Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3979-20

Reclamante:	MAURICIO FLORES GONZALEZ
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, teniendo por entregados los actos administrativos modificatorios del decreto exento N° 15.820, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Se requiere la entrega de copia del decreto de nombramiento del Vicedecano de la Facultad de Ciencias, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener. Además, se ordena otorgar el listado de resoluciones exentas que condonaron deudas a estudiantes durante los años 2016 al 2019, con indicación de N° , fecha, programa, facultad, monto condonado y causal. En este último caso, también se podrá cumplir esta parte del requerimiento otorgando copia de dichos actos administrativos; tarjando previamente de aquellos el nombre y R.U.T. de los beneficiados. Lo anterior, por cuanto se trata de actos administrativos, información de carácter eminentemente pública, respecto de la cual el órgano reclamado alegó que dada la pandemia y estado de excepción constitucional, no era posible acceder a lo solicitado, haciendo presente lo señalado por este Consejo, en oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020. Sin embargo, se desestima la alegación realizada ya que en el oficio en cuestión se informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual la Universidad de Chile no cumplió. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender dichas necesidades en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los establecimientos educacionales realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, aparte de seguir el citado oficio, el órgano debió organizarse internamente de manera tal de instruir a un determinado funcionario -presente en el recinto -, para que procediera a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. Además, otorgar acceso a lo solicitado no debería generar mayores inconvenientes al órgano reclamado, atendido a que la información se encuentra debidamente ubicada, identificada y contabilizada, conforme a los antecedentes tenidos a la vista en el amparo Rol C4031-20, entre las mismas partes. En el caso del decreto de nombramiento pedido se descarta que se trate de un antecedente previo a la adopción de una resolución, pues el hecho de haber sido representado por la Contraloría General de la República, no significa que ya se haya adoptado la decisión de designar en el cargo al funcionario en cuestión. Finalmente, se rechaza el amparo en cuanto a copia de la certificación pedida, pues cualquier información que se entregue en tal sentido daría cuenta de datos personales de la persona individualizada, no contando con autorización legal ni de su titular para su divulgación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/19/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15 C4031-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	677-2020
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación; Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C3979-20   Entidad pública: Universidad de Chile Requirente: Mauricio Flores González Ingreso Consejo: 09.07.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, teniendo por entregados los actos administrativos modificatorios del decreto exento N° 15.820, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Se requiere la entrega de copia del decreto de nombramiento del Vicedecano de la Facultad de Ciencias, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener. Además, se ordena otorgar el listado de resoluciones exentas que condonaron deudas a estudiantes durante los años 2016 al 2019, con indicación de N° , fecha, programa, facultad, monto condonado y causal. En este último caso, también se podrá cumplir esta parte del requerimiento otorgando copia de dichos actos administrativos; tarjando previamente de aquellos el nombre y R.U.T. de los beneficiados. Lo anterior, por cuanto se trata de actos administrativos, información de carácter eminentemente pública, respecto de la cual el órgano reclamado alegó que dada la pandemia y estado de excepción constitucional, no era posible acceder a lo solicitado, haciendo presente lo señalado por este Consejo, en oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020. Sin embargo, se desestima la alegación realizada ya que en el oficio en cuestión se informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual la Universidad de Chile no cumplió. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender dichas necesidades en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los establecimientos educacionales realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, aparte de seguir el citado oficio, el órgano debió organizarse internamente de manera tal de instruir a un determinado funcionario -presente en el recinto -, para que procediera a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. Además, otorgar acceso a lo solicitado no debería generar mayores inconvenientes al órgano reclamado, atendido a que la información se encuentra debidamente ubicada, identificada y contabilizada, conforme a los antecedentes tenidos a la vista en el amparo Rol C4031-20, entre las mismas partes. En el caso del decreto de nombramiento pedido se descarta que se trate de un antecedente previo a la adopción de una resolución, pues el hecho de haber sido representado por la Contraloría General de la República, no significa que ya se haya adoptado la decisión de designar en el