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DECISIÓN AMPARO ROL C3730-20</p>
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Entidad pública: Servicio de Salud Reloncaví</p>
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Requirente: N.N.</p>
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Ingreso Consejo: 30.06.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Salud Reloncaví, requiriendo la entrega de copia del expediente sumarial afinado por acoso laboral solicitado, tarjando previamente de aquel todos los datos personales de contexto contenidos, como por ejemplo: domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros.</p>
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Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, el interesado conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.</p>
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Se rechaza este amparo respecto de la identidad de los funcionarios que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso y de cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de estos, así como sus declaraciones, toda vez que tenido a la vista el expediente requerido debido a la cantidad de declaraciones prestadas y su contenido, no resulta plausible aplicar divisibilidad, debido al riesgo de identificar a los declarantes, cuya divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.</p>
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Finalmente, atendida la naturaleza del proceso consultado y la calidad que detentó el reclamante en aquél, se dispuso la reserva de su identidad, tanto en la presente decisión como en los registros de este Consejo.</p>
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En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3730-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de mayo de 2020, el solicitante requirió al Servicio de Salud Reloncaví "Respecto al sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N° J/1473 del 17 de abril de 2019 en la Dirección del Servicio de Salud Del Reloncaví, resuelto según lo señalado en Resolución 1613 del 28 de abril de 2020, solicito expediente completo del mismo y toda información asociada al desarrollo de proceso con uso de información personal del suscrito".</p>
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2) RESPUESTA: El Servicio de Salud Reloncaví mediante resolución exenta N° 2297, de fecha 22 de junio de 2020, informó que "el sumario requerido dice relación con hechos en que se vieron involucrados los solicitantes, y, que por la Resolución N° 1473, de fecha 17 de abril de 2019, se resolvió sobreseer éste, por no existir responsabilidades administrativas". Por su parte, tanto denunciante como denunciado solicitaron copia del expediente en cuestión, por lo que, aplicaron el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sólo manifestado su oposición a la entrega el reclamante/denunciado. En tal sentido, razonan que "la oposición deducida por el Sr. (...) y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, legalmente, vedaría a esta autoridad, la posibilidad de entregar copia del sumario a doña (...) y no así respecto de la copia que le corresponde al primero, por la aceptación tácita de la segunda; no es menos cierto que el procedimiento disciplinario es una materia regulada por los artículos 123 y siguientes de la Ley N° 18.834, normas que establecen un proceso que debe cumplir con los estándares de justicia y ritualidad que impone la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Constitución, que en la práctica debe permitir la concreción en materia administrativa de un justo y racional procedimiento (debido proceso) que asegure los derechos de todas las partes con igualdad de herramientas procesales. De modo que entregar copia del sumario a una sola de las partes para los efectos de ejercer los derechos que pretendan corresponderle, el primero de ellos, a conocer los fundamentos y antecedentes de resoluciones administrativas que producen efectos jurídicos para ambos, razón por la cual debe denegarse la entrega de copia del expediente sumarial solicitado, sobre la base de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 20 N° 2, de la Ley N° 20.285, producto de la oposición deducida en tiempo y forma por el Sr. (...) que impide a esta autoridad el poder entregar copia del sumario a ambas partes, sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer éstos en la sede correspondiente".</p>
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3) AMPARO: Con fecha 30 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de Salud Reloncaví, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio de Salud Reloncaví mediante Oficio N° E11.465, de fecha 20 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) aclare si el tercero se opuso a la entrega de la información, y, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio N° 2153, de fecha 4 de agosto de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que "sin perjuicio de existir aceptación tácita de entrega de la información por parte de doña (...) esta autoridad consideró prudente resolver el asunto aplicando la normativa contenida en las leyes N° 18.834 y 19.880, en especial, con el fin de asegurar los estándares de justicia y ritualidad que impone la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Constitución, que en la práctica debe permitir la concreción en materia administrativa de un justo y racional procedimiento (debido proceso) que asegure los derechos de todas las partes con igualdad de herramientas procesales". De esta forma, consideran que se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E13.679, de fecha 17 de agosto de 2020, confirió traslado al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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El tercero involucrado en el presente amparo, por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2020, se opone a la entrega de lo solicitado por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó al Servicio de Salud de Reloncaví por medio de Oficio N° E14.866, de fecha 2 de septiembre de 2020, remita copia del expediente sumarial requerido.</p>
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El órgano reclamado mediante correo electrónico, de fecha 3 de septiembre de 2020, remite copia del expediente requerido.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, se pronunció el tercero involucrado en esta reclamación, ante este Consejo.</p>
