Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4069-20

Reclamante:	LLILIAN VILCHES ROJAS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, a reporte de los cuestionarios SUSESO/ISTAS21 aplicados en los determinados servicios de la III Región de Atacama. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no fueron ingresados a sus sistemas los cuestionarios pedidos por parte de las entidades empleadoras consultadas, por lo tanto, aquello no obra en su poder. En el mismo sentido, se resolvió el amparo Rol C3650-20, entre las mismas partes.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3650-20
Jurisprudencia a:	C4068-20
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4069-20   Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) Requirente: Llilian Vilches Rojas Ingreso Consejo: 13.07.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, a reporte de los cuestionarios SUSESO/ISTAS21 aplicados en los determinados servicios de la III Región de Atacama. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no fueron ingresados a sus sistemas los cuestionarios pedidos por parte de las entidades empleadoras consultadas, por lo tanto, aquello no obra en su poder. En el mismo sentido, se resolvió el amparo Rol C3650-20, entre las mismas partes. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4069-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de junio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social - en adelante también SUSESO-, "Un reporte compilado de entre e inclusive los años señalados: desde el año 2015 al 2020, del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, de los servicios que se señalaran más adelante indicando la siguiente información - Fecha de medición - N° de trabajadores que participó (Aplicó cuestionario) - Tipo de versión de cuestionario que se utilizó (Versión breve o completa) - Resultados obtenidos de la evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo con la calificación de nivel de riesgo por dimensión (homologados a la actualización 2017) - Si prescribió el ingreso al programa vigilancia ambiental de factores de riesgo psicosocial laboral - Los programas o protocolos de trabajo para la gestión de los riesgos identificados por los servicios, posteriormente señalados. - Resúmenes ejecutivos anuales (Anexo 7). Toda la información anterior es requerida de los siguiente Servicios Públicos de la III Región de Atacama: 1 Fondo de Solidaridad e Inversión Social Atacama (FOSIS) 2 Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles Atacama (JUNJI) 3 Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Atacama (JUNAEB) 4 Dirección Regional de Servicio Nacional de Menores Atacama (SENAME) 5 Dirección Regional de Servicio de Registro Civil e Identificación Atacama (SRCEI) 6 Dirección Regional de Instituto de Previsión Social Atacama (IPS) 7 Servicio de Salud Atacama 8 Fondo Nacional de Salud Atacama (FONASA) 9 Dirección Regional de Servicio de Vivienda y Urbanización Atacama (SERVIU) 10 Dirección Regional de Servicio Nacional de la mujer y la Equidad de Género Atacama (SERNAMEG) 11 Dirección Regional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol Atacama (SENDA) 12 Dirección Regional de Servicio Nacional de la Discapacidad Atacama (SENADIS)". 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Seguridad Social mediante ordinario N° 2084, de fecha 25 de junio de 2020, informó que "no dispone de la información solicitada, en la forma, con la sistematización, ni por el período requerido. Cabe señalar que, conforme a la letra a) del artículo 11 de la Ley N° 20.285, se presume relevante la información que posean los órganos de la Administración del Estado. Además, la letra b) del mismo artículo señala que toda persona tiene derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, y la letra c) indica que toda información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública. De ese modo, no es exigible para un órgano de la Administración del Estado proporcionar información de la cual no dispone, como ocurre en el caso por Usted solicitado". 3) AMPARO: Con fecha 13 de julio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular, sostuvo lo siguiente: "que en virtud de la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 16.395, señala que son funciones de la Superintendencia "Administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que deberá contener, a lo menos, la información de las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, los diagnósticos de enfermedad profesional, los exámenes y las evaluaciones realizadas, las calificaciones de los accidentes y enfermedades, y las actividades de prevención y fiscalización que correspondan, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles", siendo ese precisamente la plataforma en donde obra la información que requiero, específicamente en el sub módulo del sistema Evaluación y Vigilancia de Ambiental y de Salud de los Trabajadores (EVAST), según señala información contenida en su página web. En su defecto de no encontrarse la información solicitada, en la forma y/o periodos solicitados, se insta a dicho organismo, entregar la información disponible en el formato y durante el periodo que se tenga". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social mediante Oficio N° E12.073, de fecha 28 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado por medio de ordinario N° 2620, de fecha 17 de agosto de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que no disponen de la información solicitada. Agregando que "conforme al Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la información de los procesos de evaluación registrados en la plataforma SUSESO/ISTAS21 de la Superintendencia de Seguridad Social, realizados por los organismos administradores o administradores delegados en los centros de trabajo a partir de enero de 2019, deberán ser remitidos al módulo EVAST/RPSL mediante un e-doc 51 con origen 1, a contar del 1° de octubre de 2019, https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-208645.html. Al respecto, revisada la base de datos disponible en esta Superintendencia, no fue posible encontrar la información solicitada respecto de "Servicios Públicos de la III Región de Atacama: 1 Fondo de Solidaridad e Inversión Social Atacama (FOSIS) 2 Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles