Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4098-20

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Reclamante:	CLAUDIO EUGENIO COFRE SOTO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando entregar al reclamante lo siguiente: i. Copia de las hojas de vida y calificaciones de los funcionarios consultados, que se opusieron a su divulgación. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto y sensibles, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se trata de información que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte los derechos de las personas. ii. Información sobre sobre número de placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible del vehículo policial consultado en la letra e) de la solicitud de acceso. Además, se deberá proporcionar copia de la licencia de conducir del funcionario que conducía el aludido vehículo en el procedimiento objeto del requerimiento, previa reserva de todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se consignen, distintos de la identidad del funcionario. Lo anterior, por tratarse de información pública, que obra en poder del órgano reclamado, vinculada a un bien fiscal, respecto del cual no se acreditó fehacientemente la concurrencia de alguna causal de reserva que justifique se denegación. En efecto, a juicio de este Consejo, las alegaciones de Carabineros de Chile en torno a que la entrega de antecedentes relativos a un único vehículo policial no parece de la entidad suficiente para justificar que su develación implique la divulgación de planes de operación o de servicio en los términos del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y mucho menos tengan en potencial de afectar la seguridad de la Nación. Por su parte, en relación con la entrega de copia de la licencia de conducir consultada, se concluye que licencia de conducir que habilita a aquellos funcionarios a conducir automóviles fiscales pertenecientes a las reparticiones señaladas en el artículo 12 de la Ley de Tránsito, entre las cuales se encuentra Carabineros de Chile, es información pública, por tratarse de un antecedente referido al cumplimiento de las labores de un funcionario público, financiada con recursos públicos. A mayor abundamiento, el referido permiso no puede sino usarse para la conducción de vehículos destinados al cumplimiento de las funciones institucionales. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de las sanciones o medidas disciplinarias cumplidas y prescritas consignadas en las hojas de vida reclamadas, por tratarse de datos protegidos por el artículo 21 de la ley N° 19.628, cuya publicidad afecta los derechos de las personas titulares de la información. Se rechaza igualmente el amparo, en lo que se refiere al número de teléfono celular, fiscales o particulares, usados por los funcionarios policiales del O.S.7 consultados, en el procedimiento policial que se indica, por tratarse en el primer caso, de información personal de los funcionarios involucrados de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 19.628, que no puede ser divulgada sin su consentimiento expreso, el que, en la especie, no concurre y, en el segundo caso, porque su divulgación es de aquellas que afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano conforme al criterio desarrollado a partir de la decisión de amparo Rol C611-10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/19/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C3046-17 C3047-17 C3244-17 C1241-18 C611-10 C2010-17 C2089-17 C1425-19
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Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C4098-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Claudio Eugenio Cofré Soto Ingreso Consejo: 13.07.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando entregar al reclamante lo siguiente: i. Copia de las hojas de vida y calificaciones de los funcionarios consultados, que se opusieron a su divulgación. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto y sensibles, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se trata de información que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte los derechos de las personas. ii. Información sobre sobre número de placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible del vehículo policial consultado en la letra e) de la solicitud de acceso. Además, se deberá proporcionar copia de la licencia de conducir del funcionario que conducía el aludido vehículo en el procedimiento objeto del requerimiento, previa reserva de todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se consignen, distintos de la identidad del funcionario. Lo anterior, por tratarse de información pública, que obra en poder del órgano reclamado, vinculada a un bien fiscal, respecto del cual no se acreditó fehacientemente la concurrencia de alguna causal de reserva que justifique se denegación. En efecto, a juicio de este Consejo, las alegaciones de Carabineros de Chile en torno a que la entrega de antecedentes relativos a un único vehículo policial no parece de la entidad suficiente para justificar que su develación implique la