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DECISIÓN AMPARO ROL C3659-20</p>
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Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)</p>
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Requirente: Alberto Barros Bordeu</p>
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Ingreso Consejo: 26.06.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), relativo a la entrega de los expedientes administrativos indicados.</p>
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Lo anterior, por tratarse de antecedentes que forman parte de un procedimiento infraccional en curso en contra de una sociedad agrícola, en que el solicitante no es parte interesa, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las normas sanitarias en el control y erradicación del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino, cuya divulgación podría afectar el privilegio deliberativo esgrimido por el órgano reclamado y, en consecuencia, el debido funcionamiento del mismo.</p>
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Aplica criterio decisiones de amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras.</p>
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Sin perjuicio a lo resuelto, se recomienda entregar al solicitante copia de los expedientes administrativos requeridos, una vez que estos se encuentren finalizados; ello en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en la Ley de Transparencia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3659-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de mayo de 2020, don Alberto Barros Bordeu solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante también denominado SAG, la siguiente información:</p>
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"(...) expedientes administrativos de las causas Rol N°17131211, Rol N°17131251, Rol N°17132101, y Rol N°1913736; todas tramitadas ante la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región Metropolitana".</p>
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2) RESPUESTA: El 05 de junio de 2020, el Servicio Agrícola y Ganadero respondió a dicho requerimiento de información, mediante resolución exenta N°3797, de 04 de junio de 2020, denegando el acceso a lo solicitado en virtud del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, fundado en que los procesos infracciónales reclamados aún se encuentran pendientes en tramitación.</p>
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3) AMPARO: El 26 de junio de 2020, don Alberto Barros Bordeu dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que la pura circunstancia de encontrarse un procedimiento abierto no puede servir de base para que el organismo requerido pueda denegar el acceso de terceros al estado de procedimientos, así como a los antecedentes que en se ventilan, especialmente si se trata de asuntos relevantes para la sanidad animal.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E11530, de 20 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante ordinario N° 2371, de 05 de agosto de 2020, el órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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Reitera la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia para denegar la información reclamada, agregando que los expedientes solicitados forman parte del procedimiento de aplicación general reglada en el Título IV, de la Ley N° 18.755, del Servicio Agrícola y Ganadero, por infracción a lo dispuesto en el DFL RRA N°16, con el ?n de ponderar si se debe aplicar una multa, cuyo resultado se comunica al infraccionado con la dictación de una resolución exenta.</p>
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En relación a lo anterior se estima que los antecedentes no pueden ser entregados a un tercero, por no encontrarse el procedimiento en una etapa procesal que así lo permita, no siendo el solicitante un "interesado en el proceso", conforme a lo prescrito en los artículos 3, 17 y 21 de la ley 19.880; por lo que la documentación requerida sólo podrá ser entregada al tercero una vez que el acto administrativo o resolución exenta de término sea dictada y notificada.</p>
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Agrega, que los antecedentes requeridos versan sobre procesos infraccionales de la sociedad agrícola que indica, por incumplimientos a medidas sanitarias que tienen por objeto controlar y erradicar el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), enfermedad de origen viral que afecta a los cerdos, causando importantes pérdidas de producción y puede afectar las exportaciones.</p>
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Finalmente, hace presente que los procedimientos infraccionales solicitados se encuentran estrechamente vinculados con un proceso seguido ante los Tribunales de Justicia, en causa rol que indica, actualmente en estado de apelación, donde la sociedad en comento demandó la nulidad de derecho público por medidas sanitarias adoptadas anteriormente sobre la materia, por lo que existen antecedentes pendientes que serán necesarios para resolver los procesos consultados.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los expedientes que se señalan en el N°1 de lo expositivo. Al respecto, el órgano recurrido en su respuesta y luego con ocasión de sus descargos evacuados en esta sede, denegó estos antecedentes fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, por formar parte de un procedimiento infraccional en tramitación en contra de la sociedad agrícola señalada.</p>
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2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que, el artículo 3°, letra a) de la Ley 18.755, de 1988, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, dispone que dentro de las funciones del SAG se encuentra la de "aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. Asimismo, conocerá y sancionará toda infracción de las normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al Servicio". Por su parte, en el artículo 5° de la citada ley, se faculta al organismo adoptar medidas de control zoosanitarias y, en los artículos 11 y siguientes de la norma referida, se establece el procedimiento de aplicación general y sanciones para resolver las infracciones a las normas legales o reglamentarias cuya fiscalización se otorga a la reclamada.</p>
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3) Que, según lo dispuesto en la Ley de Transparencia, particularmente en sus artículos 5° y 10, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en esta ley y en otras leyes de quórum calificado. Asimismo es pública toda información elaborada con presupuesto público y toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.</p>
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4) Que, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano requerido, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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5) Que, del análisis de los antecedentes tenidos a la vista, en la especie, respecto del primero de los requisitos, se advierte que, tal como señaló la reclamada, los expedientes solicitados, forman parte de un procedimiento infraccional por incumplimientos a las medidas sanitarias por parte de la sociedad consultada, que obran en poder de la reclamada y en actual tramitación, encontrándose vinculados entre sí, los cuales, además, servirán de base para la dictación de una resolución final por parte del organismo en la que se determine si existió o no infracción a la normativa fiscalizada.</p>
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6) Que, asimismo, en relación al segundo requisito, este Consejo advierte que la divulgación de los antecedentes solicitados pertenecientes a un procedimiento en curso, en el cual el solicitante no es parte interesada, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, los antecedentes solicitados se enmarcan dentro de sus facultades de fiscalización otorgadas por la Ley 18.755, que se traducen, en el caso particular, en la adopción de medidas zoosanitarias con el objeto de controlar y erradicar la enfermedad Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), y en la determinación, si en la especie, se infringió por parte de la sociedad fiscalizada las referidas medidas de prevención adoptadas por la reclamada. En este sentido, la publicidad prematura de los antecedentes requeridos importa entorpecer la deliberación interna, quedando en evidencia, las posibles diligencias que puedan decretarse, los objetivos y resultados de las mismas, unido a la presunción de las resoluciones definitivas a adoptar, lo cual debilita la función fiscalizadora de la reclamada y con ello, el cumplimiento de su función de protección efectiva del patrimonio zoosanitario. Por lo anterior, se rechazará el presente amparo, por configurarse respecto de la información solicitada, la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, sin perjuicio de lo resuelto en los considerandos precedentes, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11 literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará al Servicio Agrícola y Ganadero, entregar al solicitante copia de los expedientes administrativos requeridos, una vez que estos se encuentren finalizados, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Alberto Barros Bordeu en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por configurase la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra b), de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Recomendar al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, que en virtud del principio de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11 literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, remita al reclamante los expedientes pedidos una vez que se encuentren finalizados.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Barros Bordeu y al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>