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Decisión ROL C4333-20

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Reclamante:	GLORIA ELGUETA PINTO
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la identidad de los condenados por violaciones contra de los derechos humanos, periodo 1973 a 1989, internados en los centros penitenciarios del país y de aquellos beneficiados con libertad condicional, asociados a su edad y número de rol de la causa judicial que impuso la pena privativa de libertad que se encuentran cumpliendo. Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario; por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C1415-11, C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, respecto de información similar. Por otra parte, si bien lo reclamado sólo es la identidad de los condenados, pues el órgano reclamado proporcionó los demás antecedentes pedidos, en cuanto a la edad de aquellos, se debe hacer presente lo resuelto en la decisión del amparo Rol C1214-14, en orden a que "aun cuando se trata de datos personales de los reclusos, su entrega no importa afectación de los derechos de los mismos. Lo anterior atendido que se trata de antecedentes cuya revelación permitirá ejercer un control social efectivo respecto de diversas materias: beneficios sobre cumplimiento de penas a que dichos internos pudieren acceder, peligrosidad de los mismos, entre otros". (Considerando Noveno) En el mismo sentido, se resolvió el amparo Rol C4086-18.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/30/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C419-18 C3932-18 C4065-18 C4086-18 C1415-11 C1214-14 C1313-19 C1360-19
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	712-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4333-20   Entidad pública: Gendarmería de Chile Requirente: Gloria Elgueta Pinto Ingreso Consejo: 23.07.2020 RESUMEN Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la identidad de los condenados por violaciones contra de los derechos humanos, periodo 1973 a 1989, internados en los centros penitenciarios del país y de aquellos beneficiados con libertad condicional, asociados a su edad y número de rol de la causa judicial que impuso la pena privativa de libertad que se encuentran cumpliendo. Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario; por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C1415-11, C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, respecto de información similar. Por otra parte, si bien lo reclamado sólo es la identidad de los condenados, pues el órgano reclamado proporcionó los demás antecedentes pedidos, en cuanto a la edad de aquellos, se debe hacer presente lo resuelto en la decisión del amparo Rol C1214-14, en orden a que "aun cuando se trata de datos personales de los reclusos, su entrega no importa afectación de los derechos de los mismos. Lo anterior atendido que se trata de antecedentes cuya revelación permitirá ejercer un control social efectivo respecto de diversas materias: beneficios sobre cumplimiento de penas a que dichos internos pudieren acceder, peligrosidad de los mismos, entre otros". (Considerando Noveno) En el mismo sentido, se resolvió el amparo Rol C4086-18. En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4333-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de mayo de 2020, doña Gloria Elgueta Pinto solicitó a Gendarmería de Chile, lo siguiente: a) "Nómina de condenados que cumplen prisión en el penal de Punta Peuco, sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". b) "Nómina de condenados que habiendo permanecido en Punta Peuco se encuentren actualmente fuera del penal en virtud de beneficios otorgados, indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". c) "Nómina de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1973 y 1989 que estén cumpliendo condenas en otros recintos penitenciarios indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". d) "Nómina de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1973 y 1989 que, habiendo permanecido en esos recintos, se encuentren actualmente fuera de ellos en virtud de beneficios otorgados, indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". 2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 2900, de fecha 3 de julio de 2020, informó que adjunta planillas de respuestas y que en cuanto a las identidades de las personas privadas de libertad por las cuales se consulta, se encuentran impedidos de proporcionarla en virtud de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), 7 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; pues no existe para el caso en concreto, autorización legal ni convencional que permita su entrega. En tal sentido, concluyen que los antecedentes pedidos son de aquellos que provienen de fuentes que no son accesibles al público en general, por lo cual deben resguardarlos por tratarse de datos de carácter personal y sensible. 