cargo al funcionario en cuestión. Finalmente, se rechaza el amparo en cuanto a copia de la certificación pedida, pues cualquier información que se entregue en tal sentido daría cuenta de datos personales de la persona individualizada, no contando con autorización legal ni de su titular para su divulgación. En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol 3979-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de mayo de 2020, don Mauricio Flores González solicitó a la Universidad de Chile lo siguiente: a) "Copia del decreto de nombramiento de los servidores públicos actualmente en ejercicio (a la fecha de ingreso de la presente solicitud 12/05/2020) de los cargos que a continuación se indican: i) Director(a) de Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO). ii) Directores de Escuela de Pregrado, Facultad de Ciencias. iii) Director(a) de Asuntos Estudiantiles, Facultad de Ciencias. iv) Vicedecano(a), Facultad de Ciencias". b) "Copia del Decreto Exento N° 15.820, de 25 de agosto de 2003, y sus modificaciones (incluyendo firma y timbre de funcionario público competente)...". c) "Listado de los usuarios a quienes el servicio público Universidad de Chile condonó deudas de aranceles durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, indicando fecha, nombre del beneficiado, programa y facultad de pertenencia, monto condonado, causal y número de resolución exenta". d) "Copia de la certificación de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional a la que se refiere el artículo 7° del decreto exento N° 691, de 1991, de la Universidad de Chile de don...". 2) RESPUESTA: La Universidad de Chile mediante oficio N° 216/2020, de fecha 24 de junio de 2020, informó en cuanto a lo pedido en el literal a) de la solicitud, proporcionan copia de los decretos de nombramiento de la directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, de los Directores de la Escuela Pregrado y de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias. Por su parte, deniegan el acceso a copia del decreto requerido correspondiente al Vicedecano de la Facultad de Ciencias y al listado pedido en el literal c) de la presentación, debido a que la mayoría de los antecedentes en la materia se encuentran en formato físico, ubicados en la Torre 15 de Servicios Centrales y bodegas institucionales, por lo que actualmente no resulta posible acceder a dicha información, considerando que se encuentran suspendidas las labores presenciales en la Universidad de Chile desde el lunes 16 de marzo de 2020, en razón de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19. En virtud de lo señalado, "es que esta Casa de Estudios se encuentra actualmente imposibilitada de pronunciarse adecuada e íntegramente en torno a dichas partes de su requerimiento dentro de los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley. Sin embargo, considerando las recomendaciones efectuadas por el Consejo para la Transparencia, mediante Oficio N° 252 de 2020 (https://uchile.cl/u160237), cumplimos con manifestar a usted que se dará adecuada respuesta a esta solicitud en el plazo de 20 días hábiles, contados desde que el personal del organismo universitario pertinente pueda retomar funciones presenciales en sus respectivas dependencias". En cuanto a lo requerido en el literal b) de la solicitud, informan que adjuntan copia de del D.U. N° 0015820, de 2003, así como la versión actualizada del mismo, cuyo acceso se encuentra de forma permanente a disposición del público, en el portal de la Unidad de Coordinación e Información Jurídica, Recopilación de Leyes y Reglamentos, de la Contraloría de la Universidad de Chile, por medio del enlace especificado a continuación: http://www.docoficial.uchile.cl/. Finalmente, en cuanto a lo pedido en el literal d) de la solicitud, "respecto a la presunta certificación que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional habría emitido en favor de la persona que individualiza, resulta procedente denegar la entrega de dicha información, pues se refiere precisamente a información de carácter personal -en los términos que establece la citada Ley N° 19.628- cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de su titular, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, de acuerdo a la señalada causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, no obsta a la información contenida en fuentes accesibles al público, como aquella relativa al fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 11363- 2019, y lo ordenado a esta Casa de Estudios Superiores en virtud de dicha sentencia judicial, disponible en el portal institucional del Poder Judicial por medio del siguiente enlace: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/". 3) AMPARO: Con fecha 9 de julio de 2020, don Mauricio Flores González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que no le proporcionaron acceso a copia del decreto de nombramiento del Vicedecano de la Facultad de Ciencias pedida en el literal a); a copia de los actos administrativos modificatorios del decreto exento N° 15.820, solicitados en el literal b), a lo requerido en los literales c) y d) de la solicitud. Además, respecto de la copia de los decretos de nombramiento proporcionadas señaló que "no es posible verificar la fecha de firma digital con el servidor remoto de la empresa certificadora (utilizando, por ejemplo, el software lector de pdf "Adobe Acrobat")"; en cuanto a lo pedido en el literal c) del requerimiento, señala que "aplicando el principio de divisibilidad del artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, el servicio deberá omitir la entrega del nombre y RUT de los usuarios beneficiados por los actos administrativos de condonación de deuda"; y en lo referido a lo requerido en el literal d) de la solicitud, "deberá tarjar cualquier dato que se refiera a derechos de carácter comercial o económico o a la vida privada del Sr...". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile mediante oficio N° E12.066, de fecha 28 de julio de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) señale si aquella obra en poder del órgano que representa, constando en soporte digital; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme a dicho artículo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento El órgano reclamado por medio de oficio N° 978, de fecha 18 de agosto de 2020, hizo presente que este Consejo, mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a las entidades públicas que dan cumplimiento al procedimiento administrativo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, regulado en la Ley de Transparencia, que, en consideración de las circunstancias de excepción derivadas de la emergencia sanitaria por brote de COVID-19, "de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". De esta forma, en cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, en lo relativo al decreto de nombramiento del Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias, la señalada unidad académica no pudo acceder y poner a disposición dicho acto administrativo durante el plazo legal para atender el requerimiento, por cuanto sólo contaba con una versión representada por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, razón por la que darían una adecuada respuesta una vez que fueran restablecidas las labores presenciales en la Institución. A la presente fecha, sostienen que sigue sin existir una versión completamente tramitada del respectivo decreto de nombramiento, razón por la que no resulta posible proporcionar copia de aquel. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Asimismo, consideran que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Por otro lado, en cuanto a la imposibilidad de verificar las firmas de los decretos de nombramiento proporcionados, indican que dicha reclamación no dice relación con el amparo a su derecho de acceso a la información y, por ende, resulta inadmisible en esta sede, pues no es consecuencia de la falta de entrega de los antecedentes requeridos, sino que tiene por objeto alegar la supuesta imperfección de las rúbricas electrónicas avanzadas de los actos administrativos proporcionados (cabe considerar que las copias digitales tachadas no poseen las mismas propiedades de verificación de un documento original). Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. En relación con lo requerido en el literal b) de la solicitud, hacen presente que se proporcionó copia del Decreto Universitario N° 0015820, de fecha 25 de agosto de 2003, que contiene los timbres y rúbricas originales. Asimismo, se acompañó copia de la versión actualizada de dicho decreto, con todas sus modificaciones, que fue lo expresamente pedido, documentación que se encuentra disponible de forma permanente al público en el portal de la Contraloría de la Universidad de Chile (www.docoficial.uchile.cl), organismo universitario que tiene precisamente la función reglamentaria de recopilar y difundir la reglamentación universitaria, conforme al artículo 1 letra c) del D.U. N° 448, de 1975 (https://uchile.cl/u54616), en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. En ningún caso, consideran que se pidió copia de cada decreto modificatorio con sus respectivos timbres y rúbricas, pero en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, cumple con adjuntar de los Decretos Universitarios N° s 0024270, de 2003, y 0014375, de 2010, con sus timbres y rúbricas originales, disposiciones normativas de han modificado el reseñado D.U. N° 0015280, de 2003. Respecto a lo solicitado en el literal c) de la presentación, informan que mantienen a la casi totalidad de su personal cumpliendo labores en forma remota o a distancia, salvo contadas e indispensables excepciones, pero en ningún caso la entrega de información justifica poner en riesgo la salud, integridad física y vida de los funcionarios involucrados en su tramitación y almacenamiento, desligándolos del cumplimiento de sus labores habituales y exponiéndolos a concurrir a dependencias universitarias en una comuna que ha estado en cuarentena por más de cuatro meses, hasta días recientes. Es por lo anterior que, conforme a lo manifestado por este Consejo, mediante Oficio N° 252, las circunstancias de fuerza mayor en curso aconsejan postergar la correspondiente respuesta, que se evacuará en el plazo de 20 días hábiles, contados desde que el personal del organismo universitario pertinente pueda retomar funciones presenciales en sus respectivas dependencias. A mayor abundamiento, sostienen que no teniendo acceso completo a los antecedentes solicitados no resulta posible dimensionar su volumen e integridad, pronunciarse anticipadamente sobre la eventual existencia de causales de reserva o secreto que pudieran proceder en la especie o la aplicación del principio de divisibilidad, conforme al artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, destacan que se requieren antecedentes respecto a cuatro años consecutivos, un total de