Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4310-20

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Reclamante:	PABLO CORVALÁN ALVARADO
Reclamado:	MINISTERIO DE HACIENDA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio de Hacienda, ordenando la entrega de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial; la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma presencial y remota; y, el contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios, que obren en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de privilegio deliberativo, respecto de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, al no haberse argumentado ni acreditado de manera debida, la certidumbre en la adopción de una futura resolución, medida o política, ni como aquella actividad se afectaría con la entrega de la información, en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano. A su vez, tratándose de la individualización de los funcionarios que prestan funciones presenciales y remotas, por tratarse de información pública cuya entrega no afecta los derechos de las personas, posibilitando el control social respecto del cumplimiento de los deberes funcionarios, descartándose la verificación de la causal de reserva o secreto invocada. Por su parte, se tiene presente que este Consejo se ha pronunciado sostenidamente en orden a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C808-15, C3292-15, C2232-16, C1326-18 y C923-19, entre otras. Finalmente, en el caso del contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios, al no haber alegado ni acreditado el órgano que aquellas no obran en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de estos antecedentes, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se ordena al órgano, previo a la entrega de la información, omitir o tarjar los datos personales de contexto y datos sensibles que pudieran contener los documentos cuya entrega se ordena, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/23/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C203-10 C12-09 C79-09 C1326-18 C2645-14 C808-15 C3014-15 C788-17 C277-11 C3292-15 C2232-16 C923-19
Jurisprudencia a:	C729-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4310-20   Entidad pública: Ministerio de Hacienda Requirente: Pablo Corvalán Alvarado Ingreso Consejo: 22.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio de Hacienda, ordenando la entrega de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial; la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma presencial y remota; y, el contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios, que obren en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de privilegio deliberativo, respecto de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, al no haberse argumentado ni acreditado de manera debida, la certidumbre en la adopción de una futura resolución, medida o política, ni como aquella actividad se afectaría con la entrega de la información, en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano. A su vez, tratándose de la individualización de los funcionarios que prestan funciones presenciales y remotas, por tratarse de información pública cuya entrega no afecta los derechos de las personas, posibilitando el control social respecto del cumplimiento de los deberes funcionarios, descartándose la verificación de la causal de reserva o secreto invocada. Por su parte, se tiene presente que este Consejo se ha pronunciado sostenidamente en orden a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C808-15, C3292-15, C2232-16, C1326-18 y C923-19, entre otras. Finalmente, en el caso del contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios, al no haber alegado ni acreditado el órgano que aquellas no obran en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de estos antecedentes, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se ordena al órgano, previo a la entrega de la información, omitir o tarjar los datos personales de contexto y datos sensibles que pudieran contener los documentos cuya entrega se ordena, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4310-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de junio de 2020, don Pablo Corvalán Alvarado solicitó al Ministerio de Hacienda la siguiente información: "A causa o con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública vigente en el territorio chileno, se solicita acceso a la información referida a las órdenes o instrucciones que el Ministro, Subsecretario, Jefes de Servicio y las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes, hayan dispuesto sobre la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial de funcionarios de planta, contrata y honorarios, en los edificios correspondientes a sus oficinas o dependencias. Para los efectos de otorgar respuesta a la presente solicitud, se solicita considerar las definiciones que emanan de los Lineamientos para definir Servicios Esenciales: Pandemia COVID-19 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo archivo PDF se adjunta en este acto para ser tenido a la vista. 