3) AMPARO: Con fecha 23 de julio de 2020, doña Gloria Elgueta Pinto dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "incluye 4 listas con fechas de nacimiento, edades, y número de rol de causas, pero sin indicar nombres; además solo 3 de esas listas consignan delitos por los cuales están condenados los reos, y solo 3 indican beneficios pero sin indicar de que tipo". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile mediante Oficio N° E12.897, de fecha 7 de agosto de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) En cuanto a las identidades de las personas por las cuales se consulta, refiérase específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de dicha información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto - por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1020, de fecha 28 de agosto de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden que respecto de las identidades solicitados concurren las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628. Agregando, que en cuanto a la primera causal alegada estiman que entregar acceso a lo requerido "afectaría no sólo la vida privada de las personas consultadas, quienes no pierden sus derechos a la intimidad por efectos de la privación de libertad; si no que también, como consecuencia de esta divulgación, se afectaría la seguridad e intimidad de sus respectivas familias, exponiéndolos por efecto expansivo de los actos cometidos por los consultados, afectando de esta forma la reinserción social de cada uno de ellos, que es uno de los principales objetivos de esta institucionalidad". Citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en tal sentido. Por otra parte, en cuanto a la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalan que aquel no fue practicado fundamentalmente "por la reciente jurisprudencia judicial en Causa Rol N° 26.276-2019 de la Excma. Corte Suprema que acogió el Recurso de Queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de Gendarmería de Chile, dejando parcialmente sin efecto la Decisión C4086-18, donde declaró la reserva del nombre de los internos que se encuentran condenados en el C.C.P. Punta Peuco y de los condenados trasladados desde Punta Peuco a otro recinto penal, por estimar que se trata de datos sensibles, ya que vincula el nombre de una persona con su calidad de condenado, relevando características morales de las personas lo que afecta sus derechos en los términos del Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia". Además, que significaba aplicar el procedimiento a un total de 212 personas privadas de libertad en diversos recintos penales del país, y a 3 personas que se encuentran en libertad por concepto de beneficios intrapenitenciarios, situación que en contexto de la crisis sanitaria que afecta al país y a la comunidad internacional, consideraron que se exponía a riesgo de contagio del virus COVID-19 tanto a funcionarios de la institución como personas privadas de libertad por el contacto físico que involucra, motivo por el cual se desestimó por esta acción. Finalmente, y respecto de la parte del amparo en el cual se señala "...además solo 3 de esas listas consignan delitos por los cuales están condenados los reos y solo 3 indican beneficios, pero sin indicar de qué tipo"; sostienen que ni los delitos ni el tipo de beneficio obtenido por las personas objeto de la consulta formaban parte de la solicitud que dio origen al este reclamo, por lo tanto, no cabe en este caso particular pronunciarse sobre estas materias. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a la identidad, delitos y beneficios concedidos a los internos informados. Al respecto, el órgano reclamado denegó el acceso por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628. 2) Que, en términos generales, en cuanto a la identidad de los condenados internos y con beneficios referente a que no cumplen su pena en un recinto penitenciario - libertad condicional-, se debe tener presente que según lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República, los "encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público". En tal sentido, se debe considerar lo señalado por Gendarmería de Chile en respuesta a gestión oficiosa efectuada en el marco de la tramitación del amparo Rol C4086-18, en la que informó, con respecto a la forma en que se da cumplimiento a dicha disposición: "cumple con llevar un registro de toda persona que ingresa a un establecimiento penal, procedido de orden de autoridad competente, lo cual se ejecuta por medio de un sistema informático". Así, se estableció que el sistema informático nacional en línea del citado órgano dispone, entre otros, de un módulo específico denominado "Recepción de Ingresados" en el cual se registran la fecha y hora de ingreso, nombres y apellidos, número de cédula nacional de identidad, fecha de nacimiento, edad, juzgado de procedencia, delito, calidad, entre otros antecedentes. 3) Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que, en un estado de derecho, las personas son privadas de libertad por orden emanada de un Juez de la República, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". 