Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4068-20

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Reclamante:	LLILIAN VIULCHES ROJAS
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, relativo al reporte compilado del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, del año 2015 al 2020, de los 12 servicios públicos de la III Región de Atacama que se consultan. Lo anterior, por inexistencia de la información pedida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Al respecto cabe señalar que si bien las SEREMI de Salud tienen la competencia de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales por parte de las entidades empleadoras; sin embargo, ellas no aplican el cuestionario SUSESO/ISTAS21, pues es aplicado directamente por estas entidades y remitido con la información pertinente a la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual se aviene con lo resuelto en las decisiones de amparo Roles C3650-20 y C4069-20, en contra de dicha Superintendencia, donde informó que no cuenta con esta información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/8/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia LOC Bases Generales de la administración del Estado
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C5613-18 C2447-20 C3650-20 C4069-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Presupuesto municipal >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C4068-20   Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Atacama Requirente: Llilian Vilches Rojas Ingreso Consejo: 13.07.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, relativo al reporte compilado del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, del año 2015 al 2020, de los 12 servicios públicos de la III Región de Atacama que se consultan. Lo anterior, por inexistencia de la información pedida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Al respecto cabe señalar que si bien las SEREMI de Salud tienen la competencia de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales por parte de las entidades empleadoras; sin embargo, ellas no aplican el cuestionario SUSESO/ISTAS21, pues es aplicado directamente por estas entidades y remitido con la información pertinente a la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual se aviene con lo resuelto en las decisiones de amparo Roles C3650-20 y C4069-20, en contra de dicha Superintendencia, donde informó que no cuenta con esta información. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4068-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas solicitó a la SEREMI de Salud Región de Atacama, la siguiente información: Un reporte compilado desde el año 2015 al 2020, del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, indicando lo siguiente: a) Fecha de medición. b) N° de trabajadores que participó (Aplicó cuestionario). c) Tipo de versión de cuestionario que se utilizó (Versión breve o completa). d) Resultados obtenidos con la calificación de nivel de riesgo por dimensión (homologados a la actualización 2017). e) Si prescribió el ingreso al programa vigilancia ambiental de factores de riesgo psicosocial laboral. f) Los programas o protocolos de trabajo para la gestión de los riesgos identificados. g) Resúmenes ejecutivos anuales (Anexo 7). Toda la información es requerida de los siguiente 12 Servicios Públicos de la III Región de Atacama: - Fondo de Solidaridad e Inversión Social Atacama (FOSIS) - Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles Atacama (JUNJI) - Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Atacama (JUNAEB) - Dirección Regional de Servicio Nacional de Menores Atacama (SENAME) - Dirección Regional de Servicio de Registro Civil e Identificación Atacama (SRCEI) - Dirección Regional de Instituto de Previsión Social Atacama (IPS) - Servicio de Salud Atacama - Fondo Nacional de Salud (FONASA) - Dirección Regional de Servicio de Vivienda y Urbanización Atacama (SERVIU) - Dirección Regional de Servicio Nacional de la mujer y la Equidad de Género Atacama (SERNAMEG) - Dirección Regional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol Atacama (SENDA) - Dirección Regional de Servicio Nacional de la Discapacidad Atacama (SENADIS). 2) RESPUESTA: El 13 de julio de 2020, la SEREMI de Salud Región de Atacama respondió a dicho requerimiento, mediante Oficio CP N° 7381/2020, de 09 de julio de 2020, indicando, en síntesis, lo siguiente: Se deniega la información requerida en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundada en el Decreto N° 104/20, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, en todo el territorio de Chile, y en el Decreto N° 4/20, del Ministerio de Salud, que decretó Alerta Sanitaria por brote del nuevo coronavirus, estableciéndole a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en su artículo 3°, la función de coordinar en el contexto de esta alerta sanitaria las acciones que ejecuten los organismos del sector salud y los otros servicios públicos y demás organismos de la Administración del Estado. 