Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3892-20

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Reclamante:	AGUSTIN DE VICENTE GONZALEZ
Reclamado:	SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML)
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Médico Legal (SML), ordenando la entrega de la siguiente información: i. Certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los 4 funcionarios que accedieron expresamente a su entrega. ii. Resoluciones de designación de labores de los funcionarios que cumplen servicios en la unidad de compras públicas; por desestimarse que esta información exceda el tenor de la solicitud original; y por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, sin que el órgano haya alegado la concurrencia de alguna causal de reserva legal o circunstancia fáctica que impidiera su entrega. Con todo, en el evento de no existir alguna de estas resoluciones, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Por su parte, se rechaza el amparo respecto de la entrega de los certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los 7 funcionarios que no accedieron a su entrega, por no obrar en poder del órgano reclamado estos antecedentes, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. En efecto, dicha documentación corresponde a un instrumento personal, cuya obtención es individual de cada funcionario, asociado a su cédula de identidad y clave de acceso al sistema de compras públicas, no siendo requerida por el Servicio para los efectos de determinar si cuenta con la habilitación para poder operar en el portal mercado público, puesto que si no se acredita el propio sistema bloquea su clave.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3692-17 C533-09 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Distraer indebidamente a sus funcionarios
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3892-20   Entidad pública: Servicio Médico Legal (SML) Requirente: Agustín de Vicente González Ingreso Consejo: 06.07.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Médico Legal (SML), ordenando la entrega de la siguiente información: i. Certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los 4 funcionarios que accedieron expresamente a su entrega. ii. Resoluciones de designación de labores de los funcionarios que cumplen servicios en la unidad de compras públicas; por desestimarse que esta información exceda el tenor de la solicitud original; y por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, sin que el órgano haya alegado la concurrencia de alguna causal de reserva legal o circunstancia fáctica que impidiera su entrega. Con todo, en el evento de no existir alguna de estas resoluciones, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Por su parte, se rechaza el amparo respecto de la entrega de los certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los 7 funcionarios que no accedieron a su entrega, por no obrar en poder del órgano reclamado estos antecedentes, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. En efecto, dicha documentación corresponde a un instrumento personal, cuya obtención es individual de cada funcionario, asociado a su cédula de identidad y clave de acceso al sistema de compras públicas, no siendo requerida por el Servicio para los efectos de determinar si cuenta con la habilitación para poder operar en el portal mercado público, puesto que si no se acredita el propio sistema bloquea su clave. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3892-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de mayo de 2020, don Agustín de Vicente González solicitó al Servicio Médico Legal (SML), la siguiente información: "(...) el organigrama del Servicio, en el cual se identifique la Unidad de Compras. Además solicito listado y resoluciones de cada funcionario que cumple servicios en esa Unidad y sus respectivas certificaciones de acreditación como compradores públicos de Chilecompra". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 17 de junio de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia 3) RESPUESTA: El 01 de julio de 2020, el Servicio Médico Legal respondió a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N° 5714, de esa fecha, señalando, lo siguiente: Se indica link del Portal de Transparencia Activa donde acceder a organigrama institucional. En relación a las acreditaciones y resoluciones solicitadas remite Resolución Exenta N° 3037-2005, que crea la Unidad de Abastecimiento, determina sus funciones y deja sin efecto la Resolución Exenta N° 93/02. Además, remite la nómina de los 11 funcionarios que componen dicha unidad, indicando que sus acreditaciones se encuentran vigentes y que las copias de sus certificaciones no son documentos emitidos por la institución, cuya obtención es personal de cada funcionario que cuenta con acreditación vigente en materia de compras públicas, en conformidad a la operatividad de la plataforma transaccional mercado público dependiente de la Dirección de Compras y Contratación Pública, asociada dicha obtención al número de cédula de identificación de cada funcionario y a su clave de uso personal en el mismo portal; por tanto, no es un documento de uso personal. 