4) Que, en el mismo sentido, en cuanto a la identidad de aquellos condenados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad condicional, cabe hacer presente que este se encuentra regulado en el decreto ley N° 321 (1925), que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad - en adelante D.L. N° 321/1925-, en el que se define como "un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. // La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento". (Artículo primero). "La postulación al beneficio de libertad condicional será conocida por una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, durante los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe de Gendarmería de Chile. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, y de los artículos 3°, 3° bis y 3° ter, según sea el caso, en la forma que determine el reglamento respectivo". (Artículo 4, inciso primero D.L. N° 321/1925) De esta forma, el beneficio será concedido por resolución fundada de la Comisión mencionada (artículo 5 del D.L. N° 321/1925). Por lo que, igualmente es un dato que proviene de un acto de los tribunales, por lo tanto, público en los términos prescritos en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. 5) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, si bien lo pedido dice relación con la nómina de personas que se encuentran condenas privadas de libertad o con beneficios, edad y causa judicial, por lo tanto, se trata de datos personales en los términos prescritos en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, aquéllos provienen de fuentes accesibles al público -registro que debe existir en cada centro penitenciario, sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad y resolución de la Comisión de Libertad Condicional que otorgó dicho beneficio-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los datos relativos a condenas penales. Además, existe interés público en que se divulgue si aquellas personas que han sido condenadas por resolución de un tribunal de la República, a penas privativas de libertad por los delitos que han perpetrado, se encuentran, efectivamente, cumpliendo aquellas en los términos dictaminados por los órganos jurisdiccionales competentes, así como también, respecto de la adecuada calificación para el otorgamiento del beneficio en cuestión, de suyo excepcional. 6) Que, complementando lo razonado precedentemente, se debe considerar que la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley N° 19.628, en virtud de la cual se prohíbe la comunicación de condenas por simples delitos, una vez cumplida o prescrita la sanción o la pena; no resulta aplicable en el presente caso, pues, si bien, la información requerida dice relación con la situación penitenciaria de personas privadas de libertad, y con beneficio de libertad condicional, se refiere a condenas que aún no han sido íntegramente cumplidas; por lo que, debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas se encuentran en etapa de ejecución. 7) Que, por su parte, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago al conocer del reclamo de ilegalidad Rol de ingreso de Corte N° 246-2018, deducido en contra de la decisión de amparo Rol C419-18, sostuvo en el considerando sexto que "...no resulta aplicable el artículo 7 de la ley 19.628, de reserva de información que deben guardar los funcionarios públicos, como alega la institución reclamante, por cuanto la divulgación de la información de las personas privadas de libertad, en este caso, está amparada por el artículo 19 N° 7 letra d) de la Carta Fundamental, siendo el propio Constituyente quien ha resuelto el carácter público de la fuente donde se encuentra el dato en cuestión. // Por lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letra i) de la ley 19.628, tales son fuentes accesibles al público, al tratarse de registros de datos personales, de acceso no restringido o reservado para los solicitantes, por lo que los datos solicitados al centro de reclusión respectiva, en relación a trece condenados que se encuentran bajo su custodia, se estiman públicos por expresa disposición constitucional, criterio que se ve corroborado pues nuestra legislación permite el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento de condenas, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 inciso 1° de la ley 19.628...". Siguiendo este criterio, la Iltma. Corte de Apelaciones rechazó reclamos de ilegalidad Roles de Ingreso de Corte N° 605-2018 y N° 112.343-2020, deducido en contra de decisiones de amparos Roles C4065-18, C1313-19 y C1360-19, respectivamente, por medio de los cuales se requirió a Gendarmería de Chile, entregar la nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco. 8) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que este Consejo, en decisión de amparo Rol C1415-11, de fecha 15 de marzo de 2011, requirió al órgano reclamado la entrega de "nómina de personas que actualmente se encuentran cumpliendo condena en el "Centro de Cumplimiento Penal Punta Peuco" y de aquellas personas que, habiendo sido recluidos en el pasado en dicho establecimiento penitenciario, actualmente se encuentran cumpliendo condena en otro establecimiento penal, en el período señalado por la solicitante, como también información respecto de sus traslados a otros centros penitenciarios, en su caso". Así como también, en decisiones de amparos Roles C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, otorgó acceso a la identidad de las personas que se encontraban cumpliendo condenas por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos". 