Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4085-20

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Reclamante:	JAVIERA ARAVENA
Reclamado:	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA, POSTA CENTRAL
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, requiriendo la entrega del listado de Directores y Jefaturas consultadas periodo 1990 a 2020, tarjando previamente todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el órgano reclamado, no precisó siquiera el volumen aproximado de información a analizar ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, no resultando en consecuencia, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que los antecedentes cuya entrega se requiere, correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 19.937, no obren en poder del órgano reclamado, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/19/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C4085-20   Entidad pública: Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) Requirente: Javiera Aravena Araneda Ingreso Consejo: 07.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, requiriendo la entrega del listado de Directores y Jefaturas consultadas periodo 1990 a 2020, tarjando previamente todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el órgano reclamado, no precisó siquiera el volumen aproximado de información a analizar ni el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado, no resultando en consecuencia, suficientemente fundada la causal alegada, atendido además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que los antecedentes cuya entrega se requiere, correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 19.937, no obren en poder del órgano reclamado, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello. En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4085-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de abril de 2020, doña Javiera Aravena Araneda solicitó al Servicio de Salud Metropolitano Central, "respecto al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP)", lo siguiente: a) "Directores año 1990 a la fecha, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombres completos y períodos de duración en el cargo (fechas exactas)". b) "Jefaturas de Unidad de Anestesia año 1990 a la fecha, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombre completo y período de duración en el cargo (fechas exactas)". c) "Jefaturas de Departamento Docente y Centro de Entrenamiento Habilidades Clínicas, desde su creación a la fecha, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombre completo y período de duración en el cargo (fechas exactas)". d) "Cargos desempeñados en las fechas indicadas y períodos de duración en el mismo (fechas exactas), por las siguientes personas...". 2) DERIVACIÓN: El Servicio de Salud Metropolitano Central por medio de ordinario N° 611, de fecha 29 de mayo de 2020, derivó el requerimiento al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 7 de julio de 2020, doña Javiera Aravena Araneda dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, fundado en que no recibió respuesta la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública mediante Oficio N° E12.349, de fecha 31 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) acredite la fecha en que recibió la derivación de la solicitud por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central; (2°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (3°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de aquella y de los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 inciso 2 de la Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida;(5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente su denegación; y (6°) en caso de no existir inconvenientes para su entrega, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). El órgano reclamado por medio de ordinario sin número, de fecha 17 de agosto de 2020, sostuvo que la reclamante ingresó solicitud con fecha 30 de abril de 2020, en los mismos términos que aquella derivada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, la cual fue respondida mediante oficio ordinario N° 186, de fecha 27 de mayo de 2020, denegando el acceso a lo requerido por considerar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, debido a la cantidad de actos administrativos y antecedentes pedidos. Además, sostienen que como consta en Boletín de fecha 18 de marzo de 2020, prescindieron del trabajo presencial de sus funcionarios que estuviesen dentro de la población de riesgo, para así velar por la integridad de aquellos ante un posible contagio de Covid-19, reduciendo la cantidad de recurso humanos a disposición de las áreas de atención primaria y administrativa. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Atendido lo señalado precedentemente, esta Corporación mediante Oficio N° E15.177, de fecha 6 de septiembre de 2020, solicitó a la reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) señale si la respuesta proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su solicitud de información; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada no le ha sido proporcionada La parte reclamante por medio de presentación remitida mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2020, manifestó su disconformidad con la respuesta proporcionada, pues no se otorga acceso a los antecedentes requeridos. Y CONSIDERANDO: 1) Que cabe hacer presente que por medio de ordinario N° 661, de fecha 29 de mayo de 2020 - notificada a la reclamante por correo electrónico de igual fecha-, el Servicio de Salud Metropolitano Central derivó el requerimiento que da origen a este amparo, al Director (S) del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, el cual fue recepcionado por dicho establecimiento, el 1° de junio de 2020, según conta en el timbre estampado en el acto administrativo reseñado. 