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DECISIÓN AMPARO ROL C3905-20</p>
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Entidad pública: Ejército de Chile</p>
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Requirente: Erika Solange Viñales Muñoz</p>
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Ingreso Consejo: 06.07.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de copia del libro de consumo y registro de pérdida de munición del armamento que se empleó con fecha 18 de abril de 2020 en el caso de "las Marmoleras"; y copia de libro de tiro y registro de consumo de munición, de armamento que se empleó en dicho caso, con fecha 18 de abril de 2020 y madrugada de 19 de abril.</p>
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Lo anterior, debido a que se trata de información pública cuya divulgación no afecta las funciones del órgano reclamado referidas a la mantención de la seguridad nacional, pues no da cuenta de una planificación estratégica sino más bien de los insumos utilizados o extraviados en días y en hechos determinados, por una cuadrilla en particular, siendo un universo pequeño que no permite vislumbrar el uso y disposición de la fuerza en las operaciones militares que a futuro deban llevar a cabo. Además, porque se descartó que constituyan antecedentes cuya publicidad vaya en desmedro de la investigación de un crimen o simple delito o sean necesarios para la defensa jurídica o judicial; y que se trate de deliberaciones previas a la adopción de una resolución.</p>
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Se rechaza el amparo respecto a la "Orden Militar OPORD o FRAGO de la brigada y del comandante de UFOP que corresponde a la fecha que se dispuso el empleo de las unidades, 18 de abril de 2020"; "Relación nominal con los puestos de trabajo que desempeñaban los siguientes integrantes de la sección y patrulla en cuestión con fecha 18 de abril de 2020"; y "Número de serie o código de armamento de la patrulla mencionada en solicitud N° 4 con fecha 18 de abril de 2020". Lo anterior, debido a que su divulgación podría exponer la implementación, planificación estratégica de despliegue, uso u disposición de las fuerzas, dotación de personal de ésta y su grado de alistamiento operacional, todos antecedentes cuyo conocimiento por parte de adversarios afecta la seguridad nacional; y por ende el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.</p>
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En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3905-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 3 de junio de 2020, doña Erika Solange Viñales Muñoz solicitó al Ejército de Chile, respecto de la Brigada Motorizada N° 1 de Calama, lo siguiente:</p>
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a) "Informe técnico de un especialista armero del ejercito referido a la distancia que alcanza la vainilla y un tiro al ser expulsado desde el mecanismo del fusil galil ace 22 informe sobre procedimiento del mecanismo de expulsión del fusil gali ace 22 colocando especial énfasis en que ocurre con las municiones en caso de ser preparados los fusiles aunque no sean percutados".</p>
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b) "Copia del libro de consumo de munición y registro de pérdida de munición del armamento que se empleó con fecha 18 de abril de 2020 en el caso de "las Marmoleras"."</p>
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c) "Orden Militar OPORD o FRAGO de la brigada y del comandante de UFOP que corresponde a la fecha que se dispuso el empleo de las unidades, 18 de abril de 2020".</p>
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d) "Relación nominal con los puestos de trabajo que desempeñaban los siguientes integrantes de la sección y patrulla en cuestión con fecha 18 de abril de 2020...".</p>
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e) "Número de serie o código de armamento de la patrulla mencionada en solicitud N° 4 con fecha 18 de abril de 2020".</p>
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f) "Libro de tiro y registro de consumo de munición, de armamento que se empleó en la cuestionada situación que se vio envuelta la patrulla con fecha 18 de abril de 2020 y madrugada de 19 de abril".</p>
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g) "Documento que certifique que esta patrulla ya mencionada no extravió ni consumió munición entre el 18 de abril y madrugada del 19 de abril".</p>
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h) "Remitir número telefónico de contacto que entrego Cb1 (...) en Brigada motorizada N° 1 Calama".</p>
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i) "Set fotográfico con las siguientes condiciones: a) 8 hombres tendidos boca abajo en la parte trasera de carga de un camión Unimong 4000 teniendo en consideración que las bancas deben estar desplegadas. b) 4 hombres tendidos boca abajo en la parte trasera de carga de un camión Unimog 4000 teniendo en consideración que las bancas deben estar desplegadas. En el evento a que no pueda acceder a esta última solicitud que sea reemplazada por un informe que indique cuantos hombres boca abajo caben como máximo en el camión Unimog 4000 teniendo en consideración que las bancas deben estar desplegadas, específicamente en camión que fue utilizado en el procedimiento de caso "las Marmoleras" PP 5756, de fecha 18 de abril de 2020".</p>
