue cumplido por el órgano mediante correo electrónico de 17 de septiembre de 2020.</p>
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Además, señaló lo siguiente:</p>
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a) La participación de la DNSC, en el proyecto Encuesta Anual de Funcionarios Públicos, radica en las funciones legales relativas a materias de gestión de personas, principalmente aquellas consagradas en el artículo 2, del Título III de la Ley N° 19.882, que regula su normativa orgánica. Las funciones consideradas son los siguientes contempladas en los literales del artículo citado: b), i), k), l) y</p>
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En este contexto, para el cumplimiento de estas funciones, comprendidas en el área de gestión y desarrollo de personas y en especial las enumeradas en las letras a), b), c), i), j), k), l), m), ñ), q), r) y s) del artículo 2°, se consultará en su estructura orgánica y funcional una Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, área comprometida con la tarea objeto de la consulta.</p>
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b) La forma como se iniciaron las acciones que se concretaron en la implementación y aplicación de la encuesta aludida en la presentación, se enmarcan en misivas de propuesta del equipo investigador a la Jefatura Superior de la DNSC y las respectivas respuestas a dichas misivas, que se adjuntan.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los académicos encargados de la encuesta en comento, don Christian Schuster y don Javier Fuenzalida, mediante oficios N° E15807 y E15809, ambos de 21 de septiembre de 2020.</p>
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Al respecto, don Christian Schuster, mediante correo electrónico de 28 de septiembre de 2020, dirigido con copia a don Javier Fuenzalida, señaló lo siguiente: "tengo el agrado de informarle, que, junto al Prof. Javier Fuenzalida (Universidad de Chile), hemos compartido por correo electrónico con la Dirección Nacional de Servicio Civil una versión consolidada de la base de datos agregados que se visualiza en https://enf.serviciocivil.cl/encuesta2019/, con fecha del 28 de septiembre del 2020.</p>
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Esto permitirá al Servicio Civil, que previamente no tuvo acceso a una base de datos consolidada, hacer entrega de los datos al solicitante. La base equivale a los csvs señalados en https://enf.serviciocivil.cl/encuesta2019/ (que, por cierto, pueden ser descargados de manera individual desde el mismo sitio), pero se trata de un formato consolidado en una sola base de datos, para un uso más amigable. Además, hemos enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil en el mismo correo un cuestionario con las preguntas individualizadas".</p>
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A su turno, don Javier Fuenzalida, por medio de correo electrónico de 5 de octubre de 2020, reiterando lo señalado anteriormente, agregó que la entrega de la referida base de datos, se realizó resguardando siempre la identidad de los funcionarios y funcionarias involucradas. Las condiciones para desarrollar el proyecto, acordadas entre los investigadores y el Servicio Civil, contemplaron desde un principio -una vez finalizado el proyecto- el poner a disposición los resultados de la encuesta a través de un Informe Final y una base de datos con los csvs por servicio participante.</p>
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Señaló además, que el Servicio Civil ha sido una institución coadyuvante de la Encuesta Nacional de Funcionarios y facilitó contactos con las instituciones nacionales, en el marco de sus funciones. No existieron transferencias de recursos del presupuesto institucional del Servicio Civil ni de la Universidad de Chile para el desarrollo de este proyecto.</p>
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Finalmente, indicó que estar completamente comprometido a colaborar con esta causa, siempre resguardando los estándares de confidencialidad comprometidos con los servicios y las personas que participaron en la encuesta.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la base de datos y cuestionario de la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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2) Que, a modo de contexto, cabe tener presente, los siguientes antecedentes:</p>
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a) Durante el año 2019, se realizó la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, cuyos resultados se pueden apreciar en un informe publicado por el servicio en el siguiente link: https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2020/01/Encuesta-Nacional-de-Funcionarios-Informe-General-FINAL-15ene2020-1.pdf. En esta encuesta participaron más de 65 servicios y 21.443 trabajadores del Estado, la cual fue liderada por don Christian Schuster (University College London), por don Javier Fuenzalida (Universidad de Chile) y por la Dirección Nacional de Servicio Civil (DNSC). Asimismo, se contó con el apoyo financiero del fondo universitario de intercambio de conocimiento e innovación de la University College London (UCL), la asistencia de investigación de Robert Lipinski (UCL) y al Centro de Sistemas Públicos (CSP) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. En el siguiente link, se puede ver, a vía ejemplar, la promoción que la DNSC realizó respecto de la señalada encuesta: https://www.youtube.com/watch?v=s9GnLkcFlGE.</p>
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b) En el prólogo del informe que contiene los resultados de la citada encuesta, el Director Nacional del Servicio Civil, señaló entre otras cosas, que: "los resultados de esta primera encuesta nacional de funcionarios públicos de Chile -aplicada durante el año 2019- nos permiten construir evidencia valiosa para implementar nuevas y mejores políticas públicas en materia de gestión y desarrollo de personas en el Estado".</p>
