Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3846-20

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Reclamante:	YHENI LEON BORQUEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Previsión Social, relativa a la información consistente en jurisprudencia u oficios, por medio de los cuales, el órgano haya instruido en beneficio de las AFP, reajustes, intereses y recargos en la cobranza previsional en rescate de cotizaciones. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dichos documentos no obran en su poder, lo cual se confirma ante el análisis de las normas contenidas en la ley N° 20.255 y decreto ley N° 3.500. Por la misma razón, dicha solicitud fue derivada por el servicio reclamado a la Superintendencia de Pensiones, quien cuenta con las facultades reguladoras y fiscalizadoras respecto de las AFP.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/23/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C4002-21
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Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3846-20   Entidad pública: Subsecretaría de Previsión Social. Requirente: Yheni León Bórquez. Ingreso Consejo: 03.07.2020. RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Previsión Social, relativa a la información consistente en jurisprudencia u oficios, por medio de los cuales, el órgano haya instruido en beneficio de las AFP, reajustes, intereses y recargos en la cobranza previsional en rescate de cotizaciones. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dichos documentos no obran en su poder, lo cual se confirma ante el análisis de las normas contenidas en la ley N° 20.255 y decreto ley N° 3.500. Por la misma razón, dicha solicitud fue derivada por el servicio reclamado a la Superintendencia de Pensiones, quien cuenta con las facultades reguladoras y fiscalizadoras respecto de las AFP. En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3846-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de junio de 2020, doña Yheni León Bórquez solicitó a la Subsecretaría de Previsión Social, la siguiente información: "jurisprudencia u oficios mediante los cuales esta Subsecretaria instruyo para el beneficio de las AFP, Reajustes, Intereses y Recargos en la cobranza previsional que realizaren en rescate de salarios del trabajador (cotizaciones), posteriormente a la ley 21.023 de julio del año 2017". 2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 27685, de 30 de junio de 2020, el órgano informó la derivación del requerimiento a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 3 de julio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto, señaló en resumen, que: "(...) se pide información a ellos y de ellos, y la remiten a otros. En resumen, la subsecretaria no me envió ningún antecedente solicitado, entonces solicito amparo y se curse la máxima multa al señor subsecretario por negativa infundada a entregarme la información". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Previsión Social, mediante oficio N° E11800, de fecha 24 de julio de 2020, requiriendo que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Posteriormente, mediante ordinario N° 27811, de 6 de agosto de 2020, dirigido a la jefa de unidad de este Consejo, el órgano en síntesis, precisó lo siguiente: a) Se procedió a derivar la solicitud a la Superintendencia de Pensiones, atendido que corresponde a la órbita de atribuciones de ese servicio, a fin de que diera respuesta directa a la interesada. Dicha derivación se realizó, atendido que la Subsecretaría no cuenta con los oficios ni la jurisprudencia señalados en la solicitud, debido a que el cumplimiento de dicha ley, una vez publicada, corresponde a la órbita de competencias de la Superintendencia de Pensiones, como asimismo, sobre aquellos juicios incoados a partir de la citada norma, siendo en consecuencia una materia de competencia de esa Superintendencia. Además, cabe hacer presente que de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la ley N° 20.255, la Subsecretaría de Previsión Social, es un órgano de colaboración inmediata del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuya misión es coordinar la acción de los servicios públicos del área, correspondiéndole, además, evaluar políticas públicas, efectuar y promover estudios, investigaciones, normas y reformas legales, implementar y promover estrategias, todo en el ámbito de la previsión social. En este sentido, y como fluye de la normativa legal, esta Institución no cuenta con atribuciones para emitir jurisprudencia administrativa o instruir de manera alguna a las AFP. En este punto, cabe hacer presente que la fiscalización y supervigilancia del sistema de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, corresponde a la Superintendencia de Pensiones. b) Respecto de lo reclamado, la ley N° 21.023, elimina el beneficio de las administradoras de fondos de pensiones en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas, estableciendo que a éstas se abonarán los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, conjuntamente, con el valor de las cotizaciones, en la cuenta de capitalización individual del afiliado. De esta manera, dicha ley estableció que serían de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza. Dicha ley tuvo por motivación sancionar al empleador ante el incumplimiento de una obligación de seguridad social, lo que se puede verificar en los considerandos que fundamentaron la moción y que forman parte de la historia de la ley . 