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2) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/5678, de fecha 26 de junio de 2020, informó, en lo pertinente, lo siguiente:</p>
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En cuanto a lo pedido en los literales b), c), d), e) y f) del requerimiento, deniegan el acceso por configurarse las causales de reserva o secreto contempladas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, por referirse a dotación de personal, planes de operación, munición y armamento. En este contexto, señalan que en relación con el denominado caso "Las Marmoletas", en la actualidad se encuentra en tramitación en el Juzgado de Garantía de Calama, sobre abusos contra particulares. Asimismo, se está substanciándose una Investigación Sumaria Administrativa dispuesta por resolución CG I DE AS JUR (R) N° 1580/324, de fecha 20 de abril de 2020, por lo que, asimismo no resulta factible la entrega de la información según lo previsto en el artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 6 de junio de 2020, doña Erika Solange Viñales Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que no le proporcionaron lo requerido en los literales b), c), d), e), f), g) y h) de la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante Oficio N° E11.778, de fecha 24 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente: (a) informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (b) precise en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada, asimismo, informe el estado de tramitación en que se encuentra la investigación sumaria administrativa señalada en su respuesta; (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; (5°) indique si su publicidad afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo mencionado, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros; (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (8°) señale si la información reclamada en los literales g) y h), obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (9°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida.</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/7958/CPLT, de fecha 2 de septiembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta en cuanto a lo requerido en los literales b), c), d), e) y f) de la solicitud, en orden a que la denegación se funda en que lo pedido se relaciona con la dotación de personal, planes de operación, munición y armamento de la Brigada Motorizada N° 1 "Calama", unidad empleada en resguardar la seguridad nacional en la situación sanitaria que vive el país, con ocasión del brote de COVID-19, y que implicó la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile. Por lo tanto, sostienen que los antecedentes solicitados tienen el carácter de secreto conforme a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en relación con las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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Por lo que, concluyen que la publicidad de lo pedido posibilita en un nivel de inteligencia, levantar y exponer las potencialidades de la Brigada Motorizada N° 1 "Calama", implementación, planificación estratégica de despliegue, uso u disposición de las fuerzas, dotación de personal de ésta y su grado de alistamiento operacional, todos antecedentes cuyo conocimiento por parte de adversarios afecta la seguridad nacional.</p>
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Sin perjuicio de lo señalado, hacen presente que los requerimientos dicen relación con hechos que son investigados por el Juzgado de Garantía de Calama, en la causal RIT N° O-1705-2020, la cual se encuentra en etapa de investigación. Por otra parte, respecto de la investigación sumaria administrativa relativa a los sucesos en la que intervino personal militar el día 17 de abril de 2020, informan que en la actualidad se encuentra cerrada, aunque pendiente la resolución de los recursos presentados por los inculpados, por lo que, sigue teniendo el carácter de reservada según lo dispuesto en el artículo 14 del decreto supremo (G) N° 27, año 1944, Reglamento de Investigaciones Sumarias para las Fuerzas Armadas, resultando aplicable también la causal dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a lo pedido en los literales b), c), d), e) y f) de la solicitud. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que concurren las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b), N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar.</p>
