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DECISIÓN AMPARO ROL C4257-20</p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
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Requirente: María Pilar Navarro Schiappacasse</p>
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Ingreso Consejo: 21.07.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuesto Internos (SII), ordenando la entrega del Oficio Circular N°10, de 2015, que "Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios".</p>
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Lo anterior, pues constituyen información pública, respecto de los cuales el órgano no acreditó la configuración de las causales de secreto o reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y al interés nacional, invocadas en esta sede.</p>
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Aplica criterio contenido en las s decisiones de amparos Roles C985-18, C2890-18 y C3952-18, referidas a materia de similar naturaleza, en las que se estableció que las instrucciones, órdenes u actos de administración interna -cualquiera sea su denominación, memo, oficio, circular, ordinario, entre otros- son información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) del mismo cuerpo legal, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran, situación que en la especie no concurre.</p>
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El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4257-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2020, doña María Pilar Navarro Schiappacasse solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII), la siguiente información:</p>
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"1.- El o los oficio(s) circular(es) que regula(n) la interpretación/aplicación de las medidas generales antielusión (arts. 4° bis y/o 4° ter y/o 4° quáter y/o 4° quinquies y/o 26 bis y/o 100 bis y/0 160 bis, todos del código tributario). Según lo señalado en una publicación académica, éste debiera ser el oficio circular n° 10/2015, pero si hay uno posterior, también lo solicito.</p>
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2.- El reservado n° 125, de 3 de junio de 2005, de la subdirección jurídica (entiendo que del departamento de asesoría jurídica), que en su punto 2 señala que cuando en la auditoría practicada a un contribuyente no se determinan diferencias de impuestos, es improcedente efectuar una liquidación o giro, toda vez que el código tributario, ya que tales actos administrativos se reservan para los casos en que el sii establece que existen tributos adeudados, según se desprende de la circular n° 58, de 2000, y de los artículos 22, 24, 37, 54 y 64 del código tributario. A continuación el punto 3 del citado documento precisa que si producto del rechazo de créditos fiscales no resulta una diferencia de impuestos a pagar, si no se obtiene del contribuyente voluntariamente la modificación sus declaraciones de iva, se debe dictar una resolución que debe establecer los motivos del rechazo de los créditos fiscales y el monto rechazado; disponer que el contribuyente debe rebajar esa cantidad, en las declaraciones pertinentes, presentando las respectivas declaraciones modificatorias, y en el libro de compras y ventas. Si la instrucción hubiese sido actualizada y/o dejada sin efecto, solicito, además, el texto de dicho documento.</p>
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3.- A partir del caso que fue judicializado contra la persona que indica, tramitada ante el primer tribunal tributario y aduanero de la región metropolitana de Santiago, rit gr-15-00126-2014, surgieron dos juicios penales. El primero, terminado en definitiva por la sentencia de la corte de apelaciones de Santiago en el rol n° 2866/2016, de 6 de octubre de 2016. Les solicito todas las sentencias dictadas en la segunda causa penal surgida a partir de la arista punitiva derivada del caso de correcta determinación de la obligación tributaria antes indicado: la interposición de una sociedad para cobrar honorarios que correspondían a rentas de las personas naturales. Si esto vulnerase algún derecho del imputado/condenado, me es suficiente con los datos de identificación de la sentencia y la resolución de todos los tribunales que dictaron sentencia definitiva".</p>
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2) RESPUESTA: El 13 de julio de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que resulta imposible acceder a la entrega de la información requerida, en el punto N°1 de su petición, consistente en Oficios Circulares, en base al deber legal de reserva establecido en el artículo 21 N°1 de la ley N°20.285, por cuanto, tales documentos se refieren a casos complejos, definidos como de interés institucional, en relación inclusive a casos que hoy se encuentran en actual tramitación, por lo que su publicidad, comunicación o conocimiento, al menos en este momento, por parte de terceros ajenos a la administración tributaria atentaría contra la eficacia de los mismos.</p>
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De esta forma, deniega la entrega de lo solicitado en virtud del artículo 21, N°1, letra b) y N°4 de la LT.</p>
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Agrega, que, concordante con lo anterior, cabe precisar que un Oficio Circular se trata de un acto o documento de carácter interno del Servicio, toda vez que se refiere a un acto administrativo clasificado dentro de los denominados "Actos Internos", es decir, de aquellos dirigidos o cuyos destinatarios del acto son exclusivamente los funcionarios del órgano o Servicio, por lo que no corresponde su entrega a cualquier tercero extraño o ajeno a la Administración, por cuanto su publicidad afectaría directamente el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo cual, resulta imposible acceder a su entrega, conforme a lo establecido en el artículo 21 N°1 de la ley N°20.285.</p>