9) Que, en este punto, cabe hacer presente que la Excma. Corte Suprema en sentencia que acogió recurso de queja Rol N° 26276-2019, interpuesto en contra de sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó reclamo de ilegalidad presentado en contra de la decisión de amparo Rol C4086-18, resolvió la reserva de los datos referidos al nombre de los condenados los internos del Centro Penitenciario Punta Peuco. En particular, razonó en los siguientes términos: "... dado el tenor literal del artículo sexto del Decreto Ley N° 645, de 1925, en cuanto preceptúa que "fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente", forzoso resulta concluir que a través de dicha disposición se establece una causal de secreto en los términos prescritos en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, toda vez que por intermedio del mentado artículo 6°, que, como se dijo, cumple con la exigencia de quórum calificado, se declara la reserva de ciertos datos o informaciones "de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política", en tanto su publicidad podría afectar los derechos de las personas incluidas en el Registro General de Condenas". (Considerando décimo tercero) Agregando que, "...es necesario dejar asentado que el Registro General de Condenas establecido en el Decreto Ley N° 645, de 1925, se elabora a partir del prontuario del sujeto de que se trate y que en este último documento se incluyen, al tenor del artículo 3° del mismo cuerpo legal, "todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Penal", así como la forma en que "fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte (...) así las cosas y considerando el carácter, naturaleza y contenido de los antecedentes que se solicitan entregar, se ha de entender que las columnas relativas al nombre de cada interno corresponde a "datos personales" de cada una de las personas incluidas en la misma nómina, puesto que se trata de "información concerniente a personas naturales identificadas". Más aun, y dado que esos datos personales se refieren a "características morales" de los sujetos que se encuentran cumpliendo condena en un centro de cumplimiento penitenciario, salta a la vista que ellos deben ser catalogados como "datos sensibles", de acuerdo a la letra g) del 2 de la Ley N° 19.628, transcrita más arriba". (Considerandos décimo séptimo y décimo octavo) 10) Que, sobre las consideraciones vertidas en el fallo citado, se hace presente que el hecho que el Registro General de Condenas administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación sea la base de datos oficial sobre condenas penales, no es suficiente para concluir que es la única base de datos sobre condenados y que nadie tenga derecho a acceder a la información sobre personas condenadas mientras la pena se encuentre vigente, en plena etapa de cumplimiento o respecto de aquellos que la están cumpliendo en un régimen alternativo, toda vez que existen otros órganos y servicios públicos que también poseen información o bases de datos respecto de personas condenadas, como es el caso de Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, cada uno en las materias y asuntos de sus respectivas competencias, pudiendo dichos órganos ser objeto de solicitudes de acceso a la información por obrar en su poder la información sobre condenados, aunque no tengan a su cargo el Registro General de Condenas, regido por el Decreto Ley N° 645. 11) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo el Decreto Ley N° 645, no resulta aplicable en el presente caso, por cuanto en primer lugar, dicho registro lo mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras que Gendarmería de Chile realiza su propio tratamiento de datos personales respecto de personas condenadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República, norma de indudable superior jerarquía que el decreto ley citado. De este modo, al tratarse de dos registros diferentes, la prohibición que se menciona en el referido decreto ley resulta aplicable naturalmente al responsable de aquel, esto es, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, en este caso, se debe tener presente, se requirió información que no se ha extraído de aquel, sino de antecedentes que obran en poder de Gendarmería de Chile, producto de un registro propio, distinto al regulado por el decreto ley en comento. 