Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3762-20

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Reclamante:	PATRICIO ELÍAS SARQUIS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, referido a la entrega de la información correspondiente a copia de: i) Toda resolución de rectificación de oficio de sentencia definitiva de primera instancia; entre el 01.01.2010 y el 31.12.2019. ii) Toda sentencia definitiva de segunda instancia, que se haya sido revisada y/o redactada en el todo o parte por la funcionaria consultada, con los documentos anexos que se detallan, entre el 01.01.2015 y el 30.04.2020; iii) Todo documento intercambiado entre los funcionarios que se indican y/o por algún otro funcionario, en virtud del cual se haya accionado para determinar cuándo, por qué, por quién o quiénes y cómo fueron redactadas, revisadas y firmadas, las siete resoluciones que indica; y, iv) El "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas" en el expediente arbitral N° 10.773-2018. Lo anterior, al configurarse la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, respecto de los dos primeros numerales de la solicitud; por encontrarse satisfecho el estándar exigido para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia, respecto de la información detallada en la primera parte del punto tres del requerimiento; y, por estimarse atendida la solicitud en relación con la parte final del punto tres y el cuatro de la misma, en mérito de los antecedentes entregados por el órgano. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante, respecto de los dos primeros puntos del requerimiento, que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/30/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C3691-17 C3692-17 C1179-11 C377-13 C409-13 C1613-20 C2343-20
Jurisprudencia a:	C7257-20 C7329-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C3762-20   Entidad pública: Superintendencia de Salud Requirente: Patricio Elías Sarquis Ingreso Consejo: 01.07.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, referido a la entrega de la información correspondiente a copia de: i) Toda resolución de rectificación de oficio de sentencia definitiva de primera instancia; entre el 01.01.2010 y el 31.12.2019. ii) Toda sentencia definitiva de segunda instancia, que se haya sido revisada y/o redactada en el todo o parte por la funcionaria consultada, con los documentos anexos que se detallan, entre el 01.01.2015 y el 30.04.2020; iii) Todo documento intercambiado entre los funcionarios que se indican y/o por algún otro funcionario, en virtud del cual se haya accionado para determinar cuándo, por qué, por quién o quiénes y cómo fueron redactadas, revisadas y firmadas, las siete resoluciones que indica; y, iv) El "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas" en el expediente arbitral N° 10.773-2018. Lo anterior, al configurarse la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, respecto de los dos primeros numerales de la solicitud; por encontrarse satisfecho el estándar exigido para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia, respecto de la información detallada en la primera parte del punto tres del requerimiento; y, por estimarse atendida la solicitud en relación con la parte final del punto tres y el cuatro de la misma, en mérito de los antecedentes entregados por el órgano. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante, respecto de los dos primeros puntos del requerimiento, que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3762-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de mayo de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud, la siguiente información: "Solicito se me entregue copia de toda resolución de rectificación de oficio de sentencia definitiva de primera instancia, que se haya verificado en un procedimiento arbitral de conocimiento y resolución del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud entre el 01.01.2010 y el 31.12.2019. Solicito se me entregue copia de toda sentencia definitiva de segunda instancia, que se haya revisada y/o redactada en el todo o parte por doña (...) entre el 01.01.2015 y el 30.04.2020, acompañando el antecedente documental que acredite por quién y cuándo fue requerida su intervención o aclarando si obró de oficio, entregándose además copia de todos los borradores, emails, análisis, fundamentos, requerimientos, memorándum, citas y/o cualquier otro documento utilizado o correspondiente al fallo que haya sido presentado, entregado y/o requerido por o al Superintendente de Salud, titular, subrogante, suplente o interino firmante de dicha sentencia definitiva de segunda instancia. A su