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2) Que el órgano reclamado argumentó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por la eventual afectación del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República; fundado en que el reclamante - denunciado- se había opuesto a solicitud de acceso al expediente sumarial en cuestión realizado por el tercero involucrado - denunciante-. Sin embargo, cabe señalar que aquélla causal está establecida en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos para configurarla no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla.</p>
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3) Que, el tercero involucrado en el presente amparo, sólo en esta instancia, manifestó su oposición a la entrega del expediente sumarial requerido, señalando la causal de reserva o de secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin otorgar mayores antecedentes que acrediten su configuración en este caso, razón por la cual se descartarán sus alegaciones, sin perjuicio de que se resuelva más adelante en torno a dicha causal de excepción.</p>
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4) Que, respecto de lo pedido, cabe hacer presente que a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A47-09, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).</p>
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5) Que, según lo informado por el órgano reclamado, al tiempo de la solicitud de acceso el sumario en cuestión se encontraba afinado, por lo que, en atención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trataría de información de carácter pública. Sin perjuicio de lo cual, cabe tener presente lo razonado por este Consejo respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público. Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos Roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".</p>
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6) Que, por otra parte, se debe considerar que en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente el expediente sumarial solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.</p>
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7) Que, en atención a lo razonado en los considerandos anteriores y revisados los antecedentes contenidos en el expediente en su conjunto, este Consejo advierte que en virtud de la cantidad de declaraciones prestadas y su contenido, no resulta posible aplicar el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia, en lo relativo a las declaraciones prestadas por los funcionarios en calidad de testigos, aun cuando se tarjen sus nombres, cargo u otros antecedentes, debido al riesgo de identificar a los declarantes. Razón por la cual, se rechazará este amparo a su respecto, así como también en lo relativo a su identidad y de cualquier otro antecedente que permita su individualización, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución conferida a esta Corporación por el artículo 33 letra j) de la ley citada.</p>
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8) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, en cuanto a los demás antecedentes contenidos en el expediente solicitado resulta posible la aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario - artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción.</p>
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9) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente este amparo requiriendo al órgano reclamado otorgar acceso al expediente sumarial pedido, excluyendo las declaraciones de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, y tarjando previamente la identidad de aquellos, así como toda mención al cargo o funciones desempeñadas por estos. Asimismo, de todos los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-; esto último de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que, sin perjuicio a lo resuelto en el considerando anterior, en atención a que en el expediente se contiene información personal del reclamante, previo a la entrega de dichos antecedentes se deberá dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo, que dispone que "cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo se procederá a la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880". Lo anterior, en ejercicio de la atribución de esta Corporación conferida por el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.</p>
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11) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que se efectuó una denuncia por acoso laboral en su contra, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que aquella debe ser protegida, por lo cual se mantendrá en reserva está en la presente decisión, disponiéndose, además, dicho resguardo en los registros internos de esta Corporación y en la información sobre procesos en curso disponible en nuestra página web.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto en contra del del Servicio de Salud Reloncaví, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Salud Reloncaví, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente solicitado tarjando previamente la identidad de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, así como toda mención al cargo o funciones desempeñadas por estos y sus declaraciones. Asimismo, de todos los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-. Lo anterior, dando estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3, de este Consejo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Se rechaza este amparo respecto de la identidad de los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso en calidad de testigos y de las declaraciones prestadas por estos, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar a la Dirección Jurídica que inicie el proceso de reserva de identidad de las partes reclamante y terceros involucrados, con la finalidad que la Dirección de Desarrollo de este Consejo verifique que se realicen las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad de la parte reclamante y terceros involucrados del presente amparo, en los sitios externos del Consejo.</p>
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V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al reclamante, al Sr. Director del Servicio de Salud Reloncaví y al tercero involucrado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>