12) Que, a mayor abundamiento, bajo la normativa de la Ley de Transparencia es, en principio pública, la información en poder de los órganos de la Administración del Estado, sin importar el registro o soporte en el que se encuentre almacenada, y el derecho de acceder a dicha información puede ser ejercido por toda persona, en la forma y condiciones que establece la ley de acceso a la información pública, por ello es que no resulta admisible sostener que por el hecho de que exista el Registro General de Condenas administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, nadie tenga derecho a acceder a la información sobre personas condenadas que obre o conste en otro tipo de registros en poder de la Administración del Estado, mientras la pena se encuentre vigente o en etapa de cumplimiento, máxime cuando existe un registro público establecido con dicho carácter expresamente por el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República, norma de carácter supra legal. 13) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se descarta la concurrencia de las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, alegadas por el órgano reclamado, estimando que no se configura infracción a lo establecido en la ley N° 19.628, en cuanto a la entrega de la identidad de los condenados internados y gozando del beneficio de libertad condicional, asociada a su edad y número de rol de la causa judicial en la que se determinó el cumplimiento de una pena privativa de libertad. En consecuencia, se acogerá el presente amparo requiriendo se proporcione acceso a las nóminas requeridas. 14) Que si bien lo reclamado es sólo la identidad, pues se otorgaron los demás antecedentes pedidos respecto de los condenados consultados, se debe hacer presente lo resuelto por este Consejo con ocasión del amparo Rol C1214-14, relativo a la edad de aquellos, en orden a que "aun cuando se trata de datos personales de los reclusos, su entrega no importa afectación de los derechos de los mismos. Lo anterior atendido que se trata de antecedentes cuya revelación permitirá ejercer un control social efectivo respecto de diversas materias: beneficios sobre cumplimiento de penas a que dichos internos pudieren acceder, peligrosidad de los mismos, entre otros". (Considerando Noveno) De esta forma, se requirió a la Subsecretaría de Justicia, la entrega de la "nómina de los internos del Recinto de Cumplimiento Penitenciario Cordillera (en adelante CCP Cordillera), y del Centro de Detención Privativa y Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco (en adelante CDP-CCP Punta Peuco)", así como también, de los datos relativos a sus edades y a sus condenas. En el mismo sentido, se resolvió el amparo C4086-18, en el cual se ordenó la entrega por parte de Gendarmería de Chile, de la "Nómina de internos que se encuentran condenados en el C.C.P. Punta Peuco al 04/07/2018", incorporando las columnas tarjadas con ocasión de su respuesta, esto es, las denominadas "Interno", "Edad" y "Causa Rol N° "; y de la nómina de los condenados trasladados desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco a otro penal. 15) Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la reclamante referida que no se le proporcionó acceso a los delitos por los cuales fueron condenados y a los tipos de beneficios que fueron otorgados, aquello excede el tenor literal del requerimiento que dio origen a esta reclamación, razón por la cual, se desestimará por improcedente. Lo anterior, no obsta que la parte recurrente formule a futuro una nueva solicitud de información ante Gendarmería de Chile, en los términos indicados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, indicando con claridad y precisión la información pública que requiere sea otorgada, lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) del mismo cuerpo normativo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Gloria Elgueta Pinto en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información: i. "Nómina de condenados que cumplen prisión en el penal de Punta Peuco, sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". ii. "Nómina de condenados que habiendo permanecido en Punta Peuco se encuentren actualmente fuera del penal en virtud de beneficios otorgados, indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". iii. "Nómina de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1973 y 1989 que estén cumpliendo condenas en otros recintos penitenciarios indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". iv. "Nómina de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1973 y 1989 que, habiendo permanecido en esos recintos, se encuentren actualmente fuera de ellos en virtud de beneficios otorgados, indicando igualmente sus edades y N° de rol de causas por las cuales fueron condenados". b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Gloria Elgueta Pinto, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y este último deberá notificar a todos los terceros involucrados en el presente amparo (215), en virtud de lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, informando de los resultados de dicha gestión a esta Corporación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.