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En cuanto a la restante información requerida en el punto N°1 de su petición de acceso, ella se refiere a la Circular N°65 de 2015 de este Servicio, a cuya entrega se hará lugar y podrá la solicitante acceder a la misma directamente desde el siguiente Link http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2015/circu65.pdf, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley N°20.285. Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que este Servicio mantiene a disposición permanente del público, en su sitio web institucional www.sii.cl,bajo el banner "Normativa y legislación", toda la información relativa a Circulares, Resoluciones, Administrador de contenido normativo y Administrador de contenido de jurisprudencia, la cual podrá consultar, previa selección del acto y año a consultar.</p>
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En cuanto a la solicitud consignada en el punto 2 de la petición de acceso, consultada la Subdirección Jurídica de este Servicio, se comunica que se deberá declarar la inexistencia de dicha información ya que, realizadas las búsquedas respectivas, ésta no fue habida, atendida la data del antecedente requerido. Además, cabe hacer especialmente presente que, considerando la emergencia sanitaria vivida en el país producto del COVID-19 y encontrándose la mayoría de los funcionarios de este Servicio prestando funciones en modalidad de trabajo a distancia, realizar una mayor búsqueda de tal antecedente, bajo tales condiciones y en este momento, conllevaría un desvío significativo de recursos para este Servicio y necesariamente la sustracción de diversos funcionarios de sus labores habituales, distrayéndolos indebidamente de sus funciones propias, por lo que corresponde declarar la inexistencia de lo requerido de conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 21 N°1 letra c), ambos de la ley N°20.285.</p>
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En cuanto a la solicitud consignada en el punto 3 de la petición de acceso, informa consultada la Subdirección Jurídica y considerando especialmente que la propia solicitante específica en su requerimiento que "(...) me es suficiente con los datos de identificación de la sentencia y la resolución de todos los tribunales que dictaron sentencia definitiva" [sic], por lo cual, se accederá totalmente a ello, comunicando que, la información requerida, corresponde a las siguientes causas: RIT 2717-2012, RUC 1210006013-0 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago y RIT 140-2016, RUC 1210006013-0, del 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, caratulado Ministerio Público y SII.</p>
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En consecuencia, procede entregar parcialmente la información solicitada, de acuerdo con los artículos 5, 10, 13, 15 y 21 N°1, letras b) y c), y N°4, todos de la ley N°20.285, conforme a lo razonado precedentemente.</p>
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3) AMPARO: El 21 de julio de 2020, doña María Pilar Navarro Schiappacasse dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial, negando la entrega de la información pedida en el punto 1 de su solicitud. Agrega, en síntesis, que el oficio circular pedido, habría sido entregado por el SII, anteriormente, a otra investigadora, según se da cuenta en el artículo "Escenario de las normas antielusivas" incluido en el libro Manual de Consultas Tributarias (MCT), Grandes Temas Tributarios 2019, volumen II, editorial Legal Publishing Chile.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E12681, de 4 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Mediante presentación escrita ingresada con fecha 26 de agosto de 2020, el SII presentó sus descargos en esta sede argumentando, en resumen, que insiste en la denegación Oficio Circular N°10, de 2015, "atendido que los Oficios Circulares son actos administrativos clasificados como "Actos Internos", es decir, de aquellos dirigidos o cuyos destinatarios del acto son exclusivamente los funcionarios del órgano o Servicio, por lo que no corresponde su entrega a un tercero ajeno a la Administración, por cuanto su publicidad puede afectar directamente el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio". Así las cosas, "tratándose la información específica requerida -Oficio Circular que Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios- de un acto administrativo interno que tienen efectos estrictamente internos y están destinados a ser conocidos y aplicados sólo por determinados funcionarios públicos en razón de sus cargos y para el cumplimiento de los fines del Servicio; resulta improcedente entregarlos sin afectar la función propia del órgano y el interés nacional que subyace en la debida protección de las fuentes del ingreso público, en este caso en lo relativo específicamente al procedimiento interno definido por el SII para el ejercicio de una facultad exclusiva y privativa del mismo, esto es, la interposición de la acción penal por delito tributario".</p>