3) AMPARO: El 13 de julio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, que la reclamada invocó con ligereza una causal de reserva sin fundarla ni en razones de hecho, ni de derecho, no colmándose dichas carestías con una referencia general y superflua al estado de catástrofe decretado en nuestro país, puesto que ello no explica cómo se relaciona lo allí mandatado con las dificultades que pretende -por esa vía- integrar a una precaria fundamentación del acto recurrido. Cita jurisprudencia de este Consejo y de la Corte Suprema sobre los supuestos que deben concurrir para que se configure la causal invocada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio E12069, de 28 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio CP N° 8660/2020, de 12 de agosto de 2020, el órgano evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: La causal invocada no se funda en el elevado número de antecedentes o actos administrativos, sino en la distracción indebida de los funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales, por lo que no procede justificar en qué consiste el volumen o densidad de la información requerida, por tanto, se reiteran los fundamentos señalados con ocasión de la respuesta en tal sentido ligados a la alerta sanitaria con motivo de la pandemia nacional. Al efecto señala que exigir justificar cuántos serían los funcionarios que se "distraerían" recopilando la información, o cuánto tiempo irrogaría para los funcionarios cumplir con la solicitud, implicaría desconocer las funciones que por ley efectúa esta Autoridad Sanitaria, especialmente en tiempos de alerta sanitaria donde ha debido asumir un rol fundamental y esencial en el control de ésta conforme a la normativa que la regula; ignorar lo anterior indica no comprender la gravedad del contexto nacional y mundial de la pandemia a que hace alusión la normativa mencionada en la respuesta, cuyas perjudiciales y mortales consecuencias son de público y notorio conocimiento. Si bien el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política consagra el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes, el concepto de "conveniencia" debe ser analizado a la luz de la oportunidad de su presentación y la redacción del artículo 21 de la ley N° 20.285, distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Cita dictamen de la Contraloría General de la República sobre la materia. Luego describe las tareas habituales que se han visto incrementadas y asumidas por los funcionarios que se encuentran desempeñando sus labores en modalidad presencial y en constante variación ante bloqueos por necesarios aislamientos o cuarentenas productos de eventuales contagios; ya que de la dotación total de 145 funcionarios con que cuenta esta Institución en la ciudad de Copiapó, para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia se ha debido recurrir a la contratación adicional y excepcional de personas; no obstante todos los esfuerzos desplegados esta ciudad a contar del día 28 de julio del presente año fue declarada en cuarentena. Finalmente, agrega que no acoger los argumentos señalados transformaría en absolutamente inaplicable una causal de denegación expresamente establecida en la legislación. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2020, se requirió a la reclamada informar si el cuestionario consultado fue aplicado o no en los servicios consultados entre los años 2015 al 2020. Mediante correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2020, el órgano respondió en lo pertinente que no están en condiciones de dar respuesta a lo consultado, ya que cada institución gestiona la aplicación del cuestionario ISTAS, por lo tanto no cuentan con esta información. 6) GESTIÓN ÚTIL: Con fecha 22 de septiembre de 2020 se requirió a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar antecedentes sobre la aplicación del cuestionario ISTAS/21 en relación con los organismos consultados, quien con esta misma fecha respondió lo siguiente: a) "Las SEREMI de Salud tienen la competencia de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales por parte de las entidades empleadoras. b) El cuestionario SUSESO/ISTAS21 no es aplicado por la SEREMI indicada, sino que es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), con el objeto de detectar posibles situaciones de riesgos psicosociales en las entidades empleadoras (sean público o privadas) para así adoptar las medidas para corregir, eliminar o controlar los mencionados riesgos. c) Si bien la SEREMI puede fiscalizar en casos específicos el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos en las entidades empleadoras, en el caso del Cuestionario ISTAS21, cabe indicar que su aplicación es promovida en las entidades empleadoras por los Organismos Administradores, los cuales, cuando es aplicada, recolectan la información pertinente y la remiten a la Superintendencia de Seguridad Social. Por tanto, las SEREMI de Salud no reciben de manera global los Cuestionarios indicados (sin perjuicio que puedan tener algunos de ellos, producto de una fiscalización específica en alguna entidad empleadora determinada), ya que no pueden instruir dicha remisión a los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744, que sólo los pueden remitir a esta Superintendencia, conforme a las instrucciones que se les han impartido. d) De esta forma, si esta Superintendencia no cuenta con la información, como ya se manifestó a propósito de gestión oficiosa del Amparo Rol C3650-20, tampoco dispone de ella la SEREMI de Salud, las cuales no tienen la fiscalización ni pueden requerir información directamente de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de un reporte compilado del año 2015 al 2020, del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, con los datos y respecto de los organismos que se señalan en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el órgano denegó esta la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundada en que su entrega distraería a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, especialmente a las que por ley efectúa en tiempos de alerta sanitaria, donde ha debido asumir un rol fundamental y esencial en el control de ésta conforme a la normativa que la regula. 2) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada, y las dificultades generadas por el COVID-19, se debe señalar que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, entre ellos desde luego, a la SEREMI de Salud Región de Atacama, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 3) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, con los elementos descritos precedentemente, pues sólo se invocó, en términos generales, la normativa de alerta sanitaria que afecta al órgano con ocasión de la pandemia. 4) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad. 5) Que, asimismo, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En este contexto, el órgano reclamado, no precisó ni siquiera el volumen aproximado de información a analizar, ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, ya que fundó la causal en la distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento de sus labores actuales, estimando que no procedía justificar en qué consiste el volumen o densidad de la información requerida, ya que ello implicaría desconocer las funciones que por ley efectúa esta Autoridad en estos tiempos de alerta sanitaria, donde ha debido asumir un rol fundamental y esencial en el control de la misma, conforme a la normativa que la regula; no resultando en consecuencia, a juicio de este Consejo, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento para no desatender las funciones que debe cumplir con motivo de la alerta sanitaria que enfrenta actualmente nuestro país, por lo que dicha causal será desestimada. 6) Que, luego, respecto de los antecedentes solicitados, se debe señalar que "(...) el denominado "Cuestionario SUSESO/ISTAS 21", es un instrumento para identificar y medir el riesgo psicosocial presente en el ámbito laboral en Chile, construido sobre la base de la validación y estandarización del método "ISTAS 21", adaptándolo a la población laboral chilena, y que es aplicable a las distintas actividades económicas y productivas del país, tanto de entidades públicas como privadas (...). El cuestionario en comento, cuenta con una versión completa y otra breve (...), diseñada para ser aplicada, principalmente, como herramienta de investigación y vigilancia epidemiológica.//Así, la aplicación del referido cuestionario se encuentra regulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, además del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, establecido por el Ministerio de Salud (...)". 7) Que, en cuanto al rol de los actores involucrados en el proceso de evaluación de riesgo psicosocial, la resolución exenta N° 1433, del Ministerio de Salud, de 10 de Noviembre de 2017, que "Aprueba actualización de protocolo de vigilancia de riesgo social en el trabajo", en el punto 5) sobre "Definiciones" señala que "es deber del empleador evaluar el nivel de exposición al riesgo psicosocial en los lugares donde se desempeñen sus trabajadores, y realizar las acciones necesarias para disminuir dicha exposición"; y que los organismos administradores y empresas con administración delegada del seguro de la Ley 16.744, "tienen la misión de asesorar a sus empresa adherentes o afiliadas en lo que la riesgo especifico se refiere de acuerdo a lo instruido por la SUSESO (...)", correspondiendo a las Secretaria Regionales Ministeriales de Salud " (...) la fiscalización de la disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias que le otorgan facultades respecto de la seguridad y salud en los lugares de trabajo, y la sanción a su infracción en los acoso que ello amerite." En este sentido, el Decreto Supremo N° 40, que "Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales" en el artículo 3° dispone que "las Mutualidades de empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (...)"; y el artículo 68, de la Ley 16.744, que "Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales " prescribe que "las empresas o entidades deberán implantar todas medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador al que se encuentran afectas (...)". 8) Que, sobre el particular el órgano con ocasión de la gestión oficiosa que se transcribe en el N° 5 de lo expositivo, señaló que no cuenta con la información pedida, ya que cada institución gestiona la aplicación del cuestionario ISTAS/21. Al respecto, en cuanto a la información que según la reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. 9) Que, en este sentido, según la normativa analizada y los antecedentes tenidos a la vista es posible advertir que si bien las SEREMI de Salud tienen la competencia de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales por parte de las entidades empleadoras; sin embargo, ellas no aplican el cuestionario SUSESO/ISTAS21 a los órganos de la administración del Estado correspondiente a su Región, ya que es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), los cuales, una vez aplicado, recolectan la información pertinente y la remiten a la Superintendencia de Seguridad Social, por tanto, las SEREMI de Salud no reciben de manera global los Cuestionarios indicados. Al efecto, según señaló la Superintendencia de Seguridad Social en la gestión útil que se señala en el N° 6 de lo expositivo " (...) si esta Superintendencia no cuenta con la información, como ya se manifestó a propósito de la gestión oficiosa del Amparo Rol C3650-20, tampoco dispone de ella la SEREMI de Salud, las cuales (...) no pueden requerir información directamente de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744" . En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información en la forma pedida, se rechazará el presente amparo, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Llilian Vilches Rojas en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, atendida la inexistencia de la información pedida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Llilian Vilches Rojas y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.