divulgación de planes de operación o de servicio en los términos del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y mucho menos tengan en potencial de afectar la seguridad de la Nación. Por su parte, en relación con la entrega de copia de la licencia de conducir consultada, se concluye que licencia de conducir que habilita a aquellos funcionarios a conducir automóviles fiscales pertenecientes a las reparticiones señaladas en el artículo 12 de la Ley de Tránsito, entre las cuales se encuentra Carabineros de Chile, es información pública, por tratarse de un antecedente referido al cumplimiento de las labores de un funcionario público, financiada con recursos públicos. A mayor abundamiento, el referido permiso no puede sino usarse para la conducción de vehículos destinados al cumplimiento de las funciones institucionales. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de las sanciones o medidas disciplinarias cumplidas y prescritas consignadas en las hojas de vida reclamadas, por tratarse de datos protegidos por el artículo 21 de la ley N° 19.628, cuya publicidad afecta los derechos de las personas titulares de la información. Se rechaza igualmente el amparo, en lo que se refiere al número de teléfono celular, fiscales o particulares, usados por los funcionarios policiales del O.S.7 consultados, en el procedimiento policial que se indica, por tratarse en el primer caso, de información personal de los funcionarios involucrados de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 19.628, que no puede ser divulgada sin su consentimiento expreso, el que, en la especie, no concurre y, en el segundo caso, porque su divulgación es de aquellas que afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano conforme al criterio desarrollado a partir de la decisión de amparo Rol C611-10. En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4098-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2020, don Claudio Eugenio Cofré Soto solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: a) Copia de las Hojas de Vida y Calificaciones de los funcionarios de Carabinero, específicamente del O.S.7, de Valparaíso, que se individualizan, de toda la carrera funcionaria, incluyendo medidas disciplinarias pendientes, ejecutoriadas y las eliminadas. b) Copia de todos los antecedentes que dicen relación con el procedimiento policial, adoptado el día 05 de mayo de 2020, que dio origen al Parte N° 58, de la misma data, del O.S.7 de Carabineros, donde se detuvo a su representado en la ubicación que indica. c) Copia de las constancias estampadas en los libros que usa el Departamento del O.S.7 de Carabineros, en relación al procedimiento policial ocurrido el 05 de mayo del 2020, en el cual se detuvo a su representado. d) Números de los celulares, fiscales o particulares, usados por los funcionarios policiales del O.S.7 que individualiza y en forma especial el número celular, fiscal o particular, e identificación del funcionario de Carabineros que, el 05 de mayo de 2020, llamo al fiscal de turno que indica de la fiscalía de Viña del Mar, en relación al procedimiento policial adoptado que originó la confección del parte N° 58 de fecha 05 de mayo del presente año. e) Vehículo fiscal en cual se desplazan los funcionarios del O.S.7 de Carabineros, el 05 de mayo de 2020, o sea, su placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, copia de la licencia del conductor, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, con la copia del vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible. f) Constancias dejadas por el funcionario de Carabineros encargado de llamar al fiscal de turno, cantidad de llamadas y cuáles fueron las solicitudes efectuadas en dichas conversaciones. g) Hora y lugar en donde el personal policial del O.S.7 entrevista al imputado que representa, Número de Causa RUC, tipo de droga incautada, oficios remisores al servicio público, fecha de formalización, personal aprehensor del imputado, identificación de los policías y su dotación. h) Acceder a información sobre el uso de cámara GOPRO del Departamento de O.S.7, cantidad de equipos entregados pasa su uso y los motivos por los cuales no se usaron para grabar el procedimiento del 05 de mayo de 2020, que dio origen al parte policial 58. i) Le informen si el procedimiento policial de detención, de fecha 05 de mayo de 2020, de su representado, existía orden judicial por parte de algún tribunal e indica si es efectivo que se efectuaron llamados, al fiscal de turno de Viña del Mar, antes de adoptar el procedimiento policial o después de esto. j) Saber y conocer el número, de celular o fijo, del cual llamaron los funcionarios del O.S.7 de Carabineros, para dar cuenta del procedimiento. k) Saber y conocer si es efectivo que los funcionarios del O.S.7, ya identificados, efectuaron labores de vigilancia en la transacción, efectuada a las 16:00 horas aproximadamente, señalada en el parte policial N° 58, de fecha 05 de mayo de 2020, y se fue presenciada la llamada efectuada al número del imputado al cual representa y cuáles son los motivos de haberlo hecho si fuera el caso. 2) RESPUESTA: Carabineros de