vez, solicito se me entregue copia de todo instructivo, acta, email, carta, escrito, comunicación, memo o documento alguno recibido, enviado y/o intervenido por (los funcionarios que indica) y/o por algún otro funcionario de la Superintendencia de Salud, en virtud del cual se haya instado, pedido, propuesto, exigido, fundado, argumentado, revisado, redactado, contrariado y/o sancionado en todo o parte, para determinar en forma escrita, congruente y fundada, cuándo, por qué, por quién o quiénes y cómo fue redactada, revisada y firmada: i) La resolución de rectificación de oficio con fecha 27 de agosto de 2019, de la sentencia definitiva de primera instancia dictada el 16 de agosto de 2019 por el mismo don (...). ii) El proveído al recurso de apelación interpuesto por la Isapre Cruz Blanca el 17 de septiembre de 2019. iii) La resolución del 10 de octubre de 2019, que a la solicitud de certificación del reclamante proveyó "Estese al mérito de autos". iv) La resolución del 10 de octubre de 2019, que complementa la resolución indicada en el iii) anterior. v) La sentencia definitiva de segunda instancia de fecha 25 de octubre de 2019. vi) La resolución del 22 de noviembre de 2019. vii) La resolución del 9 de diciembre de 2019. Todo lo anterior, en el procedimiento arbitral N° 10773-2018. Por último, solicito copia íntegra del Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas que lleva esta Superintendencia de Salud, con todos los movimientos de la tramitación electrónica, con todos los despachos y respuestas en el expediente arbitral 10773-2018, desde su inicio hasta la fecha de respuesta a esta petición". 2) RESPUESTA: El 10 de junio de 2020, a través de Resolución Exenta SS/N° 491, la Superintendencia de Salud respondió al requerimiento de información, denegando la entrega de los antecedentes, invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, el órgano argumentó que, en relación con el pasaje del requerimiento referido a resoluciones de rectificación, los sistemas con que cuenta la Superintendencia no proporcionan la clasificación de resoluciones en los términos solicitados, por lo que correspondía efectuar un proceso de búsqueda y revisión de 159.579 reclamos en el marco de un procedimiento arbitral, ya que el período requerido es cercano a los 10 años. Lo anterior implica encomendar dicha labor, con dedicación exclusiva, a uno de los profesionales de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, distrayéndolo indebidamente de sus funciones habituales. Tratándose de la solicitud referente a copia de las sentencias definitivas y los antecedentes anexos detallados, reitera que los sistemas electrónicos de tramitación de juicios arbitrales que posee la Superintendencia no entregan información sistematizada que distinga quien revisó o redactó una determinada sentencia de segunda instancia, razón por la cual, para obtener la información se requeriría efectuar la revisión de cada uno de los expedientes, es decir, la revisión de las sentencias de segunda instancia dictadas en un lapso superior a 5 años, lo que se traduce en la revisión de cerca de 8.218 sentencias. Lo anterior implica encomendar la labor, con dedicación exclusiva, a uno de los 8 profesionales que componen la Fiscalía, distrayéndolo indebidamente de sus funciones habituales sujetas, en un porcentaje importante, a trámites con plazos fatales. Respecto de las sentencias desarrolladas por la Fiscalía como las de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales, al contener datos vinculados al estado de salud de una persona, correspondería efectuar, además, un proceso de encriptación de la identidad del demandante, con la finalidad de impedir su asociación con esta información como también respecto a su vinculación con una Institución de Salud Previsional, datos sensibles de acuerdo con la Ley N° 19.628. Esta labor implica que un funcionario de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y uno de la Fiscalía de la Superintendencia de Salud, deban avocarse, además de la revisión de los expedientes, al tarjado de las sentencias, situación que complejiza la tarea que deben desarrollar, constituyendo una distracción indebida de las labores de dichos funcionarios. Por ello, sostiene que la atención de estos puntos del requerimiento, dada la magnitud de actos involucrados, implica la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a su atención, interrumpiendo las otras funciones que la repartición debe desarrollar, exigiendo una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. Acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Superintendencia se encuentra sujeta al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia, por