siete datos por cada condonación eventualmente aplicada, lo que obliga a procesar un enorme volumen de documentos que se encuentran en soporte físico, y evaluar la procedencia de entregar todo o parte de esta. En cuanto a lo requerido en el literal d) de la solicitud, consideran que se piden datos de carácter personal conforme a lo establecido en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, haciendo presente que la información sobre deuda de matrícula y arancel pagados o adeudados por estudiantes de esa Casa de Estudios Superiores, son datos de terceros almacenados y sistematizados por la Universidad para los exclusivos propósitos de su continuidad de estudios, egreso y cobranza en los programas académicos impartidos por la Institución, de conformidad a lo prescrito en el artículo 4 inciso primero de la citada ley. Así, aun proporcionándose un documento con los datos personales tachados, el secreto o reserva no tendría efecto alguno, pues la petición estaba específicamente conducida a verificar información sobre la persona que identifica en su requerimiento. Por lo que, alegan la concurrencia de las causales de reserva o secreto consagradas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. De tal manera, consideran que no siendo documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, sino específicamente datos personales que sólo pueden ser objeto del tratamiento autorizado por su titular o la ley, que no constituyen información pública factible de ser requerida por medio de solicitudes de acceso a la información, y cuya entrega configura en sí misma una vulneración a los derechos de las personas (no una mera afectación potencial), la Unidad de Transparencia no procedió a comunicar al titular de dichos datos la facultad para oponerse a esta petición, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia, y denegó su entrega. Y CONSIDERANDO: 1) Que este amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, debido a que se denegó el acceso a parte de lo pedido en los literales a) y b); y a la totalidad de lo solicitado en los literales c) y d) del requerimiento. 2) Que, en primer lugar, en cuanto a las alegaciones realizadas por el órgano reclamado respecto de uno de los decretos de nombramiento pedidos en el literal a) y el listado solicitado en el literal c) del requerimiento, en orden a que no denegaron el acceso a ello, si no que cumplieron con las instrucciones contenidas en el Oficio N° 252, de este Consejo, señalando que una vez que retomen las actividades presenciales y transcurridos 20 días hábiles, informaran al reclamante lo que en derecho corresponda. En tal sentido, se debe señalar que esta Corporación por el señalado oficio informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 3) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, debido a las especiales circunstancias de calamidad pública se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a otorgar respuesta. En el presente caso, si bien el órgano reclamado enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido debido a la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno, en términos que otorgue certeza al reclamante que en una fecha determinada o determinable le será otorgada la respuesta, pues señala como hito para contar el plazo de 20 días hábiles dispuesto en la Ley de Transparencia, el evento de que retornen a labores presenciales a la Universidad, no señalando la época en que aquello se verificará. 4) Que, en este orden de ideas, es indudable que la referida pandemia dificulta el cumplimiento de las obligaciones de acceso a información pública de los órganos de la Administración, y es por esa razón que este Consejo, como quedó de manifiesto en los considerandos anteriores, entregó directrices excepcionales para hacer frente a esta situación, las que el órgano derechamente desatendió. En efecto, pues en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber del establecimiento educacional realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, y además, debió organizarse internamente de manera tal de instruir a un determinado funcionario -presente en el recinto-, para que procediera a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad, razón por la cual deberá desestimarse dicha alegación. 5) Que habiendo precisado lo anterior, se procederá a analizar las alegaciones del reclamante respecto de la respuesta otorgada por la Universidad de Chile, resolviendo si procede la entrega de lo reclamado en cada uno de los literales del requerimiento. 6) Que lo pedido en el literal a) de la solicitud es copia de los decretos de nombramiento de determinados funcionarios, al respecto, la disconformidad del reclamante, por una parte, dice relación con que no se otorgó dicho acto administrativo correspondiente al Vicedecano de la Facultad de Ciencias, debido, en primer lugar, a que la mayoría de los antecedentes en la materia se encuentran en formato físico, ubicados en la Torre 15 de Servicios Centrales y bodegas institucionales, por lo que actualmente no resulta posible acceder a dicha información, considerando que se encuentran suspendidas las labores presenciales en la Universidad de Chile desde el lunes 16 de marzo de 2020, en razón de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19. En este punto, se debe tener presente lo razonado en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta decisión, razón por la cual se desestimará dicha alegación. 