Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3976-20

Reclamante:	MARCELO INOSTROZA APARICIO
Reclamado:	CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, referido a la entrega de informe que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública dentro de la esfera de competencias de la reclamada, y respecto de la cual, se desestimó la causal de reserva y alegaciones esgrimidas por el órgano. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3976-20   Entidad pública: Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío Requirente: Marcelo Inostroza Aparicio Ingreso Consejo: 08.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, referido a la entrega de informe que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública dentro de la esfera de competencias de la reclamada, y respecto de la cual, se desestimó la causal de reserva y alegaciones esgrimidas por el órgano. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3976-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de mayo de 2020, don Marcelo Inostroza Aparicio solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío la siguiente información: "Todos los antecedentes de la adjudicación durante los años 2018 y 2019, a la empresa ClioDinámica para realización de estudio denominado "Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad organizacional de la CAJ Bío Bío", con el siguiente detalle: i) Bases de licitación, resultados de la misma, y contratación realizada, solicitando copia de toda la documentación respectiva. ii) En especial, se solicita se informe los valores pagados y fechas en que se realizaron dichos pagos, así como también el resultado final del estudio indicado, solicitando copia íntegra del Informe o producto final, entendiéndose por ello, el texto completo del informe, todas las gestiones efectuadas, metodologías utilizadas, conclusiones obtenidas y las recomendaciones finales del mismo". 2) PRORROGA DE PLAZO: Por Ordinario NUM-129, de 19 de junio de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 133, de 6 de julio de 2020, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío respondió a dicho requerimiento de información indicando que debido a la situación sanitaria que afecta al país, no se han logrado recabar todos los antecedentes, por lo que de acuerdo al Ord. N° 252, del Consejo Para La Transparencia, se tratará de atender el requerimiento lo más pronto posible, teniendo como plazo para ello el 10 de agosto. 4) AMPARO: El 8 de julio de 2020, don Marcelo Inostroza Aparicio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, mediante Oficio N° E11757, de 24 de julio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no puede ser atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida;(4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). El 10 de agosto de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos, señalando que: i) La gran cantidad de información solicitada, requería necesariamente de una coordinación que se vio dificultada por la modalidad de trabajo dispuesta por la situación sanitaria, por lo que el plazo para entregar respuesta se prorrogó con fecha 19 de junio de 2020. ii) Atendida la situación del país, y ante la imposibilidad de entregar una respuesta, nuevamente se prorrogó el plazo nuevamente por otros 10 días hábiles, fundado en el Oficio N°252, de fecha 20 de marzo de 2020, del Consejo Para la Transparencia, estableciendo como fecha de respuesta el 10 de agosto de 2020. iii) En cuanto a la entrega de la información, indica que se procedió conforme al principio de divisibilidad, entregando la mayor parte de lo solicitado, reservándose solo uno de los antecedentes requeridos, esto es, el resultado final del estudio indicado y copia íntegra del mismo, en virtud del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia. Precisa, que la negativa a entregar la información, está amparada en el llamado "privilegio deliberativo". Al respecto, con fecha 15 de mayo de 2019, se extiende orden de compra N° 1715-255-CM19, a la empresa Cliodinámica para la elaboración de estudio de fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad organizacional de la Caj Biobío, en toda su jurisdicción, consistente en una consultoría relativa a la gestión del recurso humano de la institución, específicamente en el ámbito de analizar en forma integral la organización, su contexto y circunstancias para el diseño de una estructura que responda a los desafíos de la CAJ Biobío para los próximos años. Este estudio fue requerido como un insumo más para elaborar estrategias de respuesta a la necesidad de mejorar el clima laboral y el funcionamiento de la CAJ, optimizando la capacidad de gestión, diagnóstico reforzado por informe de Contraloría Regional del Bío-Bío, que dejó de manifiesto múltiples deficiencias estructurales al interior de la Institución. Que, el estudio en cuestión arrojo como producto final, un informe que contiene como se detalla en el contrato complementario, que se adjunta, una propuesta de rediseño organizacional y un programa de trasformación cultural. Este informe como se ha señalado, si bien es gravitante para la toma de decisiones es un antecedente, son recomendaciones, que se tendrá a la vista por nuestro Director General y el Honorable Consejo Directivo, para la toma de decisiones respecto de la eventual reorganización interna de la institución. Por lo tanto, la negativa a entregar esta información está amparada en el llamado Privilegio Deliberativo, que se vería vulnerando en la medida que se proporcionaran antecedentes que no fueren representativos de los fundamentos y decisiones finales de los actos administrativos que se adopten por nuestra autoridad. Particularmente, la publicidad de este informe de asesoría y todo documento de análisis y deliberaciones del proceso de elaboración de una propuesta de reorganización implicaría un involucramiento indebido en la función de este servicio, pudiendo influir de diversas maneras, principalmente en el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que pudieran generarse falsas expectativas de las decisiones que se tomarán, considerando las sugerencias contenidas en el informe como decisiones ya tomadas cuando no lo son en ningún caso. Consideran, que en la especie se dan los presupuestos materiales, copulativos asentados por la jurisprudencia del Consejo Para La Transparencia, Cortes de Apelaciones y Tribunal Constitucional, que permiten denegar la entrega de información en atención a: 1.