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Agrega, que los argumentos legales en concreto que existen para denegar la entrega del Oficio Circular requerido, se refieren a la afectación directa del debido cumplimiento de las funciones de este Servicio, de conformidad al artículo 21 N°1, letra b), de la de Transparencia, "por cuanto, significaría revelar ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones que son antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución"; además, de conformidad de conformidad al artículo 21 N°4 de la citada ley, "por cuanto su publicidad podría afectar el interés nacional y específicamente los intereses económicos del país atendida la naturaleza de las funciones que desarrollada"; y "eventualmente", podría configurarse la causal establecida en el artículo 21, letra a) del mismo cuerpo legal, "por cuanto, la publicidad, significará develar un antecedente necesario en relación a defensas jurídicas y judiciales tanto en juicios vigentes como futuros relativos a delitos tributarios en que el SII ha decidido ejercer su facultad exclusiva, privativa y discrecional en torno a la acción penal que establece el artículo 162 del Código Tributario, más aun considerando que la principal función del SII dice relación con la fiscalización tributaria y un punto de especial atención en ella son las fiscalizaciones producto de un delito tributario, en atención a la gravedad de los actos fiscalizados y a las sanciones que el ordenamiento jurídico establece respecto a aquellos".</p>
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En tal sentido, sostiene que develar toda la información relativa a una particular instrucción interna, que busca ordenar instrucciones de fiscalización de las infracciones tributarias más graves que puede perseguir el SII, calificadas como delitos tributarios, claramente afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al menos de la más importante, la función fiscalizadora, particularmente en lo relativo a la fiscalización y recopilación de antecedentes ante una infracción que configura un delito tributario, lo que repercutiría no solo en la función fiscalizadora del SII, sino además, en los intereses económicos del Estado, por las implicancias que este daño generaría en la recaudación tributaria, considerando que una fuente importante de ingresos que mantiene el Estado es producto del pago de los impuestos generados ante un delito tributario y el ejercicio de la acción penal originada a raíz de los mismos, y el conocimiento de información e instrucciones internas impartidas a funcionarios del Servicio sobre la materia permitiría a personas externas a la función pública y en particular a la función fiscalizadora, conocer los métodos de trabajo, tratamiento de datos de contribuyentes, mecanismos de fiscalización, determinación de situaciones irregulares y determinación temprana de situaciones de riesgo y medidas de control para velar por el debido cumplimiento del ejercicio exclusivo y excluyente de la facultad de ejercer la acción penal, conforme al artículo 162 del Código Tributario.</p>
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En razón de lo anterior, concluye que "desde luego que implica un riesgo cierto de afectar también el ingreso fiscal en cuanto al cumplimiento y pago de los impuestos impagos y subdeclarados producto de un hecho constitutivo de un delito tributario conforme al artículo 97 del Código del ramo, más aun considerando que tales hechos son para nuestro ordenamiento jurídico, las infracciones tributarias más gravosas, tanto así que imponen una pena pecuniaria asociada una pena corporal, la cual, en algunos casos puede ser inclusive de cumplimiento efectivo, al tratarse en algunos delitos de penas de crimen, por todo lo cual se configura respecto de la solicitud impetrada por la ocurrente, en concreto, la causal de denegación de entrega de información prevista en el artículo 21 N°1, Letra b), y N°4, ambos de la Ley N°20.285 y por supuesto, respecto a los diversos hechos en los cuales el SII aún no ha decidido el ejercido la acción penal tributaria e inclusive en los juicios tributarios ya iniciados respecto a tales delitos a nivel nacional, lo cual, además, configura la causal legal de reserva establecida en el artículo 21 N°1, Letra a) de la Ley N°20.285, por lo que claramente develar toda la información e instrucciones antes señaladas implicaría develar antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales que debe realizar este Servicio en los diversos juicios tributarios por lo que entregar dicha información hoy conlleva un riesgo cierto en la función fiscalizadora de este Servicio en relación al ejercicio exclusivo y excluyente de la acción tributaria y con la consecuente afectación de la función recaudatoria".</p>
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Sobre como se afecta el interés nacional y específicamente los intereses económicos del país, manifiesta que la efectividad de las labores de fiscalización incide directa o indirectamente en la recaudación tributaria, en este caso en lo relativo a la recaudación por hechos constitutivos de un delito tributario, ya que a través de dichas labores se pueden prevenir o detectar eventuales infracciones tributarias establecidas, principalmente, en los artículos 97 y siguientes del Código Tributario, así como también se puede trabajar preventivamente en situaciones de riesgo en las fiscalizaciones tributarias originadas a raíz de hechos constitutivos de delitos tributarios que funden una recopilación de antecedentes y un posterior denuncia o querella por delito tributario.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, del tenor de los dichos de la reclamante, el presente amparo se encuentra circunscrito a la entrega del Oficio Circular N°10, de 2015, que "Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios".</p>
