Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4251-20

Reclamante:	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUNAEB
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, referido a la entrega de la información estadística correspondiente a las licencias médicas y por enfermedades profesionales, registradas desde el año 2016 a la fecha de la solicitud, sin perjuicio de tener ésta por entregada, aunque en forma extemporánea. Lo anterior, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que, transcurrido el plazo señalado sin que se recibiere comunicación alguna de parte de la reclamante, se entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/8/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4251-20   Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Requirente: Asociación de Funcionarios Junaeb Ingreso Consejo: 20.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, referido a la entrega de la información estadística correspondiente a las licencias médicas y por enfermedades profesionales, registradas desde el año 2016 a la fecha de la solicitud, sin perjuicio de tener ésta por entregada, aunque en forma extemporánea. Lo anterior, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que, transcurrido el plazo señalado sin que se recibiere comunicación alguna de parte de la reclamante, se entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4251-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de mayo de 2020, la Asociación de Funcionarios Junaeb, representada por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso, solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas lo siguiente: "Se solicita información sobre las licencias médicas registradas desde el año 2016 a la fecha que contenga región, mes, tipo, número de días. Además de las licencias por enfermedades profesionales registradas en mismo período, con misma información (región, mes, tipo y número de días). No interesan los datos personales, pero sí se identifique por caso cada información". 2) RESPUESTA: El 25 de junio de 2020, a través de Carta N° 946, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas respondió al requerimiento de información indicando adjuntar archivo Excel con el catastro de las licencias médicas, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y a la fecha del año 2020, segregado por región y tipo de licencia. Señala que no es posible entregar la información del mes de cada licencia médica y los días de duración, ya que para obtener dicha información se debe hacer una búsqueda exhaustiva, lo cual implicaría que funcionarios realicen labores distintas a las usuales, distrayéndolos de sus funciones habituales. Invoca la causal del artículo 21, N° 1, literal c), de la Ley N° 20.285. 3) AMPARO: El 20 de julio de 2020, Asociación de Funcionarios Junaeb, representada por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta otorgada es incompleta o parcial. Además, la reclamante hizo presente que el Servicio respondió entregando la información relacionada a la cantidad de licencias médicas por región y tipo de licencia, pero denegando lo referente al mes, número de días y cantidad de licencias médicas comunes y por enfermedades profesionales registradas desde el año 2016 a la actualidad, invocando el artículo 21, N° 1, literal c), de la ley N° 20.285. Indica que, las normas que regulan el derecho a solicitar acceso a la información pública son de tal relevancia, que las disposiciones que permiten la reserva de información como excusa para negar una solicitud deben entenderse de forma restrictiva y excepcional. No basta alegar una posibilidad de afectación per se a los intereses u objetivos de un servicio público para invocar las causales de reserva de la ley 20.285, sino que debe probarse que efectivamente se produce la afectación aludida. En este caso, JUNAEB señala que se afectaría el debido funcionamiento del Servicio puesto que implica una búsqueda detallada, sin embargo, esta fundamentación no es posible en tanto el Servicio debe llevar un registro con los datos solicitados en virtud de la gestión de personal que debe realizar, tanto en el ámbito presupuestario como de administración del personal. Más aún, el Servicio debe realizar un seguimiento a las licencias provenientes de enfermedad profesional, por lo que no es posible que no posea fácilmente esta información. Así, la fundamentación emitida por el Servicio no es admisible como causal de justificación para afectar el Derecho Constitucional de los Asociados, en especial cuando de dicha información depende el estudio del bienestar de los funcionarios en un ámbito tan delicado como lo es la salud y enfermedades profesionales. En este caso, JUNAEB está invocando una causal en base a una creencia de afectación, puesto que no ha revisado si efectivamente la información que estamos solicitando causa tal agravio en el funcionamiento del Servicio. Hace presente lo señalado por el artículo 13, en su primer inciso, del Decreto N° 3 del Ministerio de Salud de 1984, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, el cual señala: "El empleador, el trabajador independiente o la entidad de previsión en este último caso, procederá a completar el formulario de licencia con los datos de su individualización; afiliación previsional del trabajador; remuneraciones percibidas y cotizaciones previsionales efectuadas; indicación de las licencias anteriores de que haya hecho uso en los últimos seis meses, y otros antecedentes que se soliciten". Teniendo en cuenta esta obligación del empleador respecto a las licencias, no se concibe que dicha información no se encuentre fácilmente centralizada para efectos de la gestión del personal del Servicio. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante Oficio E12623, de 4 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio de fecha 2 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que reitera los fundamentos entregados en su respuesta denegatoria, enfatizando en que para satisfacer el requerimiento debería realizar un análisis exhaustivo de toda la información relativa a las licencias médicas a nivel país y la duración mensual de cada una, lo que demandaría la utilización de recursos humanos destinados a la consecución de los objetivos de gestión, para la realización de labores distintas a las usuales, distrayéndolos de sus funciones habituales que ya representan una alta carga de trabajo a la que habría que agregar otra labor adicional, destinando como mínimo a un funcionarios con dedicación exclusiva a esta tarea durante 2 semanas aproximadamente, debido a su gran volumen, necesidad de revisarlas y sistematizarlas, eliminando los datos personales y/o sensibles contenidos en dichos instrumentos, a fin de velar por la debida protección de la privacidad de las personas que se individualizan en éstos, de conformidad a lo mandatado por la Ley N° 19.628. Manifiesta que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha determinado que sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Además se debe considerar lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del DFL N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señalando que ésta se encuentra "al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública". Así, JUNAEB ha ponderado debidamente los esfuerzos adicionales que deberían realizar los funcionarios para poder cumplir con este propósito, versus la dedicación permanente que deben tener los servidores en el cumplimiento de las labores de gestión para la ejecución de los programas institucionales. Además de evaluar la situación concreta de que el Servicio entregó la información disponible. Sin perjuicio de lo indicado, JUNAEB durante la tramitación de este requerimiento, consolidó la totalidad de la información requerida en un archivo Excel que se acompaña en esta presentación y complementa la información remitida en primera instancia señalando la duración de las licencias médicas y el mes correspondiente. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E16119, de 25 de septiembre de 2020, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información remitida por el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna de la reclamante, destinada a pronunciarse en los términos requeridos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo dice relación con la entrega parcial de la información requerida, correspondiente a las licencias médicas y por enfermedades profesionales registradas desde el año 2016 a la fecha de la solicitud, toda vez que no se entregó a la solicitante los antecedentes referidos al mes, número de días y cantidad de licencias consultadas, denegación que el órgano justifica invocando la causal de reserva del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, si bien para fundamentar la causal alegada el órgano ha hecho referencia a elementos como la necesidad de destinar a un funcionario con dedicación exclusiva durante 2 semanas aproximadamente para las labores de identificación, sistematización y eventual tarjado, de la información, no ha dado cuenta de antecedentes referidos al volumen de datos sobre los que versaría la solicitud; el soporte en el que se encontrarían, no indicando si se mantienen en formato físico o electrónico; qué atribuciones precisas del órgano se verían entorpecidas; entre otros, cuestión que sumada al hecho de que no se han acompañado antecedentes que acrediten su alegación, impiden, a juicio de este Consejo, tener por configurada la causal en análisis. En este sentido, se debe hacer presente que desde la modificación introducida por el decreto N° 168, 2005, de Salud, se contempló en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de utilización de la licencia médica electrónica, soporte que facilita el manejo de información como la requerida en este caso. Por otra parte, como explica la reclamante, el artículo 13, inciso primero, del decreto N° 3, 1984, de Salud, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, indica que: "El empleador, el trabajador independiente o la entidad de previsión en este último caso, procederá a completar el formulario de licencia con los datos de su individualización; afiliación previsional del trabajador; remuneraciones percibidas y cotizaciones previsionales efectuadas; indicación de las licencias anteriores de que haya hecho uso en los últimos seis meses, y otros antecedentes que se soliciten". Todos estos antecedentes, impiden tener por configurada la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano. 5) Que, sin perjuicio de lo anterior, y como se describe en el número 4 de la parte expositiva, el órgano ha manifestado acceder a lo requerido por la solicitante, proporcionando los antecedentes que no fueron entregados en la respuesta al requerimiento, los que acompaña a sus descargos, razón por la cual este Consejo consultó a la reclamante mediante oficio singularizado en el numeral 5 de lo expositivo, su conformidad con la respuesta proporcionada por el Servicio, bajo apercibimiento de si no se pronunciare al respecto en el plazo señalado se entenderá que se encuentra conforme con aquella. 6) Que, a la fecha, vencido el plazo otorgado, la reclamante no se ha pronunciado expresamente en tal sentido, por lo que cabe hacer efectivo el apercibimiento señalado y concluir que la Asociación de Funcionarios Junaeb, representada por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso, se encuentra conforme con lo informado por el órgano. Por lo tanto, se acogerá el presente amparo, sin perjuicio de tener por entregado lo pedido, aunque en forma extemporánea. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por la Asociación de Funcionarios Junaeb, representada por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso, en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, sin perjuicio de tener por entregada la información solicitada, aunque en forma extemporánea, según los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Asociación de Funcionarios Junaeb, representada por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso, y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.