lo que, se configura la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285. Además, sostiene que el requerimiento se verifica en el marco de una pandemia y la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, circunstancias que determinan que los funcionarios de la Superintendencia se encuentran o bien realizando labores de teletrabajo, o en las dependencias de la Institución, pero cumpliendo un horario reducido, lo que deriva en una mayor complejidad al momento de dar respuesta. Respecto de la parte final de la solicitud, informa que debido a la tramitación electrónica de los juicios arbitrales, no se conservan documentos borradores de las resoluciones que se realizan, por lo que los documentos que el sistema permite obtener son los mismos que constan en el expediente electrónico como documentos finales, y ellos corresponderían a la solicitud de documentos recibidos, enviados y/o intervenidos por los funcionarios de la Superintendencia consultados, expediente que poseería el reclamante por ser parte en el proceso. En cuanto a las comunicaciones solicitadas, señala que la revisión del sistema de la Superintendencia en el cual se tramitó el juicio arbitral Rol N° 10773-2018, arrojó los comentarios que inserta. Por su parte, el "historial" de la tramitación electrónica que inserta, da cuenta de las autoridades y funcionarios que participaron en la redacción, revisión y firma de las resoluciones precedentemente identificadas, y cuando se realizaron dichas actividades. No se advierten otros documentos o comunicaciones con otras personas o funcionarios que permitan satisfacer el requerimiento. Finalmente, en cuanto a la solicitud de copia del Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas, señala que los movimientos de la tramitación electrónica son los que se han detallado y entregado, correspondiente al "historial" del procedimiento arbitral, por lo que se da por cumplido dicho requerimiento. En cuanto al "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas que lleva esta Superintendencia de Salud" con todos los despachos y respuestas", consigna que dicha terminología no se utiliza en el sistema electrónico de tramitación de los procedimientos arbitrales, sin embargo, y dado que lo solicitado son los "despachos y respuestas", entrega en formato PDF la información solicitada. 3) AMPARO: El 1 de julio de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que el requerimiento se refiere únicamente a resoluciones de rectificación de oficio de sentencia definitiva de primera instancia, por lo que, el número de reclamos debe disminuir considerablemente, razón por la cual, sería posible entregar la información sin incurrir en la causal de distracción indebida. Sin perjuicio de lo anterior, junto con deducir el amparo, viene en modificar la solicitud, en términos de reducir el plazo inicial, solicitando únicamente copia de toda resolución de rectificación de oficio de sentencia definitiva de primera instancia, que se haya verificado en un procedimiento arbitral de conocimiento y resolución del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, reduciendo el período de aproximadamente 10 a 1 año. Asimismo, en lo que dice relación con la solicitud de copias de toda sentencia definitiva de segunda instancia, que se haya revisada y/o redactada en el todo o parte por doña Ana María Barros Lira y sus antecedentes, junto con deducir el amparo, viene en modificar la solicitud, en términos de reducir el plazo inicial, solicitando la misma información, ahora entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, reduciendo el período requerido de información a 1 año. En cuanto al requerimiento que dice relación con copia de documentos referidos a los funcionarios que indica y a todo funcionario de la institución, la respuesta nada dice en relación con lo efectivamente solicitado respecto de los documentos signados con los números i) a vii) de esta parte del requerimiento. Toda actividad en ejercicio de una función pública, con presupuesto público, debe estar respaldado, escriturado y disponible, para acreditar y controlar el cumplimiento de los principios en que se fundan las bases de la administración del Estado y sus procedimientos, en términos especialmente de la escrituración, transparencia, probidad e imparcialidad. En cuanto al requerimiento que dice relación con la copia íntegra del Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas que lleva la Superintendencia de Salud, con todos los movimientos de la tramitación electrónica, con todos los despachos y respuestas en el expediente arbitral consultado, no solo fueron pedidos los despachos y respuestas, como