Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3740-20

Reclamante:	WILFREDO CERDA CONTRERAS
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, ordenando la entrega de las resoluciones sanitarias consultadas. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida no se configura en la especie. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia y el carácter genérico de lo pedido, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el órgano reclamado, no precisó siquiera el volumen aproximado de información a analizar ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, indicando únicamente que lo pedido era de carácter genérico lo cual no es correcto debido a que el solicitante delimitó la materia de las resoluciones sanitarias de autorización consultadas a los rubros que detalla en su requerimiento, no resultando en consecuencia, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/25/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2447-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Distraer indebidamente a sus funcionarios
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C3740-20   Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Atacama. Requirente: Wilfredo Cerda Contreras. Ingreso Consejo: 30.06.2020. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, ordenando la entrega de las resoluciones sanitarias consultadas. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida no se configura en la especie. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia y el carácter genérico de lo pedido, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el órgano reclamado, no precisó siquiera el volumen aproximado de información a analizar ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, indicando únicamente que lo pedido era de carácter genérico lo cual no es correcto debido a que el solicitante delimitó la materia de las resoluciones sanitarias de autorización consultadas a los rubros que detalla en su requerimiento, no resultando en consecuencia, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3740-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de junio de 2020, don Wilfredo Cerda Contreras solicitó a la SEREMI de Salud Región de Atacama, la siguiente información: "copia de las Resoluciones Sanitarias de las empresas autorizadas para realizar: 1.- Desratización. 2.- Desinfección y sanitización 3.- Desinsectación 4.- Control de insectos voladores 5.- Control de palomas 6.- Insectos rastreros 7.- Control de plagas". 2) RESPUESTA: Mediante oficio N° 7188/2020, de 29 de junio de 2020, el órgano denegó la entrega de lo solicitado, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, la cual se funda en el decreto N° 104/20 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, como también, en el decreto N° 4/20 del Ministerio de Salud, que decretó la alerta sanitaria por brote del nuevo coronavirus, estableciéndole a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en su artículo 3°, la función de coordinar en el contexto de esta alerta sanitaria, las acciones que ejecuten los organismos del sector salud y los otros servicios públicos. 3) AMPARO: El 30 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, mediante oficio N° E11422, de fecha 20 de julio de 2020, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Posteriormente, por medio de oficio N° 8319, de 5 de agosto de 2020, el órgano reiteró la causal de reserva alegada, agregando en síntesis, lo siguientes: a) La petición es efectuada en términos genéricos al indicar "todas las resoluciones sanitarias de autorización", y no sólo de una materia determinada sino del listado señalado precedentemente. b) Al no quedar restringida a una temática específica, sino que a las distintas materias y pidiendo para cada una de ellas "las copias" de cada una de las resoluciones de autorización, implica un elevado número de actos administrativos puesto que su necesidad no quedaría satisfecha con la entrega del listado de empresas autorizadas, sino, con la copia de cada una de ellas. c) La Contraloría General de la República en su dictamen N° 3610/2020 ha indicado que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos. d) Las SEREMIS poseen en este contexto de pandemia, un rol fundamental en atención a su función legal establecida en el artículo 67 del Código Sanitario, esto es, velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes. e) De la dotación total de 145 funcionarios con que cuenta la Institución en la ciudad de Copiapó, para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia, se ha debido recurrir a la contratación adicional y excepcional de personas bajo la modalidad de Código del Trabajo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las resoluciones sanitarias consignadas en el numeral 1°, de lo expositivo, todo lo cual fue denegado por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, basado en la carácter genérico de lo solicitado y en las contingencias ocasionadas por el COVID-19, cuyos hechos se leen en el numeral 4°, de lo expositivo. 2) Que, en un primer orden de ideas, cabe señalar que el artículo 31, inciso 3°, del decreto N° 136, que establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dispone que: "El Subsecretario de Salud Pública será el coordinador y superior jerárquico de los Secretarios Regionales Ministeriales en el orden administrativo, sin perjuicio de la subordinación a que éstos estarán sujetos respecto de dicha Subsecretaría, en dicho orden jerárquico y de la de Redes Asistenciales, en las materias de sus respectivas competencias". Luego, este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, entre ellos desde luego, a las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 3) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, si bien el órgano enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido en razón de la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno para otorgar respuesta a la solicitud, indicando en definitiva que no accederá a lo pedido por la casual que invoca. 4) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad. 5) Que, asimismo, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En este contexto, el órgano reclamado, no precisó siquiera el volumen aproximado de información a analizar ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, indicando únicamente que lo pedido era de carácter genérico lo cual no es correcto debido a que el solicitante delimitó la materia de las resoluciones sanitarias de autorización requeridas, a los rubros que detalla en el numeral 1°, de lo expositivo, no resultando en consecuencia, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento. 6) Que, en otro orden de ideas, y sobre la naturaleza de lo pedido, al tratarse de información relativa a resoluciones sanitarias de autorización, estas deben publicarse en el banner de transparencia activa del órgano. En efecto, el artículo 7°, letra g), de la Ley de Transparencia, dispone que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros". En tal sentido, la instrucción general N° 11, sobre Transparencia Activa, establece en el punto N° 1.7, párrafos primero y segundo, que "En virtud de este numeral deberán publicarse todos aquellos decretos, resoluciones, acuerdos de órganos administrativos pluripersonales -o los actos que los lleven a efecto- u otro tipo de actos administrativos emanados de la respectiva autoridad que afecten los intereses de terceros, les impongan obligaciones o deberes de conducta o tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de éstos, en la medida que dichos terceros sean personas, naturales o jurídicas, ajenos al servicio u organismo que los dicta. Se incluirán en esta sección, por ejemplo: - Las instrucciones, dictámenes y circulares dictadas por el servicio u organismo aplicables a terceros; - El reconocimiento de derechos; - Las concesiones, autorizaciones y otros permisos otorgados". 7) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo, acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo. A su turno, considerando las especiales circunstancias generadas por el COVID-19, para efectos del cumplimiento de la presente decisión, se otorga un plazo de 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada. Por otra parte, en forma previa a la entrega, el órgano deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Con todo, en caso de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes requeridos, dicha circunstancia se deberá acreditar en sede de cumplimiento de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Wilfredo Cerda Contreras en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, que: a) Entregue al solicitante "copia de las Resoluciones Sanitarias de las empresas autorizadas para realizar: 1.-Desratización. 2.-Desinfección y sanitización 3.-Desinsectación 4.-Control de insectos voladores 5.-Control de palomas 6.-Insectos rastreros 7.- Control de plagas". Para lo anterior, en forma previa, el órgano deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros. Con todo, en caso de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes requeridos, dicha circunstancia se deberá acreditar en sede de cumplimiento de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Wilfredo Cerda Contreras y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.