<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C4031-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Universidad de Chile</p>
<p>
Requirente: Mauricio Flores González</p>
<p>
Ingreso Consejo: 11.07.2020</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, requiriendo la entrega de copia de "todas las resoluciones exentas dictadas entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, donde condonó deudas de aranceles a sus usuarios"; tarjando previamente el nombre y el número de cédula nacional de identidad de los estudiantes individualizados en aquellas.</p>
<p>
Lo anterior, por cuanto se trata de actos administrativos, información de carácter eminentemente pública, respecto de la cual el órgano reclamado alegó que dada la pandemia y estado de excepción constitucional, no era posible acceder a lo solicitado, haciendo presente lo señalado por este Consejo, en oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020. Sin embargo, se desestima la alegación realizada ya que en el oficio en cuestión se informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual la Universidad de Chile no cumplió.</p>
<p>
A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender dichas necesidades en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los establecimientos educacionales realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, aparte de seguir el citado oficio, el órgano debió organizarse internamente de manera tal de instruir a un determinado funcionario -presente en el recinto -, para que procediera a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad.</p>
<p>
Así, otorgar acceso a lo solicitado no debería generar mayores inconvenientes al órgano reclamado, atendido a que la información requerida se encuentra debidamente ubicada, identificada y contabilizada. Dichos actos administrativos constan de una página y que los únicos datos personales contenidos en ella, son aquellos que fueron marginados del requerimiento.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4031-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 31 de mayo de 2020, don Mauricio Flores González solicitó a la Universidad de Chile "copia de todas las resoluciones exentas dictadas entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, donde condonó deudas de aranceles a sus usuarios".</p>
<p>
2) RESPUESTA: La Universidad de Chile mediante oficio N° 220/2020, de fecha 26 de junio de 2020, informó que la mayoría de los antecedentes en la materia se encuentran en formato físico, ubicados en la Torre 15 de Servicios Centrales y bodegas institucionales, por lo que actualmente no resulta posible acceder a dicha información, considerando que se encuentran suspendidas las labores presenciales desde el lunes 16 de marzo de 2020. Por lo que, se encuentran actualmente imposibilitados de pronunciarse adecuada e íntegramente en torno al requerimiento dentro de los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, señalan que, considerando las recomendaciones efectuadas por este Consejo, mediante Oficio N°252, de 2020, indican que darán "adecuada respuesta a esta solicitud en el plazo de 20 días hábiles, contados desde que el personal del organismo universitario pertinente pueda retomar funciones presenciales en sus respectivas dependencias".</p>
<p>
3) AMPARO: Con fecha 11 de julio de 2020, don Mauricio Flores González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular sostuvo, que "Con todo, y aplicando el principio de divisibilidad del artículo 11, letra 3) de la Ley de Transparencia, el servicio deberá omitir la entrega del nombre y RUT de los usuarios beneficiados por los actos administrativos de condonación de deuda".</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile mediante Oficio N° E12.358, de fecha 31 de julio de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) exponga las razones por las cuales no sería posible entregar la información en el formato solicitado, según lo dispone el artículo 17 de Ley de Transparencia; (2°) indique si la información solicitada se encuentra almacenada en un tipo de formato digital; (3°) se refiera a las eventuales circunstancias de hecho que hicieran procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie sobre las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la eventual denegación de los antecedentes reclamados.</p>
<p>
El órgano reclamado por medio de oficio N° 979, de fecha 18 de agosto de 2020, informó que como "cuestión previa, cabe tener presente que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, mediante Oficio N°252 de su Directora General, de fecha 20 de marzo de 2020, ha informado a las entidades públicas que dan cumplimiento al procedimiento administrativo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información (SAI), regulado en la Ley N°20.285, que, en consideración de las circunstancias de excepción derivadas de la emergencia sanitaria por brote de COVID-19, "de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".". En tal sentido, reiteran lo señalado en su respuesta, agregando que, actualmente, mantienen a la casi totalidad de su personal cumpliendo labores en forma remota o a distancia, salvo contadas e indispensables excepciones, por lo que consideran que "en ningún caso la entrega de información justifica poner en riesgo la salud, integridad física y vida de los/as funcionarios/as involucrados en su tramitación y almacenamiento, desligándolos del cumplimiento de sus labores habituales y exponiéndolos a concurrir a dependencias universitarias en una comuna que ha estado en cuarentena por más de cuatro meses, hasta días recientes". A mayor abundamiento, indican que, no teniendo acceso completo a los antecedentes solicitados, no resulta posible dimensionar su volumen e integridad, pronunciarse anticipadamente sobre la eventual existencia de causales de reserva o secreto que pudieran proceder en la especie o la aplicación del principio de divisibilidad, conforme al artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, sostienen que "el solicitante pide, respecto a cuatro años consecutivos, la totalidad de resoluciones exentas referidas a condonación de aranceles estudiantiles, lo que obliga a procesar un enorme volumen de información que se encuentra en soporte físico, y evaluar la procedencia de entregar todo o parte de la misma".</p>
<p>
5) GESTIÓN OFICIOSA: En atención a los antecedentes tenidos a la vista, este Consejo solicitó a la Universidad de Chile mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2020, en atención a que, pese a lo señalado en su respuesta y descargos, deben tener un registro de las resoluciones exentas por las que se condonan deudas, informe lo siguiente:</p>
<p>
a) Si todo o parte de la información se encuentra en formato digital;</p>
<p>
b) Ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias;</p>
<p>
c) Medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años;</p>
<p>
d) Determinación del número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y</p>
<p>
e) Funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida, como también de las horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos.</p>
<p>
El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2020, adjuntó Oficio N° 1529, de fecha 8 de septiembre de 2020, del Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial de la Universidad de Chile, en el que informa lo siguiente:</p>
<p>
a) "La totalidad de las resoluciones exentas dictadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, mediante las cuales la Universidad de Chile condonó deudas de aranceles universitarios de pregrado, se encuentran en formato papel".</p>
<p>
b) "El material solicitado está en bodega especialmente destinada al archivo y resguardo de documentos de la Unidad Administración de Aranceles y Crédito Universitario, ubicada en Portugal N° 24, Santiago, Región Metropolitana y en Torre 15, ubicada en Diagonal Paraguay N°265, oficina 902, Santiago, Región Metropolitana".</p>
<p>
c) "El periodo de tiempo que comprende la información solicitada corresponde a 4 años, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019".</p>
<p>
d) "El número de documentos requeridos asciende a un total de 430 resoluciones exentas, según registros corporativos".</p>
<p>
e) "El funcionario encargado de la búsqueda, recopilación, revisión, digitalización y entrega de la información es el Sr. Guillermo Rivera Ferrada, Coordinador del Área de Administración y Custodia de Documentos de la Unidad Administración de Aranceles y Crédito Universitario, quien de acuerdo a nuestra estimación, destinará un total de 8 horas hombre, durante 10 días hábiles, considerando el número de documentos que deberán ser recopilados, revisados, digitalizados, tachados (datos personales) y entregados".</p>
<p>
"Cabe hacer presente que lo expuesto se refiere exclusivamente a las copias de resoluciones exentas que condonaron deudas por concepto de aranceles de pregrado durante el período solicitado, habida consideración de lo dispuesto en el D.U. N°0015820 de 25 de agosto de 2003 (derogado por el D.U. N°0011180, de 23 de abril de 2020) y teniendo presente que los aranceles de posgrado corresponden a ingresos propios, recaudados y administrados por los propios Órganos o Servicios de forma directa".</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que no denegaron el acceso a lo requerido, si no cumplieron con las instrucciones contenidas en el oficio N° 252, de este Consejo, señalando que una vez que retomen las actividades presenciales y transcurridos 20 días hábiles, informaran al reclamante lo que en derecho corresponda.</p>
<p>
2) Que, este Consejo por medio de oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".</p>
<p>
3) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, si bien el órgano enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido debido a la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno, en términos que otorgue certeza al reclamante que en una fecha determinada o determinable le será otorgada la respuesta, pues señala como hito para contar el plazo de 20 días hábiles dispuesto en la Ley de Transparencia, el evento de que retornen a labores presenciales a la Universidad, no señalando la época en que aquello se verificará.</p>
<p>
4) Que, en este orden de ideas, es indudable que la referida pandemia dificulta el cumplimiento de las obligaciones de acceso a información pública de los órganos de la Administración, y es por esa razón que este Consejo, como quedó de manifiesto en los considerandos anteriores, entregó directrices excepcionales para hacer frente a esta situación, las que el órgano derechamente desatendió. En efecto, pues en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber del establecimiento educacional realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, y además, debió organizarse internamente de manera tal de instruir a un determinado funcionario -presente en el recinto-, para que procediera a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad, razón por la cual deberá desestimarse dicha alegación.</p>
<p>
5) Que la información solicitada son resoluciones exentas en las cuales se condonan aranceles universitarios correspondientes al periodo 2016-2019, sin los datos referidos al nombre y número de cédula nacional de identidad del estudiante beneficiado, según lo acotado por el reclamante, con ocasión de su amparo.</p>
<p>
6) Que respecto de la información solicitada se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
<p>
7) Que, en tal sentido se debe hacer presente que el órgano reclamado no alegó causal de secreto o reserva alguna y en respuesta a gestión oficiosa realizada, informó que la totalidad de aquellas se encuentran en formato papel, en la bodega destinada al archivo y resguardo de documentos de la Unidad Administración de Aranceles y Crédito Universitario y en Torre 15, las que ascienden a un total de 430, por lo que, el funcionario encargado de la búsqueda, recopilación, revisión, digitalización y entrega debería destinar un total de 8 horas hombre, durante 10 días hábiles, considerando el número de documentos que deberán ser recopilados, revisados, digitalizados, tachados (datos personales) y entregados.</p>
<p>
8) Que, de los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, se concluye que otorgar acceso a lo solicitado no debería generar mayores inconvenientes al órgano reclamado, atendido a que la información se encuentra debidamente ubicada, identificada y contabilizada. Además, de la revisión de la resolución exenta acompañada por el reclamante, se verifica que aquella consta de una página y que los únicos datos personales contenidos en ella, son aquellos que fueron marginados del requerimiento - nombre y R.U.T. del estudiante beneficiado-. De esta forma, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de la información en los términos pedidos, a saber, tarjando previamente dichos datos.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Mauricio Flores González en contra de la Universidad de Chile en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregar al reclamante copia de "todas las resoluciones exentas dictadas entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, donde condonó deudas de aranceles a sus usuarios"; tarjando previamente el nombre y el número de cédula nacional de identidad de los estudiantes individualizados en aquellas.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Mauricio Flores González y al Sr. Rector de la Universidad de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>