Chile, mediante Resolución Exenta N° 270, de 09 de julio de 2020, respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que: En relación con el literal a), dio aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, y de los 5 funcionarios consultados, solo uno autorizó la entrega de la información, razón por la cual deniega la información de funcionarios que se opusieron, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y proporciona la correspondiente al funcionario que accedió a su entrega, protegiendo datos personales. En relación con las letras b), c), f), g) h) i) j) y k), indica que los antecedentes requeridos se vinculan a una investigación penal, dirigida por el Ministerio Publico. En base a lo anterior, derivó la solicitud a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Respecto a lo solicitado en la letra d), deniega la información en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 2°, 4 y 7° de la ley N° 19.628, por tratarse de datos de carácter personal cuya divulgación afecta a los terceros indicados. En lo concerniente a lo solicitado en el literal e), respecto de la copia de licencia de conductor del funcionario que conducía, se deniega por tratarse de información de carácter personal, mientras que en lo que se refiere a los restantes antecedentes, se deniega conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, este último en relación con el artículo 436 N° 2, del Código de Justicia Militar. Argumenta que la divulgación de la información afecta la seguridad pública y, por tanto, "se encuentra impedido de entregar cualquier información que permita de alguna forma revelar los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia, ya que, en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros". 3) AMPARO: El 13 de julio de 2020, don Claudio Eugenio Cofré Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud. Al efecto señala "por medio del presente correo vengo en denunciar a Carabineros de Chile a quien se le ha acreditado la calidad de abogado defensor de un imputado conforme al patrocinio y resolución para acceder a información pública que consta en su poder y que justificándose en determinadas disposiciones legales se han negado a la entrega de información pertinente y legítima (...)". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio E12364, de 31 de julio de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la Seguridad de la Nación y los Derechos de los Terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio N° 174, de 14 de agosto de 2020, Carabineros de Chile presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, que respecto de todos los antecedentes vinculados a la investigación de que da cuenta el parte policial N° 58, de 05 de mayo de 2020, remitido por el OS7 de Valparaíso a la Fiscalía Local de Viña del Mar, no procede hacer entrega de información alguna, debiendo requerirla el reclamante a la señalada Fiscalía o interponer los recursos judiciales que le franquea la ley en su calidad de abogado defensor. Agrega, que atendida la legitimación con que cuenta el recurrente, este podría obtener en forma directa de la carpeta investigativa. En cuanto a las hojas de vida pedidas en la lera a) del requerimiento, indica que habiéndose aplicado el procedimiento de notificación a terceros establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición deducida, la Institución se encuentra impedida de proporcionar la información al requirente. Informa datos de contacto de los aludidos terceros. En relación a los teléfonos celulares privados de los funcionarios consultados, indica que aquello corresponde a información de carácter personal, protegida por la ley N° 19.628. por su parte, respecto de los teléfonos y medios de comunicación fiscales ocupados en el procedimiento policial en cuestión sostiene que debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la ley N° 20.000, por lo cual tampoco pueden ser entregados. En lo referente al "detalle en bitácora" de lo vehículos, no es posible su entrega por resultar aplicable lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, "En efecto, en dicho documento se consignan fiscalizaciones y/o procedimientos realizados por el O.S.7, ya sea en forma autónoma o por instrucciones del Ministerio Público, en materia de control de drogas, dando entonces, cuenta de los planes preventivo de seguridad pública y de control del narcotráfico, que Carabineros de Chile, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, diseña, así como de las estrategias operativas, para generar acciones que logren una mayor y mejor vigilancia y protección para la comunidad". Lo anterior, de acuerdo con el artículo 21 N° 5 y 3, de la Ley de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados mediante Oficios E14724, E14727, E14731 y E14733, de 1° de septiembre de 2020. Todos los terceros interesados, reiteraron su oposición a la entrega de información personal que conste en sus hojas de vida y calificaciones, toda vez que, mediante la utilización de aplicaciones móviles existentes en la web, se pueden obtener información sobre domicilios y familia, todo lo cual afecta su vida privada e intimidad. Además, siendo el procedimiento policial consultado de aquellos referido a delitos graves sancionados en la ley de drogas, temen por su integridad y la de sus familiares. Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido la exigencia establecida en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, de los dichos del reclamante se desprende que el presente amparo se encuentra circunscrito a la información que en su respuesta a la solicitud, Carabineros de Chile denegó su entrega, esto es, la consignada en los literales a), d) y e) del numeral 1° de lo expositivo, puesto que respecto de los restantes antecedentes pedidos el organismo hizo entrega de la hoja de vida del funcionario que no se opuso a su divulgación y derivó el requerimientos al Ministerio Público en su calidad órgano competente para pronunciarse sobre los mismos. 2) Que, en cuanto los antecedentes requeridos en el literal a) del numeral 1° de lo expositivo, es menester señalar que respecto a las hojas de vidas de los funcionarios públicos este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo roles C2010-17; C2089-17; C3046-17; C3047-17; C3244-17; C1241-18; y, C1425-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 -Estatuto Administrativo- "constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de vida y la hoja de calificación", y de acuerdo al artículo 39 del referido texto legal, "la unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de vida de todas las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe Directo de un funcionario". 3) Que el órgano reclamado denegó el acceso a la hoja de vida requerida, por oposición de los terceros eventualmente afectados con la publicidad de dicha información en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quienes justificaron su oposición invocando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo normativo. En virtud de dicha hipótesis de secreto, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, del derecho a la privacidad, afectación que debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 4) Que, este Consejo ha razonado que en atención al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes ligados al cumplimiento de la función pública que desempeñan. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. En este contexto, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, dictada en causa Rol N° 11.513-2016, quien expresó en su considerando 5°, respecto de dichos funcionarios, que éstos: "(...) se encuentran sujetos a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley". 5) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público y ha debido servir de fundamento directo y esencial de resoluciones dictadas por Carabineros de Chile en los procesos calificatorios del funcionario en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. En consecuencia, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia invocada por los terceros interesados, por cuanto a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la información pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, sus derechos, en los términos descritos en la causal de reserva en comento, máxime si se considera que lo solicitado se trata de un antecedente esencialmente público y no se aportó ningún antecedente concreto que permita configurar la causal de reserva en análisis. 6) Que, sin embargo, no resulta posible acceder a la petición del reclamante relativa a que las hojas de vida reclamadas sean entregadas consignando las medidas disciplinarias ejecutoriadas y eliminadas pues dicha circunstancia no se aviene con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, la cual dispone que "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Igualmente deben ser protegidos todos los demás datos de carácter personal y sensible que se encuentren consignados en dicho tipo de documentación y que en nada se relacionan con el ejercicio de la función pública desempeñada, por tratarse de información protegida por los artículos 2°, letras f) y g), y 4 del citado cuerpo legal, sobre protección a la vida privada. 7) Que, en razón de lo anterior, se acogerá parcialmente el amparo en esta parte, ordenándose entregar al solicitante copia de la hoja de vida y calificaciones de los funcionarios consultados en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, que se opusieron a la divulgación de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, al momento de efectuar la entrega de la información, deberán tarjarse solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 8) Que, en cuanto a los antecedentes pedidos en la letra d) del numeral 1° de lo expositivo, esto es, el número de teléfono celular, fiscales o particulares, usados por los funcionarios policiales del O.S.7 que individualiza en el procedimiento policial consultado, pese a que el organismo no precisó la naturaleza de los equipos de telefonía móvil que efectivamente habrían sido utilizado por los aludidos funcionarios, es menester señalar que el número de teléfono particular de una persona identificada o identificable constituye un dato personal