1. Se solicita en forma clara y expresa, que se requiere copia de los documentos que acrediten los actos administrativos del Ministro de Estado, Subsecretario, Jefes de Servicio y las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes, contenidos en decretos, reglamentos, minutas, oficios, instrucciones o cualquier denominación que se les haya otorgado, que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial de funcionarios de planta, contrata y honorarios, en los edificios correspondientes a sus oficinas o dependencias. Específicamente se solicita se disponga la entrega de los documentos que contengan la información necesaria respecto de cuáles son las actividades que por su naturaleza crítica se mantiene desarrollando la entidad pública como "servicios esenciales que desarrollan funciones vitales". 2. Se solicita de forma clara y expresa la individualización de los funcionarios de planta, contrata y honorarios que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, se encuentran trabajando de forma presencial en los edificios o dependencias de las reparticiones públicas, detallando si cumplen turnos o jornada normal, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza crítica de sus funciones (que servicios, funciones, trabajos se encuentran realizando). 3. Se solicita de forma clara y expresa la individualización de los funcionarios de planta, contrata y honorarios que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, se encuentran trabajando de forma remota, a distancia o teletrabajo, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza de sus funciones (que servicios, funciones, trabajos se encuentran realizando). 4. Se previene en caso de que el Ministro, Subsecretario y/o las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes hayan dispuesto instrucciones verbales a los funcionarios de planta, a contrata y honorarios, se solicita informar acerca del contenido de dichas instrucciones con el fin de otorgar cumplimiento a la presente solicitud de acceso a la información. 5. Se previene que si por orden del Ministro, Subsecretario y/o las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes la respectiva repartición pública y sus funcionarios en actual trabajo presencial no se encuentran desempeñando actividades que por su naturaleza crítica como "servicios esenciales que desarrollan funciones vitales", de acuerdo a las definiciones contenidas en los Lineamientos para definir Servicios Esenciales: Pandemia COVID-19 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, corresponde informar al órgano de control Contraloría General de la República, con el fin de que se investigue los hechos y se regularice el correcto desempeño de las entidades y servicios públicos". 2) RESPUESTA: A través de Oficio Ord. N° 1540 del 22 de julio de 2020, el Ministerio de Hacienda respondió al requerimiento de información indicando que acerca de punto 1., se informa que recae sobre antecedentes relacionados al Plan de Contingencia y al Plan de Retorno Gradual de los funcionarios y servidores públicos de la Subsecretaría de Hacienda, constituyendo los contenidos de tales planes, antecedentes previos a la adopción de una medida o política definitiva, del Ejecutivo, en orden a definir la forma como se continuarán desempeñando las funciones de los servicios o instituciones, en un contexto de la crisis sanitaria. Así, el contenido de dichos planes, ha sido supeditado a las instrucciones dictadas posteriormente por la autoridad sanitaria, y constituye un antecedente variable y flexible en el tiempo, sujeto además a las condiciones sanitarias reales de la institución. De esta manera, la medida final o política a implementar por parte de la autoridad, se encuentra pendiente, en atención a la contingencia real y efectiva. Así, entonces, no resulta posible acceder a la entrega de la documentación requerida, en virtud de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En lo concerniente a los puntos 2. y 3., se informa que entre los funcionarios que, entre el 18 de marzo de 2020 y la fecha de respuesta, han cumplido o cumplen sus funciones de manera remota, se encuentran aquellos que configuran grupo de riesgo para la autoridad sanitaria, en tanto se asocian a distintas condiciones de salud o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada que los exceptúan de la asistencia presencial en la Subsecretaría de Hacienda. En consecuencia, la identificación de aquellos funcionarios conllevaría una afectación del derecho fundamental de la vida privada, consagrado en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por otro lado, la entrega de aquellos funcionarios que, entre el 18 de marzo de 2020 y la fecha de respuesta, han trabajado de manera presencial, por sistema de turnos o jornada normal, en la Subsecretaría de Hacienda, implica identificar indirectamente aquellos que configuran grupo de riesgo para la autoridad sanitaria o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada que los exceptúan de la asistencia presencial en la Subsecretaría de Hacienda. En razón de lo señalado, no es posible acceder a la entrega de la información solicitada en los puntos 2. y 3., en atención que su divulgación implicaría la afectación del derecho constitucional de protección de la vida privada de los funcionarios que configuran grupo de riesgo para la autoridad sanitaria o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada que los exceptúan de la asistencia presencial, consagrado en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, y