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2) Que, la información solicitada dice relación con hechos ocurridos en abril durante el toque de queda en la ciudad de Calama, respecto de los cuales, el Ejército de Chile realizó declaración pública que, en lo pertinente, señala lo siguiente: "En cumplimiento a las tareas de control dispuestas por la JDN de la Región de Antofagasta, siendo las 23:15 hrs. del día 17 de abril, una patrulla de la Brigada controla y retiene a ocho ciudadanos quienes circulaban por la vía pública, incumpliendo el toque de queda decretado en todo el territorio nacional, siendo posteriormente conducidos a la 1ª Comisaria de Carabineros en la ciudad de Calama. En dicho lugar, personal de guardia de la Comisaria señala que el personal retenido no sería recibido debido a que uno de los individuos presentaba tos, solicitándose que fueran conducidos al hospital Carlos Cisternas de la ciudad. Mientras los ciudadanos eran conducidos hacia ese lugar, y por circunstancias que se investigan, el conductor del vehículo militar deja en libertad a los ciudadanos en el sector de "Marmolera", a las afueras de la ciudad procediendo se retirarse del sector. Los antecedentes recabados del hecho no son concordantes con los procedimientos dispuestos y autorizados por la Institución, y en las primeras averiguaciones es posible determinar que existirían responsabilidades que deben ser clarificadas por el Ministerio Público de Calama. Finalmente, la Brigada Motorizada N° 1 "Calama", lamenta que se haya producido esta situación fuera de los protocolos dispuestos y por ello está entregando todos los antecedentes a la justicia y reforzando las disposiciones que se entrega al personal militar que actúa en la vía pública". (En: https://www.24horas.cl/coronavirus/ejercito-y-acciones-de-militares-detenidos-en-calama-no-son-concordantes-con-los-procedimientos-autorizados---4109493, revisado con fecha 22 de octubre de 2020).</p>
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3) Que el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el artículo 7 N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia, entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". Al respecto, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, que dicha causal de excepción debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre aquellos y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.</p>
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4) Que, el órgano reclamado para fundar la causal de reserva invocada se limitó a señalar, que la información solicitada en el requerimiento dice relación con hechos que son investigados por el Juzgado de Garantía de Calama, en la causal RIT N° O-1705-2020, la cual se encuentra en etapa de investigación. Sin embargo, no aportó antecedente alguno que permita acreditar el modo en que la entrega de aquella afecta el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de antecedentes que van en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o que son necesarios para su defensa jurídica y judicial, requisito esencial para declarar su reserva. En efecto, el Ejército de Chile únicamente hizo referencia a la existencia de un proceso judicial penal pendiente, lo cual, a juicio de este Consejo no resulta un argumento suficiente para estimar como concurrente la causal de reserva invocada, por cuanto no se detallan las razones de la citada afectación, lo que resultaba relevante de precisar considerando que los documentos solicitados, no fueron creados con ocasión del procedimiento judicial -como podría ser el caso de informes en derecho, minutas o expedientes judiciales internos, etc.-, sino constituyen documentos pre existentes que contienen datos de carácter objetivo, con prescindencia de cualquier procedimiento judicial. A su turno, la determinación de qué puede estimarse como "antecedentes" que se encuentren vinculados con defensas jurídicas, que resulten "necesarios" para ese fin, es un asunto que, si bien queda a la discrecionalidad del organismo administrativo de que se trate, desde luego no significa que dicha decisión pueda adoptarse arbitrariamente, sino que queda siempre cubierta por la debida fundamentación, racional y razonable, propia de todo órgano en un Estado de Derecho.</p>
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5) Que, en este orden de ideas, el Ejército de Chile no sólo no se refirió a la necesidad de reservar la información reclamada para sus defensas judiciales, como ocurriría si con ello se expone su estrategia judicial, sino que, a juicio de este Consejo, la invocación de secreto efectuada, no se aviene con la definición fijada en el artículo 7, N° 1, letra a), del Reglamento de la Ley de Trasparencia; lo anterior, por cuanto el proceso señalado por la recurrida es de naturaleza penal, que persigue determinar la eventual responsabilidad personal de determinados funcionarios en hechos que se encuadran en diversos tipos penales; por lo cual, no es posible concluir que en el citado procedimiento judicial, sostengan una posición jurídica de carácter institucional, que autorice declarar la reserva de antecedentes de naturaleza esencialmente pública. En consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal alegada.</p>
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6) Que, por otra parte, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.</p>
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7) Que, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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8) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado señaló que los antecedentes requeridos se refieren a hechos respecto los cuales se está llevando a cabo una investigación sumaria administrativa la que se encuentra cerrada, aunque pendiente la resolución de los recursos presentados por los inculpados, por lo que, tiene el carácter de reservada. Sin embargo, la adopción de la decisión respecto de los hechos investigados ya fue tomada por la autoridad, la que se materializó con la dictación de la resolución que fue impugnada por los inculpados, por lo que, la interposición de recursos por parte de aquellos no hace que dicha resolución se transforme en un antecedente o deliberación previa en los términos señalados en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Además, el Ejército de Chile no especificó la afectación que la publicidad de lo pedido podría generar en el cumplimiento de sus funciones.</p>
