Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3599-20

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Reclamante:	YISSELA TRONCOZO CÁRDENAS
Reclamado:	AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, referido a la entrega de proyectos Fondecyt que se indican. Lo anterior, al tratarse de un proyecto adjudicado con recursos fiscales, y que constituye fundamento de la resolución de adjudicación del órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/23/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4456-18 C2110-17
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Vida privada >> Datos personales
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C3599-20   Entidad pública: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Requirente: Yissela Troncozo Cárdenas Ingreso Consejo: 25.06.2020. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, referido a la entrega de proyectos Fondecyt que se indican. Lo anterior, al tratarse de un proyecto adjudicado con recursos fiscales, y que constituye fundamento de la resolución de adjudicación del órgano reclamado. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos roles C2110-17 y C4456-18. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3599-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de mayo de 2020, doña Yissela Troncozo Cárdenas solicitó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo -en adelante e indistintamente también ANID- lo siguiente: "Información proyectos Fondecyt: Materia ciencias jurídicas y políticas, año 2019, investigador que indica, de la Universidad Católica del Norte, N° de proyecto 1191729. Proyecto N°1190199, de investigador que refiere, de la Universidad Diego Portales." 2) RESPUESTA: Mediante presentación de fecha 24 de junio de 2020, el órgano requerido respondió a dicho requerimiento y denegó lo requerido, advirtiendo que "la información solicitada no está disponible por el momento, el proyecto se encuentra actualmente en ejecución". 3) AMPARO: El 25 de junio de 2020, doña Yissela Troncozo Cárdenas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante Oficio N°E12387 de fecha 31 de julio de 2020 solicitándole que: (1°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información requerida y fecha aproximada del término del mismo; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante presentación, de fecha 21 de agosto de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, señalando lo siguiente: Primeramente, hizo presente que, la ANID no dispone -por el momento-, del contenido de dichos proyectos, toda vez que, se encuentran actualmente en ejecución y desarrollo, más no concluidas, ni aprobadas técnica y financieramente por parte del órgano requerido, por las siguientes razones: - Las bases que regulan los concursos de los proyectos FONDECYT -de iniciación en investigación del año 2019, regular del año 2019 y regular del año 2020- estipulan que los Consejos velarán por la confidencialidad de la información contenida en la propuesta, tanto en sus etapas de postulación, evaluación y ejecución, este último, en caso de ser financiada, sin perjuicio de lo prescrito en la Ley de Transparencia. - Acto seguido, ilustró que, las propuestas adjudicadas, tienen una duración de 2 a 4 años, período en el que se desarrolla el proyecto y el autor genera productos comprometidos en sus objetivos de propuestas, tales como libros, capítulos de libros, mapas, artículos de revista, entre otros. En este contexto, refirió que, los investigadores deben presentar los informes de avances y/o finales, donde se informan los logros y los niveles de avances de la propuesta. Adicionalmente, explicó que, los investigadores reciben los recursos adjudicados, los cuales deben rendir al finalizar cada etapa de su proyecto, en fechas que expone. - Asimismo, el órgano reclamado señaló que, el acceso a los informes y productos de los proyectos en ejecución, se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21° N°1 de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la ANID. Al respecto, hizo presente que, se tratan de proyectos en ejecución, cuya divulgación viola la confidencialidad de una iniciativa aún no concluida, publicada, ni registrada. Sobre lo anterior, agregó que, la mantención de la confidencialidad se funda como una garantía para que el sistema se desarrolle en armonía con los principios de transparencia y búsqueda de la calidad necesaria para el desarrollo científico. En tal sentido, refirió que, existe un "contrato tácito" entre los postulantes y la ANID, para asegurar la confidencialidad del contenido de las propuestas, ya que éstas pueden comprometer eventualmente la propiedad intelectual o material -hipótesis o datos de investigación- potencialmente publicable. Bajo esta lógica, razonó que, revelar la información solicitada genera un desincentivo en la actividad de investigación financiada con recursos públicos, lo que afectaría los objetivos institucionales de la Agencia, destinados a fomentar la investigación científica y tecnológica, y el capital humano avanzado. Al respecto, citó dos referencias internacionales sobre la materia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de los proyectos FONDECYT individualizados en el numeral 1° de lo expositivo. Al respecto, la ANID denegó la entrega de lo requerido, pues los proyectos solicitados se encontraban en ejecución. Asimismo, hizo presente que, en la especie, se configura la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, esto es: «cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido». 