- Que, lo solicitado por el requirente AFUNBIOBIO, es un antecedente previo a la deliberación de nuestra autoridad. Así, las cosas el informe requerido está actualmente siendo analizado y estudiado, para adoptar determinaciones en los próximos meses. Por lo que existe una causalidad clara y evidente entre los antecedentes que se quieren reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquellos, de manera que esta no es solamente una posibilidad de concreción incierta. 2.- Que, la publicación, conocimiento o divulgación de los antecedentes previos va en desmedro del debido cumplimiento de los objetivos que se buscaba conseguir por la institución al contratar. En concreto, la contratación de este servicio busca como se ha señalado, tener insumos para la reorganización interna del servicio y así mejorar su gestión y con ello consecuencialmente mejorar también el clima laboral. Lo contenido en el informe, son sugerencia de mejoras, no todas ellas serán adoptadas, por lo que su divulgación puede generar falsas exceptivas, incertidumbre en los funcionarios, dando lugar a interpretaciones y cuestionamientos descontextualizados susceptibles de arriesgar de manera cierta, probable y especifica la adopción de medidas, por lo que su exposición prematura significaría un involucramiento indebido en la función del servicio. Mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2020, el reclamante sin mediar oficio de pronunciamiento manifiesta su disconformidad con la respuesta entregada por la reclamada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a todos los antecedentes relativos al estudio denominado "Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad organizacional de la CAJ Bío Bío", con el detalle que indica. Al respecto la reclamada, con ocasión de sus descargos, accede a la entrega de la misma reservando la parte de la solicitud referida al resultado final del estudio solicitado y la copia íntegra de éste, en virtud del denominado Privilegio Deliberativo, establecido en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la solicitud recae sobre sobre la elaboración de estudio de fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad organizacional de la Caj Biobío, en toda su jurisdicción, consistente en una consultoría relativa a la gestión del recurso humano de la institución, específicamente en el ámbito de analizar en forma integral la organización, su contexto y circunstancias para el diseño de una estructura que responda a los desafíos de la CAJ Biobío para los próximos años, con la finalidad de elaborar estrategias para el mejoramiento del clima laboral. 3) Que, respecto de la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración que éstos son de naturaleza pública, por tratarse de información relativa a la Administración del Estado, relacionado con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 4) Que, por su parte y en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano requerido en relación al resultado final del estudio solicitado y la copia íntegra de éste, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 5) Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, la reclamada no obstante señalar que se trataría de un antecedente previo a la adopción de determinaciones futuras, no ha señalado con precisión ni la suficiente especificidad, de qué resolución, medida o política es antecedente el informe solicitado. 6) Que, asimismo, en relación al segundo requisito, el órgano no indicó la forma específica o la manera concreta en que resultado final del estudio solicitado y la copia íntegra de éste, podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, especialmente, en lo referido a la adopción de una medida o decisión en el procedimiento administrativo en curso. En este sentido, el órgano reclamado se limitó a indicar, que el resultado del estudio y su copia íntegra, constituyen un antecedente previo para tomar decisiones futuras respecto de una reorganización interna del servicio, a fin de mejorar su gestión y con ello consecuencialmente mejorar también el clima laboral 7) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos y existentes a la fecha de la solicitud, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el eventual privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En consecuencia, se desestimará la alegación del órgano. 8) Que, en virtud de lo razonado precedentemente; habiéndose desestimado la causal de reserva esgrimida por el órgano reclamado; advirtiéndose la naturaleza pública de los antecedentes requeridos; y, teniendo en consideración la importancia que la divulgación de lo requerido reviste para un adecuado control social sobre la materia consultada, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega del resultado final del estudio solicitado y la copia íntegra de éste. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Inostroza Aparicio, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia íntegra del informe que indica y sus antecedentes. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Inostroza Aparicio y al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.