antojadizamente se responde, el documento en PDF entregado no contiene todos los movimientos de la tramitación electrónica del expediente arbitral N° 10773-2018, de hecho, no contiene ni un movimiento del expediente arbitral como fue pedido, debiéndose contener, por cierto, dentro de éstos, además y para el debido correlato, todos los despachos y respuestas y no sólo éstos. Se limita lo informado sólo a despachos y respuestas -sin precisión alguna del programa de sustento o respaldo - pero ello obedecería sólo a una parte de lo requerido. A mayor abundamiento, se indica que "dicha terminología no se utiliza en el sistema electrónico de tramitación de los procedimientos arbitrales", pero no se precisa de modo alguno cuál sería entonces la terminología correcta y menos aún se entrega información que cumpla con lo solicitado, para acreditar cuándo y cómo se ingresó en el sistema de tramitación electrónica cada uno de los escritos y sentencias o movimientos que tuvo el expediente electrónico. Por ello, no se cumplió con el requerimiento, bajo el nombre o denominación que se quiera, para reflejar cuáles son todos los movimientos que se registraron mediante el programa computacional de la Superintendencia, en términos automatizados y fidedignos del expediente arbitral, debiendo constar al menos, el día, hora, la actividad ingresada al sistema y la parte que lo presenta o firma, en relación a la presentación de cada uno de los escritos de ambas partes y las resoluciones dictadas en el marco de la tramitación electrónica del expediente reservado indicado. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio E11600, de 21 de julio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. SS/N° 2018, del 11 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la tramitación de los juicios arbitrales se realiza de manera electrónica, de acuerdo a lo establecido en el Compendio de Procedimientos, Capítulo V "Solución de Conflictos", Título VI "Expediente Electrónico Reservado y notificación electrónica de resoluciones de juicios arbitrales y reclamos administrativos". Al respecto, el numeral 1, letra a), del Título VI referido, indica que se entiende por "Expediente Electrónico Reservado" un documento electrónico compuesto por una serie ordenada de actos, registros y documentos representados en formato electrónico, dispuestos en estricto orden de ocurrencia, de ingreso o egreso en aquél, que se origina en el procedimiento de reclamos deducidos ante la Superintendencia de Salud por cotizantes y beneficiarios en contra de las Isapres o Fonasa, dispuesto en el Título II o, en el procedimiento de arbitraje, dispuesto en el Título IV, ambos del Capítulo V. A su turno, el numeral 2 se refiere a la formación del expediente, en los términos que explica. Sobre la solicitud de toda resolución de rectificación de oficio de sentencia, reitera lo expuesto en la respuesta, y en relación con lo sostenido por el reclamante en el amparo, precisa que cada vez que se genera un reclamo arbitral consecuencialmente se crea un "expediente arbitral", así los 159.579 casos informados, corresponden al número de casos ingresados a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud como Tribunal Especial con sentencia definitiva de primera instancia, y por tanto, dado que el sistema electrónico de tramitación no posee las atribuciones de distinguir si la sentencia definitiva de primera instancia correspondió a una "rectificación de oficio" a una "sentencia definitiva sin rectificación de oficio", la única forma de llegar a dicha conclusión es revisando individualmente cada expediente y constatar si la sentencia definitiva de primera instancia fue rectificada de oficio o no. Lo anterior implica encomendar la labor de búsqueda y recopilación de la información, con dedicación exclusiva, a uno de los profesionales que componen la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, quien debería efectuar una revisión de más de 7978 casos diarios dentro de los 20 días hábiles que la ley otorga para contestar un requerimiento, incluso contemplando una prórroga de 10 días, esto implicaría la revisión de más de 5319 sentencias diarias, situación que resulta desproporcionada y enormemente gravosa para la Institución. A lo anterior, debe sumarse la necesidad de efectuar una labor de tarjado o encriptado de la información. Así, queda de manifiesto que el desarrollo de las labores señaladas constituye una distracción indebida de las tareas que, los funcionarios de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, y más propiamente tal, los pertenecientes al Subdepartamento de Resolución de Conflictos, deben ejecutar en la Superintendencia, al