4) AMPARO: El 06 de julio de 2020, don Agustín de Vicente González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud. Además el reclamante hizo presente que "faltan certificaciones de Chilecompra de funcionarios que realizan labores de compradores públicos y sus respectivas resoluciones de designación a dichas labores. Los certificados de Chilecompra me indican que los debo solicitar yo, siendo un documento necesario para que las personas cumplan funciones como compradores públicos, es decir ellos deben tener dichos documentos. A pesar de que indican que los funcionarios están "vigentes" en sus certificaciones, tengo dudas; (...) debido a que existe el préstamo de claves, entre compradores que no han podido certificarse". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E11971, de 27 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, en consideración de lo indicado por el recurrente; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Mediante Ordinario N° 6751, de 13 de agosto de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: En cuanto a los certificados de acreditación pedidos reitera lo informado en la respuesta, agregando que esta misma solicitud fue efectuada directamente a la Dirección de Compras Públicas, encargada de emitir estos documentos, siendo denegada respecto de aquellos funcionarios que en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia se opusieron a su entrega. Indica que los referidos certificados no obran en poder de la institución, debido a que se trata de un documento personal, no siendo requerida su entrega para los efectos de poder determinar si el funcionario cuenta con la habilitación para poder operar en el portal mercado público, ya que de no estar acreditado, el mismo portal bloquea el RUT y la clave del usuario no acreditado, tal como señala la "Guía y Reglamento del Proceso de Acreditación de competencias de los usuarios compradores del sistema de compras y contratación pública" que cita. En este sentido, la entrega de lo requerido vulnera la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendido que la acreditación pertenece a la persona y no a la institución, quien puede haberse acreditado como particular o como funcionario de una institución. Finalmente, agrega que en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia notificó a los 11 funcionarios que componen la Unidad de Compras y Servicios y 6 de ellos se opusieron expresamente a su entrega por tratarse de un documento personal; otro no opuso oposición y 4 accedieron a su publicidad; disponiendo para ser entregados los certificados de estos últimos 4 funcionarios que los proporcionaron, sin que obre en poder del Servicio el de los demás. Mediante correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2002 el órgano complementó sus descargos, adjuntando las respuestas de los funcionarios que se opusieron a la entrega de sus certificados y sus datos de contacto e indicó que las resoluciones con la designación de sus labores no eran parte del requerimiento. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante los oficios números E16503; E16504; E16505; E16506; E16507 y E16508, todos de fechas 29 de septiembre de 2020. - Por correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son P.C.C.F., evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, que expresa su negativa a la entrega de cualquier tipo de información o certificación de su persona, ya que dicho documento incluye antecedentes de carácter personal, que eventualmente puede utilizarse de manera maliciosa. Estima que el certificado de acreditación es un documento de carácter personal y privado, otorgado por la Dirección de Compras Públicas, institución que ante otra solicitud de su certificado hizo valer su derecho a oposición; ello independiente que la acreditación le permita desarrollar su rol como analista de compras en la institución a la que pertenece; lo anterior, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. - Por correo electrónico de fecha 06 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son S.U.R., evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, que de acuerdo a lo indicado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Trasparencia, se opone a la entrega de su certificado que lo habilita para trabajar en la plataforma www.mercadopublico.cl, a un tercero que no es su empleador; lo anterior considerando que dicho certificado incluye datos de carácter personal y sensibles como son su nombre, Rut, nivel de acreditación, porcentaje etc.; pudiendo ser utilizado para fines e intenciones que desconoce y que pueden vulnerar su seguridad y vida privada. - Por correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son L.M.C., evacuó sus descargos señalando, en síntesis, que deniega la entrega de su certificado de acreditación a un tercero en virtud de la causal del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectar la esfera de su vida privada, sus datos sensibles y derechos de carácter comercial o económico, ya que obtuvo la habilitación ante la Dirección de Compras y Contratación Pública hace casi tres años, en una institución distinta a la que hoy pertenece, habiéndolo utilizado