a la luz de lo establecido en la letra f) del artículo 2° de la ley N° 19.628. De esta forma, su divulgación no está permitida salvo que exista autorización expresa de su titular, la que, en la especie, no concurre. Por su parte, en cuanto a los números de teléfono institucionales utilizados por servidores públicos, este Consejo ha razonado a partir de la decisión de amparo Rol C611- 10, que "divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Lo anterior obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales". En otras palabras, pese a que la información pedida se vincula derechamente a un bien fiscal (teléfono móvil pagado con recursos públicos), su divulgación es de aquellas que afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, resultando aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia conforme al criterio expuesto precedentemente. 9) Que, por tanto, se rechazará el amparo en esta parte, por concurrir respecto del número de teléfono móvil personal de los funcionarios consultados, la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628, mientras que en lo que se refiere al número de teléfono móvil fiscal utilizado por los mismos, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la misma ley. 10) Que, finalmente, en lo relativo a lo consultado en la letra e) del numeral 1° de lo expositivo, esto es, información sobre el vehículo fiscal utilizado en el procedimiento policial objeto del requerimiento, específicamente, información sobre su placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, copia de la licencia del conductor, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, con la copia del vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible. Al efecto, Carabineros de Chile denegó el acceso a copia de la licencia de conducir del conductor del vehículo, por tratarse de información personal del funcionario, así como el acceso a los restantes antecedentes fundado en que se trata de información protegida por la causal de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar. 11) Que, en relación a las causales de reserva invocadas, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 2, "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia.". 12) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. 13) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". 14) Que, para justificar las causales de reserva alegadas, Carabineros de Chile señaló que "en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros", para luego agregar respecto del "detalle en bitácora" del vehículo, que "en dicho documento se consignan fiscalizaciones y/o procedimientos realizados por el O.S.7, (...), dando entonces, cuenta de los planes preventivo de seguridad pública y de control del narcotráfico, que Carabineros de Chile, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, diseña, así como de las estrategias operativas, para generar acciones que logren una mayor y mejor vigilancia y protección para la comunidad ". A juicio de este Consejo, dichas alegaciones parecen desproporcionadas considerando que lo pedido se vincula a antecedentes sobre número de placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, detalle en bitácora, número de kilometraje de salida y de regreso, vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible de un único vehículo policial. En tal contexto, este Consejo no advierte de qué forma la entrega de los antecedentes pedidos impliquen la divulgación de planes de operación o de servicio en los términos del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y mucho menos tengan en potencial de afectar la seguridad de la Nación. 15) Que, esta Corporación ha resuelto que no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no especificó en forma concreta, ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, limitándose a consignar situaciones genéricas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la entrega de la información sobre un único vehículo policial altera la seguridad pública en la forma pretendida. A mayor abundamiento, se entiende que la información relativa al "detalle en bitácora" apunta a conocer antecedentes allí consignados sobre el procedimiento policial a que se refiere el requerimiento ocurrido el pasado 05 de mayo, y no toda la bitácora de dicho automóvil. 16) Que, ahora bien, respecto de aquella parte de la solicitud relativa a copia de la licencia de conducir del conductor del vehículo consultado, igualmente se desestimarán las alegaciones del organismo en orden a que se encuentra impedido de entregar dicho antecedente por tratarse de información personal del funcionario. Lo anterior, toda vez resulta obvio que la licencia de conducir pedida es aquella que habilita a un determinado funcionario para conducir un automóvil de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, y no a su licencia de conducir personal. Luego, dicho documento corresponde a una licencia especial, clase F, establecida en el artículo 12 de la ley N° 18.290, de Tránsito, "Para conducir vehículos motorizados especiales de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, y de Gendarmería de Chile". 