cual, de acuerdo con la Resolución Exenta N° 260, que estable la Estructura Orgánica de la Institución le corresponden las labores que detalla. Finalmente, en relación con la reducción del periodo que abarca la solicitud, hace presente que no procede la modificación de las solicitudes a través del ejercicio del amparo, por cuanto ello obliga al organismo no sólo a ocuparse de la defensa de sus actos, sino que, a efectuar labores de búsqueda de la nueva información requerida, considerando que para estos efectos sólo se dispone de 10 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que limitar el período requerido a la información entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, implica la revisión de 43.273 sentencias de primera instancia, volumen considerable atendidas las circunstancias expuestas, por lo que, en este caso, también la atención del requerimiento distrae indebidamente de sus funciones regulares al personal de la Fiscalía de la Superintendencia de Salud. Respecto del requerimiento de copia de sentencias definitivas emitidas por la funcionaria que señala y documentos anexos que se detallan, reitera lo sostenido en su respuesta, y a la vez, manifiesta que el funcionario designado debería efectuar una revisión de más de 410 casos diarios dentro de los 20 días hábiles que la ley otorga para contestar un requerimiento, incluso contemplando una prórroga de 10 días, esto implicaría la revisión de más de 274 sentencias diarias, situación que resulta desproporcionada y enormemente gravosa para la Institución. A ello, debe sumarse la necesidad de efectuar la labor de tarjado o encriptado de la información. Luego, en relación con la reducción del plazo solicitado, reitera que entiende que no procede la modificación de las solicitudes de información a través del amparo, por cuanto ello obliga al organismo no sólo a ocuparse de la defensa de sus actos, sino que, a efectuar labores de búsqueda de la nueva información, considerando que para estos efectos sólo se dispone de 10 días hábiles. Sin perjuicio, limitar el período requerido a la información entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, implica la revisión de 927 sentencias, volumen considerable atendidas las circunstancias expuestas, por lo que en este caso también la atención del requerimiento distrae indebidamente de sus funciones regulares al personal de la Fiscalía de la Superintendencia de Salud. Respecto de la última parte de la solicitud, señala que en razón de la tramitación electrónica las resoluciones y sentencias que realiza la Superintendencia se efectúan mediante el llenado de plantillas, las cuales, una vez afinado su texto, pasan a formato PDF, circunstancia que determina la inexistencia de archivos borradores, por lo que no existen otros documentos en los términos descritos por el requirente, sólo existen los documentos y la información que obra en el expediente arbitral, y a la cual tiene acceso el requirente como abogado del demandante. Inserta muestra de cómo los documentos se crean en plantillas que genera el sistema de tramitación electrónica. De esta forma, el cuándo, por qué, por quién o quiénes y cómo fueron redactadas, revisadas y firmadas las resoluciones y sentencias indicadas en los números i) a vii) de la solicitud, constan en la pestaña "Historia" de la tramitación del juicio arbitral, información que fue entregada al recurrente. Una situación similar se produjo a propósito del amparo Rol C1613-2020, donde se hizo presente que lo único disponible era la "historia" de tramitación y en relación con las comunicaciones sólo los comentarios que el sistema arrojaba, los mismos que fueron entregados en la Resolución Exenta SS/N° 491, de 10 de junio de 2020, que motiva el presente amparo. Indica que no ha sido posible establecer la existencia de correos electrónicos en relación a esta materia, los cuales aún en el hipotético caso de existir, de acuerdo a lo establecido en el amparo Rol C1613-20 se encuentran amparados por la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285, por lo que se solicita se tengan por reproducidas las consideraciones que este propio Consejo esgrimió en dicha decisión, sin perjuicio de reiterar que no ha sido posible establecer la existencia de correos electrónicos. Sobre la solicitud de copia del Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas, señala que los movimientos de la tramitación electrónica aludidos son los que se han detallado y entregado en el punto precedente, correspondientes al historial o historia del procedimiento arbitral. En cuanto al "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas que lleva la Superintendencia "con todos los