Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4166-20

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Reclamante:	DIEGO CASTILLO GUAITA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Diego de Almagro, ordenándose la entrega de las bases de licitación, listados de oferentes adjudicados, decretos de adjudicación de las obras que se indican. Lo anterior, por cuanto lo requerido se refiere a antecedentes relativos a un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado, en virtud del cual se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social, respecto de los cuales el órgano requerido no respondió en los términos solicitados por el requirente y no esgrimió alguna causal de secreto o reserva que ponderar. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/9/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1261-18 C217-13 C7488-19 C2934-20
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Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C4166-20   Entidad pública: Municipalidad de Diego de Almagro Requirente: Diego Castillo Guaita Ingreso Consejo: 17.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Diego de Almagro, ordenándose la entrega de las bases de licitación, listados de oferentes adjudicados, decretos de adjudicación de las obras que se indican. Lo anterior, por cuanto lo requerido se refiere a antecedentes relativos a un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado, en virtud del cual se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social, respecto de los cuales el órgano requerido no respondió en los términos solicitados por el requirente y no esgrimió alguna causal de secreto o reserva que ponderar. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4166-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de julio de 2020, don Diego Castillo Guaita solicitó a la Municipalidad de Diego de Almagro -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: "Para los años que van desde 2015 hasta 2020 inclusive: Bases de licitación, listado de oferentes, Decreto/Resolución de adjudicación, así como el estado de pago y avance de las siguientes obras: - Reparación o reposición de Observatorio Astronómico Inca de Oro. - Reparación o reposición de Bandejón Central Inca de Oro." 2) RESPUESTA: El 9 de julio de 2020, mediante Ordinario N° 315, la Municipalidad requerida respondió a dicho requerimiento y adjuntó Memorándum N° 95 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual se adjuntaron copias de los estados de pago de las obras consultadas, aclarando que las mismas, se encuentran terminadas. 3) AMPARO: El 17 de julio de 2020, doña Diego Castillo Guaita dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. El reclamante hizo presente que sólo se entregó los estados de pago y avances. 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Al efecto, mediante correo electrónico de fecha 2 de agosto de 2020, el órgano reclamado aceptó la propuesta de SARC. No obstante, atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC. 5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Diego de Almagro, mediante Oficio N° E14675 de fecha 31 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta otorgada por el municipio reclamado, respecto a la entrega de antecedentes relativos a las obras que se indican, a saber; bases de licitación, listado de oferentes y decretos o resoluciones de adjudicación. 2) Que, primeramente, resulta atingente tener presente que, en relación a las bases de licitación y los decretos y resoluciones de adjudicación, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que en lo que interesa, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este orden de ideas, la información relativa a gastos o pagos, resoluciones de adjudicación, licitaciones públicas, contratos, tratos directos, entre otros, que realice o ejecute el órgano reclamado, debe encontrarse permanentemente a disposición del público en el portal de Transparencia Activa del órgano, de manera completa y actualizada, por medio de la publicación de los respectivos convenios, decretos o enlaces al Sistema de Compras Públicas, al tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 7 de la Ley de Transparencia, artículos 50 y 51 del Reglamento de dicha ley, y la Instrucción General N° 11 de este Consejo. De lo anterior, se desprende que se trata de antecedentes de naturaleza pública, que por mandato normativo expreso debiera obrar en poder del órgano. 3) Que, asimismo, respecto a las bases de licitación de las obras consultadas, cabe tener en consideración lo razonado por este Consejo en la decisión que recayó sobre el amparo Rol C217-13, en donde se sostuvo que "tratándose de un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social". En razón de lo expuesto precedentemente, y ante la ausencia de descargos por parte del organismo, no habiéndose dado respuesta al requirente en los términos en que fuere consultado y no advirtiéndose por parte de este Consejo alguna causal de secreto que haga procedente la reserva de lo solicitado, se acogerá el amparo en este punto, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de las bases de licitación y decretos o resoluciones de adjudicación. 4) Que, respecto al listado de oferentes, es necesario distinguir entre aquellos oferentes los cuales se les adjudicó la licitación y aquellos que no fueron adjudicados. Respecto de los primeros, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la información relativa a los oferentes adjudicados constituye información pública, en la medida que sirvió de fundamento del acto administrativo que adjudicó la licitación, constando el nombre de los mismos en la referida resolución, que según lo razonado en los considerandos precedentes, es de naturaleza pública. 5) Que, respecto a los oferentes no adjudicados, cabe tener presente que este Consejo en las decisiones de amparos roles C1261-18, C7488-19 y C2934-20, entre otras, ha reservado la entrega de antecedentes vinculados a aquellos oferentes que no fueren adjudicados en un proceso de licitación, por cuanto corresponden a documentos de carácter privado que se encuentran en poder de la administración exclusivamente para efectos de participar en el proceso licitatorio convocado por la reclamada, para efectos de llevar a cabo la realización de las obras consultadas, respecto de las cuales, finalmente no fueron adjudicados, por lo que no constituye fundamento de ningún acto administrativo. En relación a ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que disponer de la entrega del listado de oferentes que no fueren adjudicados, podría afectar en forma presente o probable y con suficiente especificidad el debido funcionamiento del municipio reclamado, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que la divulgación de la identificación de los oferentes no adjudicados podría desincentivar la participación futura de los mismos, para próximas licitaciones que sean convocadas por el organismo requerido. Al efecto, a juicio de este Consejo, los oferentes no seleccionados se encuentran en una situación diferente respecto de los adjudicatarios, ello por cuanto la decisión de postular a un proceso licitatorio no tiene porqué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitoso. En este sentido, una menor participación de oferentes por la razón antes expuesta, y con ello, una menor presentación de propuestas de licitación en los procesos licitatorios convocados por el organismo, podría afectar la calidad de las propuestas e incluso los intereses económicos de la Administración del Estado, al tener una menor oferta de postulantes de los cuales efectuar calificaciones respectivas, y la consiguiente adjudicación. 6) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo respecto a la entrega del listado de oferentes de los procesos licitatorios de las obras que se consultan, sólo en lo relativo a información sobre los oferentes que fueren adjudicados, debiendo el órgano reclamado, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, tarjar la identidad de los oferentes que no fueren adjudicados, así como aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar detallados en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. 7) Que, por último, resulta necesario hacer presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar descargos constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Diego Castillo Guaita, en contra de la Municipalidad de Diego de Almagro, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Diego de Almagro, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de las bases de licitación, decretos o resoluciones de adjudicación y listado de oferentes que fueren adjudicados respecto a la realización de las obras de reparación o reposición de Observatorio Astronómico Inca de Oro y de Bandejón Central Inca de Oro, en la forma señalada en el considerando 6° del presente acuerdo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Castillo Guaita; y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Diego de Almagro. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.