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9) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. De esta forma, el órgano reclamado no especificó ni detalló de qué manera la entrega de cada uno de los antecedentes pedidos podría generar la afectación alegada, en consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal alegada.</p>
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10) Que, finalmente, el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Este último, prescribe que "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal; 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia; 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y 4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales". Al respecto, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, este Consejo ha establecido que dicho cuerpo normativo posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Corporación ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República.</p>
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11) Que, por lo expuesto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). Esta reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional.</p>
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12) Que el órgano reclamado sostuvo que los antecedentes reclamados serían reservados por referirse a dotación de personal, planes de operación, munición y armamento de la Brigada Motorizada N° 1 "Calama", unidad empleada en resguardar la seguridad nacional en la situación sanitaria que vive el país. De esta forma, consideran que su publicidad posibilita levantar y exponer las potencialidades de la brigada señalada, implementación, planificación estratégica de despliegue, uso u disposición de las fuerzas, dotación de personal de ésta y su grado de alistamiento operacional, todos antecedentes cuyo conocimiento por parte de adversarios afecta la seguridad nacional.</p>
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13) Que, se considera que la divulgación de la información requerida en los literales c), d) y f) del requerimiento, referido a "Orden Militar OPORD o FRAGO de la brigada y del comandante de UFOP que corresponde a la fecha que se dispuso el empleo de las unidades, 18 de abril de 2020"; "Relación nominal con los puestos de trabajo que desempeñaban los siguientes integrantes de la sección y patrulla en cuestión con fecha 18 de abril de 2020" y "Número de serie o código de armamento de la patrulla mencionada en solicitud N° 4 con fecha 18 de abril de 2020"; podría exponer la implementación, planificación estratégica de despliegue, uso u disposición de las fuerzas, dotación de personal de ésta y su grado de alistamiento operacional, todos antecedentes cuyo conocimiento por parte de adversarios afecta la seguridad nacional; por ende el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual, se rechazará el amparo estos literales, por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, y en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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14) Que, en cuanto a la información relativa a las municiones consumidas y registro de perdidas en dos días determinados por la cuadrilla involucrada en los hechos descritos en el considerando segundo, pedidas en los literales b) y f) del requerimiento, se considera que su divulgación no afecta las funciones del órgano reclamado referidas a la mantención de la seguridad nacional, pues no da cuenta de una planificación estratégica sino más bien de los insumos utilizados o extraviados en determinados días, eventos y por una cuadrilla en particular, siendo un universo pequeño que no permite vislumbrar el uso y disposición de la fuerza en las operaciones militares que a futuro deban llevar a cabo, razón por la cual, se descartará la concurrencia de las causales de secreto o reserva alegadas correspondientes a aquellas dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar.</p>
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15) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se descartó la concurrencia de las causales de secreto o reserva alegadas, se acogerá el amparo en estos literales, requiriendo la entrega de los antecedentes pedidos.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Erika Solange Viñales Muñoz en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante de copia del libro de consumo y registro de pérdida de munición del armamento que se empleó con fecha 18 de abril de 2020 en el caso de "las Marmoleras"; y copia del libro de tiro y registro de consumo de munición, de armamento que se empleó en el caso señalado, con fecha 18 de abril de 2020 y madrugada de 19 de abril del presente año.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo interpuesto respecto de lo requerido en los literales c), d) y e) de la solicitud, por configurarse la hipótesis de excepción contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Erika Solange Viñales Muñoz y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>