7) Que, por otra parte, el órgano reclamado con ocasión de sus descargos, sostienen que no pudieron otorgar acceso a lo solicitado, por cuanto sólo contaba con una versión representada por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por lo que, al no existir una versión completamente tramitada del respectivo decreto de nombramiento consideran que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 8) Que, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 9) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado señaló que el decreto de nombramiento no se encuentra completamente tramitado, la adopción de la decisión de designar al funcionario en cuestión en el cargo consultado ya fue tomada por la autoridad, la que se materializó con la dictación del decreto cuya copia se solicita. En este punto, el hecho de que haya sido representado por el órgano contralor no hace que aquel se transforme en un antecedente o deliberación previa en los términos señalados en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Además, la Universidad de Chile no especificó la afectación que la publicidad de aquel podría generar en el cumplimiento de sus funciones. 10) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. De esta forma, el órgano reclamado no especificó ni detalló de qué manera la entrega de copia del decreto de nombramiento requerido podría generar la afectación alegada, en consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal alegada y se acogerá el amparo en este aspecto, requiriendo la entrega de lo pedido, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquel, según lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. 11) Que, por otro lado, la disconformidad del reclamante en cuanto a las copias de los decretos de nombramiento otorgadas por la Universidad de Chile dice relación con la imposibilidad de verificar la fecha en que aquellas fueron firmadas por las autoridades correspondientes. En este punto se debe considerar, que lo proporcionado fueron imágenes escaneadas de dichos documentos debido a que en aquellos se tarjó el R.U.T. de la persona designada en el cargo correspondiente, por lo tanto, al no tratarse del documento digital original, no se puede acceder a la verificación de aquellos. Lo anterior, se ajusta a lo que este Consejo ha sostenido de forma reiterada que en cuanto a que aquel corresponde a un dato personal cuya divulgación expone la vida privada de sus titulares, configurándose la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628. 12) Que, en consecuencia, el órgano reclamado otorgó acceso a la información requerida en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 19.628, esto es, copia de los decretos de nombramiento tarjando los datos personales contenidos en aquellos, de forma oportuna, razón por la cual, se descartará la alegación realizada por el reclamante por resultar improcedente. 13) Que en cuanto a lo requerido en el literal b) de la solicitud, el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, hizo presente que proporcionó copia del Decreto Universitario N° 0015820, de fecha 25 de agosto de 2003, que contiene los timbres y rúbricas originales, y acompañó versión actualizada de aquel. Por lo que, consideran que cumplieron con la obligación de otorgar acceso a lo solicitado, sin embargo, en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, remitieron de los Decretos Universitarios N° s 0024270, de 2003, y 0014375, de 2010, con sus timbres y rúbricas originales, disposiciones normativas de han modificado el reseñado D.U. N° 0015280, de 2003. En consecuencia, se acogerá el amparo en este literal, teniendo por entregado lo pedido al reclamante conjuntamente con la notificación de la presente decisión. 14) Que respecto al listado pedido en el literal c) de la solicitud, cabe hacer presente que el reclamante con ocasión de su amparo circunscribió aquello al listado de las resoluciones exentas de condonación de deudas de aranceles durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, indicando N° , fecha, programa, facultad, monto condonado y causal; excluyendo el nombre de los beneficiados. Al respecto, el órgano reclamado, en primer lugar, no otorga acceso a aquello debido a que la mayoría de los antecedentes en la materia se encuentran en formato físico, ubicados en la Torre 15 de Servicios Centrales y bodegas institucionales, por lo que actualmente no resulta posible acceder a dicha información, considerando que se encuentran suspendidas las labores presenciales en la Universidad de Chile desde el lunes 16 de marzo de 2020, en razón de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19. En este punto, se debe tener presente lo razonado en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta decisión, razón por la cual se desestimará dicha alegación. 15) Que, en este punto, cabe hacer presente que los antecedentes solicitados deben constar en actos administrativos, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, y en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que aquella se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 16) Que, en este punto, se debe hacer presente que en requerimiento que dio origen al amparo Rol C4031-20, referido copia de todas las resoluciones exentas dictadas entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, en las cuales se condonaron deudas de aranceles a sus usuarios. En respuesta a gestión oficiosa realizada por este Consejo, en dicho procedimiento, la Universidad de Chile informó que la totalidad de aquellas se encuentran en formato papel, en la bodega destinada al archivo y resguardo de documentos de la Unidad Administración de Aranceles y Crédito Universitario y en Torre 15, las que ascienden a un total de 430, por lo que, el funcionario encargado de la búsqueda, recopilación, revisión, digitalización y entrega debería destinar un total de 8 horas hombre, durante 10 días hábiles, considerando el número de documentos que deberán ser recopilados, revisados, digitalizados, tachados (datos personales) y entregados. 