despachos y respuestas", consigna que dicha terminología actualmente no se utiliza en el sistema electrónico de tramitación de los procedimientos arbitrales, y por ello, tal como se informó a propósito del amparo Rol C2343-20, éste solo entrega información incompleta. Las actuales "pestañas" del sistema electrónico de tramitación son: Caratula, Antecedentes Específicos, Documentación, Expediente Único, Expediente Otros, Historia, Prórrogas y Administración, no contemplándose la "pestaña" "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas". Dado que los movimientos de la tramitación electrónica fueron entregados con la "historia" de tramitación, y dado que lo solicitado era además los "despachos y respuestas", éstos se contemplan actualmente en la pestaña "Documentación", como se muestra en captura de pantalla que inserta. El detalle de la pestaña "Documentación" fue entregada como documento en formato PDF al requirente en la Resolución Exenta SS/N° 491, que motiva este amparo, documento que también se acompaña a esta presentación, por lo que sólo cabe concluir que a este respecto la Superintendencia de Salud dio cabal cumplimiento al requerimiento. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo dice relación con la denegación y entrega parcial de la información requerida por el reclamante, descrita en el número 1 de la parte expositiva. Por su parte, la Superintendencia de Salud invoca la causal de reserva o secreto de distracción indebida, respecto de los antecedentes requeridos en los dos primeros párrafos de la solicitud; alega la inexistencia de la información sobre la que versan los párrafos finales del requerimiento; y, entrega los antecedentes que obran en su poder. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la interpretación de la primera causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano en relación con la información referida a toda resolución de rectificación de oficio de sentencia, y a copia de sentencias definitivas que se hayan sido revisadas y/o redactadas en el todo o parte por la funcionaria que indica, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las gestiones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que: "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en este sentido, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Así, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7, N° 1, literal c), inciso tercero, que: "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, en el presente caso, el órgano ha alegado la causal explicando que el sistema electrónico de tramitación no posee las atribuciones de distinguir si la sentencia fue objeto o no de rectificación de oficio, o, quien revisó o redactó una determinada sentencia de segunda instancia, situación que obligaría a la revisión individual de un número significativo de expedientes, para la identificación de ambos tópicos consultados. Específicamente, en el caso de las sentencias de primera instancia, se trataría de 159.579 expedientes, y en el de las de segunda, 8.218 expedientes, lo que exigiría dedicación exclusiva de un funcionario quien debería revisar, respectivamente, 7978 y 410 expedientes diarios por 20 días. Agrega que, identificada la información, debe procederse además al tarjado de datos personales y sensibles. Estas circunstancias, sumadas a las extraordinarias generadas por la pandemia de Covid19, justificarían la causal de reserva o secreto alegada. 7) Que, en este sentido, como se explicó en los considerandos precedentes, la configuración de la causal en comento dice relación con la exigencia para el órgano de la realización de esfuerzos desproporcionados para la entrega de lo solicitado, hipótesis que, a juicio de este Consejo, se verifica en este caso, ya que la información solicitada involucra la revisión de antecedentes de un periodo extendido de tiempo, cercano a 10 y 5 años, en cada caso, recayendo la labor en un elevado volumen de archivos a revisar, situación que, ante la imposibilidad alegada por el órgano de extraerse de manera automatizada, configuran los presupuestos de hecho para la configuración de la causal. De esta manera, proyectado el volumen de la información a todo el periodo consultado, resulta pertinente concluir que, en efecto, su ubicación y sistematización para su entrega, en los términos requeridos, pueden distraer indebidamente de sus funciones, que el órgano señala, a sus funcionarios, razón por la cual, se rechazará el amparo en este aspecto, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, sobre este punto, se debe hacer presente que, pese a que el reclamante ha manifestado al deducir su amparo su voluntad de acotar los periodos requeridos en estos dos puntos de la solicitud, refiriéndose cada uno al lapso de un año, ello aún significaría una demanda laborar desproporcionada para el órgano requerido, por cuanto exigiría la revisión de 43.273 y 927 expedientes respectivamente. No obstante, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. 