amparado por la causal de reserva o secreto prevista en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En relación con los puntos 4. y 5., como primer elemento, se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información comprende todas las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuestos público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. Puntualizado lo anterior, se informa que, todos los funcionarios del Servicio que asisten en forma presencial, por sistema de turnos o jornada normal, a la Subsecretaría de Hacienda, realizan servicios esenciales y no están identificados como grupo de riesgo. Finalmente, en lo tocante a la información correspondiente a los servicios relacionados del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Transparencia, con el fin de garantizar el derecho que le asiste para acceder a la información que requiere, según corresponda, se deriva el requerimiento a los servicios que se señalan. 3) AMPARO: El 22 de julio de 2020, don Pablo Corvalán Alvarado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta negativa y parcial a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que respecto al número 1 de la solicitud, el acceso a la información no afecta el cumplimiento de funciones del órgano y que la autoridad no fundamenta la concurrencia de la causal, resultando además un hecho cierto la existencia de medidas y políticas adoptadas sobre la materia consultada. Por otra parte, es necesario considerar que no se han solicitado "antecedentes o deliberaciones previas" sino a la copia de los documentos contenidos en decretos, reglamentos, minutas, oficios, instrucciones o cualquier denominación que se les haya otorgado. Tratándose de los puntos 2 y 3 manifiesta que el acceso a la información solicitada no vulnera el derecho a la esfera de la vida privada, toda vez que, para la entrega de la documentación, corresponde tarjar previamente toda aquella información de carácter personal, dando aplicación al principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literales d) y e) de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto incorporados en los documentos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Por lo tanto, la autoridad debe otorgar el acceso a la información solicitada. Finalmente, en el caso de los puntos 4 y 5 argumenta la autoridad no otorga acceso a la información solicitada, sobre la individualización y cantidad de funcionarios que se encuentran desempeñando de manera presencial sus funciones, debiendo informar de forma concreta y explícita ¿a cuáles corresponden las actividades de naturaleza crítica como "servicios esenciales que desarrollan funciones vitales", que realizan? 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Ministro de Hacienda, mediante Oficio E12654, de 4 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (5°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio Ord. N° 2023, del 15 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, solicitó que se declare inadmisible el amparo y, en subsidio, que se rechace la reclamación. Preliminarmente, hace presente que el solicitante reformula la solicitud, pues reclama respecto a los puntos 4. y 5., que no se habría otorgado acceso "a las instrucciones otorgadas por orden del Ministro, Subsecretario y/o las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes la respectiva repartición pública y sus funcionarios", ni a "la individualización y cantidad de funcionarios que se encuentran desempeñando de manera presencial sus funciones", lo cual constituye una nueva solicitud que está ampliando el contenido de la original que no alude a la "cantidad de funcionarios que se encuentran desempeñando de manera presencial sus funciones", como si lo hace en su amparo, el que ha de entenderse delimitado a la denegación de la información de los puntos 1., 2., y 3., y a la falta de entrega de lo requerido en los puntos 4. y 5. Luego, indica que remitió al reclamante respuesta a lo solicitado, en los términos del Oficio N° 1.540, sin que se haya denegado información infundadamente, realizando precisiones y alcances sobre la materia, y derivando el requerimiento a los servicios relacionados, en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia. Así, en relación con la información requerida en el punto 1., reitera lo sostenido en la respuesta, invocando la causal del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Respecto a los puntos 2. y 3., estima que se configura la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. En lo concerniente a los puntos 4. y 5., señala que no constituyen requerimientos comprendidos en la Ley de Transparencia, toda vez que por ellos no se solicita información en los términos establecidos en los artículos 5 y 10 de dicha normativa, en relación con el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Conforme con lo anterior, en respuesta a la solicitud hizo presente el alcance del derecho de acceso a la información pública, e informó que todos los funcionarios y servidores públicos del Servicio que, en período consultado, asistían en forma presencial, por sistema de turnos o jornada normal, a dependencias institucionales, realizan servicios esenciales. Reitera que se informó que, entre los funcionarios y servidores públicos que, entre 18 de marzo