17) Que, en consecuencia, de los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, se concluye que otorgar acceso a lo solicitado no debería generar mayores inconvenientes al órgano reclamado, atendido a que la información se encuentra debidamente ubicada, identificada y contabilizada. De esta forma, se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega del listado pedido o, en su defecto, de copia de las resoluciones exentas en cuestión, debiendo tarjar el nombre y R.U.T. de los beneficiados incorporados en estas últimas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. 18) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, si el órgano reclamado opta por otorgar acceso a las copias de las resoluciones exentas de condonación, y en atención que su entrega al reclamante fue requerida en la decisión del amparo Rol C4031-20. En el evento, de que al momento del cumplimiento de la presente decisión aquello se haya materializado, bastará con acreditar la entrega en dicho procedimiento. 19) Que, finalmente, en cuanto a lo requerido en el literal d) de la presentación, el órgano reclamado denegó su acceso por considerar que se piden datos de carácter personal conforme a lo establecido en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, haciendo presente que la información sobre deuda de matrícula y arancel pagados o adeudados por estudiantes de esa Casa de Estudios Superiores, son datos de terceros almacenados y sistematizados por la Universidad para los exclusivos propósitos de su continuidad de estudios, egreso y cobranza en los programas académicos impartidos por la Institución. Así, aun proporcionándose un documento con los datos personales tachados, el secreto o reserva no tendría efecto alguno, pues la petición estaba específicamente conducida a verificar información sobre la persona que identifica en su requerimiento. Por lo que, alegan la concurrencia de las causales de reserva o secreto consagradas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. 20) Que lo pedido es copia de la certificación de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional referente a la persona individualizada en el requerimiento. Al respecto cabe hacer presente que el artículo 7 del decreto universitario exento N° 691, de fecha 14 de marzo de 1991, "Normas sobre deudas de aranceles", establece que "La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en la oportunidad que corresponda, deberá emitir un certificado que señale que el estudiante se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias, relacionadas con el derecho de matrícula, aranceles anuales de la carrera y otras deudas registradas por la Universidad a su respecto. Esta certificación será requisito indispensable para continuar con los trámites conducentes a la obtención de los títulos y grados que otorga la Universidad, debiendo ajuntarse dicho certificado al expediente de titulación o graduación correspondiente". 21) Que otorgar cualquier información referida a la existencia o no de dicho antecedente constituye un dato de carácter personal de la persona individualizada en el requerimiento en los términos dispuestos en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. 22) Que, de esta forma, al requerirse el acceso a un dato personal cuya comunicación de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4 y 7 de la ley N° 19.628, sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancias que no concurren en el presente caso, se rechazará el amparo en este literal, por configurarse la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mauricio Flores González en contra de la Universidad de Chile, teniendo por entrega los decretos modificatorios solicitados en el literal b) del requerimiento, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile lo siguiente: a) Entregar al reclamante los siguientes antecedentes: i. Copia del decreto de nombramiento del Vicedecano de la Facultad de Ciencias, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener. ii. El listado de resoluciones exentas que condonaron deudas a estudiantes durante los años 2016 al 2019, con indicación de N° , fecha, programa, facultad, monto condonado y causal. En este último caso, también se podrá cumplir esta parte del requerimiento otorgando copia de dichos actos administrativos; tarjando previamente de aquellos el nombre y R.U.T. de los beneficiados.; o acreditando que fueron proporcionados al reclamante con ocasión del cumplimiento de la decisión del amparo Rol C4031-20. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de lo pedido en el literal d) de la solicitud, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N 2 de la Ley de Transparencia, en relación de lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Rector de la Universidad de Chile y a don Mauricio Flores González, remitiendo a este último copia de los decretos modificatorios pedidos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.