también en forma particular, por lo que se trata de un documento personal, al que solo puede acceder ella con su Rut y clave, siendo de su propiedad y no del Servicio Médico legal; desconociendo la finalidad para la cual se solicita, temiendo se haga mal uso del mismo. - Por correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son R.I.V.D.C., evacuó sus descargos señalando, en síntesis, que se opone a la entrega de la información, por tratarse de un documento que extiende el portal de compras solo a solicitud del interesado, con clave y Rut de la persona que participa del proceso de acreditación, además, es de uso personal y su vigencia no dependen de si es funcionario o de alguna Institución, y no existe motivo plausible por el cual el solicitante necesite su información personal; ello en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por vulnerar la esfera de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico. - Por correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son A.I.M.L., evacuó sus descargos señalando, en síntesis, que se opone a le entrega de su certificado, fundado en que la documentación requerida, no es de acceso público y contiene información de carácter personal y sensible, como es su nombre, Rut y su porcentaje de desempeño en el proceso de acreditación correspondiente; en consecuencia, su publicidad a terceros afecta sus derechos, en los términos que tutelan los artículos 20, inciso 2° y 21 N° 2 de la ley 20.285. - Por correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2020, el tercero cuyas iniciales son K.P.A., evacuó sus descargos señalando, en síntesis, que se opone a la entrega de su certificado de acreditación vigente, que la habilita para trabajar en la plataforma www.mercadopublico.cl, a un tercero que no es su empleador, fundado en que dicho documento contiene información de carácter personal como su nombre, Rut, nivel de acreditación, porcentaje de acreditación, etc., y podría ser utilizado para fines que desconoce, vulnerando su seguridad, privacidad o cualquier otro derecho. 7) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 19 de octubre de 2020, se requirió al órgano informar lo siguiente respecto de los (6) funcionarios consultados. a) Fecha de su última acreditación en Chile Compra; b) Puntaje obtenido; c) Si para rendir la prueba de acreditación participaron de alguna capacitación ofrecida por Chile compra y/u otra entidad. Especificar entidad, si fue voluntaria u obligatoria, si fue pagada o gratuita, y en caso de haber sido pagada, indicar si fue financiada por cada funcionario o por su Servicio. d) En caso de proceder, especificar si la capacitación fue realizada dentro de su jornada de trabajo. Mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020 el órgano remitió la respuesta de cada funcionario, en la cual indican fecha de acreditación, puntaje obtenido y sólo uno de ellos manifiesta haber participado de una capacitación gratuita fuera del horario de su trabajo. - Con fecha 29 de octubre de 2020, se solicitó al órgano especificar si los certificados de acreditación de los funcionaros consultados obran en sus carpetas personales, ya sea porque fueron acompañados junto con sus currículums, o bien, para acreditar la participación de alguna capacitación en tal sentido. Especificar. Por correo electrónico de mima fecha, el órgano señaló, en lo pertinente, "Tal como señala la respuesta al amparo, los documentos no obran en poder de nuestra repartición, dichos documentos se encuentran en poder de cada funcionario (...)". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los funcionarios que ejercen estas funciones en el Servicio, y sus respectivas resoluciones de designación de dichas labores, según se señala en el numeral 1) de lo expositivo. 2) Que, en cuanto a los certificados de acreditación pedidos, cabe señalar a modo de contexto que la Resolución Exenta N° 129- B, de 18 de febrero de 2020, que aprueba la "Nueva guía del proceso de acreditación de competencias de los usuarios del sistema de compras y contratación pública de Chile 2020", en su Considerando 3°, señala que "De acuerdo a lo establecido en el artículo 5° bis, del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda (Reglamento de Compras Públicas) y lo indicado en los Términos y Condiciones de Uso del Sistema de Información, deben acreditar competencias todas aquellas personas pertenecientes a Organismos Públicos que participen en el proceso de abastecimiento de su Institución, tengan o no clave de acceso al sistema de compras públicas". A su turno, en lo que interesa, el punto 14.4 titulado "Cómo puedo saber cuándo me acredité y obtener mi certificado de Acreditación? agrega que "En la Plataforma ChileCompra Capacitación (http://capacitacion.chilecompra.cl), debe ingresar con su nombre de usuario y clave de acceso a Mercado Público o bien con los datos creados en la plataforma de formación. Una vez realizada esta acción, debe ingresar al menú en la sección "Acreditación", en donde encontrará actualizado el registro de su participación en los distintos procesos de acreditación, desde el año 2010 a la fecha, pudiendo acceder a su certificado de Acreditación". 