2) Que el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta, así en atención a los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, pues el órgano reclamado hace alusión a respuesta otorgado a una solicitud anterior a la que fue derivada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, por lo que, no ha contestado aquel dentro de los plazos establecidos para aquello lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo. 3) Que, con ocasión de sus descargos, el órgano alegado alegó la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En tal sentido, se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad. 4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que en cuanto a la información solicitada, en términos generales, se debe tener presente que dice relación con diversos antecedentes relativos a cargos y funcionarios del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, el cual es un establecimiento autogestionado, que está a cargo de un Director, al que según lo dispuesto en el artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 - en adelante D.F.L. N° 1/2006-; le corresponde su dirección, organización y administración, para lo cual cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: "Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y las demás normativas vigentes"; y "Ejercer las funciones de administración del personal destinado al Establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento. Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe superior de servicio". (Artículo 36, letras c) y f), del D.F.L. N° 1/2006). En el mismo sentido, se establece en el artículo 46 del decreto supremo N° 140, año 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud - D.S. N° 140/2005-. 6) Que, además, se debe tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 4053, de fecha 31 de diciembre de 2018, que establece nueva estructura organizacional, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública cuenta con una Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera, en la cual se establece un Centro de Responsabilidad de Gestión y Desarrollo de Personas, que tiene diversas unidades, dentro de las cuales se encuentra la "CC Personal". 7) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada y las dificultades generadas por el COVID-19, se debe señalar que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 8) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, con ninguno de los elementos descritos precedentemente. 9) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad 10) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado pues no detalla su volumen, formato, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación. En efecto, se debe considerar que el hecho de haber prescindido del trabajo presencial de sus funcionarios no impide que aquellos puedan desempeñar igualmente sus labores habituales de forma remota, más si se considera el principio de continuidad de la función pública y el hecho de que, por lo menos parte de lo requerido, debe encontrarse sistematizado en su unidad "CC Personal". Por lo que, la argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. 11) Que, en cuanto a la alegación referida a que parte de los antecedentes requeridos se encontrarían permanentemente a disposición del público en su banner de transparencia activa, en el ítem "Personal y remuneraciones". Al respecto, cabe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada, a partir de la decisión de amparo Rol A321-09, que al encontrarse la información requerida en un sitio web de acceso público debe entenderse cumplida la obligación de entrega con el hecho de indicar la fuente y el modo de acceder a ella, no siendo responsabilidad del órgano reclamado procesarla de la forma requerida. Sin embargo, el órgano reclamado no otorga las indicaciones necesarias para acceder a lo pedido, teniendo por acreditado lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. 12) Que habiendo descartado la concurrencia de las alegaciones realizadas por el órgano reclamado, y tratarse de información pública que obra en su poder, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de la información solicitada, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquella, según lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m), de la Ley de Transparencia. 13) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, cabe hacer presente que en el año 2004 se promulga y publica la ley N° 19.937, que modifica el D.L. N° 2.763, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana - en adelante ley N° 19.937-; en virtud de la cual, se introduce en el D.L. N° 2.763, entre otras modificaciones, el "TITULO IV DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUTOGESTIÓN EN RED". Así, según lo dispuesto en artículo decimoctavo transitorio de dicha ley, sus normas entrarán en vigencia el 1° de enero del año 2005. En consideración a lo señalado, en el evento que los antecedentes requeridos anteriores a esa fecha no obren en poder del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, deberá señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, dicha circunstancia, con los detalles que justifiquen aquello, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Javiera Aravena Araneda en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información referente al Hospital de Urgencia Asistencia Pública: i. Directores año 1990 a la fecha del requerimiento, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombres completos y períodos de duración en el cargo. ii. Jefaturas de Unidad de Anestesia año 1990 a la fecha del requerimiento, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombre completo y período de duración en el cargo. iii. Jefaturas de Departamento Docente y Centro de Entrenamiento Habilidades Clínicas, desde su creación a la fecha del requerimiento, incluidas subrogancias, según el siguiente detalle: en orden cronológico indicar nombre completo y período de duración en el cargo. iv. Cargos desempeñados en periodo 1990-2020 de las personas individualizadas en el requerimiento. Todo lo anterior, debiendo tarjar los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquellos. En el evento de que los antecedentes anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 19.937, no obren en su poder, deberá señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, dicha circunstancia, con los detalles que justifiquen aquello, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Aravena Araneda y al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.