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo por medio de oficio N° E14416, de fecha 27 de agosto de 2020, solicitó a la reclamante pronunciarse sobre su conformidad o disconformidad referente a lo indicado por el órgano. Al respecto, la solicitante mediante correo electrónico de 28 de agosto de 2020, se manifestó disconforme, agrando en resumen, que "no me entregan respuesta a mi Yheni León Bórquez sino a la Jefa de SARC, de modo que bastaría con que me respondieran a mí, haciendo menos difuso el numeral 1 del citado oficio [letra b), del numeral anterior] que no deja suficientemente clara la eliminación de Reajustes, Intereses y Recargos para beneficio de las AFP, más en consideración de que dicha Subsecretaria señala no haber autorizado dichos beneficios ni poseer jurisprudencia, y más aún en consideración de la obligaciones que la ley N° 20.255 establece sobre dicha Subsecretaria: Artículo 41.- La Subsecretaría de Previsión Social será el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción de los servicios públicos del área correspondiente. El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la Subsecretaría. Artículo 42.-La Subsecretaría de Previsión Social tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su cumplimiento. 6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia. Artículo 46.- Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de jurisprudencia u oficios, por medio de los cuales, la Subsecretaría de Previsión Social haya instruido en beneficio de las AFP, reajustes, intereses y recargos en la cobranza previsional en rescate de cotizaciones, en forma posterior a la ley N° 21.023. 2) Que, al respecto, la Subsecretaría reclamada, precisó que de conformidad a sus facultades legales no le corresponde emitir jurisprudencia ni instrucciones como las consultadas, lo cual a la luz de la normativa aplicable en la especie, resulta efectivo. En este sentido, el artículo 41 de la ley N° 20.255, dispone que: "La Subsecretaría de Previsión Social será el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción de los servicios públicos del área correspondiente". Luego, el artículo 42 de la misma ley, señala que: "La Subsecretaría de Previsión Social tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector. 2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su cumplimiento. 3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a las instrucciones del Ministro del ramo. 4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e investigaciones, en el ámbito de la previsión social. 5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en organismos internacionales relativos al tema. 6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia. 7. Promover estrategias de incorporación de los trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. 8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional. 9. Asistir administrativamente a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. 10. Las demás funciones y atribuciones que contemplen otras leyes". Como se advierte, de las normas expuestas, la Subsecretaría reclamada no cuenta con funciones destinadas a generar jurisprudencia sobre la materia consultada, ni menos instruir beneficios como los consultados. 3) Que, por otra parte, la ley N° 21.023, que elimina el beneficio de las administradoras de fondos de pensiones en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas, dispone en su artículo único lo siguiente: "Sustitúyese el inciso vigésimo del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones, por el siguiente: "Los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza". Luego, el artículo segundo de las disposiciones transitorias, establece que: "Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todos a los intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo del artículo 19 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que estén devengados y no pagados, con excepción de aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, estén en cobranza judicial, y en cuyas causas haya transcurrido el plazo para oponer excepciones sin que el ejecutado lo haya hecho o que, habiéndolas opuesto, éstas hayan sido rechazadas". Teniendo aquello presente, el órgano que regula y fiscaliza las actividades desplegadas por las AFP, es precisamente la Superintendencia de Pensiones, órgano al cual se le derivó el requerimiento de información, quien en virtud del artículo 47 N° 1, de la ley N° 20.255, tiene como función: "Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes". En dicho contexto, el referido decreto ley, establece en su artículo 94 que a la Superintendencia le corresponde, entre otras funciones: "2.- Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados"; "3.- Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras"; 8. Aplicar sanciones. 4) Que, de lo expuesto anteriormente, se corrobora que la inexistencia de la información solicitada en poder del servicio y su posterior derivación, se ajusta a la normativa antes expuesta, razón por la cual, el presente amparo será rechazado. 5) Que, finalmente, atendido lo resuelto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, se desestima la aplicación de multas solicitadas por la reclamante. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Yheni León Bórquez en contra de la Subsecretaría de Previsión Social, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Yheni León Bórquez y al Sr. Subsecretario de Previsión Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.