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2) Que, el SII denegó el acceso a la información pedida fundado en los Oficios Circulares son actos administrativos clasificados como "Actos Internos", "es decir, de aquellos dirigidos o cuyos destinatarios del acto son exclusivamente los funcionarios del órgano o Servicio, por lo que no corresponde su entrega a un tercero ajeno a la Administración, por cuanto su publicidad puede afectar directamente el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio". Alega que, en la especie, se produce una afectación directa del debido cumplimiento de las funciones del SII, de conformidad al artículo 21 N°1, letra b), de la de Transparencia, "por cuanto, significaría revelar ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones que son antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución"; además, se aplica la hipótesis del artículo 21 N°4 de la citada ley, "por cuanto su publicidad podría afectar el interés nacional y específicamente los intereses económicos del país atendida la naturaleza de las funciones que desarrollada"; y "eventualmente", podría configurarse la causal establecida en el artículo 21, letra a) del mismo cuerpo legal, "por cuanto, la publicidad, significará develar un antecedente necesario en relación a defensas jurídicas y judiciales tanto en juicios vigentes como futuros relativos a delitos tributarios en que el SII ha decidido ejercer su facultad exclusiva, privativa y discrecional en torno a la acción penal que establece el artículo 162 del Código Tributario, más aun considerando que la principal función del SII dice relación con la fiscalización tributaria y un punto de especial atención en ella son las fiscalizaciones producto de un delito tributario, en atención a la gravedad de los actos fiscalizados y a las sanciones que el ordenamiento jurídico establece respecto a aquellos".</p>
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3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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4) Que, tratándose la información reclamada de un "Oficio Circular que Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios", cabe tener presente lo señalado por la Contraloría General de República en su dictamen 45.522/98, en orden a que "Una instrucción es una norma de administración interna que imparte el superior jerárquico o el órgano fiscalizador a quienes están bajo su dependencia o fiscalización, para señalarles una línea de conducta a seguir en la aplicación de las leyes y reglamentos (...)". Luego, este Consejo en las decisiones de amparo Roles C985-18, C2890-18 y C3952-18, referidas a materia de similar naturaleza, estableció que las instrucciones, órdenes u actos de administración interna -cualquiera sea su denominación, memo, oficio, circular, ordinario, entre otros- son información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) del mismo cuerpo legal, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.</p>
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5) Que, en cuanto a la concurrencia de la primera hipótesis de reserva invocada por la reclamada, a partir de las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, para que se configure la causal de secreto del artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito supone, a su vez, la concurrencia de los siguientes presupuestos: i. que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen; y, ii. que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.</p>
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6) Que, respecto al primero de los requisitos señalados precedentemente, el SII no invocó la existencia de ningún proceso cuya deliberación se encontrase pendiente al momento de la solicitud de acceso. Por su parte, respecto del segundo requisito señalado, esta Corporación no detenta antecedentes que justifiquen o haga presumible que la entrega del acto administrativo objeto de análisis, afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que las alegaciones efectuadas por la reclamada relativas a que su divulgación podría afectar sus labores de fiscalización de prevención de actuaciones irregulares y de pesquisa temprana de situaciones de riesgo y medidas de control para velar por el debido cumplimiento del ejercicio exclusivo y excluyente de la facultad de ejercer la acción penal, conforme al artículo 162 del Código Tributario, constituyen apreciaciones generales sobre riegos inciertos o remotos que no permiten configurar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad del bien jurídico que la causal de reserva invocada cautela (debido cumplimiento de las funciones del órgano).</p>
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7) Que, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de una instrucción como la reclamada tenga el mérito de entorpecer las funciones fiscalizadoras del SII o la facultad que el artículo 162 del Código Tributario le confiere al Jefe Superior del Servicio en lo relativo a que "Si la infracción pudiere ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, el Director podrá, discrecionalmente, interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior", como pretende el organismo. Por el contrario, a juicio de este Consejo, siendo lo requerido un acto administrativo dirigido a sus subalternos, destinado a instruir y regular el ejercicio de sus funciones en una materia en específico, como es, el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios, su publicidad se justifica precisamente por la necesidad de que las facultades discrecionales que se otorgan a la Administración sean ejercidas fundadamente o en base a criterios objetivos y no de forma arbitraria.</p>