3) Que, sobre el particular el órgano con ocasión de la respuesta explicó que el certificado solicitado no obra en su poder, ya que se trata de un documento personal, que no es emitido por el Servicio Médico Legal sino que por la Dirección de Contratación y Compras Públicas, organismo encargado de llevar a cabo los procesos de acreditación en compras públicas, cuya obtención es personal de cada funcionario, ya que se encuentra asociado a su número de cédula de identidad y clave de acceso individual al sistema de compras públicas. Luego en los descargos informó que en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia notificó a los 11 funcionarios que componen la unidad de compras de bienes y servicios, de entre los cuales, 6 de ellos se opusieron a su entrega, 4 accedieron expresamente a su publicidad y uno no manifestó oposición alguna; accediendo a la entrega de los certificados de 4 funcionarios que los proporcionaron. En consecuencia, se acogerá el amparo respecto de los (4) certificados de acreditación proporcionados por los funcionarios al Servicio y se ordenará su entrega. 4) Que, respecto de los demás certificados, es menester señalar que este Consejo notificó a los funcionarios que se opusieron a su publicidad en sede del órgano, quienes reiteraron su negativa a la entrega de los mismos, fundado en que esta documentación no es de acceso público y contiene información de carácter personal y sensible, como son sus nombres, Rut y porcentajes de desempeño en el proceso de acreditación, el cual se obtiene sólo con una clave personal, denegando su entrega en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) Que, en este contexto, según expresó la reclamada en la gestión oficiosa que se señala en el N° 7 de lo expositivo, los certificados de acreditación no obran en su poder y no forman parte de los antecedentes contenidos en las carpetas personales de cada funcionario; y tampoco se encuentran asociados a las capacitaciones a las que se refiere el artículo 27 de ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, toda vez que de acuerdo a lo expresado por dichos funcionarios, sólo uno de ellos manifestó haber participado de una capacitación gratuita fuera del horario de su trabajo como preparación para la rendición de la prueba de acreditación que le otorgó el certificado analizado. 6) Que, dicho lo anterior, en cuanto a la inexistencia alegada por la reclamada respecto de estos certificados, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C369117 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 7) Que, en este orden, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, en la especie, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado por el mismo en su respuesta y con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, toda vez que corresponde a un instrumento personal cuya emisión no corresponde al Servicio Médico legal, sino a la Dirección de Contratación y Compras Públicas y cuyo acceso le corresponde a cada usuario a través de su escritorio privado. En consecuencia, tras la revisión y análisis de los documentos y las alegaciones de la reclamada, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a que la información solicitada no obra en su poder, se rechazará el presente amparo respecto de estos certificados, no pronunciándose sobre las alegaciones de los terceros involucrados por resultar inoficioso. 8) Que, por último, en lo tocante a las resoluciones de designación de labores de los funcionarios que cumplen servicios en la unidad de compras, si bien el órgano indicó que estas no eran parte del requerimiento; lo cierto que esta alegación será desestimada, pues según se lee en el N° 1 de lo expositivo el solicitante requirió las "resoluciones de cada funcionario que cumple servicios en esa Unidad (de compras)"; sin que conste que se haya hecho entrega de esta documentación al peticionario, ni que se haya invocado alguna causal de reserva legal o circunstancia fáctica que impida su publicidad. Por tanto atendida la naturaleza de la información pedida se acogerá el amparo en este punto y se ordenará la entrega de dichas resoluciones. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. 9) Que, finalmente, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Agustín de Vicente González en contra del Servicio Médico Legal (SML), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal, lo siguiente; a) Hacer entrega al reclamante: i. Certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de los 4 funcionarios que accedieron a su entrega en sede del órgano. ii. Resoluciones de designación de labores de los funcionarios que cumplen servicios en la unidad de compras públicas. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. Se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar la entrega de los certificados de acreditación de competencias en compras y contrataciones públicas de 7 de los funcionarios de la unidad de compras que no obran en poder del Servicio Médico Legal; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Agustín de Vicente González, al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal y a los terceros interesados. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.