9) Que, luego, tratándose de la información que el órgano señala no obrar en su poder, esto es, la referida a cualquier documento asociado a los funcionarios que indica o a cualquiera de la institución, en el contexto de la redacción, revisión y forma de las resoluciones y sentencias que enumera, se debe considerar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. 10) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados). 11) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha manifestado que, en razón de la tramitación electrónica, las resoluciones y sentencias se efectúan mediante el llenado de plantillas, las cuales, una vez afinado su texto, pasan a formato PDF, circunstancia que determina la inexistencia de archivos borradores, por lo que no obran en su poder otros documentos en los términos descritos por el requirente. Dicha circunstancia es acreditada mediante la inserción de capturas de pantalla del mencionado sistema de tramitación, en las que no se aprecia un historial de archivos previos o borradores de una resolución o sentencia. Por lo anterior, se debe seguir el criterio adoptado por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no resultando procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo reconocido, no obra en su poder, no disponiendo este Consejo de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, debiendo por ello rechazarse el amparo en este sentido. 12) Que, luego, en relación con la información correspondiente a cuándo, por qué, por quién o quiénes y cómo fueron redactadas, revisadas y firmadas las resoluciones y sentencias indicadas en los números i) a vii) de la solicitud, el órgano reclamado señala que constan en la pestaña "Historia" de la tramitación del juicio arbitral, la que fue entregada al reclamante, de lo cual se da cuenta en la respuesta al requerimiento, en la que, en efecto, se observa la inserción de captura de pantalla del sistema de la Superintendencia, en el que aparece un cuadro con las columnas: Etapa, Inicio, Fin, Días etapa y Responsable. Luego, en relación con las comunicaciones sólo se consignan los comentarios que el sistema arrojaba, información que fue entregada al recurrente, encontrándose inserta como captura de pantalla en la respuesta a la solicitud. Al respecto, a juicio de este Consejo, la información proporcionada permite tener por atendido el requerimiento en este sentido, respecto de los elementos de la solicitud que deben contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos", no pudiendo acogerse el amparo en este punto. 13) Que, finalmente, tratándose de la solicitud del "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas que lleva la Superintendencia, el órgano señala que dicha terminología actualmente no se utiliza en el sistema electrónico de tramitación de los procedimientos arbitrales, siendo las actuales "pestañas": Caratula, Antecedentes Específicos, Documentación, Expediente Único, Expediente Otros, Historia, Prórrogas y Administración, no contemplándose la "pestaña" "Registro de Términos Probatorios y Actividades Simultáneas". En dicho sentido, y como se dio cuenta en el considerando precedente, los movimientos de la tramitación electrónica habrían sido entregados con la "historia" de la tramitación, proporcionando además los "despachos y respuestas", que se contemplan actualmente en la pestaña "Documentación", lo que daría respuesta al requerimiento. Al respecto, de los antecedentes tenidos a la vista, este Consejo comparte la conclusión a la que arriba el órgano reclamado, por cuanto en la respuesta entregada se inserta el historial de la tramitación del expediente, acompañándose además un archivo que muestra el contenido de la pestaña "Documentación", lo que permite tener por atendida la solicitud en este sentido. 14) Que, por lo expuesto, el presente amparo será rechazado, al estimarse configurada la causal de distracción indebida de los funcionarios del órgano, así como también, la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, lo que se suma a la entrega de antecedentes que, a juicio de este Consejo, permiten tener por atendida la solicitud, respecto de aquellos antecedentes que sí obran en poder del órgano. No obstante, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Superintendente de Salud. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.