y 22 de julio, han cumplido sus funciones de manera remota, se encuentran aquellos que configuran grupo de riesgo, en tanto se asocian a condiciones de salud o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada que los exceptúan de la asistencia presencial. Agrega que, dentro del segundo grupo, se encuentran las personas que presentan las siguientes condiciones: personas que viven bajo el mismo techo con personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo y personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de adultos mayores no valentes, de personas con discapacidad, y/o de niños y jóvenes en edad escolar, mientras la autoridad no restablezca las clases y en la medida que no tengan alternativas razonables para garantizar el cuidado e integridad de los mismos. En consecuencia, la pertenencia a alguno de los referidos grupos se asocia a condiciones de salud o de la esfera de la vida privada o intimidad. Se refiere luego a la especial sensibilidad y cautela de la información relativa a circunstancias de la vida privada o intimidad de las personas a través de la Ley N° 19.628, especialmente en sus artículos 2, letra g), y 10, en relación con el artículo 19, N° 4, de la Constitución. Por otra parte, la identificación de los funcionarios que, entre 18 de marzo y 22 de julio, han trabajado de manera presencial, por sistema de turnos o jornada normal, implicaría identificar indirectamente aquellos que configuran grupo de riesgo o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada o intimidad que los exceptúan de la asistencia presencial. En ese sentido, anota que, al 30 de marzo de 2020, la dotación efectiva de la Subsecretaría de Hacienda ascendía a 241 funcionarios, y que, en el período consultado, ya sea en la totalidad de éste o en un lapso del mismo, 78 configuraban grupo de riesgo o presentaban condiciones en la esfera de su vida privada o intimidad que los exceptuaban de la asistencia presencial. De esta forma, el acceso de la información de los puntos 2. y 3., implicaría la afectación del derecho constitucional de protección de la vida privada de quienes configuran grupo de riesgo o que presentan condiciones en la esfera de su vida privada o intimidad que los exceptúan de la asistencia presencial, consagrado en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución y amparado por la causal de reserva o secreto del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, en consideración a la comunicación prevista en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala que no fue posible utilizar dicho mecanismo por cuanto conllevaba la necesidad de emplear de manera exclusiva a funcionarios para realizar las labores que exige su cumplimiento, entorpeciendo la función pública, en cuanto exige a los funcionarios emplear un tiempo considerable en un requerimiento particular, en desmedro de la atención que debe prodigarse al resto de la ciudadanía, considerando el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. Así, para el cumplimiento de la comunicación prevista en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se configura la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de dicha ley, en relación con lo dispuesto por la Instrucción General N° 10, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en el punto II., numeral 2.4., último párrafo. Sin perjuicio de lo anterior, hace entrega de planilla con los datos de contacto de quienes, entre 18 de marzo y 22 de julio, fueron parte del grupo de riesgo o que presentaron condiciones en la esfera de su vida privada o intimidad que los exceptuaron, en algún momento de dicho período, de la asistencia presencial. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo, dice relación con la entrega parcial de la información requerida, correspondiente a copia de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial; la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma presencial, detallando si cumplen turnos o jornada normal e indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza crítica de sus funciones; la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma remota, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza de sus funciones; y, el contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios. Se debe hacer presente que el número 5 de la solicitud no contiene un requerimiento de información, sino que formula una prevención respecto del carácter irregular que a juicio del solicitante podría tener la eventual verificación de determinada hipótesis, por lo que no será abordada en esta decisión. Por su parte, el órgano en relación con el punto 1 de la solicitud, invoca la causal del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia; mientras que, respecto de los puntos 2 y 3, estima que se configura la causal prevista en el artículo 21, N° 2, de la mencionada ley; y, en lo concerniente a los puntos 4 y 5, señala que no constituyen requerimientos comprendidos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 2) Que, respecto de la alegación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con la entrega de copia de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, se debe recordar que dicha norma prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 3) Que, así, y según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 