Atacama (JUNJI) 3 Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Atacama (JUNAEB) 4 Dirección Regional de Servicio Nacional de Menores Atacama (SENAME) 5 Dirección Regional de Servicio de Registro Civil e Identificación Atacama (SRCEI) 6 Dirección Regional de Instituto de Previsión Social Atacama (IPS) 7 Servicio de Salud Atacama 8 Fondo Nacional de Salud Atacama (FONASA) 9 Dirección Regional de Servicio de Vivienda y Urbanización Atacama (SERVIU) 10 Dirección Regional de Servicio Nacional de la mujer y la Equidad de Género Atacama (SERNAMEG) 11 Dirección Regional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol Atacama (SENDA) 12 Dirección Regional de Servicio Nacional de la Discapacidad Atacama (SENADIS) ". Dado lo anterior, no resulta posible para esta Superintendencia acceder al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), dado que no dispone de la información solicitada por la Sra. Vilches Rojas". 5) GESTIÓN OFICIOSA: En atención a los antecedentes tenidos a la vista, este Consejo solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social mediante correo electrónico de fecha 7 de septiembre de 2020, y teniendo presente lo señalado en sus descargos, en orden a que la información solicitada no obra en su poder, informe el motivo de aquello. En particular, que señalen si aquello obedece a que no se han realizado cuestionarios SUSESOS/ISTAS21 a los órganos de la Administración del Estado por los cuales se consulta, durante el periodo 2015 a junio del 2020 o a otra razón. El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 8 de septiembre de 2020, informó lo siguiente: a) "La Superintendencia no dispone, en el caso de los servicios públicos de la Región de Atacama señalados por la recurrente, del cuestionario SUSESO/ISTAS21, respecto de ninguna de las formas solicitadas por la reclamante. Al respecto, se revisó la base de datos del Sistema de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra este Servicio, sin que se dispusiera de la información solicitada. Lo anterior se puede deber a que muchos de esos servicios no deben tener más de uno o dos funcionarios en la Región, por lo que no procede la aplicación del Cuestionario referido". b) "El cuestionario SUSESO/ISTAS21 no es aplicado por esta Superintendencia, sólo se ha proporcionado el instrumento, el cual se aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), con el objeto de detectar posibles situaciones de riesgos psicosociales en las entidades empleadoras (sean público o privadas) para así adoptar las medidas para corregir, eliminar o controlar los mencionados riesgos". c) "La Superintendencia no fiscaliza ni se relaciona directamente con las entidades empleadoras en el ámbito de la Ley N° 16.744, esa función la cumplen los Organismos Administradores de la referida Ley (Mutuales e ISL), y los que fiscalizan directamente el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en las entidades empleadoras son la Dirección del Trabajo y las SEREMI de Salud". d) "La Superintendencia no tiene conocimiento que la información solicitada pueda estar en algún otro organismo público, pero en principio ello no debería ser así dado que la fiscalización de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744, que deben remitir la información de los Cuestionarios aplicados por las entidades empleadoras, es exclusiva de este Servicio". e) "Esta Superintendencia no cuenta con "certificados de búsquedas" en su base de datos SISESAT. Te reitero que búsqueda de la información solicitada por la Sra. Vilches fue realizada sin éxito en nuestra base de datos, y ello se debe, probablemente, a que los servicios públicos en la Región de Atacama consultados por la recurrente no deben tener más de uno o dos funcionarios, sin que proceda por tanto la aplicación de la encuesta a nivel regional". f) "Sin perjuicio de lo indicado, los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 deben remitir la información relativa a la aplicación del Cuestionario ISTAS a esta Superintendencia, en la medida que sea aplicado e informado por las entidades empleadoras afiliados a ellos. El envío de la información indicada debe realizarse en forma obligatoria a contar del mes de enero de 2019 por los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744, que a su vez la reciben de las entidades empleadoras afiliadas, sean públicas o privadas. Te reitero que esta Superintendencia no cuenta con facultades para fiscalizar directamente a las entidades empleadoras en el cumplimiento de las medidas de prevención de la Ley N° 16.744". Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado alegó que los antecedentes requeridos no obran en su poder. 2) Que, en este punto, cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. 3) Que, en la especie, el órgano reclamado informó que tras revisar la base de datos del Sistema de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administran, se constata que no dispone del cuestionario SUSESO/ISTAS21, respecto de los servicios públicos consultados, lo que se puede deber a que aquellos no deben tener la cantidad de funcionarios suficiente que hayan estado en las hipótesis que hacen procedente su aplicación. Además, sostienen que aquel es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de las Mutualidades de Empleadores y/o del Instituto de Seguridad Laboral, con el objeto de detectar posibles situaciones de riesgos psicosociales en las entidades empleadoras para así adoptar las medidas para corregir, eliminar o controlar los mencionados riesgos. Finalmente, señaló que lo pedido no debería obrar en poder de ningún otro organismo de la Administración del Estado, ya que aquellos deben ser remitidos exclusivamente a esa Superintendencia. 4) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente; y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la Superintendencia de Seguridad Social, se rechazará el presente amparo. En el mismo sentido, se resolvió el amparo Rol C3650-20, entre las mismas partes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Llilian Vilches Rojas en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por no obrar en su poder los antecedentes pedidos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Llilian Vilches Rojas y al Sr. Superintendente de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.