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8) Que, la propia Contraloría General de la República, en su dictamen N°1400, de 21 de abril de 2017, sobre las facultades que el artículo 162 otorga al SII en materia de persecución de ilícitos tributarios, razonó que "Ahora bien, en armonía con el criterio sustentado, entre otros, en el dictamen N°6.190, de 2014, de este origen, cabe puntualizar que, pese a tratarse de una atribución discrecional del Director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional, ya que, conforme al principio de juridicidad, es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto./ En el mismo sentido, cabe recordar que las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la ley N°19.880, conforme al cual, tanto en la substanciación de sus procedimientos como en las resoluciones que adopten, han de actuar con objetividad y respetar el principio de probidad, el que, a su vez, les impone la obligación de emplear medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo ordena el artículo 53 de la ley N°18.575". De ahí que para este Corporación la publicidad de información como la reclamada tiene justificación y relevancia desde el punto de vista del control social que el ejercicio de atribuciones discrecionales en la Administración del Estado requiere y que no puede soslayarse mediante la invocación genérica de una posible afectación a sus funciones, que por lo demás, como se expuso, este Consejo no advierte.</p>
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9) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en la especie la concurrencia copulativa de los requisitos exigidos para la configuración de las causales de reservas consagradas en el artículo 21 N°1 y 21 N°1, literal b), de la Ley de Transparencia, se desestima la alegación.</p>
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10) Que, igualmente, respecto de la alegación del SII, referida a que por los mismos argumentos se podría eventualmente configurar la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a) de la Ley de Transparencia, aquella será también desestimada. Lo anterior, toda vez que el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo (desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras) ha establecido que la causal alegada por el órgano debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Con todo, en el presente caso, el SII no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega del documento o antecedente requerido pudiera afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano en una instancia judicial pendiente. Por el contrario, el órgano no invocó la existencia de ninguna controversia judicial concreta que pueda verse afectada por la divulgación del antecedente pedido.</p>
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11) Que, este Consejo no puede sino manifestar su desacuerdo con las alegaciones realizadas por el SII en esta sede, toda vez que no es posible se admita tutela jurídica de la pretensión de un órgano estatal de aprovechar en juicio, las asimetrías de acceso a información relevante respecto de los contribuyentes o "a cualquier tercero extraño o ajeno a la Administración" como los denomina el órgano, pues ello no es compatible con el "debido" cumplimiento de sus funciones. El carácter normativo de lo "debido" se debe asociar, más bien, a la "igualdad de armas" frente a estrados y no a la desigualdad conseguida mediante la negación de información de carácter público, como la que se refiere el acto de la especie.</p>
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12) Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes incorporados al expediente, resulta plausible que el Oficio Circular pedido haya sido divulgado previamente y, por tanto, resulte incompatible una pretensión de reserva, toda vez que, como se advierte en la publicación informada por la reclamante, existen en ella referencias precisas al contenido del acto administrativo reclamado.</p>
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13) Que, en relación a la tercera causal de reserva invocada por el Servicio de Impuestos Internos, esto es, la contemplada en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se justificaría la denegación de la información pedida, pues su divulgación afectaría el interés nacional, en especial, los intereses económicos del país, igualmente será desestimada. Lo anterior, toda vez que la reclamada, aparte de enunciar la causal de reserva alegada, no ha aportado antecedentes que permitan entender cómo, en concreto, la divulgación del Oficio Circular pedido afectaría la recaudación tributaria del Estado, y de esa forma los intereses económicos del país.</p>
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14) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, ordenándose al SII entregar al reclamante copia del Oficio Circular N°10, de 2015, que "Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios".</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña María Pilar Navarro Schiappacasse en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante de copia del Oficio Circular N°10, de 2015, que "Imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir en la interposición de acciones penales por delitos tributarios".</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Pilar Navarro Schiappacasse y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N°101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh</p>