4) Que, en la especie, se debe hacer presente que lo requerido por el reclamante corresponde a copia de los documentos que acrediten los actos administrativos, contenidos en decretos, reglamentos, minutas, oficios, instrucciones o cualquier denominación, que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, esto es, instrumentos en los que consten las decisiones administrativas consultadas y no los antecedentes o deliberaciones previas, siendo solo estos últimos los que podrían encontrarse resguardados por la causal invocada. Es decir, se solicita el acceso a documentos ya emitidos y tramitados, los que tienen por finalidad implementar las directrices que en el contexto de la emergencia sanitaria emiten las autoridades respectivas del Ejecutivo y de Salud. Por otra parte, si hipotéticamente se entendiera que se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una decisión, igualmente no se cumpliría con el requisito de existir certidumbre respecto de la adopción de una resolución, medida o política, por cuanto el propio órgano ha reconocido que ello es eventual, ya que, el contenido de dichos planes, ha sido supeditado a las instrucciones dictadas posteriormente por la autoridad sanitaria, y constituye un antecedente variable y flexible en el tiempo, sujeto además a las condiciones sanitarias reales de la institución, lo que vuelve eventual la toma de una decisión, según los factores antes detallados. Finalmente, el órgano no ha explicado de qué manera la adopción de una resolución, medida o política se vería afectada con la entrega de la información requerida, en desmedro del debido cumplimiento de sus funciones. Así, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, por lo que, no es posible concluir la procedencia de la causal de reserva o secreto alegada, debiendo acogerse el amparo en este aspecto. 5) Que, respecto de la alegación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con la entrega de la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma presencial o remota, antecedente que, a juicio del órgano, constituiría un dato sensible, pues revelaría quienes pertenecen al grupo de riesgo o presentan condiciones en la esfera de su vida privada o intimidad, que los exceptúan de la asistencia presencial, se debe considerar que esta Corporación ha resuelto que los antecedentes referidos al vínculo contractual, registro de asistencia, desempeño, calificaciones, remuneraciones y bonos, de los funcionarios de la Administración del Estado, constituyen información pública, atendida la naturaleza de la función en cuyo contexto se generan. Así, se ha pronunciado en las decisiones roles C203-10, C277-11, C2645-14 y C788-17, respectivamente. 6) Que, en tal sentido, cabe agregar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que, si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes. En tal sentido, los antecedentes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo y su control de asistencia, cargos y funciones que desempeña, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la Ley de Transparencia. 7) Que, por otra parte, se debe hacer presente que, como lo manifiesta el órgano reclamado, el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, establece que son: "datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, condición que debe ser contemplada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. 8) Que, sin embargo, en el presente caso se observa que los ítems que componen la solicitud, no tienen por objeto conocer la individualización de las patologías médicas que justificaron la calificación en el grupo de riesgo de los funcionarios del órgano, antecedente que, sin duda, se encuentra protegido por la ley N° 19.628 por constituir un dato sensible, sino que, por el contrario, buscan acceder a información de carácter pública sobre la cual resulta procedente el ejercicio del control social, toda vez que dice relación con funcionarios públicos. Este razonamiento, ha sido manifestado por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C808-15, C3292-15, C2232-16, C1326-18 y C923-19, entre otros. 9) Que, en este sentido, el órgano ha explicado que entre los funcionarios que desempeñaron labores remotas durante todo o parte del periodo consultado, se encuentran personas en diversas hipótesis, a saber, aquellos que configuran grupo de riesgo asociado a sus condiciones de salud, y quienes presentan condiciones en la esfera de su vida privada que los exceptúan de la asistencia presencial, encontrándose en este segundo grupo personas que viven bajo el mismo techo con individuos que se están dentro de los grupos de riesgo y personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de adultos mayores no valentes, de personas con discapacidad, y/o de niños y jóvenes en edad escolar. Es decir, el hecho de informar la nómina de funcionarios que prestaron funciones remotas en el periodo consultado, por si solo, no revela si cada uno de ellos lo hizo por presentar una condición de salud o por alguno de los demás factores enunciados, los cuales incluso pueden decir relación con un tercero con el que el funcionario habita, antecedente que desvirtúa la afectación de derechos que el órgano reclama. De esta manera, al no referirse la solicitud a la causal que justificó en cada funcionario el desarrollo de sus funciones por vías remotas, no se advierte de qué manera podrían verse vulnerados los derechos de aquellos funcionarios públicos, razones que impiden tener por configurada la causal de reserva o secreto alegada. 