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c) Dicha encuesta nació en virtud de misivas remitidas por el académico, don Christian Schuster, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, quien se comprometió a apoyar la ejecución del aludido estudio, convocando a todos los servicios públicos del país, y entregando apoyo a los investigadores.</p>
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d) De acuerdo a lo indicado por el órgano, la participación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en la encuesta en comento, radica en las funciones legales relativas a materias de gestión de personas, principalmente aquellas consagradas en el artículo 2°, del Título III de la ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. En tal sentido, el referido precepto, dispone que: "Corresponderá especialmente a la Dirección Nacional del Servicio Civil: b) Promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal del sector público; i) Fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades de personal o gestión de personas de los ministerios y servicios. Además podrá asesorar a dichas unidades en la elaboración de los perfiles de los cargos de alta dirección pública; k) Fomentar el desarrollo de la cultura participativa con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos; l) Incorporar en la proposición de políticas de personal, variables que eviten todo tipo de discriminación, tales como, género, tendencias sexuales, religión, étnicas, discapacidades físicas y otras de similar naturaleza; n) Realizar diagnósticos y estudios acerca de temas propios de sus funciones";</p>
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3) Que, de acuerdo a lo consignado precedentemente, se colige que la información solicitada es de naturaleza pública, en la medida que la encuesta cuya base de datos se consulta, fue liderada por la DNSC junto con los académicos antes individualizados, en el cumplimiento de sus funciones legales, la cual, de acuerdo a lo expresado por la máxima autoridad del órgano, servirá para "implementar nuevas y mejores políticas públicas en materia de gestión y desarrollo de personas en el Estado". En este sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Asimismo, el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, establece que es pública toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales causales de reserva que puedan configurarse en la especie.</p>
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4) Que, el órgano con ocasión de sus descargos indicó que la base de datos de funcionarios y las respectivas respuestas detalladas con ocasión de la encuesta aplicada, se encuentran en un servidor de la DNSC, respecto de la cual, alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) y N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, sobre la afectación de los derechos de los funcionarios públicos, en particular, en relación a su identidad, los académicos que lideraron la encuesta junto con la DNSC, siendo consultados por este Consejo, manifestaron haber compartido con la Dirección Nacional de Servicio Civil una versión consolidada de la base de datos agregados que se visualiza en https://enf.serviciocivil.cl/encuesta2019, señalando que aquello permitirá, hacer entrega de los datos al solicitante, resguardando siempre la identidad de los funcionarios y funcionarias involucradas. En consecuencia, no se aprecia una afectación a la vida privada de los funcionarios que participaron en la encuesta consultada.</p>
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6) Que, por otra parte, el órgano alegó también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al respecto, el órgano no ha especificado en forma alguna la existencia de una actual deliberación concreta donde se estén utilizando como antecedentes, la base de datos solicitada. Además, no pormenorizó cómo la entrega de la información podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, debiéndose tener presente que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. Por lo tanto, la causal en análisis será desestimada.</p>
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7) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos anteriores, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la base de datos que obre en poder del servicio y cuestionarios relativos a la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos. Con todo, en forma precautoria, en el evento de existir, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de los funcionarios públicos que participaron en dicha encuesta, como asimismo, cualquier antecedente por medio de los cuales se les pueda identificar. A su turno, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Juan Pablo Araya Orellana en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, que:</p>
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a) Entregue al solicitante, copia de la base de datos que obre en poder del órgano, sobre "la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos aplicada en Julio-Agosto del año 2019, reportado en el siguiente link https://www.serviciocivil.cl/noticias/noticias/servicio-civil-entrega-resultados-de-laprimera-encuesta-nacional-a-funcionarios-publicos/ Además (...) el cuestionario aplicado con las preguntas individualizadas en la Base de datos. (...) entregar información en formato excel, SPSS o STATA".</p>
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Previo a su entrega, en forma precautoria, en el evento de existir deberá tarjar la identidad de los funcionarios públicos que participaron en dicha encuesta, como asimismo, cualquier antecedente por medio de los cuales se les pueda identificar. A su turno, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Juan Pablo Araya Orellana, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil y a los terceros interesados en este amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>