17) Que, al respecto conviene tener presente lo razonado por la Contraloría General de República en su dictamen N° 17372, de 2002, en el cual se estableció que dicha licencia de conducir debe ser obtenida por los funcionarios de Carabineros de Chile que se despeñan en la función de chofer a fin de dar cumplimiento a la normativa pertinente, la que lo faculta exclusivamente para manejar vehículos fiscales perteneciente a dicha repartición y no otra clase de automóviles, circunstancia que autoriza su financiamiento con recursos públicos. Al efecto, el aludido dictamen sostiene "la nueva licencia, clase F, creada, como se viera, por la modificación incorporada al artículo 12 de Ley N° 18.290, faculta exclusivamente para manejar los vehículos fiscales pertenecientes a las reparticiones anteriormente señaladas, entre las cuales se encuentra Carabineros de Chile, no pudiendo, por tanto, ser utilizada para conducir otra clase de vehículos distintos a los mencionados, ni tampoco en beneficio particular del funcionario, ajeno a las labores propias de la institución a la cual pertenece. / En este contexto, teniendo en cuenta, entonces, que se trata de una nueva licencia especial, cuyo único destino es el de permitir a los funcionarios que tienen la calidad de chofer de las instituciones fiscales en comento, el cabal cumplimiento de dicha labor, la Contraloría General no advierte inconveniente para que la obtención de dicho documento, sea solventada con dinero de los organismos públicos de que se trata". 18) Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que la licencia de conducir que habilita a aquellos funcionarios a conducir automóviles fiscales pertenecientes a las reparticiones señaladas en el artículo 12 de la Ley de Tránsito, entre las cuales se encuentra Carabineros de Chile, es información pública, por tratarse de un antecedente referido al cumplimiento de las labores de un funcionario público, financiada con recursos públicos. A mayor abundamiento, el referido permiso no puede sino usarse para la conducción de vehículos destinados al cumplimiento de las funciones institucionales. Lo anterior, no implica que aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se consignen, distintos de la identidad del funcionario, no deban ser protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 2° f) y g) de la ley 19.628, como sería el caso de, por ejemplo, su cédula de identidad, domicilio particular, teléfono, fotografía y firma, entre otros. 19) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado las causales de reserva invocadas por la reclamada, este Consejo procederá a acoger el amparo en esta parte, ordenando entregar al reclamante información sobre sobre número de placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible del vehículo policial utilizado en el procedimiento consultado, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y 5° de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436 N° 2, del Código de Justicia Militar. Además, se deberá proporcionar copia de la licencia de conducir del funcionario que conducía el aludido vehículo en el procedimiento objeto del requerimiento, previa reserva de todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se consignen, distintos de la identidad del funcionario, como, por ejemplo, su cédula de identidad, domicilio particular, teléfono, fotografía y firma, entre otros. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Claudio Eugenio Cofré Soto en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile: a) Entregar al reclamante la siguiente información: i. Copia de las hojas de vida y calificaciones de los funcionarios consultados en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, que se opusieron a su divulgación. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. ii. Información sobre sobre número de placa patente, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación, número de kilometraje de salida y de regreso, detalle en bitácora, vale de combustible, guía de carga o cualquier documento fiscal que acredite uso de combustible del vehículo policial consultado en la letra e) del numeral 1° de lo expositivo. Además, se deberá proporcionar copia de la licencia de conducir del funcionario que conducía el aludido vehículo en el procedimiento objeto del requerimiento, previa reserva de todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se consignen, distintos de la identidad del funcionario, como, por ejemplo, su cédula de identidad, domicilio particular, teléfono, fotografía y firma, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de las sanciones o medidas disciplinarias cumplidas y prescritas consignadas en las hojas de vida reclamadas, así como aquella relativa al número de teléfono celular, fiscales o particulares, usados por los funcionarios policiales del O.S.7 consultados, en el procedimiento policial que se indica, por los argumentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Eugenio Cofré Soto, al Sr. General Director de Carabineros de Chile y a los terceros interesados en el amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.