10) Que, finalmente, tratándose de la solicitud del contenido de las eventuales instrucciones verbales a los funcionarios dispuestas respecto de la materia, sobre las cuales el órgano alega no corresponder al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se debe hacer presente que según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", de lo que se desprende que la entrega de la información requerida en este punto sólo sería procedente en el caso de haberse materializado las eventuales instrucciones verbales posteriormente en alguno de los soportes antes individualizados, circunstancia de hecho que no fue negada ni desacreditada por el órgano reclamado, razones que llevan a acoger el amparo en este aspecto, ordenando la entrega de la información que eventualmente obre en alguno de los referidos soportes, o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia en poder del órgano, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. 11) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de los documentos que hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, al desestimarse la configuración de la causal de privilegio deliberativo; la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma presencial, detallando si cumplen turnos o jornada normal e indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza crítica de sus funciones, así como también, la individualización de los funcionarios que se encuentran trabajando de forma remota, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza de sus funciones, en ambos casos, al descartase la causal de afectación de derechos de terceros; y, el contenido de eventuales instrucciones verbales a los funcionarios o en su defecto, en este último caso, la debida acreditación de su inexistencia en poder del órgano, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, previo a la entrega deberán omitirse o tarjarse aquellos datos personales de contexto contenidos en la documentación en análisis, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros; y en particular, la condición de salud o de la esfera de su vida privada que justificó la excepción de la asistencia presencial, por tratarse de datos sensibles, en los términos del artículo 2, letra g), de la norma citada. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Corvalán Alvarado en contra del Ministerio de Hacienda, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Ministro de Hacienda, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de: i. Copia de los documentos que acrediten los actos administrativos del Ministro de Estado, Subsecretario, Jefes de Servicio y las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes, contenidos en decretos, reglamentos, minutas, oficios, instrucciones o cualquier denominación que se les haya otorgado, que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, hayan dispuesto la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial de funcionarios de planta, contrata y honorarios, en los edificios correspondientes a sus oficinas o dependencias. Específicamente se solicita se disponga la entrega de los documentos que contengan la información necesaria respecto de cuáles son las actividades que por su naturaleza crítica se mantiene desarrollando la entidad pública como "servicios esenciales que desarrollan funciones vitales". ii. La individualización de los funcionarios de planta, contrata y honorarios que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, se encuentran trabajando de forma presencial en los edificios o dependencias de las reparticiones públicas, detallando si cumplen turnos o jornada normal, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza crítica de sus funciones (que servicios, funciones, trabajos se encuentran realizando). iii. La individualización de los funcionarios de planta, contrata y honorarios que desde el día 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha en que se otorgue respuesta a la presente solicitud, se encuentran trabajando de forma remota, a distancia o teletrabajo, indicando respecto cada uno de ellos la naturaleza de sus funciones (que servicios, funciones, trabajos se encuentran realizando). iv. Se previene en caso de que el Ministro, Subsecretario y/o las Jefaturas de los Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades de las reparticiones dependientes hayan dispuesto instrucciones verbales a los funcionarios de planta, a contrata y honorarios, se solicita informar acerca del contenido de dichas instrucciones con el fin de otorgar cumplimiento a la presente solicitud de acceso a la información. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes indicados en este punto iv, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. En cumplimiento de lo anterior, se deberán omitir o tarjar todos los datos personales de contexto incorporados y los datos sensibles, en los términos explicitados en el considerando número once de esta decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Corvalán Alvarado y al Sr. Ministro de Hacienda. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.