2) Que, en primer término, respecto de lo requerido, cabe tener en consideración que la información consultada se refiere -en términos generales- a proyectos de investigación que se encuentran en distintas etapas de su ejecución, esto es, con información generada, por generar o inexistente. En tal sentido, el requerimiento se circunscribe a toda aquella información que obraba en poder del órgano requerido a la fecha de la solicitud de acceso a la información. 3) Que, con respecto a la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, la ANID denegó la entrega de los proyectos requeridos, toda vez que su divulgación viola la confidencialidad de una iniciativa aún no concluida, cuya publicidad puede eventualmente comprometer la propiedad intelectual o material de los investigadores. Bajo esta lógica, argumentó que revelar la información solicitada genera un desincentivo en la actividad de investigación financiada con recursos públicos, lo que afectaría los objetivos institucionales de la Agencia, destinados a fomentar la investigación científica y tecnológica, y el capital humano avanzado. 4) Que, sobre la interpretación de la causal esgrimida por el órgano reclamado, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N°6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución (Considerando 8°). (énfasis agregado). 5) Que, a juicio de este Consejo, este no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, toda vez que no se ha acreditado detalladamente la afectación al debido funcionamiento del órgano, pues sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el funcionamiento del órgano. Asimismo, no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan acreditar como la divulgación de los proyectos consultados, produciría una afectación a la propiedad intelectual o material de los investigadores autores de los referidos proyectos. Sobre este punto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo, en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se ha verificado en la especie, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, razón por la cual se desestimará la alegación de la reclamada en este punto. 6) Que, en cuanto al deber de confidencialidad sobre el contenido de las propuestas, esgrimido por el órgano requerido -con ocasión de sus descargos-, este Consejo advierte que, dicho deber es establecido por las Bases de los Proyectos FONDECYT, esto es, por una resolución administrativa, la cual detenta un rango jerárquico menor a la Ley de Transparencia. Por lo anterior, dicho instrumento no puede superponerse al Principio de Publicidad y al Derecho de Acceso a la Información, consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, y los artículos 4°, 5° y 10° de la Ley de Transparencia. Asimismo, esta Corporación tuvo a la vista las Bases de los Proyectos consultados, advirtiendo que dicho documento reconoce expresamente que el deber de confidencialidad tiene como limitación el libre acceso a la información pública: «velar por la confidencialidad de la información contenida en la propuesta, tanto en sus etapas de postulación, evaluación y ejecución. Esto último, en caso de ser financiada. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en la Ley N° 20.285 que contiene la Ley de Transparencia». (énfasis agregado). 7) Que, acto seguido, es menester tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». 8) Que, de lo señalado por la ANID, con ocasión de su respuesta y descargos, se devela que los proyectos consultados ya fueron adjudicados y se encuentran en etapa de implementación y/o ejecución. En este sentido, ante solicitudes de similar naturaleza, esta Corporación en las decisiones de amparos roles C2110-17 y C4456-18 ha resuelto la publicidad de la información solicitada, al tratarse de proyectos adjudicados con recursos fiscales, con el fin de incentivar el desarrollo y promoción de la investigación en el país, que implica la necesidad de un mayor control social y escrutinio de la ciudadanía respecto de la asignación de dichos recursos por parte del Estado, y, asimismo, toda vez que, corresponde a información que sirvió de sustento a la respectiva resolución de adjudicación dictada por el órgano requerido, constituyendo parte de los fundamentos que tuvo la autoridad para adoptar la decisión de adjudicación del concurso al investigador consultado. (énfasis agregado). 9) Que, en esta misma línea, esta Corporación estima que existe un interés público prevalente en la entrega de la información requerida, toda vez que da cuenta de una gestión eficiente en la asignación de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 10) Que, en virtud de lo razonado precedentemente; habiéndose desestimado las causales de reserva esgrimidas por el órgano reclamado; advirtiéndose la naturaleza pública de los antecedentes requeridos; y, teniendo en consideración la importancia que la divulgación de lo requerido reviste para un adecuado control social sobre la materia consultada, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de los proyectos consultados. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Yissela Troncozo Cárdenas, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo lo siguiente; a) Entregue a la reclamante los proyectos Fondecyt individualizados en el numeral 1° de lo expositivo, en la forma indicada en el considerando 10° del presente acuerdo. No obstante, en el evento en que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Yissela Troncozo Cárdenas; y, a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, por haber desarrollado proyectos académicos aprobados por dicho organismo; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.